El proyecto de ley, impulsado prioritariamente por Fuerza Popular, busca interferir en procesos judiciales de presos juzgados por en delitos de lesa humanidad antes del 2002, planteando su liberación.
Se busca liberación de sentenciados del grupo colina y otras agrupaciones paramilitares del periodo de la dictadura.
La Comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó este martes un predictamen que ha sido concebido como una nueva “ley de amnistía” que permita exculpar a investigados y procesados por el delito de lesa humanidad.
Este nuevo dictamen ha sido aprobado en la sesión de este 12 marzo con 14 votos a favor, ocho en contra y una abstención; y que correspondería a una propuesta legislativa que funcionaría como una amnistía ilegal para policías, militares y funcionarios que comparecen ante la justicia a raíz de los asesinatos perpetrados durante el último periodo dictatorial de Alberto Fujimori.
Si bien desde la comisión de Constitución la congresista Martha Moyano insistió en que la norma —que está a un paso de ser presentada ante el pleno del Congreso— no corresponde a una “ley de amnistía”, al revisar el proyecto de ley en el que se basa el dictamen no solo se detalla una intención de dirigir la interpretación del Poder Judicial respecto a este delito internacional, sino que se advierte, según lo afirmado por el especialista Carlos Rivera Paz, como una ley inconstitucional.
El proyecto de ley presentado por Renovación Popular y Fuerza Popular, contó además con los votos a favor de las bancadas de Alianza para el Progreso (representada por Eduardo Salhuana), Acción Popular, Podemos Perú, Avanza País, Somos Perú, y Unidad y Diálogo (pese a que esta bancada está a un paso de disolverse).
Ahora, se encuentra a un paso de ser aplicado, quedando pendiente solo la votación en el Pleno.
¿Por qué la nueva “ley de amnistía” ha sido señalada como inconstitucional?
En un informe previo que este medio presentó respecto a esta propuesta legislativa, el abogado especializado en derechos humanos del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera Paz, advirtió que la propuesta buscaba dirigir la interpretación de los magistrados del Poder Judicial respecto a la tipificación de los estándares del delito de lesa humanidad.
“En ese proyecto, el Congreso pretende archivar procesos judiciales y además plantea decirle a los jueces cómo resolver los asuntos y las causas judiciales que tienen en trámite o que tienen que sentenciar.
Si eso no es una vulneración a la independencia y a la autonomía del Poder Judicial, no sé qué más puede ser.
Las disposiciones que contiene, son disposiciones abiertamente vejatorias de la Constitución” consideró Rivera Paz con preocupación en dicha oportunidad.
El peligro de que esta propuesta también contravenga la Constitución fue advertido incluso por la congresista Gladys Echaíz, quien aseveró que el objetivo de la ley era “ayudar a los propios magistrados cuando tengan que resolver un caso en concreto”.
¿A quiénes beneficia la nueva “ley de amnistía” que fue aprobada en Constitución?
Las intenciones del Legislativo respecto a esta norma son claras. Durante la sesión de Constitución de este martes, la congresista fujimorista Patricia Juárez detalló la existencia de una serie de personajes que habían sido juzgados bajo la interpretación de que ciertos delitos no prescribían por estar considerados como “delitos de lesa humanidad”
Juárez puso como ejemplo al exdirector de Inteligencia del Ejército, Juan Rivero Lazo, quien fue condenado bajo la imprescriptibilidad de estos delitos por su implicancia en una serie de delitos perpetrados bajo su jurisdicción durante el periodo de violencia armada sucedido en el gobierno de Alberto Fujimori.
Rivero Lazo, sorprendentemente, no se encuentra en la cárcel, sino junto a Edwin Donayre en el Hospital Militar Central, en una cómoda habitación destinada para generales del Ejército.
Buscan que la ley sea retroactiva
Como si no fuera suficiente, Patricia Juárez también señaló que, con esta ley, “los jueces podrían revisar cada uno de los casos en particular”.
Como si esto no fuera poco, la legisladora incluso pidió acelerar la aprobación de la norma.
“Los jueces deberían de hacerlo (revisar los casos) de manera célere porque estamos hablando que hay muchas personas que están cumpliendo condenas en este momento sin que se tengan la responsabilidad que se les imputa”, añadió.
Esta precisión en específico es la que Rivera Paz entiende como un intento más de atentar contra la independencia judicial, pues para él “el poder Legislativo no puede disponer cerrar causas judiciales, salvo que presente— y me parece que esa es la idea de Rospigliosi y de Cueto— y ponga como título al proyecto de que se trata de un proyecto de amnistía.
De ser así, entramos a otros problemas que serían una cuasi-repetición de las amnistías del año 95″.
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