TÍA MARÍA Y EL ESTADO DE DERECHO DE OLLANTA HUMALA

¿DERECHOS HUMANOS VS. DERECHOS MINEROS?

Escribe: Félix Jiménez

El presidente Humala dejó la decisión sobre el proyecto minero Tía María en manos de la empresa transnacional Southern Peru Copper Corporation. Dijo: «No podemos tomar una decisión unilateral que no esté regida en el marco de la ley», porque expondría al Estado «a demandas legales internacionales por incumplimiento». Luego añadió: «la labor del Ejecutivo es defender el principio de autoridad y el estado de derecho en el país».

EL ESTADO DE DERECHO DE HUMALA

Humala reveló así que abandonó su filiación nacionalista y que, además, tiene una sui géneris concepción sobre el estado de derecho. Por un lado, el nacionalismo para Humala ya no es «una alternativa democrática a la actual modernización neoliberal excluyente y desnacionalizadora»; ya no es «un programa político de cambio radical del modelo neoliberal que acentúa la desigualdad social, depreda los recursos naturales, violenta la legalidad y la democracia, y no genera desarrollo». Por otro lado, al dejar en manos de la empresa transnacional la decisión sobre el proyecto minero Tía María, Humala renunció a defender la soberanía nacional y a garantizar la plena vigencia de los derechos humanos.

Profano en Política y Derecho, Humala somete al Estado peruano a la fuerza de los flujos y reflujos económicos dependiente de las decisiones de las empresas transnacionales. No sabe que «cuando alguien hace lo que le manda un amo, entonces ese alguien no es un ser libre, es un esclavo» (Férnadez Liria et al.). No sabe que la ley deja de ser la «gramática de la libertad», si es esclavizada por el poder económico, y, cuando esto ocurre, se violenta el estado de derecho.

Humala ha olvidado que fueron leyes esclavizadas (como los contratos de estabilidad) las que heredamos del «fujimorato» y que él se comprometió a revisar para restituir la soberanía y la autodeterminación nacional. El estado de derecho que defiende Humala es entonces un Estado donde las leyes son órdenes del poder económico y que, por lo tanto, no son expresiones de la razón, la justicia y la libertad.

LA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DEMOCRÁTICO

Humala, al igual que sus antecesores, ha puesto al Estado al servicio de los intereses económicos transnacionales. Por esta razón regenta un gobierno que solo de nombre es democrático, porque «ya no es el pueblo el que detenta el poder». Quiere imponer a toda costa el proyecto minero Tía María, como quiso imponer el proyecto minero Conga y lo hará con otros proyectos extractivos en las concesiones efectuadas, sin consulta previa, en los distintos lugares de la sierra y la selva del país. No respeta los derechos humanos ni el derecho de los pueblos «a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma». Tampoco respeta el derecho que tienen los pueblos «a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos». (Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Artículos 26 y 29)

En línea con el carácter antidemocrático de su gobierno, Ollanta Humala ha decretado el estado de emergencia en la zona, en lugar de abrir el diálogo y convenir en la realización de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental por la evidentes externalidades negativas que tiene el proyecto. Como anota Jürgen Schuldt, el proyecto de la Southern de construir una planta desalinizadora en las playas de Mejía «afectaría la vida submarina» e implicaría «un exagerado uso energético». No se puede avalar, entonces, un proyecto que se suma a otros en perjuicio del equilibrio ecológico.

El estado de emergencia no solo cancela el diálogo o, por lo menos, lo hace más difícil, sino también deslegitima al actual gobierno. Es a todas luces condenable que se haya recurrido a la fuerza cuando no es el pueblo, sino el propio gobierno el que ha vulnerado el estado de derecho, sometiéndose al poder económico.

LUCHAR CONTRA EL EXTRACTIVISMO NEOLIBERAL

El reciente paro exitoso de 48 horas de las regiones del sur (Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna) en solidaridad y defensa de los derechos del pueblo del Valle de Tambo que se opone al proyecto minero Tía María, es otro cuestionamiento importante al modelo económico neoliberal extractivista. El primero lo hicieron los jóvenes, hace apenas cinco meses, movilizándose contra la «ley Pulpín» que les recortaba derechos laborales.

Las masivas movilizaciones en defensa de los derechos laborales y de los derechos de los pueblos y comunidades, son parte de una incursión política de nuevo tipo. En general, las movilizaciones por la defensa de los diversos derechos ciudadanos, apuntan a la restitución del principio democrático de participación en las decisiones que atañen a los integrantes de la comunidad de ciudadanos.

Si las movilizaciones continúan y se expanden a lo largo y ancho del país; si los jóvenes, los trabajadores, los movimientos regionales y otros movimientos democráticos y progresistas construyen coaliciones efectivas en defensa de sus derechos, entonces surgirá una importante innovación política en el país; el surgimiento de un vasto movimiento popular con una agenda política precisa: cambiar el modelo económico neoliberal extractivista y rescatar el principio democrático según el cual el origen y la legitimidad del poder político proviene del pueblo. Ni gobiernos que practican la impostura, ni actividades económicas que violenten los derechos del pueblo y el equilibrio ecológico.

http://diariouno.pe/columna/tia-maria-y-el-estado-de-derecho-de-ollanta-humala/