Reflexiones sobre
la corrupción en los poderes del Estado y la carencia de representatividad
Por Claudia Villena
Tagle
El 17 de abril del
2019, el diario The New York Times publicó una nota
titulada “Odebrecht en Perú; un expresidente fallecido, uno internado, uno
prófugo y otro sin poder salir del país” .
El artículo resumía los últimos 20 años de
gobiernos elegidos democráticamente en el Perú y su vinculación con la
corrupción transnacional del caso Odebrecht.
Se aludía al
fallecimiento del expresidente Alan García, tras el pedido de detención
preliminar por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos en el
caso Odebrecht.
A este se sumaban
las investigaciones de los gobiernos de los expresidentes Alejandro Toledo
(2001- 2006) y Ollanta Humana (2011-2016). Por su parte, el expresidente Pedro
Pablo Kuczynski (2016-2018) también se encontraba investigado por los delitos
de lavado de activos y colusión por el presunto recibimiento de aportes a su
campaña electoral del 2011 y los presuntos pagos realizados por Odebrecht a
empresas vinculadas al exmandatario.
Este recuento de
casos permite describir el efecto de la corrupción en la calidad de la
democracia peruana y la consecuente crisis de representación política.
La representación
se puede entender como el procurar actuar en defensa de los intereses de la
sociedad. A su vez, una aproximación a la definición de representación
sustantiva permite reconocer su importancia para la promoción de intereses y
demandas sociales de los grupos.
Por ello, se espera
que el ejercicio del poder al interior de las instituciones públicas sea
congruente con el interés público.
La corrupción,
contraria a esta dinámica solo provoca externalidades negativas, primando los
intereses particulares por sobre el bienestar social. Un ejemplo claro de esta
relación se mide en las pérdidas por corrupción e inconducta funcional en el
2020 que equivalen a 22,059 millones de soles que pudieron direccionarse para
la construcción de 2 carreteras centrales, 6 líneas del Metro de Lima, 50
centros de salud o incluso para comprar 724 plantas de oxígeno [3].
A ello se suma la naturaleza regresiva de la corrupción, en tanto los peruanos
con menores recursos deben invertir ingresos en el pago de coimas para acceder
a servicios básicos.
A su vez, en los
últimos años, la corrupción también generó gran inestabilidad política tras ser
empleada como herramienta que justifica iniciar procedimientos de incapacidad
moral contra los presidentes corruptos, elegidos democráticamente.
Más allá de
reflexionar sobre la existencia de casos de corrupción protagonizados por los
exmandatarios como Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra
(2018-2020) y Pedro Castillo (2021-2022), los procedimientos de vacancia se
convirtieron ejemplo de cómo es que la corrupción puede instrumentalizarse en
un contexto de conflicto entre poderes del Estado.
En dos de estos
casos, el Perú se enfrentó a sucesivos cambios de gobierno que llevarían a
cuestionar el origen democrático de presidentes como Manuel Merino, quien
gobernó por 5 días; o Dina Boluarte, quien asumió la presidencia tras la
vacancia del expresidente Pedro Castillo.
En consecuencia, el
Perú viviría graves crisis políticas caracterizadas por violencia social y
policial, entre marchas multitudinarias y muertes registradas a nivel
nacional.
El caso de Dina
Boluarte es característico de esta pérdida de representatividad, en tanto fue
rechazada por la población desde el inicio de su gobierno y, en respuesta, se
organizaron manifestaciones y movilizaciones que serían reprimidas
violentamente en el 83% de los casos, ocasionando 67 muertes. A pesar de la
violencia y el rechazo, la presidenta Boluarte se mantiene en el
gobierno.
Una consecuencia
esperada de esta crisis de representatividad es una reducción en la confianza
que se tiene en los poderes del Estado. Al respecto, los últimos resultados de
la XII Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú
permiten identificar que para el 32%, la corrupción reduce la confianza en los
políticos y en la prestación de servicios públicos como salud, educación y
seguridad (31%).
Al explorar la
confianza en los poderes del Estado, se identifica que el Congreso de la
República es considerada la institución más corrupta del Perú por un 60% de los
encuestados. Por su parte, el gobierno de turno sería la segunda institución
más corrupta para un 42%, sobrepasando a las Municipalidades y Gobiernos
Regionales. Estos resultados contrastan con el reporte del 2019 en el que solo
1 de cada 10 encuestados identificaba al gobierno como una de las instituciones
más corruptas.
Por su parte, la
percepción negativa con respecto al Poder Judicial se redujo en un 13%,
convirtiéndose, ante la percepción de los ciudadanos, en la tercera institución
más corrupta del país.
No cabe duda de que
la corrupción se ha convertido en una constante en el Perú y su
impacto en los poderes del Estado ha reducido su capacidad para
impulsar políticas justas e inclusivas.
El Perú vive un
vacío de representación sustantiva en las instituciones públicas que son
gobernadas en función a intereses particulares, alejándose así de la
naturaleza de un país democrático.
ACTUALIDAD
Más del 80% de
peruanos siente vergüenza del Congreso y el 70%, del Gobierno de Dina Boluarte
Mayoría de peruanos concibe a instituciones estatales como
entidades dignas de sentir vergüenza, entre ellas, el Congreso, el Gobierno,
los partidos políticos, la lucha contra la corrupción y hasta la situación
económica.
El Congreso de la República y el Gobierno de Dina Boluarte han sido, durante cada
fin de semana, que se revelan las encuestas de apreciación de la ciudadanía, dos
de las instituciones más desprestigiadas y con varios hechos que
motivan esta crítica. Ahora, una última encuesta de Datum
Internacional pone en evidencia que este desprestigio ha llevado a estas
dos instituciones a ser las entidades que más vergüenza generan en el Perú.
Según la encuestadora, que reveló esta data para el medio El
Comercio, el Congreso es considerado el principal motivo de vergüenza
para la ciudadanía en el Perú, con un alarmante 81% de
desaprobación. Este dato es seguido muy de cerca por la percepción negativa
hacia el Gobierno, que alcanza un 76%, y los partidos políticos en
general, con un 75%. El estudio destaca no solo el rechazo hacia el
funcionamiento actual del Congreso, sino que también pone en evidencia la
profunda crisis de confianza hacia las estructuras de poder en el país.
El Gobierno y los partidos políticos, como entes que
deberían representar los intereses y el bienestar de la población, se ven
afectados por esta percepción de ineficacia y desconexión con las necesidades
ciudadanas. La encuesta realizada a nivel nacional en Perú entre
el 5 y 8 de abril ha revelado que el apego de los peruanos por su país ha
disminuido significativamente en los últimos cinco años.
Según los resultados, el sentimiento de vinculación
con Perú ha caído catorce puntos porcentuales desde 2019, pasando del
92% al 78% en 2023. Este fenómeno se ha acentuado principalmente en las áreas
rurales, donde la cifra actual se sitúa en el 69%, en contraste con el 79%
observado en las zonas urbanas.
Es en zonas rurales en donde, en el transcurso de los años,
desde el 2022, que el Gobierno de Dina Boluarte inició, hasta la fecha se
registra la mayor cantidad de muertos producto del conflicto social acaecido
durante sus primeros meses de gestión.
