miércoles, 27 de julio de 2011

Otra Vez, Contradicciones de Derecha a Izquierda

Entre el cambio y el continuismo, el nacionalismo y el imperialismo, la inclusión social y el neoliberalismo, la honestidad y la corrupción, la integración y el aislacionismo, la redistribución y los enclaves económicos, entre el progreso y el atrazo, entre la democracia y la dictadura, entre eso decidimos este 2011...
No hay que perder la fe, por que somos ganadores
Luego del embrollo de familia en Rusia y las últimas visitas a países denominados revolucionarios, como Venezuela, México y Cuba; pasando por la completa relación de ministros que esperan jurar el 28 de julio junto a Ollanta, es necesario evaluar otro nuevo recelo al proyecto nacionalista.
 Para la derecha representada por aquellas cuatro opciones a las que vencimos luego de una ardua campaña, la excusa para tildarnos de salto al vacío quedó en el olvido luego de anunciar a Velarde, Castilla, y luego José Luis Silva. Mientras el primero antes hablaba de ser cautos en las implicancias de elevar el sueldo mínimo, el segundo fue parte del manejo económico neoliberal que criticamos. Y el tercero es un conspicuo defensor de los TLC que también enfrentamos por la forma como se fueron negociando. En suma, un trío que pone alegre desde Alejandro Toledo hasta Meche Araoz, tanto como a Lourdes Flores y a Keiko Fujimori. En fin, esa es la parte de la concertación que cede Gana Perú para contentar a un sector de la población donde habitan los antagónicos Mario Vargas Llosa y Cipriani, y que equivale más o menos a un 20% de la población que en 2da vuelta, votó anti Keiko, pues habrá que recordar que en 1ra vuelta, un 32% votó por el cambio y casi 70% en contra. Por otro lado, en la "izquierda", las cosas se fueron delineando ya antes, alrededor de impulsar la confluencia Gana Perú y darle matiz orgánico, con CEN y estatuto, de acuerdo a las declaraciones de Carlos Tapia, de los Ciudadanos por el Cambio y Javier Diez Canseco, líder del Partido Socialista. Obviamente ese deseo de izquierdistas en común, aún no pasa por un asentimiento en el Partido Nacionalista, aunque ya haya bases Gana Perú en muchas partes del país, sin dirección, pero con gente proveniente de diferentes vertientes políticas, que no necesariamente son progresistas. El último encuentro de la Unidad de Izquierda va por ese rumbo, aunque aún el sectarismo impida incluir al MNI y a Fuerza Social, implosionados y debilitados por algunas malas decisiones y la baja popularidad de Villarán en la alcaldía de Lima. La inclusión de Aída García Naranjo de la izquierda o de Eguiguren o Roncagliolo, que bien podrían ubicarse en el progresismo, no deja de ser algo, para un campo que ha tenido derrotas consecutivas en el terreno electoral, pero que alberga esperanza en una nueva refundación -con los mismos dirigentes-; una madurez colectiva -con inmadureces personalistas-; un nuevo frente amplio -con el mismo sectarismo en organizaciones y colectivos-…
 En esta parte del análisis deberé decir que el proyecto nacionalista no se derechiza por colocar a tres ministros ni se izquierdiza por lo opuesto. Simplemente recoge las propuestas que alguna vez Alberto Adriánzen escribía en su "transición inconclusa", o Michael Porter planteaba con eso de la "estrategia económica nacional". No seremos más neoliberales de aquellos a los que la inclusión social les suena a hueco, ni seremos menos revolucionarios de aquellos que quieren empezar todo de cero. La hoja de ruta planteó muchas propuestas con las que estuvieron de acuerdo muchos en ambos bandos, que ahora están algo descolocados en el campo político, por ministros, y sobre qué postura tomarán para oponerse al nacionalismo. Sólo el autoritarismo de Fujimori, o la Corrupción de García, pudo unir a la derecha y a la izquierda en diferentes épocas, y por lo visto, este gabinete dista mucho de eso, yendo más por un gobierno de concertación nacional, acorde a una realidad que algunos utópicos sólo suelen encontrar en escritos teóricos que suelen ser crónicas de fracaso.
 Finalmente, me causa gracia como algunos en el campo "progresista" ya se sientan derrotados por un gobierno que no empieza, o se crea que la derecha y la izquierda tengan chance con las mismas taras mentales de hace 20 años, en la debacle de los partidos políticos. Habrá que esperar el 28J…
 René Galarreta

