El autor de la iniciativa, el congresista Fernando Rospigliosi, los acusa de intromisión.
La Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público rechazó el jueves último el dictamen que limita los alcances de los delitos de lesa humanidad, aprobado por el Congreso en primera votación la
Prescripción de delitos de lesa humanidad puede afectar 600 casos en Perú, alerta Fiscalía
Unos 600 casos que sigue la Justicia de Perú por violaciones a los derechos humanos pueden ser archivados o concluidos si el Congreso aprueba un proyecto de ley que impide procesar los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra por hechos ocurridos en el país antes de 2002, alertó este jueves el Ministerio Público.
La Junta de Fiscales Supremos emitió un comunicado en el que señaló que este proyecto “resulta inviable jurídicamente” porque “la acción penal y sanción por los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra son imprescriptibles”.
Por ese motivo remarcó que, de aprobarse, se “generaría impunidad y vulneración al derecho a la verdad de los agraviados y sus familiares”.
“De aplicarse dicha norma, una de las consecuencias jurídicas sería que un número importante de investigaciones y procesos judiciales tendrían que ser archivados o concluidos”, remarcó.
Detalló que se tendría que declarar “la prescripción de acción penal en aproximadamente 600 casos”, y mencionó entre los más emblemáticos a la masacre de El Frontón, Barrios Altos, Madre Mía, Cantuta-Pativilca, Putis y Accomarca.
Advirtió que “se estaría afectando a más de 550 víctimas, y a un número muy considerable de los familiares de estas, y a la sociedad en su conjunto que tienen el derecho a conocer la verdad”.
“Es preciso indicar que la mayoría de los casos antes indicados se encuentran en permanente supervisión de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos”, recordó.
Por ese motivo, el Ministerio Público llamó “a la reflexión y análisis para que el referido proyecto de ley sea archivado por constituirse en una ley inconstitucional”.
El Congreso aprobó el pasado 6 de junio, en una primera votación, el proyecto que impide procesar a cualquier persona por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos antes de 2002 y, por lo tanto, excluye el periodo del conflicto interno (1980-2000) que dejó más de 69.000 víctimas en el país.
La iniciativa, promovida por el fujimorismo y una bancada conformada por exjefes de las Fuerzas Armadas, aún debe ser refrendada en una segunda votación antes de ser enviada al Ejecutivo para su promulgación o devolución con observaciones.
El expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), líder histórico del fujimorismo, fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, a raíz de dos matanzas cometidas por el grupo militar encubierto Colina en 1991 y 1992, y actualmente, a pesar de haber sido indultado y excarcelado, sigue siendo procesado por otra masacre atribuida al Colina.
El Ministerio Público emitió este comunicado en medio de un enfrentamiento público que mantiene con el Congreso, con exigencias mutuas de respeto a la separación de poderes y las facultades que les otorga la Constitución.
Mientras que la Fiscalía pide al Congreso “el respeto irrestricto” por la Constitución en los proyectos de ley que somete a debate y votación, el Parlamento sostuvo que “existen mecanismos constitucionales para impugnar las leyes” y exhortó al Ministerio Público “a dejar de lado la politización”.
Fiscalía rechaza ley que prescribe delitos de lesa humanidad: 600 casos se archivarían y generaría impunidad
Ministerio Público advierte que iniciativa es inconstitucional y reafirman que estos ilícitos son imprescriptibles
La Junta de Fiscales Supremos hizo pública la posición institucional del Ministerio Público de rechazo a la ley que se promueve en el Congreso que prescribe los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por ser inconstitucional.
Advirtieron que cientos de casos serían archivados si dicha norma es aplicada.
“El referido proyecto de ley resulta inviable jurídicamente, toda vez que la acción penal y sanción por los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra son imprescriptibles, con lo cual se generaría impunidad y vulneración al derecho a la verdad de los agraviados y sus familiares”, se lee en el comunicado difundido.
La iniciativa busca “precisar” que el Estatuto de Roma y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad tiene vigencia en legislación peruana desde el momento en que el Estado se adhirió.
Es decir, 2002 y 2003, respectivamente.
Sin embargo, las disposiciones de los mismos tratados estipulan que los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra son imprescriptibles, cualquiera sea la fecha en la que hayan sido cometidos.
Una sentencia del Tribunal Constitucional ratifica dicho criterio.
“(Los tratados) preceptúan que los Estados no pueden emitir disposiciones de amnistía, prescripción o excluyentes de responsabilidad penal, puesto que tienen la obligación de investigar las graves violaciones a los derechos humanos, como las investigaciones y procesos judiciales que se encuentran a cargo de las fiscalías del Subsistema Especializado en Derechos Humanos e Interculturalidad”, reza el texto.
El pronunciamiento advierte que, en caso se aplique la cuestionada ley, cerca de 600 casos, en investigación o en trámite ante el Poder Judicial, tendrían que ser archivados y concluidos.
Se consigna que procesos ya sentenciados podrían ser anulados.
Destacan casos como Chuschi, El Frontón, Huanta 84, Barrios Altos y el Santa-Aldo Velásquez, Huancapi, Cantuta-Pativilca, Cedruyo, Cantuta-Aldo Vásquez, Madre Mía, Humaya Chambara, Universidad del Centro, Paccha, Putis, Hilario Trucios, Casos del Comunicado de Prensa Conjunto, El Frontón, Mamérita Mestanza, Sobres Bomba, Castro Castro, Accomarca y Galván Borja.
“Se advierte que, de aprobarse este proyecto de ley, se estaría afectando a más de 550 víctimas, y a un número muy considerable de los familiares de estas, y a la sociedad en su conjunto que tienen el derecho a conocer la verdad.
Es preciso indicar que la mayoría de los casos antes indicados se encuentran en permanente supervisión de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos”, sostiene el Ministerio Público.
En ese sentido, se hizo un llamado a la “reflexión y análisis” para que la iniciativa impulsada por el fujimorismo sea archivada “por constituirse en una ley inconstitucional”.
El dictamen ya ha sido aprobado en primera votación y la segunda votación podría darse antes de que culmine la legislatura el 15 de junio.
CIDH se pronuncia
A través de un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por el proyecto que prescribe los delitos de lesa humanidad, por lo que exhortó al Congreso a frenar el avance de dicha iniciativa.
“La iniciativa es contraria al derecho internacional y desobedece abiertamente sentencias emitidas por la Corte IDH y otros instrumentos internacionales, incluido el Estatuto de Roma; por lo que se insta a las personas congresistas a detener el avance del mencionado proyecto de ley”, manifestó el organismo internacional.
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