lunes, 18 de marzo de 2024

NAYIB BUKELE DICE QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE CONTENER LA VIOLENCIA EN HAITÍ:

“PODEMOS ARREGLARLO” 
El presidente salvadoreño, que logró reducir drásticamente los crímenes en su país con una polémica doctrina de mano dura, se mostró dispuesto a intervenir para solucionar el procupante escenario haitiano.
 El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha asegurado que podría arreglar el aumento de violencia que se está viviendo en Haití durante las últimas semanas. 
“Podemos arreglarlo”, ha escrito el mandatario en su cuenta de la red social X, antes Twitter, respondiendo a una publicación que muestra la dura situación de Haití. 
“Pero necesitaremos una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, el consentimiento del país anfitrión y todos los gastos de la misión que cubrir”, ha agregado en el mismo mensaje. 
En las últimas semanas, Puerto Príncipe (capital de Haití) ha vuelto a ser escenario de un aumento de la violencia entre las bandas que se disputan el control de la capital, después de que 4.500 presos lograran escaparse de la principal cárcel de la ciudad, el pasado fin de semana. 
Uno de los grandes líderes criminales del país, Jimmy Chérizier, alias ‘Barbecue’, ha lanzado esta semana un órdago al primer ministro, Ariel Henry, a quien ha amenazado con sumir al país en una “guerra civil” si no presenta su dimisión en medio de un escenario de caos absoluto dado el dominio de las bandas sobre Puerto Príncipe y alrededores, consolidado tras el magnicidio en 2021 del presidente Jovenel Moise. 
Meses de violencia han llevado al gobierno de Haití al borde del colapso, con bandas cada vez más poderosas que exigen la dimisión del primer ministro Ariel Henry, que permanece fuera del país, aparentemente incapaz o no dispuesto a regresar. 
La ONU estima que en Haití operan 200 pandillas, grupos organizados que usan “armas de fuego sofisticadas” y se dedican al “tráfico de armas o drogas, extorsión, secuestro, asesinato, violencia sexual y desvío de camiones”
Unas 23 bandas operan en la capital y controlan el 80% del territorio. 
Haití está a la espera del despliegue de una misión multinacional de apoyo a la seguridad liderada por Kenia y que en octubre pasado aprobó Naciones Unidas, sin embargo ahora Bukele deslizó que está dispuesto a intervenir. 
El Salvador lleva dos años bajo un polémico régimen de excepción fue implementado en marzo de 2022 y, desde entonces, ha sido renovado mes a mes por los parlamentarios, sin interrupciones. 
La medida suprime los derechos constitucionales y de asociación, permite que se intervenga la correspondencia y celulares de quienes se consideren sospechosos y extiende hasta los 15 días la ventana para las detenciones administrativas. 
Hasta el momento, esta política gubernamental de mano dura contra las pandillas permitió el arresto de unas 78.175 personas y una baja significativa en la tasa de violencia y homicidios que, el 27 de marzo de 2022, llegó a un pico de 62 asesinatos en un sólo día. 
Tras la implementación de la política de Bukele, la inseguridad disminuyó considerablemente, contabilizándose en 2023 apenas 214 asesinatos -38 de ellos de presuntos pandilleros-. 
En tanto, en lo que va del año, se dieron nueve homicidios en enero, apenas seis en febrero y tres en lo que va de marzo, es decir, 18 en total. 
El Presidente celebró que febrero fue el mes más seguro en la historia del país, en un intento por destacar el “éxito” de su política, que mantuvo como eje de su campaña para las recientes elecciones.
 No obstante, esta decisión suscitó críticas y advertencias de organismos de derechos humanos desde el primer momento. 
La organización Cristosal lleva contabilizadas ya más de 3.500 denuncias de violaciones a los derechos humanos que incluyen detenciones arbitrarias y torturas entre otras agresiones mientras que Amnistía Internacional sumó que han ocurrido también muertes arbitrarias bajo la custodia del Estado junto con tratos crueles e inhumanos, hacinamiento carcelario y criminalización de personas que viven en la pobreza.

