Harry Lee era Lee Kuan Yew (LKY)
La corrupción fue la norma en Singapur hasta los años 60. Hoy, sin embargo, es el país menos corrupto del mundo.
Si la prostitución es el oficio más antiguo del mundo, la corrupción es probablemente el vicio más antiguo del mundo.
De hecho, es difícil pensar que un día podamos acabar por completo con la incidencia de los sobornos, las comisiones, el fraude y otras malas prácticas.
Pero si hay un país que puede lograr la erradicación de la corrupción, sin duda es Singapur.
Desde el año 1995, la pequeña isla asiática se ha mantenido en los primeros puestos del índice internacional que elabora Transparencia Internacional.
En 1959, cuando Singapur se independiza de Gran Bretaña, la Ciudad-Estado era famosa por la generalización de todo tipo de vicios.
La isla estaba afectada por el crimen, el mercado negro, las malas prácticas de burócratas y policías… Los sobornos eran tan generalizados que incluso se exigía una coima a cambio de ser trasladado al hospital en ambulancia.
Quizá eso explica que la candidatura a primer ministro del abogado Harry Lee, presentada ese mismo año, otorgase tanta importancia a la lucha contra la corrupción.
El nombre real de Harry Lee era Lee Kuan Yew (LKY).
Venía de una familia de orígenes chinos.
Desde un primer momento, destacó como estudiante y soñó con completar su formación universitaria en Reino Unido.
Sin embargo, la invasión japonesa en plena II Guerra Mundial echó al traste sus planes y le obligó a buscarse la vida a la espera de un cambio.
Por fin, en 1945, LKY pudo viajar a la London School of Economics, de donde luego pasó a la Universidad de Cambridge.
Cinco años después regresó a Singapur y se especializó en el mundo de la abogacía.
Prioridad electoral
En 1954, LKY funda el Partido de Acción Popular (PAP), con el que se presentó a las elecciones legislativas celebradas cinco años después.
Su principal propuesta era la de acabar con la corrupción. }
Aquella sugerencia chocaba con el día a día de una isla en la que, en palabras del propio LKY las irregularidades estaban a la orden del día, normalizadas como parte de la cultura de aquella sociedad.
Aunque no era sencillo, LKY consiguió que el mensaje calase entre los electores, hasta alcanzar el cargo de primer ministro con apenas 35 años de edad.
Según afirmó entonces, aquel resultado era el triunfo del bien sobre el mal, de lo limpio frente a lo sucio, de lo justo frente a lo malvado.
Su estrategia había funcionado de forma brillante.
Pero lo más difícil llegaba ahora. Se trataba de abordar un problema de gran alcance en un pequeño país que estaba atravesando una situación política y económica muy complicada.
La independencia, lejos de ser una panacea, dejó a Singapur sumido en la pobreza y la oscuridad.
Raj Vasil, todo un experto en la economía del pequeño país asiático, ha señalado que la Ciudad-Estado era apenas "un país más del Tercer Mundo".
De hecho, con la esperanza de lograr una salida efectiva adelante, se aprobó la anexión a Malasia, si bien aquel experimento tampoco llegó a buen puerto.
El PIB per cápita era inferior a lo que hoy serían 450 dólares.
El desempleo era elevado.
La educación era de lo más mediocre. LKY sabía que eran necesario un cambio.
Singapur necesitaba atraer inversión para acelerar el crecimiento, pero solo podría hacerlo si desarrollaba instituciones de calidad.
Su objetivo era replicar el imperio de la ley que había observado en el Primer Mundo.
Se trataba de que la isla se diferenciase de sus vecinos a base de ofrecer una Administración más eficiente y segura.
Así empezó lo que Robert Rotberg ha descrito como una guerra abierta contra la corrupción, que ha tenido como resultado el sistema anti-corrupción más efectivo del mundo.
SINGAPUR
DESCRIPCIÓN GENERAL
Singapur se encuentra entre los países menos corruptos del mundo.
El éxito de Singapur en la lucha contra la corrupción es resultado de un marco efectivo de control de la corrupción con sus cuatro pilares clave: leyes efectivas, poder judicial independiente, aplicación efectiva de la ley y un servicio público receptivo, respaldado por una fuerte voluntad política y liderazgo.
Asimismo, ha sido miembro de la Fuerza de Tareas de Acción Financiera desde 1992, fue uno de los miembros fundadores del Grupo de Asia y el Pacífico sobre Lavado de Dinero en 1997 y fue admitido como miembro del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera en 2002.
Singapur también es miembro de la Iniciativa Anticorrupción para Asia y el Pacífico del Banco de Desarrollo de Asia y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, pues aprobó el plan de acción el 30 de noviembre de 2001.
Singapur cuenta con dos legislaciones principales para combatir la corrupción; la Ley de Prevención de la Corrupción (PCA por sus siglas en inglés) y la Ley de Corrupción, Tráfico de Drogas y Otros Delitos Graves (Confiscación de Beneficios) (CDSA por sus siglas en inglés).
