Por José Suarez Danós; suariquez@hotmail.com
Juan Jiménez Mayor es el
controversial primer ministro del presidente Ollanta Humala, que haría del Perú
el primer país del continente en penar el pensamiento y opinión libres.
El ministro ha propuesto una
infeliz “Ley de Negacionismo” que sancione penalmente a todo ciudadano peruano
que niegue que las agrupaciones “Sendero Luminoso” (“SL”) y “Movimiento
Revolucionario Tupac Amaru” (“MRTA”) llevaron a cabo actos de terrorismo (1).
Tuvo además el desliz de
incluir en su propuesta el término “subversión” cual sinónimo de “terrorismo”,
hecho que sin ser negativo en sí, obligaría sin embargo que el alcance de “la
ley” englobe a extranjeros –como veremos adelante-.
La controversia además ya
comenzó cuando obvió proponer para la misma “ley” los actos de terrorismo
llevados a cabo por gobiernos del Perú desde 1980, estableciendo con ello la
dicotomía “terrorismo malo” y “terrorismo bueno”.
Todas esas ligerezas hacen
presumir que en realidad lo que en el fondo pretende “la ley” es estigmatizar a
todas las corrientes políticas progresistas sometiéndolas al escrutinio de una “santa inquisición” del terrorismo.
El dislate que Jiménez
pretende “legislar” obliga a conocer que el negacionismo es una corriente
filosófica, como tantas existentes dentro del ámbito del libre pensamiento.
En su definición más elemental
“es la distorsión ilegítima del registro histórico, de tal manera que ciertos
eventos aparezcan de forma más favorable o desfavorable”.
Deborah Lipstadt dice del
negacionismo que “no es necesario perder el tiempo o el esfuerzo en responder a
las alegaciones de los negacionistas; sería un nunca acabar de responder a los
argumentos planteados por los que libremente falsifican los resultados”.
Pero en el país existen
innumerables ejemplos de negacionismo desarrollados no sólo por personas o
grupos de ciudadanos, sino principalmente por gobiernos de la nación.
Y en ellos los casos
específicos de “la subversión” y “el terrorismo” a partir de 1980, merecen una
mención especial.
Un peruano cualquiera tendría
que estar fuera de juicio para negar los actos de terror desarrollados en el
Perú por “SL”, el “MRTA” y el Estado también.
Pero más aún lo debe estar, si
es que considera como inconexas su gran logística y su acción de terror a nivel
nacional, con la nada oculta subversión foránea que apoya éstas.
Prueba de ello sería lo
afirmado por el investigador ruso Daniel Estulin que en el atentado terrorista
de Tarata (Miraflores, Lima, Perú, 1992), la DEA proporcionó una bomba de
uranio empobrecido que permitió que la explosión fuere de esa magnitud (2).
El negacionismo en el Perú
sobre subversión y terrorismo es en gran parte obra de los tratadistas llamados
“senderólogos” y de los medios de comunicación social.
Estos centraron esfuerzos sólo
en describir con morbo “el terrorismo”, desdeñando ahondar en “la subversión”
que fomentaba esos actos.
Uno de los pocos en profundizar
este aspecto fue el sociólogo peruano Washington Huaracha Apaza (Andreo
Matías), con su estudio “CIA, Sendero Luminoso, Guerra Política”, publicado en
1986 en Lima (3).
Y comprender la subversión y
el terrorismo en el Perú implica
remontarse a la “etapa macartista” de la política de los EE.UU. encaminada
a perseguir todo aquello que estuviese relacionado con el comunismo y socialismo, o con la ex URSS y
China.
Uno de los métodos utilizados
por los EE.UU. para tal fin fue la agresión subversiva con movimientos de
“falsa bandera” denominados “comunistas” –“leninistas” o “maoístas”- para
desarrollar guerras políticas sanguinarias que crearan el repudio ciudadano en
el mundo contra la doctrina marxista.
Inteligencia peruana encargada
de seguir de cerca las acciones de la CIA alertaba ya en 1977 sobre una “guerra de baja intensidad” que ésta
alistaba contra el país por su identificación con el socialismo del ex
presidente Juan Velasco Alvarado (1968-1975).
“SL” y el “MRTA” sólo habrían sido el logro a
tales esfuerzos, así se insista en entrever sus supuestos orígenes
“nacionales”.
“Sendero Luminoso v.1.0” (1980-1994) fue la
copia fiel en el Perú de la organización subversiva “Khmer Rouge” que diseñó
EE.UU. para Camboya, la cual dirigida por Pol Pot llevó a cabo en 1975 un
genocidio en ese país con banderas de “comunismo”.
Pero “Sendero Luminoso v.2.0”
(2006-2012) no sería sino el fruto de la connivencia de los gobiernos
neoliberales de Alejandro Toledo y Alan
García con el gobierno de los EE.UU.
de George Bush.
En junio 2006 en
circunstancias de un orden interno estable y un país sin alteraciones,
extrañamente el diario peruano “Expreso” cambió ese status al “informar” sobre
una presunta “reaparición senderista” –la fuente anónima se conjetura fue USAID-.
La falta de respuesta ante tal
“anuncio” de parte del presidente Toledo y su primer ministro Kuczinsky a un
mes de dejar el gobierno, evidenciaría el complot de éstos.
Más lo evidenciaría la
decisión de Alan García en agosto 2006 que sin razón estratégica alguna y sin
informar a la ciudadanía, militarizó la región del VRAE y autorizó la presencia
de USAID, DEA y el Comando Sur de los EE.UU. en esos valles cocaleros.
“Sendero Luminoso v.2.0” reapareció ahora con
una renovada faz “maoísta-narcotraficante” y con tácticas homicidas
“mexicanizadas” al modo de los carteles de drogas, también achacadas al
terrorismo que se quiere penalizar.
Se reiniciaba de este modo la injerencia
de Washington con el viejo “juego de roles” en el que la “ayuda extranjera de
EE.UU.” asume “el rol narcotraficante y contra-narcotraficante” –que da
réditos- mientras que “el rol de víctima” encargada de poner la sangre lo ejecuta “el país ayudado” –la de
los soldados peruanos- .
Por todo ello en nuestro
parecer, el absurdo de una ley de negacionismo sólo intentaría colonizar la
memoria histórica de los peruanos subestimando su inteligencia.
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