viernes, 15 de marzo de 2024

‘LEY DE AMNISTÍA’: APRUEBAN PREDICTAMEN QUE BUSCA IMPUNIDAD PARA IMPLICADOS EN DELITOS DE LESA HUMANIDAD

Nueva “ley de amnistía” que busca impunidad para implicados en delitos de lesa humanidad es apurada en el Congreso 
El proyecto de ley, impulsado prioritariamente por Fuerza Popular, busca interferir en procesos judiciales de presos juzgados por en delitos de lesa humanidad antes del 2002, planteando su liberación.
 Se busca liberación de sentenciados del grupo colina y otras agrupaciones paramilitares del periodo de la dictadura. 
La Comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó este martes un predictamen que ha sido concebido como una nueva “ley de amnistía” que permita exculpar a investigados y procesados por el delito de lesa humanidad. 
Este nuevo dictamen ha sido aprobado en la sesión de este 12 marzo con 14 votos a favor, ocho en contra y una abstención; y que correspondería a una propuesta legislativa que funcionaría como una amnistía ilegal para policías, militares y funcionarios que comparecen ante la justicia a raíz de los asesinatos perpetrados durante el último periodo dictatorial de Alberto Fujimori. 
Si bien desde la comisión de Constitución la congresista Martha Moyano insistió en que la norma —que está a un paso de ser presentada ante el pleno del Congreso— no corresponde a una “ley de amnistía”, al revisar el proyecto de ley en el que se basa el dictamen no solo se detalla una intención de dirigir la interpretación del Poder Judicial respecto a este delito internacional, sino que se advierte, según lo afirmado por el especialista Carlos Rivera Paz, como una ley inconstitucional. 
El proyecto de ley presentado por Renovación Popular y Fuerza Popular, contó además con los votos a favor de las bancadas de Alianza para el Progreso (representada por Eduardo Salhuana), Acción Popular, Podemos Perú, Avanza País, Somos Perú, y Unidad y Diálogo (pese a que esta bancada está a un paso de disolverse). 
Ahora, se encuentra a un paso de ser aplicado, quedando pendiente solo la votación en el Pleno. 
¿Por qué la nueva “ley de amnistía” ha sido señalada como inconstitucional? 
En un informe previo que este medio presentó respecto a esta propuesta legislativa, el abogado especializado en derechos humanos del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera Paz, advirtió que la propuesta buscaba dirigir la interpretación de los magistrados del Poder Judicial respecto a la tipificación de los estándares del delito de lesa humanidad. 
“En ese proyecto, el Congreso pretende archivar procesos judiciales y además plantea decirle a los jueces cómo resolver los asuntos y las causas judiciales que tienen en trámite o que tienen que sentenciar. 
Si eso no es una vulneración a la independencia y a la autonomía del Poder Judicial, no sé qué más puede ser. 
Las disposiciones que contiene, son disposiciones abiertamente vejatorias de la Constitución” consideró Rivera Paz con preocupación en dicha oportunidad. 
El peligro de que esta propuesta también contravenga la Constitución fue advertido incluso por la congresista Gladys Echaíz, quien aseveró que el objetivo de la ley era “ayudar a los propios magistrados cuando tengan que resolver un caso en concreto”. 
¿A quiénes beneficia la nueva “ley de amnistía” que fue aprobada en Constitución? 
Las intenciones del Legislativo respecto a esta norma son claras. Durante la sesión de Constitución de este martes, la congresista fujimorista Patricia Juárez detalló la existencia de una serie de personajes que habían sido juzgados bajo la interpretación de que ciertos delitos no prescribían por estar considerados como “delitos de lesa humanidad” Juárez puso como ejemplo al exdirector de Inteligencia del Ejército, Juan Rivero Lazo, quien fue condenado bajo la imprescriptibilidad de estos delitos por su implicancia en una serie de delitos perpetrados bajo su jurisdicción durante el periodo de violencia armada sucedido en el gobierno de Alberto Fujimori. 
Rivero Lazo, sorprendentemente, no se encuentra en la cárcel, sino junto a Edwin Donayre en el Hospital Militar Central, en una cómoda habitación destinada para generales del Ejército. 
Buscan que la ley sea retroactiva Como si no fuera suficiente, Patricia Juárez también señaló que, con esta ley, “los jueces podrían revisar cada uno de los casos en particular”. 
Como si esto no fuera poco, la legisladora incluso pidió acelerar la aprobación de la norma. 
“Los jueces deberían de hacerlo (revisar los casos) de manera célere porque estamos hablando que hay muchas personas que están cumpliendo condenas en este momento sin que se tengan la responsabilidad que se les imputa”, añadió. 
Esta precisión en específico es la que Rivera Paz entiende como un intento más de atentar contra la independencia judicial, pues para él “el poder Legislativo no puede disponer cerrar causas judiciales, salvo que presente— y me parece que esa es la idea de Rospigliosi y de Cueto— y ponga como título al proyecto de que se trata de un proyecto de amnistía. 
De ser así, entramos a otros problemas que serían una cuasi-repetición de las amnistías del año 95″.

