FISCALÍA DE CHILE A FAVOR DE ENJUICIAR A ALBERTO FUJIMORI POR 8 CASOS CRIMINALES

De cara a la justicia. Existen fundamentos para acceder a la solicitud de la justicia peruana para ampliar las causales de la extradición de Alberto Fujimori, entre otros delitos, por homicidio calificado, secuestro agravado, conspiración, lesiones graves seguidas de muerte, peculado, asociación ilícita para delinquir, señala el fiscal de la Corte Suprema de Chile, Jorge Norambuena. A menos de dos meses de haber logrado una discutible excarcelación, el exdictador Alberto Fujimori vuelve a confrontar a la justicia. La Fiscalía de Chile comunicó a la Corte Suprema de este país que procede a ampliar las causales de la extradición concedida al Perú en 2007 para juzgar al exmandatario por ocho casos criminales. De acuerdo con la resolución del fiscal de la Corte Suprema de Chile, Jorge Norambuena Carrillo, la solicitud de las autoridades peruanas cumple con los requisitos exigidos por su normatividad, por lo que procede el requerimiento para graves casos de violaciones de los derechos humanos, como la matanza de la familia Ventocilla perpetrada por la organización criminal Destacamento Colina, integrada por agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) en 1992; y escandalosos casos de corrupción, como la transferencia de fusiles AK-47 a la organización terrorista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1999. Según el procedimiento chileno, la ministra instructora de Chile deberá pronunciarse en primera instancia sobre la declaración de la Fiscalía. Ante la eventualidad de la apelación de alguna de las partes, el pleno de la Corte Suprema chilena resolverá, en última instancia, si concede o no la ampliación de las causales de la extradición de Fujimori, de todos o de algunos de los hechos imputados. La Fiscalía de Chile accedió a ampliar la extradición de Fujimori por los siguientes casos: 1. Asesinato de la familia Ventocilla En la noche del 24 de junio de 1992, en plena dictadura fujimorista, un comando del Destacamento Colina, integrado por oficiales y subalternos del SIE, en ese momento bajo control del régimen, secuestró y asesinó a seis integrantes de la familia Ventocilla, en Cerro Sejetuto, Huacho, en el norte de Lima. Empresarios avícolas de la zona vinculados con el gobierno de Fujimori acusaban falsamente de terroristas a las víctimas. El caso lo denunció el periodista radial huachano Pedro Yauri Bustamante, quien también fue secuestrado y desaparecido por el Destacamento Colina, bajo control de Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos. Los asesinos se niegan a decir dónde lo enterraron. Se le atribuyen al exjefe de Estado los delitos de homicidio calificado y secuestro agravado 2. Esterilizaciones forzadas Más de 1.365 mujeres han denunciado haber sido víctimas de esterilizaciones contra su voluntad durante el mandato de Alberto Fujimori, entre 1995 y 2000. En algunos casos, las mujeres perdieron la vida por complicaciones derivadas de las intervenciones quirúrgicas, que muchas veces se hicieron bajo engaños o amenazas. Está probado que el Gobierno promovió la entrega de recompensas a los médicos y técnicos que más esterilizaciones completaba. Estos aprovecharon la situación de pobreza extrema, analfabetismo y exclusión de las víctimas. El 12 de julio del 2023, luego de que la Corte Suprema anulara la apertura de instrucción contra Fujimori y sus exministros de Salud, entre ellos el actual congresista Alejandro Aguinaga, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó al Perú a tomar acciones urgentes para que las víctimas reciban justicia y reparación. A Fujimori se le imputan los delitos de lesiones graves seguidas de muerte. 3. Entrega de fusiles a las FARC El 21 de agosto del 2000, Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y la cúpula militar de entonces, revelaron en conferencia de prensa, en Palacio de Gobierno, la desarticulación de una supuesta organización internacional de traficantes de fusiles AK-47 a la organización terrorista FARC. Fujimori elogió a Montesinos y al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) por el operativo llamado “Siberia”. Sin embargo, una investigación de La República, que incluyó una entrevista con el vendedor de los 10.000 fusiles al Gobierno peruano –luego desviados a las FARC–, el empresario armenio-libanés Sarkis Soghanalian destapó que Fujimori y Montesinos fueron parte del contrabando. Incluso el expresidente colombiano Andrés Pastrana reclamó y denunció a Fujimori. Montesinos, por este caso, recibió una condena de 20 años de cárcel. A Fujimori se le imputan los delitos de suministro ilegal de armas de fuego, asociación ilícita para delinquir, violación de soberanía de un estado extranjero, falsedad genérica y conspiración. 