lunes, 25 de julio de 2011

Alan García no entregará Banda Presidencial al nuevo mandatario

Teme ser pifiado en el Congreso
Así se despidió Alan García del gobierno en 199O
Haga click en el siguiente enlace:
Saliente gobernante sí asistió a la toma de mando de Alberto Fujimori, pero no lo hará con Humala, tras las pifias que recibió aquella vez
Alan García dijo esta mañana que no irá a la toma de mando de su sucesor, Ollanta Humala, porque recordaba el “maltrato” que recibió en 1990, cuando acudió a la sede del Legislativo para pronunciar su discurso de despedida antes de que Alberto Fujimori recibiera la banda presidencial.
En efecto, El Comercio recogió en su edición del 29 de julio de ese año los hechos escandalosos que se produjeron en el hemiciclo mismo, que “jamás antes se habían registrado en una sesión solemne de transmisión de mando”.
“El rechazo de las comisiones para anunciar al presidente saliente que estaba listo el Congreso para recibirlo, así como la comisión de recibo en la puerta del Congreso, fue mayoritario. El sonero carpetazo expresó este rechazo”, se leía en la crónica del acto.
Aunque ello solo sería el inicio, pues cuando la banda de la PNP empezó a tocar la Marcha de Banderas, con lo que se anunciaba la llegada de García al recinto, “gritos en contra y sonoros golpes a los escaños por parte de la oposición” competían con las palmas apristas.
García evidenció su nerviosismo cuando, tras saludar a los presidentes de Chile, Bolivia y Venezuela en el lugar, saludó al nuevo presidente del Congreso, Máximo San Román, y olvidó hacer lo propio con los mandatarios de Argentina y Colombia, a cuyos asientos tuvo que volver.
Los “¡Que se vaya!” y “¡Que no hable!” silenciaban el discurso de 12 minutos que trataba de iniciar el saliente presidente, que mantenía la sonrisa. Pocos aplausos y muchas pifias recibió García de los congresistas, entre quienes no se contó a los de la bancada del Fredemo (con el que postuló Mario Vargas Llosa a la presidencia de la República).
Y aunque la inflación al final de este gobierno es el opuesto al 7.500% que dejaba entonces, García no se arriesgará a empañar su despedida, colmada de inauguraciones.
García no entregará banda presidencial: "No es bueno para mí, ya lo sufrí en el 90"
Saliente jefe de Estado descartó que se trate de un desaire y que más bien pretende evitar maltrato en el Congreso al no asistir a toma de mando
Tras el anuncio de que el saliente mandatario Alan García no asistirá al hemiciclo para el acto de transferencia de mando a Ollanta Humala, las críticas no se hicieron esperar, en el sentido de que se trataría de un desaire del líder aprista para con su sucesor —a quien derrotó en las elecciones de 2006—. García Pérez quiso esta mañana aclarar su ausencia.
En tal sentido, mientras inspeccionaba las obras del nuevo colegio Mercedes Cabello, señaló que el último 28 de julio de cada presidencia (primero de cada nueva administración) “es para escuchar el mensaje del nuevo Presidente” y aunque él mismo asistió a la toma de mando de Alberto Fujimori en 1990, recordó que entonces “hubo tales desórdenes en el Congreso con mi asistencia que prefiero curarme en salud y decir “Dejemos que el nuevo presidente dé su mensaje con toda libertad y no demos rienda suelta a esta pasiones que deslucen delante de jefes de Estado extranjeros’”.
Con ello se refirió a abucheos que se dieron el último día de su primer gobierno en la sede del Legislativo: “Eso es casi inevitable, los parlamentarios aprovechan para hacer sus ruidos y sus gritos y eso no es bueno para el país, ante nuestros visitantes extranjeros. Finalmente, no es bueno para mí, porque ya lo sufrí en el año 90”.
También añadió que no es una obligación constitucional asistir al acto y que es mejor que el presidente de la República abandone la casa de gobierno en el momento en que el nuevo presidente presta juramento.
Asimismo, advirtió que el simbolismo de la entrega de la banda presidencial “tiene poco sentido” y que “por dimensión y longitud, no será la que yo uso la que usará el señor Humala”.