jueves, 14 de marzo de 2024

FUJIMORISMO PROMUEVE LEY DE GENÉRICOS QUE FAVORECE A HIJOS DE CONGRESISTAS

 LEY DE GENÉRICOS QUE PROMUEVE EL FUJIMORISMO FAVORECERÍA A HIJOS DE DOS CONGRESISTAS DE FUERZA POPULAR COAUTORES DE LA INICIATIVA 
No era amor al chancho, sino a los chicharrones. 
 Si no, no hay otra forma de explicar cómo es que el fujimorismo está promoviendo una ley que obliga a las boticas a tener un 30% de stock de medicamentos genéricos priorizados. Pero no es oro todo lo que reluce, que aún la medida va con trampa. 
El proyecto de Fuerza Popular excluye de la obligación a las farmacias inscritas en el REMYPE, una modalidad exclusiva para micro y pequeñas empresas. 
¿Y quiénes tienen boticas de esas características? 
Ni más ni menos que hijos de los congresistas naranjas Mery Infantes y Víctor Flores, quienes figuran como coautores de la norma. 
Así lo reveló el periodista Diego Quispe de La República.
Ahí está tu Congreso, mi Congreso, nuestro Congreso. 
PERÚ LIBRE SIGUE PERDIENDO MIEMBROS, WILSON QUISPE RENUNCIA A LA BANCADA Y SE QUEDAN SOLO CON 11 MIEMBROS 
Perú Libre fue el vientre de muchos que buscaron un lugarcito en los poderes del Estado. 
Así fue con Pedro Castillo, quien renunció al partido, apenas tomó el mando, le siguió Dina Boluarte. Y en el parlamento, la situación no parece ser distinta luego que todos los profes se separaran de los lapicitos por sus amplias diferencias a la hora de ejercer su voto y presentar sus proyectos de ley. 
Así, poco a poco la bancada de Vladimir Cerrón ha perdido fuerza y hoy se queda solo con 11 miembros tras la renuncia de Wilson Quispe quien se aleja por “razones de conciencia” como indirecta a las alianzas que se han tejido con el fujimorismo. 
En la carta dirigida a Margot Palacios, vocera de la bancada, el legislador consideró que el hecho de que hayan llegado al Legislativo, “no supone una carta libre para traicionar sus principios políticos” porque Perú Libre ha decidido “tomar otro camino”. 
Ante la renuncia, el hermanisimo Waldemar Cerrón dijo que la bancada está mas fortalecida que nunca, minimizando la baja. 
No hay peor ciego que el que no quiere ver. 
 PRESIDENTA DINA BOLUARTE PIDE AL CONGRESO QUE REFLEXIONE, ANTE MOCIÓN DE INTERPELACIÓN CONTRA MINISTRO DEL INTERIOR 
La presidenta Dina Boluarte pidió al Congreso que tome consciencia, luego que el pleno del Parlamento aprobara la moción de interpelación en contra del ministro del Interior, Víctor Manuel Torres Falcón. 
La jefa de Estado indicó que “respeta la autonomía” de los diferentes poderes del Estado pero llamó a la reflexión y apuntó que las autoridades deben continuar cumpliendo su labor. 
“Debemos seguir trabajando, continuar con el trabajo esforzado. 
El ministro del Interior está haciendo todo su esfuerzo y quizás no sea un pico de oro, pero nosotros no necesitamos que hable bonito, sino que trabaje bien y creo que el ministro lo está haciendo bien”. 
Si así me van a defender…

