Como muchos de ustedes saben, Willax Televisión, ese relleno sanitario de difamación y mentiras, en cuyas infectas aguas navegan sincronizadamente actores más pequeños, como Expreso y La Razón, entre otros, ha emprendido campaña tras campaña de desinformación difamadora contra IDL-Reporteros y su director, Gustavo Gorriti.
Las campañas, con un guión virtualmente similar entre sí, han arreciado, con un desfachatado divorcio de la realidad, luego de la suspensión de la exfiscal de la nación, Patricia Benavides, en medio de las escandalosas revelaciones por el caso Valquiria.
Las mentiras, aunque repetidas en cadena por histéricos desinformadores, fueron tan burdas y torpes que no exigieron mayor esfuerzo para que IDL-R se las reviente en la cara.
Pero eso no escarmentó a esa corte de los milagros del hamponaje informativo y volvió, con la ayuda sincronizada de abogansters y el elenco estable de la contaminación informativa, a lanzar una campaña más en los últimos días.
La más descabellada de todas, batuteada por dos de los patéticos personajes de Willax: Phillip Butters y Milagros Leiva, partía de la siguiente premisa: que Gustavo Gorriti, director de IDL-R, ejerce una gran influencia, un poder desmesurado sobre el fiscal supremo Pablo Sánchez… desde los tiempos (2018, para precisar) en los que este era fiscal de la nación.
¿Cómo así tal influencia?
Por, según los desinformadores, la intervención de un fiscal en IDL-R en julio de 2018. El fiscal se llama Rodrigo Álvaro Rurush y llegó inopinadamente al local de IDL e IDL-Reporteros en la mañana del 10 de julio de 2018, acompañado por cuatro policías, para llevar a cabo una diligencia de “exhibición e incautación” de la información que IDL-R publicaba desde unos días atrás.
Según los desinformadores, Gorriti llamó a Pablo Sánchez para exigirle que se suspenda la diligencia y que este habló con el fiscal Rurush y lo conminó a interrumpir de inmediato la diligencia o, sino, “aténgase a las consecuencias”.
¡HABRÁSE VISTO!
El problema, para los difamadores es que, sí, que todo fue visto, que todo acaeció, virtualmente en vivo, a la vista del público, que supo desde el comienzo qué pasaba, lo que estaba en juego y reaccionó en consecuencia.
Han pasado cinco años y medio desde entonces, pero todos los hechos permanecen claros y documentados, con la fuerza propia como para reventar los gases de la desinformación, de manera tal que no solo sirven para revelar la verdad de los hechos de ese tiempo, sino la verdad de los hechos de hoy.
Vamos, de una vez, de la manera más directa posible, a exponer lo que se supo entonces y se tiene que saber hoy.
¿QUÉ PASÓ EN JULIO DE 2018?
En la madrugada del sábado 7 de julio de 2018, IDL-R publicó la primera entrega de una investigación que, sabía, iba a tener un impacto resonante en el país.
La serie se llamó “Corte y corrupción”, y luego pasó a conocerse también como el caso “Cuellos Blancos”, el “Lava Juez”, entre otros.
El material que llegó a IDL-R constaba de conversaciones telefónicas interceptadas en forma legal, que, a través de cientos, de miles de diálogos telefónicos, describían la cartografía de una corrupción judicial, fiscal y regulatoria, que abarcaba desde juzgados y fiscalías hasta la Corte Suprema y Fiscalías Supremas, además del entonces principal organismo regulador del sistema, el Consejo Nacional de la Magistratura.
Publicamos una fuerte cantidad de diálogos reveladores el sábado y varios otros más el domingo.
Ese día, “la fuerza explosiva del caso” (citamos en parte lo que escribimos entonces en IDL-R) ya había capturado la opinión pública a través de la muy justificada “indignación generalizada de la gente”.
Junto con la intensa movilización moral ciudadana, IDL-R conocía que había varios grupos poderosos, comprometidos y asustados por las revelaciones, que iban a hacer lo posible por abortar la investigación en sus inicios.
Y esta publicación sabía que esos intentos iban a provenir de fiscales, jueces y políticos corruptos, dispuestos a hacer casi lo que fuera por prevenir su desgracia.
Es decir, por evitar que sus fechorías salieran a la luz.
Y ASÍ FUE.
El martes 10 de julio por la mañana, un fiscal acompañado por cuatro policías llegó inopinadamente a las oficinas de IDL e IDL-R.
En ese momento, no se encontraban ni la jefa de redacción de IDL-R, Romina Mella, ni Gustavo Gorriti.
Minutos después ambos fueron informados por teléfono de que el fiscal, llamado Rodrigo Rurush, había llegado para incautar el material informativo de la recién desencadenada investigación sobre los CNM audios.
Tanto Romina Mella, como Gorriti, se dirigieron de inmediato a las oficinas de IDL-R. Mella llegó primero, Gorriti después.
En el camino, quedó confirmado, como se verá el propósito de incautación.
Eso significaba una escandalosa y del todo ilegal agresión a la libertad de prensa y el periodismo de investigación.
Entonces, según publicó Gorriti el jueves 12, en su columna semanal en Caretas, ante la emergencia, “en el camino telefoneé al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Cuando le informé lo que sucedía él reaccionó con enojo y rechazo. […] A la vez, mis colegas de IDL-R contactaron a los medios de prensa que llegaron rápidamente a IDL”.
Lo que siguió en IDL-R fue una áspera confrontación con el fiscal Rurush, que intentó, según escribió Gorriti, “ explicarnos (a mí, a Romina Mella, a nuestro abogado Carlos Rivera y al director de IDL, Glatzer Tuesta), que la palabra ‘incautación’ representaba realmente un pedido de colaboración. Mencionó un artículo de procedimiento legal.
Se lo pedí y aunque el texto no era un modelo de claridad, decía algo muy diferente a lo que sostenía Rurush.
Le dije que haber llegado de improviso, con cuatro policías y la palabra incautación por delante, era un comportamiento intimidatorio e implícitamente coercitivo.
Negó que fuera el caso y afirmó que buscaba nuestra colaboración informativa”.
Y ENTONCES SALTÓ LA LIEBRE.
IDL-R pidió a Rurush que mostrara el documento, la disposición fiscal “que respaldaba su acción”.
Ahí vino la sorpresa. “No tenía ningún documento, ninguna orden o disposición. Abochornado, Rurush hizo redactar un acta corta donde constaba que el acto se interrumpía al no existir el documento fiscal que lo disponga.
Y ahí terminó la anécdota del fiscal informal y los cuatro policías”.
En un comunicado reciente el exfiscal de la nación, Pablo Sánchez recuerda así su intervención:
“Si en esa oportunidad me comuniqué con un fiscal [Rurush] fue porque se estaba realizando una diligencia de manera irregular que traería cuestionamientos a la institución.
Si revisamos las opiniones de conocidos abogados en esas fechas, todos coincidían en que se había producido una diligencia vulneratoria de derechos, no podía la institución dejar pasar algo así”.
La intervención había sido un acto ilegal.
No lo logró, pero lo intentó.
Por fortuna, toda la diligencia quedó registrada en vídeo, grabado por uno de los policías. Tiempo después, Perú21 consiguió y publicó el video del incidente. El diario hizo un esfuerzo adicional y le puso subtítulos a lo hablado. Quienes quieran verlo pueden hacerlo aquí.
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