sábado, 23 de julio de 2011

EL NUEVO ÁMBITO DE LA JUSTICIA MILITAR


Por: Hugo Müller Solón
Investigador Asociado al Taller de Asuntos Públicos/PERU
Una de las propuestas del Plan de Gobierno del Presidente electo Ollanta Humala Perú” es la de incorporar mediante norma expresa, la Justicia Militar al fuero del Poder Judicial (Punto 2.5.- Reforma de los Poderes Públicos - Plan de Gobierno).
Como bien sabemos, desde la promulgación del Primer Código de Justicia Militar el 20 de Diciembre de 1898 hasta la fecha, funciona en el Perú un fuero de justicia paralelo al de la Justicia Ordinaria, denominado Justicia Militar y últimamente Justicia Penal Militar Policial. Durante los 113 años de su existencia, este Fuero se ha caracterizado por su total desvinculación al ordenamiento jurídico nacional y por su afán expansionista de juzgar a civiles como efectivamente lo ha hecho; actualmente los altos magistrados como son los Vocales y Fiscales Supremos son nombrados por el Presidente de la República y no por el Consejo Nacional de la Magistratura como lo dispone el Art. 154 de la Carta Magna y los demás magistrados (jueces y fiscales) de menor rango son nombrados por el Presidente del Supremo Tribunal Militar Policial. El tratamiento de los denominados delitos de función tendría en consecuencia un nuevo ámbito, el de la jurisdicción ordinaria, con lo cual se elimina el fuero militar como organismo autónomo e independiente y renacería como un ente jurisdiccional militar policial imparcial y renovado para juzgar los delitos cometidos por miembros de las fuerzas armadas y policía nacional, dentro del ámbito de la justicia ordinaria y con derecho irrestricto de someter sus resoluciones finales en vía de casación ante la Corte Suprema de Justicia de la República; y no como sucede hasta ahora, en donde solamente pueden recurrir en esta vía, las resoluciones del fuero militar que imponen pena de muerte (Art. 173° Constitución Política del Perú). Es decir en la practica ninguna llega a la vía de casación.
De esta manera se resguardarían las garantías de independencia, imparcialidad e igualdad en el debido proceso. Los vocales y fiscales supremos del fuero militar ya no serían nombrados por el presidente de la república como se hace ahora, sino por el Consejo Nacional de la Magistratura. Lo mismo ocurriría con el nombramiento de jueces y fiscales de menor rango, hasta hoy nombrados por el presidente del tribunal supremo militar policial, sino que igualmente lo haría el Consejo Nacional de la Magistratura. Los fiscales y jueces del fuero militar, dejarían de ser magistrados y oficiales de la FFAA y PNP en situación de actividad. Los actuales fiscales del fuero militar policial que actúan de manera autónoma e independiente al control del Ministerio Público, dejarían de hacerlo por cuanto se trata de un organismo no reconocido por la Constitución Política del Perú y pasarían a depender del Ministerio Público con todas la facultades de su cargo, pero sometidos al cumplimiento y observancia de las garantías de un debido proceso.
Se producirían las reformas constitucionales correspondientes y tendríamos garantizada la seguridad de que la jurisdicción militar policial, quedaría estrictamente reservada para la investigación y juzgamiento de los “delitos de función”, no podrían ser sometidos a la misma los civiles, como actualmente lo sigue facultando el Art. 173° de la Constitución Política del Perú. El orden, la moralidad y la disciplina de las FFAA y PNP estaría mucho mas garantizada con una justicia especializada e imparcial y que no necesariamente tiene que estar vinculada al estamento castrense, pues cualquier Abogado que cumpla con los requisitos correspondientes por razón de su especialización, podrá administrar justicia militar – policial.
Este importante paso permitiría progresar en el proyecto de una propuesta para brindar un adecuado tratamiento a los “delitos de función” en que incurran militares y policías con garantías de igualdad y acceso a la jurisdicción única como los demás ciudadanos. En definitiva la propuesta de reforma indica tácitamente que los principios del derecho penal común deberán regir de la misma manera sobre el derecho penal militar policial. Una propuesta adecuada para modernizar a las FFAA y PNP y una confiable y acertada tendencia que la mayoría de países de la región ya lo vienen aplicando.
   