domingo, 10 de marzo de 2024

EL VETO COMO SEPULTURA DE LAS NACIONES UNIDAS

Desde le punto de vista de la protección de la paz, el derecho a veto no ha sido capaz de impedir 285 conflictos armados. 
El 1 de enero de 1942, los Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética, China y otras 22 naciones enfrentadas a Alemania, Japón e Italia establecieron una coalición en la que los miembros se comprometieron a trabajar para el establecimiento de un sistema de seguridad internacional incluyente y efectivo. 
El presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, sugirió el nombre de Naciones Unidas. 
Y así se quedó para siempre. 
En las deliberaciones para su creación se insistió en crear una organización internacional en la cual estuviesen representadas todas las naciones del mundo y cuyos objetivos principales serían evitar guerras, prevenir conflictos y fomentar el desarrollo. 
Cuando se inició el diseño de la arquitectura institucional, la mayoría de las democracias liberales se pronunciaron por el establecimiento de un cuerpo directivo capaz de proteger la paz, evitar intervenciones militares y dirimir conflictos antes de que estos se tornaran en guerras. 
Y estos objetivos sirvieron de argumento para la creación del derecho a veto para los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. 
Si juzgáramos estas premisas a partir de la evidencia empírica llegaríamos a la conclusión de que quienes así justificaron la entronización del derecho a veto estaban todos aplazados en geopolítica.
 Porque, para comenzar, los grandes beneficiarios de estas políticas fueron precisamente quienes tenían y aún tienen el poder de fomentar guerras y realizar intervenciones militares exitosas. 
Y una vez ejecutadas este tipo de políticas, la mejor forma de evadir la acción de la comunidad internacional es mediante el veto. 
Así quedó demostrado en el uso de este recurso. 
Desde la creación de las Naciones Unidas Rusia ha recurrido 120 veces al veto en 78 años. Estados Unidos, por su parte, ha recurrido al veto 82 veces. 
En síntesis Estados Unidos y Rusia han sido los usuarios más recurrentes del veto. 
Desde el punto de vista de la protección de la paz, el derecho a veto no ha sido capaz de impedir 285 conflictos armados que incluyen la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la guerra Irán-Irak, la invasión de Afganistán por la Unión Soviética, la invasión de Irak por los estados Unidos y la invasión de Ucrania por Rusia. 
En términos de recursos destinados, bajas e impacto económico, estas guerras sumadas compiten con la destrucción de la Segunda Guerra Mundial. 
Ni hablar de invasiones militares, ya que estas han estado a la orden del día desde 1945 sobrepasando las 300 en los últimos 75 años. 
En este siglo, la segunda guerra del Congo, la limpieza étnica ejecutada en Ruanda, la guerra civil de Siria, el conflicto de Darfur, el actual conflicto de Sudán y la guerra de Yemen prometen sobrepasar la destrucción de la Segunda Guerra Mundial. 
En síntesis, la idea de que dándole poder de veto a cinco naciones iba a establecer un dispositivo de estabilidad que impediría destruir la paz y que aparecieran conflictos han probado estar equivocada
La evidencia así lo demuestra y nos indica que llegó la hora de hacer que el Consejo de Seguridad de la ONU tome sus decisiones por mayoría calificada, como ocurre en toda democracia. 
Porque el sistema del veto no solo ha resultado inútil para los propósitos de la ONU sino que ha creado una parálisis en la organización que le impide actuar de manera eficiente. 
Y es por ello que, según encuestas de opinión de firmas acreditadas, el 60% de la ciudadanía de 70 países del mundo piensa que habría que abolir las Naciones Unidas. 
¿EL ANTIDEMOCRÁTICO DERECHO DE VETO? 
Estrictamente hablando, el derecho de veto no figura en la Carta de las Naciones Unidas: para que una resolución sea adoptada por el Consejo de Seguridad debe contar con la mayoría cualificada (9 votos sobre 15), incluyendo “los 5 votos afirmativos de todos los miembros permanentes” (artículo 27). 
Eso significa que cuando uno de los cinco (Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido o Francia) se abstiene, la resolución es rechazada. 
Posteriormente, y en contradicción con la Carta, se admitió en la práctica que la abstención de un miembro permanente no impidiera la adopción de una decisión, lo que creó de facto un derecho de veto formal... 
Ese derecho sólo vale en el interior del Consejo de Seguridad, es decir en temas en que no decide la Asamblea General. 
En ese punto también se produjo un desplazamiento: desde la década de los setenta poco a poco se transfirieron ciertos poderes de la Asamblea (...) 
ONU, votos contra el bloqueo de EE UU contra Cuba https://news.un.org/es/story/2022/11/1516617

