La reciente discusión sobre el
aumento salarial a los ministros, y el incremento de la remuneración mínima
vital, ha puesto en agenda el debate sobre la cuestión laboral.
Escribe: Enrique Fernández Maldonado
En este contexto, el Frente
Amplio –coalición de partidos de izquierda– ha planteado una posición sumamente
crítica con las decisiones del Ejecutivo. Particularmente, con los criterios
inequitativos con los que se trata la distribución del ingreso en el país.
De cara al 2016 la izquierda
tendrá que ofrecer una oferta programática atractiva, que encare, a mi
entender, algunos temas claves.
Uno tiene que ver con la
reducción de la informalidad laboral, actualmente en 56,3% según cifras del
MTPE. Este estado –que se define por la ausencia de protección social y
derechos laborales– responde a varios factores: baja productividad de las
microempresas (que albergan al 47% de la PEA asalariada del sector privado y
registran una tasa de informalidad laboral de 88,8%); ausencia de fiscalización
gubernamental; una cultura del regateo por parte de los sectores empresariales;
así como la estrechez del mercado interno (asediado por importaciones
subsidiadas) e insuficientes políticas gubernamentales orientadas al
fortalecimiento empresarial en el campo y la ciudad.
Por otro lado, la desigualdad
salarial está íntimamente ligada no solo a las diferencias de productividad
entre trabajadores y empresas, sino sobre todo a la inexistencia de mecanismos
redistributivos del ingreso. Una forma de hacerlo es a través del salario
mínimo, que sirve como parámetro para definir la evolución del ingreso. El otro
mecanismo redistributivo recae en una institución neurálgica como la
negociación colectiva.
En nuestro país la
sindicalización –y por tanto, las negociaciones colectivas– están claramente
debilitadas. A pesar del leve repunte experimentado en los últimos años, apenas
un 6% de la PEA asalariada privada formal está sindicalizada y tiene la
posibilidad de negociar mejoras laborales (a inicios de los 90 era 22% del total
de asalariados). En ese contexto es previsible que la distribución de la
riqueza generada siga tendencias dispares: mientras las utilidades
empresariales representan el 63,2% del PBI, los salarios laborales apenas
llegan al 21,7%.
Esta situación de precariedad
laboral persistirá, inevitablemente, si el próximo gobierno –y más si es de
izquierda– no aborda los siguientes aspectos claves.
Por un lado, es necesario
fortalecer las capacidades funcionales de los órganos rectores –del MTPE y de
las direcciones regionales de trabajo y empleo– para ampliar y optimizar el
alcance de sus intervenciones; particularmente en lo que toca a la
fiscalización laboral. Para ello es imprescindible aumentar el financiamiento
asignado a estas instancias (actualmente equivalentes al 2% del presupuesto
general de la república).
Asimismo, cae de madura la
aprobación de la ley general del trabajo, un pendiente de la transición
democrática. Un nuevo ordenamiento laboral daría coherencia y orden a los
diversos regímenes existentes, además de restituir garantías claves para el
ejercicio de derechos laborales. Básico.
Todo esto deberá darse en el
marco de un cambio en el modelo de desarrollo. Lo que supone darle prioridad a
los sectores con mayor demanda de mano de obra (manufactura, agricultura,
servicios), pero también poner a contraluz discursos como el “emprendedurismo”
o los “sobrecostos” laborales, que distorsionan y evaden los aspectos centrales
del debate laboral. Un agenda compleja, no cabe duda, pero imprescindible de encarar.
http://diariouno.pe/columna/la-agenda-laboral-del-frente-amplio/
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