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domingo, 17 de julio de 2011

Los planes de la derecha al comienzo del nuevo gobierno nacionalista y popular.

AHORA VIENE EL PLAN "B"
Para llegar a la desestabilización hay que pasar por la desfiguración
La derecha que debe gobernar siempre el país (según ella), pero que perdió las elecciones y percibe que no va a tener el poder de torcer la voluntad popular de otras ocasiones, tiene un plan B que ha estado ensayando en estos días y que consiste en ir construyendo poco a poco un muñeco de varias cabezas, al que poder pegarle cada vez más fuerte y que la gente identifique como si se tratara del gobierno de Ollanta Humala.
El tema económico
Para la derecha el pueblo peruano debe creer que:
 (a)    El plan original de gobierno de Gana Perú era un desastre, estatista y controlista, y que es eso lo que ha espantado a los inversionistas, aunque la primera mayoría del país (31%) haya votado por él, desechando los otros planes precisamente por su disconformidad con la manera como se ha venido manejando la economía.
 (b)   Los compromisos de Ollanta Humala durante la segunda vuelta, que buscaban ampliar la base social y política de la propuesta de transformación, retirando algunas aristas sobre loas que no había consenso y supuestamente eran las que más alarmaban a los mercados, han resultado siendo precisamente los que han aumentado la incertidumbre y la desconfianza, ya que significarían que los ganadores de las elecciones pueden cambiar de idea en cualquier momento.
 (c)    Lo que los grandes inversionistas y sus intérpretes políticos, académicos y periodísticos están esperando es que se nombre un ministro de Economía que no responda ni al plan original, ni a los compromisos posteriores, es decir que convierta la “gran transformación” prometida, en la gran continuación, manteniendo el programa económico que ha regido al Perú los últimos 20 años, que es el de los que perdieron las elecciones en primera y segunda vuelta.
 (d)   La crisis de la Bolsa de Valores de Lima, al día siguiente de la victoria electoral de Ollanta Humala, apuntaba a arrodillarlo en 24 horas e imponerle condiciones. Como no lograron,  han continuado con la segunda campaña que es la del ajuste de inversiones y su impacto sobre el crecimiento. Lo que está pasando puede definirse como una “tercera vuelta” post elecciones, en la que los grandes grupos de inversión nacional y extranjera votan con su dinero o con su capacidad financiera, para expresar su disconformidad con la elección del 5 de junio, en la que fueron mayoría los que no tienen plata.
 (e)   Los economistas neoliberales como el presidente del BCR y las consultoras privadas, y los banqueros economistas (como el actual titular del MEF), consideran muy seriamente que son los únicos que saben de economía y del arte de atraer las inversiones (que es lo mismo), por tanto no tienen ninguna disposición a discutir las ideas de otros. Como son ellos los que han construido un monstruo del programa nacionalista, de ello mismo derivan que sus autores y defensores no saben nada, y mucho menos la gente que los apoyó en las elecciones, que por ese motivo no merece ser tomada en cuenta cuando se trata de asuntos de gobierno.
 (f)     La actual desaceleración de la inversión pública que se ha realizado en un contexto en el que aumentan las preocupaciones sobre el futuro de la economía internacional, y en el  que las incertidumbres electorales y las acusaciones del gobierno de turno contra el programa del candidato que finalmente ganó la elección, debían afectar el ritmo de la inversión privada, no correspondería a un complot o mala intención como se afirma, sino a un simple cronograma de reducción de la inversión estatal. Las regiones y los municipios, así como todos los proyectos que no tuvieran que ver con las inauguraciones presidenciales de despedida del mes de julio, fueron afectados por el Decreto de Urgencia 012. Pero García y Benavides siguen hablando de reservas, inflación y del crecimiento de cinco años.
 (g)    El Alan “neo-keynesiano” del 2009, que aumentó dramáticamente el gasto estatal (sin controles), para contrarrestar la caída de la inversión privada, cambió de disco en el 2011, y aplicó un ajuste fiscal al mismo tiempo que ocurría una retracción del sector privado. Irónicamente hemos estado discutiendo sobre cómo repartir el crecimiento, mientras las grandes empresas y el gobierno lo estrangulaban culpando al candidato que ofrecía un programa de reformas sociales de ser  el culpable por ocurrírsele hacer reformas en un país que ha pasado dos décadas en el inmovilismo económico.