sábado, 9 de marzo de 2024

GOLPE CONGRESAL A LA DEMOCRACIA

INÉS TELLO Y ALDO VÁSQUEZ FUERON INHABILITADOS POR 10 AÑOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 
 RMP SOBRE EL CONGRESO POR JNJ: "NO RESPETA LA SEPARACIÓN DE PODERES Y HACE ALIANZAS CORRUPTAS"
Rosa María Palacios está en desacuerdo con inhabilitaciones de magistrados de la JNJ Rosa María Palacios indicó que los integrantes del Congreso deberían dejar de actuar en perjuicio del país. 
Rosa María Palacios se pronunció respecto a la reciente inhabilitación de los magistrados Aldo Vásquez e Inés Tello de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por parte del Congreso de la República. 
La abogada resaltó que los actuales miembros del Parlamento trabajan en perjuicio del país. 
"El primer punto para que haya democracia en el país es la libertad de expresión y esa está amenazada en el Perú. 
Pero también tenemos un Congreso que no respeta el otro principio fundamental de la democracia, que es la separación de poderes, y es un Congreso que hace alianzas corruptas para no respetar la autonomía de los poderes constitucionales", dijo RMP en la edición del viernes 8 de marzo de su programa Sin Guion. 
Palacios McBride indicó que el comportamiento del actual Legislativo se parece mucho al escenario corrupto que invadió a dicho poder del Estado con la participación de Vladimiro Montesinos, asesor del exdictador Alberto Fujimori. 
RMP también instó a la ciudadanía a no olvidar a todos los congresistas que vienen perpetrando ataque tras ataque contra el sistema de justicia nacional. 
"Inés Tello se encargó de pasar todos los delitos de Fujimori y ¿quiénes votaron contra ella? 
Todos los fujimoristas de Fuerza Popular. 
¿Tenían la convicción de lo que hacían?", agregó la abogada. 
¿QUÉ ES LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA Y CUÁLES SON SUS FUNCIONES? 
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) de Perú es un organismo autónomo que fue creado para reemplazar al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) después de una reforma constitucional respaldada por un referéndum en diciembre de 2018. 
Esta institución tiene como objetivo principal garantizar la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional y del Ministerio Público. 
ESTAS SON LAS FUNCIONES PRINCIPALES DE LA JNJ: 
• Selección y nombramiento de jueces y fiscales: 
La JNJ se encarga de seleccionar, evaluar y nombrar a los jueces y fiscales de todos los niveles, además de garantizar que estos procesos se realicen de manera transparente, objetiva y basada en méritos. 
• Ratificación de jueces y fiscales: 
Debe evaluar periódicamente el desempeño de jueces y fiscales para decidir sobre su permanencia o ratificación en el cargo. 
Esto incluye la revisión de su conducta, idoneidad y competencia profesional. 
• Disciplina y destitución: 
Tiene la facultad de iniciar procesos disciplinarios y de ser necesario, sancionar, suspender o destituir a jueces y fiscales que no cumplan con sus obligaciones o que incurran en faltas graves. 
• Propuestas de mejoras en el sistema de justicia: 
La JNJ puede proponer iniciativas para el mejoramiento del sistema de justicia, que incluye cambios legislativos o reformas en las prácticas y procedimientos judiciales. 
• Transparencia y acceso a la información: 
Debe garantizar la transparencia de sus procedimientos y decisiones, es decir, permitir el acceso público a la información relacionada con sus actividades. 
La creación de la Junta Nacional de Justicia representa un esfuerzo por restaurar la confianza en el sistema judicial del Perú, lo que asegura que los funcionarios judiciales sean seleccionados, evaluados y sancionados de manera justa y eficiente. 
¿QUÉ PASARÁ CON LA JNJ TRAS INHABILITACIÓN DE TELLO Y VÁSQUEZ? 
Abogados constitucionalistas consideran que la resolución que inhabilita a los titulares de la JNJ "carece de valor jurídico" y que dicha decisión del Congreso fue "arbitraria". 
Tras la decisión del Congreso de inhabilitar a los miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello y Aldo Vásquez, por 10 años en el ejercicio de la función pública, el abogado constitucionalista Omar Cairo consideró que dicha medida en contra de los magistrados no alcanzó "los votos necesarios"; ya que algunos congresistas de la Comisión Permanente participaron en la votación que se llevó a cabo en el Pleno del Parlamento. 