4. Matanza de internos del penal Castro Castro En mayo de 1992, durante la ‘Operación Mudanza’ para trasladar a un grupo de mujeres acusadas de pertenecer a la organización terrorista Sendero Luminoso, los reclusos opusieron violenta resistencia. Efectivos de la Policía Nacional, agentes del SIN y del Destacamento Colina aprovecharon la oportunidad para ejecutar selectivamente a dirigentes históricos terroristas, como Hugo Juárez Cruzatt, Elvia Sanabria Pacheco, Tito Valle Travesaño y Yovanka Pardavé Trujillo. En total, fallecieron 42 internos. Fujimori y Montesinos tuvieron papel protagónico en los hechos. Homicidio calificado y lesiones graves se aplicarían en este caso 5. Ejecuciones extrajudiciales en Operación Chavín de Huántar Testigos de los hechos, entre ellos algunos exrehenes, afirmaron que terroristas del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), entre ellos, Eduardo Cruz Sánchez, se rindieron ante la presencia de los comandos, pero que estos los ejecutaron el 22 de abril de 1997. En el caso de Cruz, los testigos afirmaron incluso que lo vieron fuera de la residencia del embajador japonés. Pero su cuerpo apareció dentro de dicho establecimiento. En este hecho criminal se han comprendido los presuntos delitos de secuestro y homicidio calificado. 6. Adquisición de un canal de TV para el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) En 1999, como parte de la campaña por la re-reelección presidencial, Alberto Fujimori autorizó a Vladimiro Montesinos a comprar la propiedad de Cable Canal de Noticias (CCN), con fondos secretos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). El propósito era oponerse al medio independiente Canal N. El régimen corrupto de Fujimori y Montesinos usaron CCN para desacreditar a la oposición y a la prensa que no se vendía al fujimorismo. Cuando se difundieron los vladivideos, que Montesinos filmaba clandestinamente para acreditar sus actividades ilícitas, apareció uno donde constaba el pago en efectivo por CCN, que también se puso al servicio de la campaña por la re-reelección de Fujimori. En las imágenes del vladivideo se observa el momento en el que el general EP Luis Delgado Arenas entrega US$2 millones al empresario Eduardo Calmell del Solar, en presencia del abogado Vicente Silva Checa. Silva luego se convirtió en un importante dirigente de Fuerza Popular y en asesor político personal de Keiko Fujimori, por lo que es procesado en el llamado caso Cócteles. La justicia peruana imputa a Fujimori en relación con este hecho los delitos de asociación ilícita para delinquir y peculado. 7. Represión en agravio de los integrantes del movimiento 13N Un grupo de oficiales del Ejército planeaba asestar un contragolpe a Fujimori, Montesinos y su socio el excomandante general del Ejército general Nicolás Hermoza Ríos, el 13 de noviembre de 1992. Un oficial traidor delató a los generales Jaime Salinas Sedó, José Pastor Vives y Víctor Obando Salas como organizadores de la asonada, por lo que Fujimori, Montesinos y Hermoza emprendieron una cacería de los conjurados. Varios de los implicados fueron detenidos, torturados y virtualmente secuestrados en prisiones militares, donde no tuvieron acceso a abogados ni a sus familiares. El propio Montesinos asistió a sesiones de tortura y golpeó a algunos de los detenidos. Un tribunal castrense condenó a ocho años de carcelería a 25 involucrados. Paralelamente, el régimen fujimontesinista inició una cacería contra militares en retiro que opinaban a favor de la rebelión contra el Gobierno corrupto, entre ellos, los generales EP (r) Walter Ledesma y Carlos Mauricio Agurto y el capitán de navío AP (r) Luis Mellet Castillo. Secuestro y tortura en agravio de los militares es la imputación señalada para este caso contra Fujimori. 8. Revelación de secretos de Estado. Cuando se encontraba prófugo en Japón, Alberto Fujimori, por intermedio de su asesor Carlos Raffo Flores, le remitió videos de las sesiones secretas del Consejo de Defensa Nacional de 1998, en los que se ventilaron las acciones de las Fuerzas Armadas y las labores diplomáticas frente al conflicto con Ecuador. El exdictador usó las filmaciones –que probablemente se llevó consigo cuando huyó para Japón junto a abundante evidencia incriminatoria, como los llamados vladivideos– en beneficio propio para fines propagandísticos. Los videos los entregó al programa ‘Cuarto Poder’. Por este caso, la Fiscalía peruana le inició a Fujimori una investigación por revelación de secretos de Estado. La Fiscalía chilena consideró que aplicaba la ampliación de la extradición por este caso. El fiscal de la Corte Suprema de Chile, Jorge Norambuena, después de describir cada uno de los casos mencionados, concluye que existen fundamentos para acceder a la petición de las autoridades peruanas de que se le conceda las causales de la extradición de Alberto Fujimori, con la finalidad de iniciar su enjuiciamiento en el Perú. “En opinión de este fiscal judicial, se han cumplido copulativamente los requisitos exigidos en el artículo 647 del Código de Procedimiento Penal, y en lo dispuesto en el Tratado de Extradición entre la República de Chile y la República de Perú, suscrito con fecha 5 de noviembre de 1932, aprobado por el Congreso Nacional el 14 de agosto de 1936 y promulgado el 11 de agosto de 1936, y demás exigencias de los cuerpos legales ya citados, por lo que propone que se conceda la ampliación de la extradición (de) Alberto Fujimori por su responsabilidad como autor de los delitos consumados”, indica el fiscal chileno Norambuena. Es muy probable que a mediados de año se conozca el resultado.