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| PRODUCTO DEL INMORAL SISTEMA NEOLIBERAL |
Por Luis Alberto Salgado T.
No me referiré a la debacle
educativa del Perú que se gesta desde hace 25 años, ni a los vergonzosos indicadores en salud de la población peruana
(entre los más bajos de América Latina) que en el mismo lapso se han ido
deteriorando sistemáticamente como resultado directo de las políticas aplicadas
desde el Estado y por gobernantes (Fujimori, Toledo, García, y el actual
Humala) que han fracasado y defraudado al Perú. Por ello, el rechazo sin
ambigüedades -por considerarlos corruptos e incapaces de gobernar para el bien
público- que la mayoría de peruanos siente por ese grupo de individuos que han
sido presidentes de la República (secuela que continúa con Ollanta Humala) y
sus entornos de ministros, viceministros, funcionarios y congresistas lobistas
y negociantes. Y debemos recordar que como marco legal tenemos la
“constitución” más reaccionaria y antinacional, también, de toda América
Latina.
No, señores, el fanatismo
ideológico neoliberal que acerca peligrosamente al Perú a la condición de
Estado fallido -dando pasos decididos hacia el narco-Estado- tiene otros
efectos perversos que cierta prensa persiste irresponsable, y sospechosamente,
en soslayar u ocultar. Esos factores perniciosos que comenzaron a gestarse
decididamente con el gobierno de Fujimori y continuaron con Toledo, García y
Humala, tienen consecuencias actuales y presentes en la vida diaria de cada uno
de nosotros, pues agobian y amenazan a gran parte de la población peruana en
ciudades y en ámbitos rurales, consecuencias, sin embargo, que gran parte de la
ciudadanía no relaciona, ni conecta con
sus causas reales, debe hacerlo.
DESMANTELAMIENTO DE NUESTRA POLICÍA NACIONAL
Los regímenes derechistas
ultra-neoliberales de Fujimori, Toledo, García y Humala son culpables del
desmantelamiento de la Policía Nacional del Perú. Al reducir drásticamente su
número, a pesar del aumento natural de la población, iniciaron su privatización
obligando a decenas de miles de policías con muy bajos sueldos -de los que
quedaron en actividad- a “cachuelear” en casinos, grifos y supermercados en su
tiempo libre. Por ley de los años 90, que mantienen hasta hoy, esos gobiernos
han puesto personal policial, armas, municiones y equipos -que pagamos todos
los peruanos- al servicio de particulares, sobre todo de empresas con proyectos
mineros, muchos de ellos en conflicto grave con los pueblos y comunidades,
generando centenares de muertos y heridos hasta la fecha.
Lo anterior merece la atención
de quienes se consideran especialistas o expertos en temas de seguridad
ciudadana, e incluso de seguridad del Estado, si es que la idea es abordar con
seriedad y responsabilidad el problema, sentar las bases de un comienzo de
solución y avizorar luz al final del túnel sin que esa luz sea la de una
locomotora que nos impactará irremisiblemente. De otra manera, se seguirán
dando lamentables “palos de ciego”.
IMPACTO EN LA SOCIEDAD
Expliquémonos. La delincuencia
común en todas sus variantes y expresiones perversas, así como las
organizaciones criminales del narcotráfico y las bandas de secuestradores y
sicarios al servicio de mafias políticas se auto-“justifican” y retroalimentan
de la impunidad (falta o ausencia de sanción y castigo por delitos cometidos en
perjuicio del Estado y la Nación) que observamos hasta el hartazgo ante casos
de mega-corrupción política. Esto, debido a un sistema de administración de
justicia descompuesto o “podrido” (según la expresión popular) en amplios
sectores, pero que es la prolongación de ese poder político corrupto pero
organizado que se ha instalado sólidamente bajo la égida y al amparo de un
modelo ultra-neoliberal en lo ideológico y en lo económico, y dictatorial en lo
político, que comenzó a construirse fanáticamente desde el 5 de abril de 1992 y
que derivó en uno de los gobiernos más corruptos y malsanos de la historia del
Perú. En el 2000 hubo un aparente respiro con la fuga cobarde del cabecilla de
ese régimen de oprobio, pero se mantuvo la estructura fundamental causante del
envilecimiento de la relación Estado-sociedad y de las relaciones entre los
peruanos mismos. Hoy sufrimos y pagamos las consecuencias.
Como expresión patente y, a la
vez, trágica de lo anterior, se fueron entronizando bandas de sujetos, de
cuello, corbata y perfumes caros, con poses histriónicas de “líderes políticos”
y asesores “técnicos” en economía y en derecho, que desde el más alto poder
político del Estado comenzaron a medrar de la nación, con descaro, a
despilfarrar en frivolidades y en beneficio propio, de la hacienda pública y a
ejecutar sistemáticas políticas entreguistas de nuestros recursos nacionales y
directamente del llamado “tesoro público”. Remataron delictivamente, vía
privatizaciones, importante número de empresas de propiedad de todos los
peruanos. Ese proceso perverso continúa hasta hoy con Ollanta Humala. Pero ante
ello, ha habido y hay, mayormente, impunidad, porque la sofisticación del
crimen en banda organizada busca perennizarse para garantizar, precisamente,
más impunidad. Además, esa impunidad, es nefasta para el país pues da un
poderoso mensaje de auto-justificación y mayor impunidad para la delincuencia
común y el crimen organizado. “Si los grandazos del gobierno lo hacen, ¿por qué
yo no?”.
No nos engañemos: el
narcotráfico y el crimen organizado necesitan de políticos corruptos. El
narcotráfico y el crimen organizado necesitan de instituciones corruptas y
maleables al crimen. El narcotráfico y el crimen organizado necesitan de un
Estado corrupto y de un modelo económico que maltrata y excluye a millones y
viola los derechos económicos y sociales de los pueblos del Perú. ¿Alguien
habló de narcoindultos? Los ejemplos y las pruebas están ahí, para quien sólo
sepa y quiera mirar bien.
No esperemos que del gobierno
de Humala, o de la mayoría de las bancadas congresales venga una propuesta
racional y coherente para enfrentar la escalada delincuencial. Pues esas
mayorías o minorías congresales -salvo muy honrosas excepciones- son producto
de esa escalada delincuencial y de esa descomposición institucional.
Desahuciados están y deben irse.
Por lo dicho, los peruanos y
peruanas debemos ponernos de acuerdo en partir de esa premisa y de esa realidad
en el Frente Amplio nacional que estamos construyendo con Tierra y Libertad,
con el Movimiento Sembrar, con el Frente Único del Pueblo, con la Central
Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT), con el Movimiento por la Gran
Transformación, con Pueblo Unido y otras numerosas decididas organizaciones
juveniles que se vienen forjando en la costa, la sierra y la Amazonía. Es hora
de un nuevo comienzo para el Perú, dando seguridad a la ciudadanía y
erradicando realmente a la corrupción.
http://www.voltairenet.org/article187904.html?var_mode=recalcul
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