Por lo tanto, calificó la decisión de la mayoría congresal como "inexistente". 
"Esta decisión es inexistente porque no han alcanzado los votos necesarios que son 67, porque han votado congresistas que pertenecen a la Comisión Permanente y eso determina que ha tenido 65 votos, y la Constitución y el Reglamento del Congreso dice claramente que las votaciones de los juicios políticos, en la votación del Pleno, no participa ningún miembro de la Comisión Permanente; entonces, por lo tanto, esto es una decisión que no tiene asistencia jurídica. 
Ella no está obligada a nada por esa resolución. 
Ella sigue siendo miembro de la JNJ y esa decisión parlamentaria carece de valor jurídico", declaró Cairo, defensa legal de Inés Tello, a La República. 
A su vez, el abogado Heber Campos calificó la inhabilitación en contra de Tello y Vásquez como una medida "arbitraria"; puesto que, de acuerdo con la Constitución y al artículo de la Ley Orgánica de la JNJ, el límite de edad que se señala en ambos textos es para acceder al cargo, no para la permanencia. "Creo que es una decisión que no tiene asidero jurídico. Me parece que la decisión del Congreso que ha sido arbitraria (...) no es adecuada porque el límite de edad que aduce, desde mi punto de vista, es un límite para el acceso, no para la permanencia de los integrantes de la JNJ, pero ya es una decisión que el Congreso ha tomado", dijo.
¿QUÉ PASARÁ CON LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA? 
El letrado Cairo indicó que se espera que, ante esta resolución "sin valor jurídico", la Junta Nacional de Justicia (JNJ) "actúe en consecuencia y no obstaculice el ejercicio de su cargo" a Inés Tello ni a Aldo Vásquez; por ello, se prevé que ambos magistrados continúen realizando las labores en el organismo constitucional autónomo. 
"Si decide realizar sus labores, ella tiene el derecho a hacerlo y la Junta tiene el deber de no impedirlo.
 Sería un escándalo que la JNJ se someta a la arbitrariedad del Congreso y le pida a Inés Tello que abandone su cargo", apuntó. 
Por su parte, el abogado Campos indicó que, tras la inhabilitación de Tello y Vásquez, lo que corresponde es que dichos magistrados sean reemplazados. 
"Se tendrá seguramente que dilucidar la demanda de amparo que estos vocales han interpuesto", añadió. Asimismo, no descartó que dicha decisión del Congreso se revierta en el Poder Judicial. 
"Podría ser que cuando se resuelva la demanda en el Poder Judicial se decida si la decisión del Congreso fue válida o no, pero mientras eso no ocurra operan los efectos de la decisión del Congreso", dijo. 
Abogados sobre comunicado de Oficina de Comunicaciones del Congreso 
Los abogados Campos y Cairo se refirieron acerca del comunicado que emitió la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Congreso para responder ante la solicitud de Inés Tello de Ñecco al Parlamento de declarar inexistente la resolución en su contra.
 En esa línea, Cairo señaló que su pronunciamiento fue "inexacto" debido a que pretende decir "algo contrario a lo que la Constitución y el Reglamento establece". 
"Ese pronunciamiento, que no es una expresión del Congreso, sino de una oficina de Comunicación del Congreso que no es un órgano del Gobierno ni de trabajo del Congreso, dice algo inexacto porque la Constitución prohíbe votar en el Pleno a los que pertenecen a la Comisión Permanente sin distinguir en quienes hayan votado o no en la etapa primera del juicio político. No hace ninguna distinción", manifestó. 
Asimismo, el letrado Campos indicó que el Poder Judicial deberá de determinar si se ha cometido una falta al considerar el voto del congresista Luna en la inhabilitación de los miembros de la JNJ. 
"La Constitución señala que los integrantes de la Comisión Permanente no pueden votar en el Pleno una acusación constitucional, entonces ahí está el dilema porque el señor Luna precisamente es integrante de la Comisión Permanente. 
Lo que dice el Congreso es que en realidad lo que hay es un acuerdo de la Junta de Portavoces del 2018 según en el cual los integrantes de la permanente no pueden votar en el Pleno en la medida en que no haya votado en la Permanente. 
Ese es el argumento del Congreso", refirió. "Luego hay quienes dicen que en realidad la prohibición es expresa, no en el sentido de que si han votado no pueden votar en el pleno. Eso tendría que ser determinado en un proceso judicial", agregó.