 (h)   En resumen vamos a entrar a agosto oyendo decir que los conceptos básicos del nuevo gobierno, avalados por el voto, son el nuevo factor de crisis; que el ministro de economía, como no es de la confianza de la derecha política y económica, tendrá un fracaso garantizado; que las inversiones que dejan de hacerse es culpa de querer hacer nacionalismo económico; que la tasa de crecimiento del fin del año que necesariamente será más baja que la del año pasado, se deberá al tremendo error de los peruanos de haber votado por Ollanta Humala. Si esta revisión del resultado electoral se asienta y se convierte en sentido común, la derecha ya no sólo irá por la neutralización del proceso de cambios, sino directamente por la desestabilización. Ya en la Municipalidad Lima estamos viendo el pase de la caricaturización de la alcaldesa a la confrontación directa, como se aprecia con el primer paro patronal del transporte metropolitano.
El tema político
Hace una semana el director del diario emblemático de la derecha más dura, escribió que el presidente electo no debía sentirse aludido por la campaña contra la alcaldesa Villarán, que era un caso separado, y que debía dejar que la “tía bacán” se caiga sola. Poco después se abrió una rendija en el gobierno aún no juramentado con el caso del viaje a Rusia de Alexis Humala y se desató una batahola aún más feroz que la que desarrolla en relación a la actual administración municipal.
Sin tener una sola prueba de alguna trasgresión moral, aprovechamiento de la representación pública o daño al interés del Estado, el tema se ha vuelto una inmensa bola de nieve que ha agarrado desprevenido a los responsables de Gana Perú y ha creado una crisis política a una gobierno que aún no existe. Este es un hecho inédito que anuncia una etapa de duras confrontaciones que todos sabíamos que se iba a producir, pero no esperábamos que se iniciara con tanta ventaja para el adversario.
Lo que la derecha está queriendo demostrar en estos días son supuestas características del gobierno que se viene que van a ser la base de un ataque en crescendo en la medida en que puedan empezar a debilitar al nuevo gobierno:
 (a)    Mostrar un liderazgo dubitativo, que retrocede a la presión mediática y que se asusta ante el escándalo, que no dice toda la verdad y que ofrece demasiadas explicaciones a sus enemigos.
 (b)   Paralizar la maquinaria política de Gana Perú y el nacionalismo a partir de la concentración de las decisiones críticas en pocas manos, lo que puede conducir a que se  abran períodos de crisis sin respuesta inmediata que son altamente desgastadores, como se ha visto en estos días.
 (c)    Debilitar la cohesión interna de las fuerzas políticas y sociales en torno a Ollanta, por la tendencia a sancionar a priori a los que son acusados por la derecha.
 (d)   Desmoralizar a la gente que tenía esperanzas de un gobierno diferente, especialmente con el eje de la honestidad y la anticorrupción, al avanzarse acusaciones sobre faltas éticas que no son respondidas a tiempo.
 (e)   Preparar un “efecto Toledo”, que es el de los ganadores electorales cargados de promesas, que llegan al poder para convertirlo en su propiedad, incluyendo amigotes y familiares, lo que le costó caer rápidamente en los índices de aprobación.
 (f)     Alentar el malestar social por la desmejora económica, las promesas que puedan dejar de cumplirse, las acusaciones de corrupción, a lo que se irá sumando directamente el sabotaje patronal como se ve en el tema del transporte urbano en Lima. Nunca olvidar que las huelgas del transporte, especialmente el interprovincial fue un factor decisivo en la preparación del derrocamiento de Salvador Allende.
 (g)    Confrontar con la prensa como LA PRIMERA que ha apoyado la candidatura de Ollanta Humala, acusándola indistintamente de “no deslindar” por tener un manejo equilibrado del caso Alexis, o de ser la “oposición de izquierda” al presidente electo y la dirección de Gana Perú por no renunciar a una actitud vigilante y crítica que otros nunca mantuvieron respecto a Alan García o Fujimori.
 (h)   En síntesis, desgastar, manchar, irritar a la población respecto al gobierno que nace de una elección marcada por la esperanza. Pero ante todo quitarle la iniciativa, hacerlo dudar y luego acusarlo de indeciso. Provocarlo todo lo que se pueda, para ver si se desordena o si se rinde a la presión de sus adversarios.       
Estamos, no nos cabe la duda, en el camino de un proyecto de desestabilización y de crisis política y económica permanente. La derecha ha evaluado y está dispuesta a pagar el costo, porque mucho más peligroso es un gobierno que coloque al país en un nuevo rumbo y que pueda recibir respaldo popular en este esfuerzo.
La clave de todo está en la relación con las masas. Ollanta es invencible con el pueblo a su lado. Convertir la fuerza electoral en fuerza política es la tarea. Pero eso sólo se consigue con un fuerte engarce con las masas y en ese punto el aspecto clave es que Gana Perú no se paralice sino que asuma la tarea de organizar a millones que quieren la transformación del Perú.
En estos últimos días hasta la juramentación de 28 de julio y en los primero del nuevo gobierno, se va a jugar el futuro. Para enfrentar la desfiguración y no dejar pasar a la desestabilización se requiere mucha fuerza. Ollanta la tiene. La cosa es echarse a caminar. 

