Echaíz niega robo de USB en el Ministerio Público
Presidente de Poder judicial, Javier Villa Stein, la critica por deslizar que dispositivos originales ingresaron al despacho de la jueza Martínez. Le pide que se informe mejor.
La fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, negó que en el ministerio Público haya sido adulterado, manipulado o sustraído material de la investigación del caso Business Track (BTR), pues, según explicó, si así hubiese ocurrido no tendría por qué conservar una copia “espejo” del material entregado a la jueza encargada de este proceso, María Martínez.
Sin embargo, señaló que estará a la espera de las investigaciones sobre la sustracción que están realizando, por un lado, la Oficina de Control Interno (OCI) y, por otro lado, una fiscalía provincial.
“…el ministerio Público siempre ha sido una institución seria […] y ahora resulta que son los fiscales del caso quienes habían adulterado esto para beneficiar a la organización que ellos mismos denunciaron. Esto es un contrasentido, yo no lo entiendo, en todo caso, queda sujeto a las investigaciones de la Fiscalía”, agregó.
Al mismo tiempo, dijo que el presidente del Poder judicial, Javier Villa Stein, debe presentar las pruebas de su afirmación, en el sentido de una supuesta manipulación o sustracción en el ministerio Público.
La fiscal dijo en otro momento que no puede afirmar ni negar nada respecto a quién pudo haber sustraído los dispositivos y agregó que esperará el resultado de las investigaciones. No se atrevió a dar un derrotero de quién pudo estar detrás del robo y se limitó a decir que el robo o la manipulación no pudo ser en la Fiscalía, aunque insistió que esperará las investigaciones.
No garantiza nada
Cuando se le preguntó si podría garantizar que los USB incautados el 12 de enero de 2009 a Gianotti son los mismos que estaban en el 34 Juzgado Penal, que despacha la magistrada María Martínez, Echaíz no contestó directamente y dijo que se debe analizar las actas y las grabaciones de las diligencias.
Sobre este punto, Villa Stein, luego de la conferencia de la fiscal, explicó que peritos del Poder judicial ya determinaron que los USB incautados en esa fecha jamás ingresaron al despacho de la jueza Martínez. Enseguida, dijo, está mal informada, por lo que le recomendó que investigue mejor.
Echaíz expresó que no puede poner las manos al fuego por el fiscal Walter Milla –duramente criticado en este caso– pues indicó que su función no es ser garante, sino disponer que se investigue profundamente este caso.
“No puedo afirmar nada ni negar nada, eso yo lo dejo al resultado de la investigación. Eso de poner o no las manos al fuego por alguien no me parece porque nosotros trabajamos en base a hechos. No puedo estar en el caso de garantizar o no garantizar. Yo como autoridad tengo que decir: investíguese cualquier hecho sospecho”, precisó la fiscal.
“Yo no tengo un papel de garante. Puedo ser garante de mis políticas institucionales, de que haya un control interno y de que las investigaciones sean imparciales y éstas son las que, finalmente, nos van a permitir establecer conclusiones. Yo no voy a concluir en nada ahora, por tanto, veremos qué pasa en la investigación”, acotó.
Disco espejo
Durante la conferencia de prensa, Echaíz aseguró que el disco espejo (que tiene los mismos audios y correos que fueron borrados de los USB) no ha sido manipulado, tras subrayar la validez de la información que éste contiene.
“Eso está intacto, no ha siso manipulado y descarta LA PRIMERA hipótesis de que el ministerio Público hubiera sustituido, alterado, o sustraído, cambiado. Si el MP hubiera sustituido los USB, por qué tendría que conservar algo que felizmente lo conservó, porque si no también hubiera sido alterado”, mencionó.
Sin embargo, LA PRIMERA tuvo acceso a un acta del Poder judicial que indica que el disco espejo contiene las copias de los dos USB de Gianotti y que no existe la seguridad de que una de las dos copias esté intacta debido a que su código de seguridad no es el mismo que al inicio del proceso, lo que da lugar a considerar que fue manipulada.
De otro lado, la magistrada descartó que el proceso a BTR se encuentre en zozobra o que vaya a ser anulado, pues dijo que los dos USB son una mínima parte del total de las pruebas. “Esta totalmente descartado que el proceso peligre”, indicó.
Hidalgo en silencio
A pesar de que el general Miguel Hidalgo, director general de la Policía Nacional, ha sido sindicado junto a Echaíz como conspirador para desaparecer las pruebas de BTR, el citado oficial no salió de sus claustros para responder o fijar una posición al respecto. Este diario se comunicó con la oficina de prensa de su institución para intentar tener una entrevista, pero nunca hubo respuesta.
El que salió a declarar sobre la situación de Hidalgo fue el general PNP en retiro, Octavio Salazar, titular del ministerio del Interior, quien prácticamente dejó solo a Hidalgo, pues no lo respaldó como ha ocurrido en otros temas.
Salazar consideró que la denuncia “tiene que aclararse”. En diálogo con RPP, adelantó que ya ha solicitado a Hidalgo los cargos con los que se hizo entrega a la Fiscalía del material incautado.
“Este es un tema muy grave, que se pierdan pruebas sobre determinados casos, no sabiéndose su destino. Afecta indudablemente todas las tareas en la lucha contra la corrupción”, comentó.
“Lo importante aquí es que se tenga que ir al fondo de este tema, porque esto tiene que aclararse. No podemos estar en un país democrático, que quiere y debe tener una lucha muy clara contra la corrupción, y estemos especulando en qué lugar se perdieron, en qué lugar los cambiaron (los documentos)”, apuntó Salazar.
A pesar de que el general Miguel Hidalgo, director general de la Policía Nacional, ha sido sindicado junto a Echaíz como conspirador para desaparecer las pruebas de BTR, el citado oficial no salió de sus claustros para responder o fijar una posición al respecto. Este diario se comunicó con la oficina de prensa de su institución para intentar tener una entrevista, pero nunca hubo respuesta.
DETALLE
La fiscal no quiso responder ninguna pregunta respecto a la posible conformación de una comisión en el Congreso para investigarla a ella y al general PNP Miguel Hidalgo. El legislador Rolando Sousa ha dicho que ellos conspiraron para desaparecer las pruebas. “No voy a responder”, señaló Echaíz. Mientras tanto, en el Parlamento crece en los grupos políticos, a excepción del APRA, la idea de investigarla. La Policía Nacional, la Oficina de Seguridad Integral del Palacio de Justicia, y hasta la Corte Suprema, vienen investigando el caso, pero hasta ahora no hay ningún resultado. No hay pistas de los responsables del robo.
Raúl Sánchez
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