jueves, 7 de marzo de 2024

EL GOBIERNO INSISTE CON MÁS DE LO MISMO

BOLUARTE NIEGA QUE HAYA CRISIS.
 NO EXISTE ELPROPOSITO DE ENMIENDA 
Sin mayor novedad. 
La presencia de Gustavo Adrianzén al frente del gabinete sugiere que no habrá mayores cambios respecto de lo que se veía con Alberto Otárola. 
La presidenta Dina Boluarte negó que haya alguna crisis en su Gobierno. 
 El nombramiento de Gustavo Adrianzén como nuevo presidente del Consejo de Ministros en reemplazo de Alberto Otárola da a entender que el Gobierno de Dina Boluarte apuesta por la continuidad. 
Cuando era embajador del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), fue Adrianzén quien acusó a los propios manifestantes de ocasionar las muertes durante el estallido social de finales del 2022 e inicios del 2023. 
“¡Ellos son los violentos, son los que ocasionaron las muertes, presidenta!”, gritó Adrianzén en la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hacer seguimiento y conocer los avances de las 36 recomendaciones que dejó el ‘Informe sobre la situación de derechos humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales’. 
Un grupo de personas presentes en la sesión había criticado al Gobierno, lo que disparó la cólera del hoy premier. 
No parece gratuito que Boluarte haya optado por reemplazar a Otárola con alguien de ese perfil. 
De hecho, es conocido que Otárola y Adrianzén son cercanos. 
El único cambio ayer fue el de la cabeza del gabinete. 
Todos los demás ministros fueron ratificados en sus cargos. 
“La presidenta escogió la opción de terminar de entregar el Gobierno al Congreso y poder económico.
 El gabinete no tiene el cuerpo de Otárola, pero sí el alma. 
Un gabinete mecha corta. 
Los italianos lo llaman gabinete de verano (gabinetto estivo). 
Confirmado, el régimen agoniza”, escribió el analista político Juan De la Puente. 
Con la llegada de Adrianzén, el Ejecutivo espera que la crisis ocasionada por el audio-video protagonizado por Otárola y Yaziré Pinedo finalmente amaine. 
No se espera que del lado del Congreso haya mayores reparos al voto de confianza que el gabinete tendrá que solicitar al Pleno. 
Fuentes de La República informaron que en el mensaje —falta oficializar una fecha— se buscará hacer énfasis en dos asuntos: inseguridad ciudadana y reactivación económica. 
“El único relanzamiento interesante de estos días, por sus implicaciones, no ha sido el de un gabinete donde nada parece haber cambiado, sino el relanzamiento de Alberto Fujimori”, ironizó el docente de la Universidad de Lima, Hernán Chaparro. 
Asimismo, el politólogo y docente de la PUCP Fernando Tuesta consideró que lo visto ayer es un “control de daños” con una “salida que “ha sido continuista”. 
“No solo porque Adrianzén es del entorno, sino porque no hay ningún otro cambio ministerial. 
Es también un mensaje al Congreso de que las cosas no van a cambiar”, sostuvo. 
“NO HAY DISPUTA DE PODER” 
En la mañana de ayer, Boluarte tomó el juramento al nuevo presidente del Consejo de Ministros. 
Luego, por protocolo, cada uno de los titulares de las carteras fue ratificado en sus respectivos cargos. “Quiero agradecer las expresiones de buenos deseos tras mi reciente designación. 
Esta será la única cuenta donde informaré el trabajo que realice junto con la presidenta Dina Boluarte y el #GabineteAdrianzén por el bienestar y desarrollo del Perú”, escribió Adrianzén en una recién estrenada cuenta de X. La anterior que utilizaba la borró.
Hasta el martes se había especulado con la posibilidad de que la excongresista Marisol Espinoza (Alianza para el Progreso) asumiera el puesto dejado por el renunciante Otárola. Al final, esta idea no prosperó. 
Adrianzén es el tercer premier en lo que va de la gestión de Boluarte. 
Llega al Ejecutivo en circunstancias en las que se ha estado sugiriendo la existencia de un enfrentamiento entre el saliente Otárola y el hermano de la jefa de Estado, Nicanor Boluarte. 
Ayer también, la presidenta se refirió a este asunto. 
En declaraciones a los periodistas aseguró que no “hay disputa de poder” entre ambos personajes.
 Añadió que, más bien, son amigos y que de vez en cuando se juntan a tomarse un café. 
“Lamento mucho por aquellos que hayan preparado la actuación de esta señorita (Yaziré Pinedo), pero debo decir que mi hermano no está comprometido en ningún complot, mi hermano no participa ni con una sola pestaña en las decisiones de este Gobierno. 
Las decisiones, acertadas o no, con errores o no, son de la presidenta”, declaró. 
Además, la mandataria negó que su hermano conozca a César Figueredo y al expresidente Martín Vizcarra, versión difundida por Pinedo en las entrevistas que ofreció a los canales de televisión. 
Desde Fuerza Popular, parece evidente que el voto de confianza está garantizado. 
Alejandro Aguinaga habló de una actitud “principista” de Adrianzén durante su paso por la OEA. 
Carlos Zeballos, vocero del partido Podemos Perú, se refirió al nuevo primer ministro: “La bancada está evaluando el tema de darle la confianza al premier, será importante evaluar su trayectoria y, sobre todo, lo que vaya a proponer cuando solicite la cuestión de confianza. 
Todo cambio es positivo, no tenemos algunos antecedentes negativos del señor”, afirmó. 
Con Adrianzén, la alianza Ejecutivo-Congreso seguirá su camino, al menos por ahora. 
REACCIONES 
FLAVIO CRUZ, CONGRESISTA PERÚ LIBRE
  “Es una señal de que no hay cuadros en el Gobierno, porque siempre el concepto de cambio va asociado a temas de mejora, de transformación, de progreso, pero aparentemente no va a HABER NADA DE ESO”. 
LEJANDRO CAVERO, CONGRESISTA AVANZA PAÍS 
“El nuevo premier tiene que ser un político que articule, pero también una persona con capacidad de gestión. 
Al Gobierno no le servirá de nada buscar solo sobrevivir si no logra ejecutar y destrabar las obras y resolver los problemas que el país está demandando”. 
SIGRID BAZÁN, CONGRESISTA CD-JP 
“La designación de Gustavo Adrianzén representa el continuismo de esa política nefasta que tanto daño hace al país y es un insulto a la memoria de las víctimas de la violencia de este Gobierno. 
El país no olvida que culpó a las víctimas de sus muertes”. 
JO-MARIE BURT, POLITÓLOGA 
“(Gustavo Adrianzén) no es exactamente una persona idónea ante la crisis de democracia y derechos humanos que vive el país, una crisis que ha generado preocupación en la ONU, la OEA, en senadores de Estados Unidos y organismos internacionales”.