viernes, 15 de julio de 2011

Código Procesal Penal y la Inseguridad Ciudadana

Por: Hugo Muller (*)
Es frecuente oír decir a algunas autoridades del Gobierno y en particular a los altos mandos policiales, cuando tratan de justificar las inútiles acciones gubernamentales y la ineficacia de la gestión policial, frente al mayor incremento de la inseguridad ciudadana, que el nuevo Código Procesal Penal (CPP) es la causa principal del aumento de la criminalidad. Algunos expresan su preocupación de que el CPP no permita que durante el proceso penal, todas las denuncias lleguen a la etapa de juzgamiento, por ser resueltas mediante salidas alternativas con beneficios de reducción de la pena a favor del imputado; otros consideran que el CPP ha limitado el ejercicio de la función policial frente al delito y que las personas detenidas de acuerdo a la ley son muchas veces puestas en libertad iniciado el proceso penal. Es realmente preocupante el desconocimiento que en estos altos niveles de Gobierno y de la administración policial se tiene, por decirlo de alguna manera, en lo referente a la reforma procesal penal y el nuevo sistema de administración de justicia, pero más aún en lo concerniente al rol de la Policía en la Investigación Criminal conforme a las reglas del CPP.
Es necesario comprender que por el hecho que una persona quede en libertad durante el proceso, no necesariamente implica que no será juzgado y condenado si existe la convicción y la prueba suficiente para ello. También podría darse el caso que esta libertad se de cómo consecuencia de una detención no llevada a cabo legalmente. Por otro lado las salidas alternativas no significan que el imputado no sea objeto de una condena y/o el pago de una reparación civil a favor de la víctima como en el caso de la aplicación del Principio de Oportunidad o del Proceso de Terminación Anticipada, mas aun en todos los casos, estas salidas alternativas cuentan con la aprobación y aceptación del agraviado.
Claro si queremos seguir viendo la administración de justicia con mentalidad inquisidora como al parecer lo desean ver algunas autoridades, para no verse abrumados por el problema sin resolver de la inseguridad ciudadana, todas las personas imputadas debieran estar presas y confinadas en las cárceles sin salir de por vida, para asi liberarse del clamor popular que demanda a sus autoridades mayor seguridad; pero de ser así se olvidan en primer lugar que vivimos en democracia y en estado de derecho, y que existe un nuevo sistema penal cuyo fin último es alcanzar la justicia pero con pleno respeto por los derechos humanos de victimas e imputados y tenemos que cumplirlo; en segundo lugar encarcelar a los que delinquen no resuelve el problema, porque detras del que ingresa a la cárcel, otro ser humano esta en las calles iniciandose en la delincuencia; las carceles no resuelven el problema de mayor criminalidad, otros son los factores que lo motivan, en particular de indole social, familiar y economico.
Decir que el nuevo CPP, limita a la Policía en su labor de prevenir o investigar el delito es una imperdonable falacia mal intencionada que le hace mucho daño a la Institución Policial, mas por el contrario, la norma procesal penal le otorga una serie de nuevas herramientas de trabajo que si se utilizaran conforme lo establece la ley, la harían mucho más eficaz frente al delito. Lo realmente cierto, es que en la Policía Nacional del Perú predomina increíblemente una cómoda cultura conservadora de resistencia al cambio en todo orden de cosas y quizas sea este el motivo por el cual se viene demostrando hasta la fecha, falta de interés por capacitar a los policías o por desarrollar una reingeniería policial que adecue a la Institución Policial al nuevo sistema penal. La estructura organizacional, sus estrategias, sus técnicas, sus procedimientos, sus procesos, todo se mantiene inalterable, a la espera probablemente que el nuevo CPP se derogue o se modifique, como se suele expresar.
