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| Vicepresidenta de la República |
MARISOL ESPINOZA CRUZ
Al asumir el gobierno en Julio
del 2011, sabíamos que la tarea no era fácil, la inclusión social propuesta en
la campaña implicaba que el Estado debía servir como promotor no sólo del
crecimiento, sino también de la inclusión y el
desarrollo.
Un punto central de esta
inclusión y progreso social es el que corresponde a la resolución de los
conflictos sociales heredados. Principalmente los medio ambientales, el primer
paso fundamental en este camino fue la aprobación de la Ley de Derecho a la
Consulta Previa, Ley N° 29785, que resulta siendo una norma importante en el
debate sobre el actuar de las empresas extractivas y su relación con la
población, porque los problemas que afrontamos tienen también un componente
histórico acuñado por la desconfianza de la población en el actuar de las
empresas mineras, y una burocracia estatal con poco tino para atender estas
demandas sociales.
El conflicto socio ambiental en Cajamarca es una expresión
de esta problemática que es necesario conocer en su magnitud, los hombres y
mujeres de Cajamarca no son opuestos a la inversión y así se demuestra con el
desarrollo de proyectos mineros que actualmente vienen siendo explotados en la
región y que cuentan con licencia social por parte de la población, como es el
caso de Gold Fields, Michiquillay entre otras.
Menos aún es la violencia una
característica de los pobladores cajamarquinos, hay que resaltar el importante
trabajo que realizaron las rondas campesinas en favor de nuestra pacificación
que nunca permitieron que el terrorismo avanzara. Sin embargo hay que reconocer
que el manejo de este conflicto social no ha generado estrategias por parte de
Yanacocha que descansen en una capacidad constructiva. La inclusión social
requiere de una gran capacidad de escuchar el punto de vista de todos para
entender su problemática y proponer soluciones concertadas y lamentablemente esta
empresa minera muy poco ha hecho para ganarse la confianza de los
cajamarquinos.
El informe de la Defensoría
del Pueblo señala que el 88% de los conflictos se desarrollan en provincias
cuya población se encuentra mayoritariamente bajo la línea de pobreza; y el 73%
ocurre en aéreas rurales.
Es por ello que las empresas
que ingresan a invertir en nuestro país deben ser transparentes con la
población, cumplir con sus compromisos sociales y remediar sus pasivos
ambientales, para así ganar su confianza y no lamentar después situaciones como
las que actualmente enfrenta la empresa Yanococha, que durante 20 años no ha
sabido tener empatía con la población.
La tarea que ahora tienen
Monseñor Miguel Cabrejos y el padre Gastón Garatea no es sencilla, sin embargo,
estamos seguros que podrán ayudarnos a buscar un camino de solución a este
conflicto, que permita el desarrollo de la inversión sin afectar la esperanza
de la población y con respeto y cuidado del medio ambiente; el Perú necesita
continuar con el crecimiento de su economía, pero para ello la relación entre
el Estado y la inversión debe ser diferente, priorizando los intereses
nacionales y no la soberbia que a veces muestran algunas empresas.
Juan Pablo II nos dejó un gran
mensaje “que el diálogo… facilita la solución de conflictos y favorece el
respeto a la vida. Por ello, el recurso a las armas para dirimir las
controversias representa siempre una derrota de la razón y de la humanidad”.
(*)
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