jueves, 13 de febrero de 2025

SE CUMPLE EL PEDIDO DE BUKELE: EL SALVADOR APRUEBA LEY QUE ENVÍA A MENORES A CÁRCELES DE ADULTOS

El Congreso de El Salvador aprobó una ley que permite enviar a menores de edad vinculados a pandillas a cárceles de adultos, donde estarán separados en pabellones hasta cumplir 18 años.

Una victoria más para Bukele. El Congreso de El Salvador aprobó ayer miércoles 12 de febrero una reforma a la Ley Penal Juvenil que permite enviar a menores de edad vinculados a pandillas a cárceles de adultos, donde estarán separados en pabellones hasta cumplir 18 años. Esta medida busca evitar que los menores reciban el mismo tratamiento que aquellos que han cometido delitos de menor gravedad o de manera aislada.

El gobierno de El Salvador no ofrece información frecuente sobre la cantidad de niños encarcelados o en prisión preventiva. En febrero del año pasado, reportó que 1.065 menores de edad habían sido condenados durante el estado de excepción. Desde marzo de 2022, Bukele ha librado una "guerra" contra las pandillas amparado en un régimen de excepción, bajo el cual ha habido más de 83.000 detenidos.

¿Qué establece la reforma a la Ley Penal Juvenil?

La reforma a la Ley Penal Juvenil establece que los menores de edad que cometan delitos relacionados con el crimen organizado o grupos ilícitos sean transferidos a la jurisdicción de la Dirección de Centros Penales, encargada de administrar las prisiones para adultos. El objetivo es "evitar" que los menores vinculados al crimen organizado "reciban el mismo tratamiento que aquellos que han cometido delitos de menor gravedad o de manera aislada", según la iniciativa presentada por el diputado Walter Cotto.

La legislación establece que "no se aplicarán los beneficios de la libertad condicional, ni la libertad anticipada a las personas condenadas por delitos cometidos en la modalidad de crimen organizado". La reforma destaca que "es necesario limitar" el acceso a personas que intenten reemplazar la ejecución de las penas impuestas a los miembros de grupos del crimen organizado, "por ser el principal flagelo que ha afectado el desarrollo, los derechos humanos y las libertades de toda una nación".

La serie de reformas que endurecen las penas para diversos delitos comenzó el viernes pasado (7 de febrero), cuando el Congreso aumentó a 60 años de prisión para los casos de homicidio agravado.

La política de seguridad de Bukele

La aprobación de esta ley refuerza la política de seguridad del presidente Bukele, quien ha implementado medidas estrictas para combatir las pandillas en El Salvador. Estas medidas incluyen la construcción de una "megacárcel" para albergar a miles de pandilleros y la suspensión de ciertos derechos constitucionales bajo un estado de emergencia.

Sin embargo, la estrategia de Bukele ha sido objeto de críticas tanto a nivel nacional como internacional. Organismos internacionales han señalado que las medidas podrían violar los derechos humanos y que la falta de un enfoque integral podría no abordar las causas subyacentes de la violencia en el país.

Bukele ofreció a EE. UU. recibir inmigrantes criminales deportados

El pasado 3 de febrero, durante su gira por América Latina, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo una reunión con Bukele. Al finalizar el encuentro, ambos anunciaron que estaban negociando un acuerdo mediante el cual El Salvador aceptará migrantes de distintas nacionalidades que hayan cometido delitos en territorio estadounidense y se encargará de mantenerlos en su sistema penitenciario. Además, Bukele ofreció acoger a delincuentes nacidos en EE. UU. en las cárceles de su país.

Minutos previos a la reunión con Rubio, Bukele anticipó: "Se trata de acuerdo muchísimo mayor que no tiene precedentes en la historia de las relaciones, no solo de Estados Unidos con El Salvador, sino que creo que con toda América Latina".

Bukele ha reafirmado su compromiso de mantener a El Salvador como aliado de Washington, destacando que esta cooperación bilateral es fundamental para el desarrollo de su país. Por su parte, organismos de derechos humanos expresaron su preocupación sobre el impacto de esta política en el respeto a las garantías fundamentales de los migrantes deportados.

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