El
Acuerdo de Barbados entre el régimen venezolano, Estados Unidos y la oposición
democrática, respaldado por otros países garantes, fue un intento de facilitar
elecciones libres en Venezuela a cambio del levantamiento de sanciones por
parte de Estados Unidos. Sin embargo, el acuerdo no logró su objetivo y el día
viernes 26 de enero el Tribunal Supremo de Justicia inhabilitó por 15 años a la
candidata opositora María Corina Machado, al igual que al ex candidato
presidencial Henrique Capriles. Ante la oleada de pronunciamientos de la
comunidad internacional y las amenazas de la Casa Blanca de restituir las
sanciones a Venezuela por la violación a los acuerdos dándole un plazo a Maduro
hasta el mes de abril, el chavismo optó por cerrar filas otra vez y decantarse
por un nuevo aislamiento al estilo “Ortega”, sin importarles los costos
políticos, económicos y humanos que esa decisión conlleva. A esto se suman doce
nuevas detenciones de activistas venezolanos, siendo la más reciente la de la
abogada y activista de DDHH, Rocío San Miguel, el pasado 9 de febrero.
A
continuación, intentaremos hacer un análisis para determinar qué pretendía
realmente obtener el régimen venezolano de los Acuerdos de Barbados y así
entender “su ganancia” al momento de la retirada de la mesa de negociación. En
ese sentido, este documento explorará una de las razones principales detrás del
fracaso de los acuerdos: la premisa errónea de reducirle los costos únicamente
a Nicolás Maduro sin considerar la naturaleza corporativa del régimen venezolano,
además de prospectar los posibles escenarios a los que se enfrenta el país en
los próximos meses, tomando en cuenta ejemplos recientes en la región.
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