Echaíz y general Hidalgo conspiraron en caso BTR
Presidente de la Comisión de Justicia los acusa de ocultar pruebas para favorecer a políticos. Existe respaldo para formar Comisión Investigadora.
El escándalo suscitado por la sustracción y manipulación de pruebas en el caso de espionaje telefónico ahora apunta a la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, y al general PNP Miguel Hidalgo, quienes ayer fueron acusados de conspirar para librar de cualquier responsabilidad penal o exposición mediática a los políticos protagonistas de los audios y otros archivos incautados a la empresa de espionaje Business Track (BTR).
El presidente de la Comisión de Justicia, Rolando Sousa, lanzó ayer en el Congreso esta acusación y argumentó hechos que a su criterio corroboran que la titular del ministerio Público y el máximo jefe policial perpetraron, en complicidad, una serie de acciones para desaparecer las pruebas originales del caso e inutilizar las copias espejo de esas pruebas.
El legislador sostuvo que es urgente la formación de una Comisión Investigadora a fin de determinar el grado de responsabilidad penal de Echaíz e Hidalgo, y para eso, según confirmó LA PRIMERA, cuenta con el respaldo de su bancada, la Fujimorista. El congresista dijo, además, que otros grupos políticos también apoyan la conformación de la comisión, a la que se niega el Partido Aprista.
Los legisladores Daniel Abugattás, del Partido Nacionalista; Juan Carlos Eguren, de Unidad Nacional; Karina Beteta y José Vega, de Unión por el Perú, y Carlos Bruce, de Perú Posible, respaldaron la iniciativa y dijeron estar Seguros que sus bancadas harán lo propio cuando el pedido llegue al pleno del Congreso, pues, según coincidieron, Echaíz –quien no ha acudido al Congreso para aclarar este tema a pesar de haber sido invitada– e Hidalgo tienen mucho que responder.
Deslices de Echaíz
Entre los argumentos utilizados por Sousa para señalar que existe una conspiración entre Echaíz e Hidalgo en el caso BTR, resalta que ella, en su calidad de titular del ministerio Público, aceptó en 2008 que la Dirección Antidrogas (Dirandro) asuma la investigación en este caso y no la Policía de Alta Tecnología o la adscrita a la Fiscalía.
“La Dirandro estuvo a cargo del general Miguel Hidalgo (hoy director general de la Policía), quien es muy amigo del presidente Alan García y de otros prominentes políticos del gobierno. Entonces, desde que asumió este caso la Dirandro, con Hidalgo a la cabeza, empezaron las irregularidades y la fiscal fue cómplice porque lo aceptó. Ella pudo oponerse, pero conspiró”, indicó. Diversas versiones periodísticas afirman que García encomendó el caso a la Dirandro por la relación estrecha y antigua que tiene con el general.
Según Sousa, dentro del proceso existen documentos, que han sido publicitados, respecto a que dos discos duros de las computadoras de Giselle Gianotti fueron manipulados (se incorporaron archivos y se borraron otros) el 8 de enero de 2009, cuando el material estaba a cargo de Hidalgo. “Evidentemente quisieron borrar pruebas desde el primer momento”, acotó.
Señaló que también hay documentos que indican que extraños se robaron un disco duro de la computadora de Gianotti. Todo esto cuando Hidalgo estuvo al frente de la investigación.
Asimismo, utilizó como sustento de sus acusaciones el informe oficial de los peritos que indica que los USB robados de Giselle Gianotti, nunca llegaron al Poder judicial, lo que significa, según precisó, que la desaparición de esa importante prueba se produjo en el ministerio Público.
“El hecho concreto es que las pruebas de Gianotti no llegaron al Poder judicial. No lo dice Rolando Sousa, lo dice un peritaje del cual la fiscal no ha hablado jamás”, añadió.
Además, indicó que las copias espejo de los USB robados estaban en posesión del fiscal Walter Milla sin ningún amparo legal durante nueve meses. “O sea que este señor las guardó irregularmente, y hoy se sabe, por el diario LA PRIMERA, que la copia espejo de uno de los dos USB robados no sirve, pues ha sido manipulada”, acotó.
Dijo que Milla le reporta todo a Echaíz. “Quiere decir que ella sabe todo. ¿Para qué, para saber qué borrar?”, especuló
“En resumen, se ha manipulado la información de dos computadoras, se robaron dos USB y un disco duro y, además, manipularon las copias espejo. ¿Qué buen trabajo?”, ironizó.
De inmediato reafirmó que hay una conspiración con fines de ocultamiento. “Hidalgo y Echaíz tuvieron una conspiración para lograr un objetivo común, ese objetivo era desaparecer pruebas que comprometían a gente importante”, apuntó.
Las irregularidades
- La intervención de la Dirandro a cargo del general Miguel Hidalgo –amigo de García y de otros políticos del Ejecutivo– en el caso BTR, donde hay correos y audios interceptados a políticos del gobierno.
- La manipulación de información de dos computadoras de Giselle Gianotti el 8 de enero de 2009, cuando ese material estaba a cargo del general Hidalgo.
- La sustracción de un disco duro portátil de una de las computadoras de Gianotti.
- El robo de dos USB (de 1Gb y 2 Gb) con información de audios y correos de políticos y empresarios que nunca llegó al Poder judicial.
- La posesión ilegal en la Fiscalía de copias espejo de los USB robados a Gianotti, que, finalmente, también están manipulados.
- Los reportes periódicos que la fiscal Echaíz solicitaba al fiscal Milla sobre detalles del caso BTR a pesar de que el proceso es reservado, y que ella niega.
El informe pericial elaborado por el Poder Judicial –sobre el cual informó LA PRIMERA en exclusiva desde el 27 de marzo– sostiene que los USB incautados a Giselle Gianotti el 12 de enero de 2009 (que fueron robados) no llegaron nunca al Poder Judicial.
DETALLE
Dos fiscales pretendieron interrumpir a la jueza María Martínez cuando visionaba en el Poder Judicial, en la tarde de ayer, parte del material incautado a la empresa Business Track. La fiscal superior Rosa Lozada y el fiscal provincial Percy Salinas llegaron a su despacho para una inspección aduciendo que investigan el robo de los USB. Al final, los fiscales ingresaron a todos los ambientes y redactaron un informe, el cual no fue firmado por la jueza ni por el procurador del Poder Judicial, Segundo Vitery.
Raúl Sánchez
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