Cuando hace 22 años se produjo la unificación de las Fuerzas Policiales para dar paso a la creación de la Policía Nacional, cada Institución (Policía de Investigaciones del Perú, Guardia Civil del Perú, Guardia Republicana del Perú) se incorporó en la nueva organización policial con su misma forma de trabajo y estructura; finalmente la nueva Institución Policial se adaptó a la estructura organizacional de la Guardia Civil vigente desde 1922 y esa es la que sigue manteniendo hasta la fecha, con algunas mínimas modificaciones, que más que nada obedecen a cambios de nombre. Se siguen utilizando los mismos procedimientos para prevenir el delito que en su momento y oportunidad fueron muy eficases, pero ya no en escenarios y problemas distintos como es ahora, por ese motivo las acciones de prevención que utiliza la Policia no dan resultados. Sus métodos y procedimientos, lamentablemente cuesta decirlo, pero son obsoletos. La Policía no se ha modernizado.
Por otro lado, no obstante que la modernidad en la Investigación Criminal si ha llegado para la Policía Nacional con el nuevo CPP, este ha sido inmediatamente rechazada por las altas autoridades policiales quienes no conciben aperturar el “secreto y la reserva” con la que se ha mantenido el sistema policial de la Investigación Criminal que ha regido durante los ultimos 80 años, mucho menos dar paso a una cultura de reconocimiento del Fiscal como director de la Investigación y a quien le corresponde coordinar e impartir disposiciones a la Policía Nacional, verificando los resultados logrados por esta en materia de Investigación Criminal. Además, tampoco conciben que sea el Policía, en el caso que se llegue a la  etapa procesal del enjuiciamiento, el testigo en juicio de la fiscalía.
Específicamente en los lugares donde ya se viene aplicando el CPP se ha observado que la Policía aún no se acostumbra a investigar de acuerdo a lo que pide el Fiscal sino que tienden a seguir actuando “según su criterio", calificando juridicamente los hechos y estableciendo responsabilidades penales en los investigados, no obstante prohibiciones al respecto; si bien en algunos lugares se ha dado la conformación de lo que debería ser un equipo de trabajo y el desarrollo del programa metodológico o estrategias de Investigación, los Policías aún no han comprendido la dinámica propia de un sistema penal acusatorio y siguen pensando que el Fiscal los limita, los restringe, les quita iniciativa; ellos aprendieron que con el Atestado Policial son los protagonistas de las decisiones judiciales y en lugares como en Lima, aún tienen ese reconocimiento con sentencias fundamentadas en dicho documento policial. El cambio de mentalidad no se ha producido, porque no ha existido ni existe hasta la fecha una autentica y decidida capacitación a los Policías dirigida desde su propio comando.
El problema real desde mi punto de vista, es que a nivel del Ministerio del Interior y de la propia Policia Nacional no se quiere enfrentar el nuevo Paradigma de la Investigación Criminal, unos por no saber como hacerlo, otros porque les resulta más cómodo seguir siendo conservadores y por supuesto un tercer grupo porque no quieren perder uno de los principales instrumentos de la corrupción policial denominado Atestado Policial, con lo cual muchas veces se le ha puesto precio a la honra, la dignidad y a la libertad de las personas. Pero lamentablemente para los corruptos, ese retroceso esperado es imposible que llegue porque el nuevo sistema penal ya ha cambiado.  