El PCA tiene un amplio margen que se aplica a las personas que dan o reciben sobornos tanto en el sector público como en el privado.
Por su parte, el CDSA confisca las ganancias obtenidas de delitos de corrupción.
Las dos leyes aseguran que la corrupción siga siendo una actividad de alto riesgo con bajas recompensas.
Una vez que la Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas (Corrupt Practices Investigation Bureau, CPIB, por sus siglas en inglés) concluye las investigaciones, todos los supuestos casos de corrupción se entregan a las Cámaras del Fiscal General, órgano fiscal del Sistema de Justicia Penal de Singapur, para obtener el consentimiento del Fiscal Público y continuar con los procedimientos judiciales.
Además, la PCA prohíbe las gratificaciones, que incluyen sobornos activos y pasivos, pagos de facilitación y obsequios tanto en el sector público como en el privado.
Las sanciones por el soborno en el sector privado incluyen multas que no excedan de SGD 100,000 (aproximadamente USD 80,000), penas de prisión de hasta siete años y, en algunos casos, ambas.
Singapur está bien situado en el ranking de competitividad en el que ocupa el puesto 1 de los 141 que se analizan, pues ha obtenido 84.8 puntos en el Índice de Competitividad Global 2019 publicado por el Foro Económico Mundial, que mide cómo utiliza un país sus recursos y capacidades para proveer a sus habitantes de un alto nivel de prosperidad.
En el informe del año anterior se ubicó en la posición 2 con 83 puntos.
Particularmente, algunas variables relacionadas con el control de la corrupción se encuentran en uno de los doce pilares que integran el ICG 2019, específicamente en el Pilar 1: Instituciones, en donde Singapur obtuvo los siguientes resultados:
El Pilar 1 captura aspectos como: seguridad, derechos de propiedad, capital social, controles y balances, transparencia y ética, desempeño del sector público y gobierno corporativo.
Pues, las instituciones impactan la productividad, principalmente a través de incentivos y reduciendo las incertidumbres.
Así, resulta importante medir cómo al establecer restricciones, tanto legales (leyes y mecanismos de aplicación) como informales (normas de comportamiento), las instituciones determinan el contexto en el que los individuos se organizan, así como a su actividad económica.
La Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas (CPIB, por sus siglas en inglés) es la única agencia responsable de combatir la corrupción en Singapur.
El CPIB depende de la Oficina del Primer Ministro e informa directamente al Primer Ministro, permitiendo que el CPIB opere de manera independiente.
El CPIB actúa de manera rápida y enérgica para hacer cumplir de manera imparcial las estrictas leyes anticorrupción, combatiendo tanto la corrupción del sector público como del privado.
Durante el proceso de investigación, el CPIB trabaja con varias agencias gubernamentales y organizaciones privadas para recopilar evidencia y obtener información.
El CPIB ofrece un conjunto de servicios electrónicos para el combate a la corrupción.
De dichos servicios destacan los siguientes:
· Denuncia electrónica por actos de corrupción: permite a cualquier miembro del público presentar una denuncia de corrupción en línea, agregar más detalles a una denuncia existente o ver un resumen de las quejas de corrupción anteriores.
· Cita electrónica para reportar corrupción: los ciudadanos pueden hacer una cita para presentar una queja de corrupción ante un Oficial del Centro de Informes y Patrimonio de la Corrupción (CRHC, por sus siglas en inglés).
· Solicitud electrónica del abogado defensor: apoyo para solicitar informes y documentos.
El poder judicial de Singapur está compuesto por la Corte Suprema, los Tribunales Estatales y los Tribunales de Justicia Familiar. El Tribunal Supremo está integrado por el Tribunal Superior y el Tribunal de Apelación, y atiende casos penales y civiles.
Además, es un poder independiente por lo que evita la interferencia política.
El Presidente del Tribunal Supremo es nombrado por el Presidente con el asesoramiento del Primer Ministro y el Consejo de Asesores Presidenciales.
Los jueces y magistrados de distrito son nombrados por el Presidente con el asesoramiento del Presidente del Tribunal Supremo.
La Constitución garantiza la independencia de la Corte Suprema.
La Fuerza de Policía de Singapur, bajo la dirección del Ministerio del Interior, mantiene la seguridad interna.
Desde 2017, las Fuerzas Armadas de Singapur, bajo el Ministerio de Defensa, se han entrenado para el despliegue junto con el Ministerio para ciertas operaciones de seguridad nacional.
El Ministerio del Interior y la Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas cuentan con medios efectivos y recursos adecuados para investigar y sancionar el abuso y la corrupción.
No hubo informes de impunidad en las fuerzas de seguridad durante el año 2018.
Asimismo, de acuerdo con el Índice de Competitividad Global 2019, Singapur se ubica como el segundo país mejor posicionado en el indicador de fiabilidad de los servicios policiales, con una ponderación de 91.9.
El Servicio Público de Singapur está guiado por un Código de Conducta, que establece altos estándares de comportamiento que se esperan de los funcionarios públicos, basados en los principios de integridad, incorruptibilidad y transparencia.
