jueves, 18 de junio de 2015

PERÚ: LA AGENDA LABORAL DEL FRENTE AMPLIO

La reciente discusión sobre el aumento salarial a los ministros, y el incremento de la remuneración mínima vital, ha puesto en agenda el debate sobre la cuestión laboral.
Escribe: Enrique Fernández Maldonado
En este contexto, el Frente Amplio –coalición de partidos de izquierda– ha planteado una posición sumamente crítica con las decisiones del Ejecutivo. Particularmente, con los criterios inequitativos con los que se trata la distribución del ingreso en el país.
De cara al 2016 la izquierda tendrá que ofrecer una oferta programática atractiva, que encare, a mi entender, algunos temas claves.
Uno tiene que ver con la reducción de la informalidad laboral, actualmente en 56,3% según cifras del MTPE. Este estado –que se define por la ausencia de protección social y derechos laborales– responde a varios factores: baja productividad de las microempresas (que albergan al 47% de la PEA asalariada del sector privado y registran una tasa de informalidad laboral de 88,8%); ausencia de fiscalización gubernamental; una cultura del regateo por parte de los sectores empresariales; así como la estrechez del mercado interno (asediado por importaciones subsidiadas) e insuficientes políticas gubernamentales orientadas al fortalecimiento empresarial en el campo y la ciudad.
Por otro lado, la desigualdad salarial está íntimamente ligada no solo a las diferencias de productividad entre trabajadores y empresas, sino sobre todo a la inexistencia de mecanismos redistributivos del ingreso. Una forma de hacerlo es a través del salario mínimo, que sirve como parámetro para definir la evolución del ingreso. El otro mecanismo redistributivo recae en una institución neurálgica como la negociación colectiva.
En nuestro país la sindicalización –y por tanto, las negociaciones colectivas– están claramente debilitadas. A pesar del leve repunte experimentado en los últimos años, apenas un 6% de la PEA asalariada privada formal está sindicalizada y tiene la posibilidad de negociar mejoras laborales (a inicios de los 90 era 22% del total de asalariados). En ese contexto es previsible que la distribución de la riqueza generada siga tendencias dispares: mientras las utilidades empresariales representan el 63,2% del PBI, los salarios laborales apenas llegan al 21,7%.
Esta situación de precariedad laboral persistirá, inevitablemente, si el próximo gobierno –y más si es de izquierda– no aborda los siguientes aspectos claves.
Por un lado, es necesario fortalecer las capacidades funcionales de los órganos rectores –del MTPE y de las direcciones regionales de trabajo y empleo– para ampliar y optimizar el alcance de sus intervenciones; particularmente en lo que toca a la fiscalización laboral. Para ello es imprescindible aumentar el financiamiento asignado a estas instancias (actualmente equivalentes al 2% del presupuesto general de la república).
Asimismo, cae de madura la aprobación de la ley general del trabajo, un pendiente de la transición democrática. Un nuevo ordenamiento laboral daría coherencia y orden a los diversos regímenes existentes, además de restituir garantías claves para el ejercicio de derechos laborales. Básico.
Todo esto deberá darse en el marco de un cambio en el modelo de desarrollo. Lo que supone darle prioridad a los sectores con mayor demanda de mano de obra (manufactura, agricultura, servicios), pero también poner a contraluz discursos como el “emprendedurismo” o los “sobrecostos” laborales, que distorsionan y evaden los aspectos centrales del debate laboral. Un agenda compleja, no cabe duda, pero imprescindible de encarar.
http://diariouno.pe/columna/la-agenda-laboral-del-frente-amplio/
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