Las actividades investigativas que realizan la Fiscalía y la Policía e igualmente la obtención de los elementos materiales o evidencias físicas, no se vislumbran ahora con documentos como el Atestado Policial ni con aparentes pruebas que por si solas no lo son, mientras no sean presentadas y debatidas en un juicio público y oral, en donde serán sometidas a la apreciación critica de un Juez o un colegiado. Esto es todo un campo problemático difícil de entender para los propios Policías que no son entendidos en la materia, si es que no se cuenta con una base de conocimientos doctrinarios e ideológicos que solo se puede obtener a través de la capacitación. Y es que de primera intención es común pensar que en nuestra Policía Nacional hay especialización en Investigación Criminal, es decir, Policías profesionales formados, capacitados, entrenados y especializados, sin embargo desde hace 22 años no existe tal especialización y solo la concepción errónea (teórica y práctica) en el sentido que todos los Policías al egresar de las Escuelas de Formación de la Policía están capacitados para efectuar una investigación sobre la comisión de un delito. La realidad nos demuestra lo contrario y ello genera la materialización de deficientes investigaciones que realiza la Policía Nacional, con los problemas éticos y de falta de honestidad antes mencionados. Hoy en día son muy pocos los ya veteranos Policías procedentes de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP) que aún permanecen en el servicio activo, ellos si fueron formados como investigadores del delito aunque bajo una concepción ideológica del formato inquisitivo, pero con la personalidad y la vivencia del autentico investigador policial que ya no existe en la Policia Nacional lamentablemente por desicion política. En la realidad internacional cercana a nuestro país, tenemos que en Chile, la Policia de Investigaciones de Chile se ha adaptado perfectamente al nuevo sistema procesal penal y trabaja de manera coordinada con los Fiscales en la Investigación del Delito. Al crearse la Policía Nacional hace 22 años, desapareció la PIP y con ella la especialidad de la Investigación Criminal en la Policía Nacional del Perú.
Finalmente opino, no es el Código Procesal Penal el que origina el problema de inseguridad ciudadana en nuestro país: La seguridad ciudadana es un problema de Gobernabilidad. Es un compromiso de todos los peruanos pero es responsabilidad del Estado representado por el Presidente de la República, el mismo que hasta la fecha ha venido demostrando ausencia de capacidad para diseñar políticas públicas contra la criminalidad. No existe una Política Criminal contra el Delito que defina la estrategia del Estado para prevenir los hechos violatorios de la legislación penal en nuestro país, mucho menos una Política contra la Criminalidad que determine las competencias encaminadas a librar a la población del incremento de la delincuencia, el temor y la inseguridad. En resumen, el problema está en las altas autoridades del Gobierno y de la Policía Nacional que no saben en el primer caso como detener el incremento de la criminalidad, y en el caso de la Policía como investigar y prevenir el delito. Espero con mucha confianza que en el proximo y muy cercano nuevo Gobierno se revierta la situación existente.
(*) Hugo Muller Solón
Coronel PNP (R)
Abogado penalista
Socio Fundador de la Asociación Profesional de Policías del Perú - APROPOL
Investigador Asociado del Taller de Asuntos Públicos - TAP/PERU
Docente Facultad de Derecho Cesar Vallejo - Trujillo
mullerabogados@hotmail.com
   
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EN LOS NARCOESTADOS DEL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI EL CRIMEN SUPLANTA LA POLÍTIC

Los dictadores Daniel Ortega (Nicaragua), Nicolas Maduro (Venezuela), Miguel Diaz-Canel (Cuba) y el entonces presidente boliviano Evo Morale...