martes, 20 de julio de 2010

EL USO POLITICO DEL TERRORISMO

Las últimas semanas han sido recurrentes la inflación de varias noticias vinculadas a Sendero Luminoso, el MRTA o cuestionamientos hacia los organismos de defensa de derechos humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la misma, colaboran algunos medios de comunicación y varios políticos dispuestos a tener tribuna en estos temas.
El hecho que ha sido descubierto como el caso más abierto de manipulación es una requisa hecha en Chorrillos a varias sentenciadas por terrorismo, que sería el sustento para que se nieguen los beneficios de semi-libertad que algunas de ellas pidieron. Ayer, El Comercio destapo que dicha requisa fue una farsa, debido a que dichos pedidos habían sido denegados con anterioridad.
A ello se ha sumado, a partir de pagos de costas y costos en sentencias del sistema interamericano, el imposible jurídico del “retiro parcial” de la Convención Americana de Derechos Humanos, pachotada soltada por alguien que supuestamente pasó por una facultad de Derecho, llamado Javier Velásquez Quesquén y que ha sido enmendada por colegas de gabinete y hasta por su compañero Aurelio Pastor. Como bien ha recordado Diego García Sayán en estos días:
En el tema de las indemnizaciones dispuestas por la Corte Interamericana para los terroristas, el Gobierno ha dejado de lado un punto: En agosto de 2008, en el fallo por el caso Castro Castro, el tribunal le dio al Estado peruano carta libre para que cobre las reparaciones económicas que adeudan los sentenciados por terrorismo con las indemnizaciones planteadas para ellos ante la Corte. Para ello se debía adecuar la legislación peruana, algo que, a la fecha, no se ha hecho.
“Si existiera una preocupación auténtica, el Gobierno habría adecuado la legislación, incluso a través de un decreto supremo, pero esto no se ha hecho”, explicó García Sayán.
Como hemos insistido varias veces desde este blog, la mejor manera de luchar contra Sendero Luminoso y el MRTA no se encuentra en la mano dura, sino en hacerlo con inteligencia y con armas legales. Ahí la Corte Interamericana le dió una herramienta al Estado para no verse desguarnecido, ¿por qué no la ha empleado?
Y lo mismo podría decirse del escaso presupuesto y personal que tiene la Procuraduría Supranacional, que congrega a los abogados que tienen que litigar para el Estado en el sistema interamericano, mismo mal que aqueja a la DINCOTE.
¿Qué razones hay, en el fondo? Me inclino por cualquiera de las 4 hipótesis:
1. La falta de preocupación del gobierno, en general, por casos de derechos humanos. No poner nada sobre el tema siquiera en su plan de gobierno, sumada a la conducta que ha tenido durante estos años de desdén hacia esta materia, dan cuenta del pobre esfuerzo del Estado peruano por cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos.
2. Casos pendientes en el sistema interamericano: Hay aun varios casos pendientes en el sistema, que van desde los reclamos de Martha Chávez por violación del debido proceso en su caso, así como cuestiones pendientes desde el primer gobierno de Alan García. Rosa María Palacios mencionó hoy una posible condena nueva por el caso El Frontón. Ojo que una coyuntura similar, a partir del tema de la pena de muerte, se dio en días previos a la sentencia del caso Saúl Cantoral, en que la Corte estimó que los probables responsables eran miembros del autodenominado Comando Rodrigo Franco.
3. La inflación fujimorista: Si hay un grupo empecinado en ganarse alguito con este tema es el fujimorismo, debido a que ha tenido relativo éxito en inocular en parte de la población la idea de que “Fujimori derrotó al terrorismo”. Y claro, asocian el golpe, el autoritarismo y las violaciones de derechos humanos como “costos a pagar” por la pacificación. Más aún, cuando hay un porcentaje de peruanos que son partidarios de dicha “mano dura”
4. Los apristas queriendo ganar con el miedo: El APRA es consciente del rechazo y el miedo que los peruanos le tenemos a Sendero Luminoso. Y sabe que trae ciertos réditos la competencia entre políticos por ver “quien es más duro con el terrorismo”. Y tiene a halcones como Giampietri y pichones de halcones como Velásquez Quesquén en su partido, amen de un Ministro de Defensa cuyo comportamiento ya es por todos conocido.
Pero todo esto no sería posible de no ser por un conjunto de medios de comunicación y de periodistas ávidos de cantar “Cara al Sol” en el escritorio de sus respectivos medios de comunicación. Uno de ellos, Uri Ben Schmuel, fue bastante claro en señalar a sus compañeros de escuadra:
Por desgracia, son contados los periodistas y políticos que se animan a refutar las falacias sistemáticas de las pandillas oenegistas. Gran mérito por eso tiene el esfuerzo desplegado por Aldo Mariátegui en Correo, Luis García Miró en Expreso, Hugo Guerra en El Comercio y Víctor Robles desde las páginas de este diario (y no olvidemos las geniales caricaturas de Miguel Ángel) Y la postura de figuras como Lourdes Alcorta, Luisa María Cuculiza, Rafael Rey y Luis Giampietri. El resto es silencio. Una lástima que no se libre una batalla ideológica masiva contra las mentiras de los grandísimos hijos de Gramsci. Después no nos quejemos…
Casi todos los nombrados no sorprenden, considerando su alergia a todo a lo que esté a la izquierda de Francisco Franco. Pero sí de Guerra, quien antes de hacerse muy cercano del almirante Giampietri, le decía a la Comisión de la Verdad y Reconciliación cosas como ésta:
Cometimos el error de aceptar y hasta respaldar las leyes antiterroristas de emergencia. La pequeña historia que ha transcurrido después de eso, nos demuestra que el remedio fue peor que la enfermedad. Hoy nos cuesta mucho modificar nuestra línea editorial y reconocer que nos equivocamos. Ahí es donde se juntó lo emocional con la falta de capacidad de hacer análisis a futuro (…). Debemos entender que sí tenemos un poder muy grande y que ese poder solo se justifica cuando no es para beneficio propio. No vamos a despegarnos de tres principios rectores, la ética profesional, la convicción de una construcción de la democracia permanente que no puede aceptar ninguna solución que vaya, por mucho que las circunstancias así lo pidan, contra los principios realmente democráticos. La lección es clara, lo hacemos y nos traicionamos. Finalmente, tampoco podemos hacer un ejercicio del periodismo desvinculado de la defensa de los derechos humanos.
Seamos claros en rechazar al terrorismo, pero también a aquellos que pretenden jugar con los miedos colectivos de los peruanos por unos cuantos votos o venta de sus diarios o para volver a tiempos en los que el Derecho tenía poco de constitucional.

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