La estrategia del gobierno es tierra arrasada para derrotar al narcoterrorismo. Esa es su estrategia, ese es su argumento falaz, esa es su convicción política que linda con el nazismo y esa es su filosofía sobre la vida, la cultura y los derechos humanos de quienes habitan el valle de los ríos Apurímac y Ene.
Por boca del Primer Vicepresidente Luis Giampietri, el gobierno ha mandado decir a los peruanos de que los civiles son un estorbo en la lucha contra el narcoterrorismo. Salvo que el gobierno sea bicéfalo y por eso nos explicamos el desbarajuste que ha creado la implementación de lo que ellos llaman estrategia de pacificación del VRAE y que no es otra cosa que querer ganarle la guerra al narcotráfico a lo bruto, mientras ellos, los narcoterroristas, emplean una estrategia que ya le ha causado cerca de dos decenas de muertos a las FF AA y FF PP, y continúan posesionándose en el territorio.
Reclaman la prerrogativa de violar los derechos humanos, es decir libertad para matar a cualquier ciudadano, como en Putis, Acobamba o en Barrios Altos, sólo por simple sospecha. ¿Es esa la base de su estrategia, es esa la línea de acción del servicio de inteligencia? Si esa es la perspectiva del gobierno, pues estamos frente a un peligro mayor: la ineficiencia. No quieren que haya reclamos ni denuncias ni organismos que defiendan los derechos humanos de los humildes ciudadanos que viven ahí y que nada tienen que ver con el accionar del narcoterrorismo.
Eso revela la total ineficiencia del gobierno, su incapacidad para entender al Perú y menos para comprender el lugar donde están operando militarmente. No tienen ni idea de la multiculturalidad del Perú, de la pobreza y la miseria en que viven los desheredados, los excluidos, simplemente se basan en su odio a los que no pertenecen a la cultura occidental y por ello hay que borrarlos del mapa. Esa es su simpleza, la base de su pereza mental para no hacer un mayor esfuerzo y comprender al Perú. Esta es la clase de gobernantes que tenemos.
Salvador Mendoza M.
Por boca del Primer Vicepresidente Luis Giampietri, el gobierno ha mandado decir a los peruanos de que los civiles son un estorbo en la lucha contra el narcoterrorismo. Salvo que el gobierno sea bicéfalo y por eso nos explicamos el desbarajuste que ha creado la implementación de lo que ellos llaman estrategia de pacificación del VRAE y que no es otra cosa que querer ganarle la guerra al narcotráfico a lo bruto, mientras ellos, los narcoterroristas, emplean una estrategia que ya le ha causado cerca de dos decenas de muertos a las FF AA y FF PP, y continúan posesionándose en el territorio.
Reclaman la prerrogativa de violar los derechos humanos, es decir libertad para matar a cualquier ciudadano, como en Putis, Acobamba o en Barrios Altos, sólo por simple sospecha. ¿Es esa la base de su estrategia, es esa la línea de acción del servicio de inteligencia? Si esa es la perspectiva del gobierno, pues estamos frente a un peligro mayor: la ineficiencia. No quieren que haya reclamos ni denuncias ni organismos que defiendan los derechos humanos de los humildes ciudadanos que viven ahí y que nada tienen que ver con el accionar del narcoterrorismo.
Eso revela la total ineficiencia del gobierno, su incapacidad para entender al Perú y menos para comprender el lugar donde están operando militarmente. No tienen ni idea de la multiculturalidad del Perú, de la pobreza y la miseria en que viven los desheredados, los excluidos, simplemente se basan en su odio a los que no pertenecen a la cultura occidental y por ello hay que borrarlos del mapa. Esa es su simpleza, la base de su pereza mental para no hacer un mayor esfuerzo y comprender al Perú. Esta es la clase de gobernantes que tenemos.
Salvador Mendoza M.
Zona de combate
El primer vicepresidente de la República, Luis Giampietri, dijo ayer que la zona del VRAE debe ser declarada zona de combate para que los efectivos del Ejército puedan hacer su trabajo con mayor eficacia sin el estorbo de los civiles. Indicó que la presencia de pobladores civiles en esa zona obstaculizan las operaciones militares o sirven para denuncias por presuntas violaciones de los derechos humanos. También criticó la designación, hecha por el presidente García, del aprista Fernán Valer como supervisor del VRAE.
La Primera 04-09-09
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