miércoles, 6 de marzo de 2024

DONDE SE PONE EL DEDO, SALTA LA PUS

CECILIA BÁKULA PALABRAS DE GONZALEZ PRADA TIENEN HOY MÁS VIGENCIA QUE NUNCA 
Ya en 1888, don Manuel González Prada, a quien reconocemos como un lúcido intérprete de la realidad político y social de su tiempo, supo –cual audaz y valiente visionario– elevar su voz de protesta y crítica aguda y mordaz. 
 En su momento lo hizo ante la incapacidad que él percibía en las autoridades del país para dar una respuesta que sacara a nuestra patria de la severa postración que había significado la oprobiosa derrota sufrida en la Guerra del Pacífico: la pérdida de vidas humanas, la debacle económica, la deshonrosa presencia de tropas chilenas en Lima, en grandes extensiones de territorio, y la desesperanza que él percibía ante la podredumbre que encontraba en la clase política de entonces. 
 En esas circunstancias, en la obra titulada “Propaganda i ataque” señaló: “EN RESUMEN, HOY EL PERÚ ES ORGANISMO ENFERMO: DONDE SE APLICA EL DEDO BROTA PUS”. 
Si fuéramos médicos, cirujanos especialistas ante un cuerpo así de deteriorado, y así en tal estado de descomposición, tendríamos que enfrentar su estado terminal y la necesidad de intentar acciones radicales: la extirpación de los miembros comprometidos y la esperanza de que las células nuevas actúen ante la aplicación de procedimientos radicales, de los que ahora se llaman de “última generación”. 
 Y aceptaríamos las consecuencias de intentar la salud futura aún a un alto costo: tiempo, recuperación, terapia, rehabilitación y, por supuesto, pérdida de partes y, quizá, extremidades. 
Hoy nos enfrentamos a un Estado altamente corrompido por la falta de valores; por el enquistamiento de mafias que han ido llegando y llegando a las más altas esferas del poder, cual aves de rapiña para robar y robar a los más pobres y enriquecerse a costa del progreso de la gran mayoría, robando futuro, robando salud, robando educación, robando, robando, robando. 
Esta situación, que ahora vemos en un espectro de malicia y abuso como antes no habíamos querido conocer, no es nueva, sino que ahora es más “destapada”. 
Se ha abierto la puerta a un universo pestilente de personas (y medios de desinformación) que han hecho de la mentira, de la incapacidad y del uso de su sitial de supuesto servicio una situación tan servil y perniciosa para todos que no merecen respeto ni pueden ostentar la dignidad que significa el honor de representar y servir a la nación. 
Más allá del robo material, del enriquecimiento ilícito, se viene destruyendo con gran impunidad la ya precaria institucionalidad de nuestro país y se afecta el futuro de la gobernabilidad. 
Los infelices y pequeños individuos que ahora, arropados por su propio miedo, se sienten transitoriamente fuertes, pasarán a la historia por sus tropelías y roberías, por su incapacidad de gestión y de acción, por su mitomanía, victimización como pauta de conducta, no se llevarán a la tumba ni un sol; pero sí vienen arrastrando al pueblo, que no los merece, a años de atraso, de frustración, de carencias y de abandono. 
Y ello, lo permite no solo su atrevida incapacidad, sino también la lenidad del Congreso (nido de delincuentes y corruptos), en el que casi un 25% de sus integrantes se han dejado comprar; es decir, se han vendido a la más baja causa y por el más barato precio. 
Aún hay parlamentarios probos, pero no se ve en todos una acción radical ni una conducta que convenza a los electores. 
En estos 14 o 15 meses de gestión (de este gobierno usurpador) hemos escuchado y leído no pocas frases grandilocuentes como “no vamos a permitir...”, “no toleraremos...” (con cinismo patético); pero del dicho a la acción, pareciera que hay un trecho en exceso amplio. 
Todo ello va ofuscando a la población que, ante la manera como cada uno vive las consecuencias de esta crisis, va encontrando culpables y se empiezan a exacerbar los ánimos. 
Cada vez más, la violencia se hace palpable, la ofuscación, la desesperanza es ya una manera de sentir y aparecen voces apocalípticas a las que es fácil prestar oídos. 
Si bien es cierto que la expresión de González Prada es trágicamente actual, ello no debe llevarnos a creer que la violencia y la destrucción de todo el “sistema” es la solución. 
 Veamos y tomemos el peso real de lo actuado, en el marco de la ley, por la señora Fiscal de la Nación que, (acusada, también de integrar una organización criminal, suspendida por seis meses, mientras se la investiga por graves delitos en el ejercicio de sus funciones) debiendo hacer uso de las atribuciones que le da la Ley, ha sucumbido en actos ilícitos en contubernio con el Congreso, a ese Poder Legislativo que ni legisla ni fiscaliza suficientemente, porque en muchos casos está ocupado en ser servil a la mafia que impera en todas las instituciones. 
En nuestra historia reciente no habíamos visto la necesidad de una denuncia que señalara que la mafia se había instalado en el poder. 
 Son tiempos difíciles estos. 
 Sin embargo, el Perú cuenta con ciudadanos corajudos y aguerridos que no quieren que se les robe el derecho al futuro. 
 Y son ellos la reserva moral que darán la talla para restañar las heridas y para erradicar la pus, aunque parezca que nos ha invadido por todas partes. 
 Será el mismo González Prada el que pueda inspirarnos, y para ello es necesario invitar a la lectura del Discurso en el Politeama. 
Verdaderamente necesitamos con urgencia, un outsiders político que se comprometa a enfrentarse al poder delincuencial, corrupto, mediático y económico que nos gobierna en el Perú, con nuevas ideas, con el compromiso de no robar ni dejar que nadie robe, que termine con la impunidad, que mande a construir macro penales para delincuentes y corruptos que hacen tanto daño al pís.

NAYIB BUKELE DICE QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE CONTENER LA VIOLENCIA EN HAITÍ:

“PODEMOS ARREGLARLO”  El presidente salvadoreño, que logró reducir drásticamente los crímenes en su país con una polémica doctrina de mano...