La práctica de la meritocracia en el servicio público, junto con las revisiones periódicas de las normas y procesos administrativos para mejorar la eficiencia, también reducen las oportunidades de corrupción.
Además, el CPIB realiza revisiones procesales en las agencias gubernamentales donde pueden existir riesgos de prácticas corruptas.
Con la implementación de servicios electrónicos, el gobierno de Singapur ha mejorado la transparencia y la eficiencia, asimismo, ha reducido los espacios para el abuso y la corrupción.
Los sistemas y procesos establecidos por el gobierno para promover la excelencia en los servicios públicos impactan en la cultura de la corrupción.
Al hacer sistemas más trasparentes y eficientes, el público es más consciente de lo que se puede hacer y lo que es aceptable.
Mayor conocimiento se traduce en una mayor vigilancia y capacidad de informar casos de corrupción.
De acuerdo con la encuesta de gobierno electrónico de las Naciones Unidas 2018, Singapur ocupa el séptimo puesto en materia de países líderes en el desarrollo del gobierno electrónico.
Singapur ha realizado la adopción del gobierno electrónico con base en una estrategia de desarrollo nacional.
Considerando la alta tasa en el uso de teléfonos móviles, ha proporcionado acceso a los ciudadanos a través de aplicaciones, especialmente las vinculadas entre gobierno-ciudadano y gobierno-empresa.
Existe un bajo riesgo de encontrar corrupción en la contratación pública.
Los pagos o sobornos irregulares en relación con la adjudicación de contratos públicos o licencias son muy poco frecuentes.
En comparación con el 29 por ciento a nivel mundial, solo el 5 por ciento de las empresas con sede en Singapur informaron haber encontrado fraudes en adquisiciones en los últimos dos años.
La mayor parte de las actividades de compras gubernamentales en Singapur están descentralizadas a Ministerios, Departamentos, Órganos de Estado y Juntas Estatutarias. Sin embargo, deben cumplir con los lineamientos centrales de adquisiciones emitidos por el Ministerio de Finanzas.
Las compras centralizadas se realizan para bienes y servicios comunes, pero los Ministerios, Departamentos, Órganos de Estado y Juntas Estatutarias pueden contratar el servicio fuera de esa compra consolidada.
Asimismo, el Gobierno de Singapur adopta los principios fundamentales de imparcialidad, apertura y competitividad para sus políticas de contratación pública. Además, es parte del Acuerdo de 1994 sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio.
Las ofertas se adjudican a la oferta que ofrece la mejor relación calidad-precio para el sector público, con un enfoque holístico.
Dependiendo del valor estimado de la compra, el procedimiento de adquisición adoptado podría ser a través de:
1. Compra de pequeño valor. Una compra de pequeño valor, para artículos de bienes o servicios con un valor estimado de hasta 6,000 dólares puede ser realizada directamente por la autoridad.
2. Cotizaciones. Para artículos de bienes o servicios con un valor estimado de hasta 70,000 dólares se invitará a cotizaciones. En este proceso, al menos dos funcionarios son responsables de la compra: uno para invitar, recibir y evaluar ofertas y hacer recomendaciones; el otro para aprobar la recomendación.
3. Licitaciones. Pueden ser licitaciones abiertas, selectivas o limitadas.
Sobre los procedimientos de quejas y apelaciones, el Tribunal de Adjudicación de Compras Gubernamentales es el encargado de tramitar estos procedimientos.
Mientras que el Ministerio de Hacienda es la agencia de contacto.
Si bien la constitución otorga a los singapurenses el derecho de asociación y reunión, estos derechos han sido severamente restringidos.
En lo que respecta a la asociación, el gobierno ha aprobado una legislación estricta que distingue entre organizaciones no gubernamentales y organizaciones políticas.
Además, bajo la Ley de Orden Público de 2010, la policía puede prohibir a una persona asistir a un espacio público por 24 horas bajo la sospecha de que está persiguiendo una causa política.
Los activistas son frecuentemente investigados por la policía durante asambleas públicas.
Igualmente, la constitución establece la libertad de expresión, pero permite que el parlamento imponga restricciones a la libertad de expresión, por considerarlo necesario o conveniente en interés de la seguridad de Singapur, o para mantener relaciones amistosas con otros países, asegurar el orden público o la moralidad, así como para proteger los privilegios del Parlamento o prevenir el desacato judicial, la difamación o la incitación a cualquier delito.
En Singapur, no existe una legislación universal de protección de denunciantes, pero los denunciantes de ciertos delitos están protegidos por una legislación específica; por ejemplo, la Sección 36 de la Ley de Prevención de la Corrupción asegura que la identidad de un demandante de un delito de corrupción no se divulgará incluso durante los procedimientos judiciales (sujeto a excepciones, por ejemplo, si existe una declaración intencionalmente falsa).
Actualmente, no existen disposiciones expresas que protejan o reduzcan los castigos de los denunciantes que han participado en la actividad ilegal que han denunciado.
En tales casos, el tribunal tiene la discreción de determinar si el acto de denuncia debe resultar en una sentencia reducida o una multa para el denunciante.
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