El premier Juan
Jiménez Mayor se quejó de que ‘opinólogos’ y hasta la vicepresidenta criticaran
su proyecto para penalizar el negacionismo de los delitos de terrorismo sin
conocer el texto, pero una vez conocido este se ha confirmado que era
justificada la sospecha de que su iniciativa puede ser bien intencionada pero
es absolutamente desencaminada por el riesgo que implica para la libertad de
opinión.
El proyecto propone cárcel de cuatro a ocho años al que
públicamente apruebe, justifique, niegue o minimice los delitos cometidos por
miembros de organizaciones terroristas, y establecidos en una sentencia
judicial firme, cuando el contenido de sus expresiones menosprecie, hostilice u
ofenda gravemente a un colectivo social; enaltezca al responsable del delito;
propicie la violencia terrorista; y sirva como medio para adoctrinar con fines
terroristas.
En adición a la amplia pluralidad de opiniones en contra
de esta iniciativa debido, precisamente, al riesgo que significa para la
libertad de expresión, pensamiento y opinión, ayer se difundió un comunicado del
Ipys que expresa su desacuerdo con el proyecto de negacionismo.
Por si acaso, informo al lector que este columnista
integra el consejo directivo de Ipys y está, por tanto, de acuerdo con el
comunicado.
Este alerta de que el proyecto amenaza a la libertad de
opinión y el derecho de análisis y crítica de un fallo judicial, pues el
periodista que critique una sentencia por terrorismo podría terminar tras las
rejas.
Bastará que un procurador, grupo de víctimas, o un cuerpo militar, consideren a estas críticas
como ofensa a un colectivo social, para activar la imputación por el delito de
negacionismo que se propone.
Asimismo, el periodista que propale una entrevista a un
miembro de una organización terrorista en las que este defienda o niegue sus
delitos, sería denunciado como cómplice del delito de negacionismo, bajo la
imputación de haber prestado dolosamente el medio para la difusión pública de
tales expresiones.
La libertad de expresión alcanza, aunque pueda
molestarnos a la mayoría, las opiniones que colisionan, incluso, con el estado
de derecho.
No hay duda de que el gobierno del presidente Ollanta
Humala está respetando la libertad de expresión, pero, de vez en cuando,
reacciona con iniciativas contra esta ante algún problema aunque luego, ante la
crítica, ha retrocedido.
Es lo que ahora debe hacer el gobierno antes de que el
Congreso le rechace su bien intencionado pero muy mal encaminado proyecto.
Me disculparán sus autores, pero este proyecto de ley es
un mamarracho propio de una autocracia.
LO NEGATIVO DEL
NEGACIONISMO
El primer efecto
de la propuestas ley sobre negacionismo será –si es que llega a ser aprobado-
el de dar por zanjado el debate sobre la interpretación de los años de la
violencia, cuando a todas luces el Perú continúa profundamente dividido en este
punto. Querría decir que el “terrorismo”, ha sido definido de una sola manera,
a pesar de que sobre la mesa estén aún conceptos como guerra y conflicto armado
interno, que unos suscriben y otros niegan rotundamente; guerra política;
terror gratuito; violencia demencial; etc. ¿Con cuál nos quedamos?, ¿cuáles de
estas “minimizan” lo que sucedió, de acuerdo al tenor del proyecto de Jiménez
Mayor, y cuál es la que tenemos que emplear para no salirnos de los marcos de
la nueva legalidad?
¿Se imagina
alguien a Rafael Rey de ministro de interior o de defensa (ya lo fue) y a la
Chichi de secretaria de prensa de Palacio, teniendo entre sus opciones la ley
del negacionismo?, ¿cómo será una discusión con el propio Jiménez sobre las
ejecuciones extrajudiciales durante la operación Chavín de Huántar que el
actual ministro se ha empeñado en escamotear?, ¿quién es el negacionista aquí:
el que dice que hubo graves delitos contra los derechos humanos durante la
represión (como los hay frente a los conflictos sociales), pero por decir eso
“minimiza” la crueldad de los secuestradores frente al heroísmo de los
rescatadores; o los que construyen una verdad oficial al servicio de los intereses
del poder pero distante de lo que realmente sucedió?
Pero hay más sobre
negacionismo. Y está en la pregunta sobre donde está el riesgo de nueva
violencia en el Perú. Tal como parece
entenderlo el gobierno y el jurisconsulto que hace las veces de primer
ministro, el riesgo está en que los que salen de prisión después de largas y
duras condenas se decidan a hacer política legal, o en que se reinserten en
diversas opciones de trabajo desde donde pueden ser peligrosos, o finalmente
que sigan pensando en que de alguna manera se “justifica” la rebelión de la que
formaron parte. La idea de todas estas negaciones ha sido siempre la de
mantener expulsados del sistema precisamente a quiénes lo atacaron desde fuera
y de llenar de vituperios a los que aparentemente se muestran “blandos” en
sobre-penalizar un tipo de delitos, como no se hace con otros, especialmente a
los que ocurrieron en el mismo proceso bajo el amparo del Estado y que se
presentan como distintos por el lado desde el cual se cometieron y no por la
crueldad y absurdo que se invoca para la subversión armada.
Hace años que se
inventan medidas para retirar beneficios carcelarios y dificultar la salida de
prisioneros con carcelería cumplida, impedir inscripciones electorales de
movimientos vinculados a las organizaciones terroristas, prohibir
contrataciones de sentenciados y despedir a los que hacen declaraciones
conciliadoras con la violencia, perseguir publicaciones, etc. Y lo más curioso
es que casi todas se arman al paso para cubrir las vergüenzas por no haber
previsto lo que podían hacer los que de todas maneras iban a salir de la
prisión. Así llegamos al negacionismo, que seguramente nos dejará tranquilos
porque nadie podrá hablar diferente sobre el pasado de la violencia.
Pero sobre el
futuro, que tan bien se ha graficado en la masiva huelga de los maestros, y en
las nuevas desigualdades y frustraciones alimentadas en estos años, ¿quién está
pensando y elaborando las verdaderas respuestas?
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