Por: Humberto Campodónico
En Colombia, la estatal ECOPETROL, recientemente modernizada, invirtió US$ 6,200 millones en el 2009, una fracción de los cuales ha venido aquí para adquirir Petro-Tech.
En Chile, la estatal Codelco, la empresa de cobre más grande del mundo, generó excedentes por US$ 4,970 millones en el 2008 y acaba de firmar un contrato con China para venderle 55,000 toneladas anuales de cobre en los próximos 15 años. En Brasil, la estatal Petrobrás ha logrado el autoabastecimiento de petróleo –produce 2 millones de barriles diarios–, ha encontrado abundantes reservas en el Atlántico y plantea invertir US$ 174,000 millones (50% más que el PBI peruano) del 2009 al 2013.
Pero en el Perú se privatizaron los lotes productores de Petroperú y el Estado no le quiso dar participación en la venta de Petro Tech ni, antes, en la compra de los grifos de SHELL, que fueron adquiridos por Primax, propiedad de la estatal chilena ENAP y el Grupo Romero. En el caso de ENAPU, después de 15 años de pedir la compra de grúas pórtico, éstas recién llegaron el año pasado. Hay muchos ejemplos más.
En sentido contrario al mundo –y en países vecinos que no tienen nada de “antisistema”–, la clase política y empresarial peruana sigue con los obsoletos preceptos del Consenso de Washington, que niegan la necesidad de redefinir los roles del mercado y el Estado. Peor aún, en los últimos años, desde la administración estatal se promueven los intereses privados en actividades estratégicas, como en Camisea, los contratos petroleros (petroaudios) y la actividad portuaria, para solo mencionar algunos.
En un reciente libro, La República Lobbysta, Manuel Dammert dice que esos hechos no son producto de la casualidad. Afirma que “la élite de esta República Lobbysta abandona desde la partida a la nación y la soberanía, superpone la función pública con la actividad privada. Utiliza la gestión pública para gestionar intereses privados globales. Su rol se reduce a obtener los ingresos que corresponden, estrictamente, a la intermediación de las estrategias de grandes negocios privados, sin que existan planes ni políticas públicas en función del interés nacional”.
Agrega: “Es una élite a la que no le interesa ser empresaria productiva, ni invertir los excedentes en ampliar la acumulación, innovar en productividad, mejorar el capital humano social e institucional. Solo busca obtener su parte alícuota del gran negocio de alguna estrategia privada que no les incumbe, no les interesa”.
Con este enfoque Dammert analiza en detalle dos sectores estratégicos en el siglo XXI: puertos y energía. Después de una prolija investigación, llega a la conclusión que los lobbystas no tienen como objetivo desarrollar los grandes ejes de integración continental, poniendo en marcha ciudades-puerto con zonas económicas de valor agregado logístico. Por el contrario, se busca liquidar a ENAPU y desarticular el sistema portuario para entregar dicha infraestructura a intereses extranjeros.
En el sector energético, Dammert demuestra que la exportación del gas de Camisea de los Lote 88 y 56 no es producto de contratos “técnicos”, sino de actividades lobbystas –desde los más altos puestos del Poder Ejecutivo–en los que ha sido “descollante figura” el ex ministro toledista, Pedro Pablo Kuczynski.
La detallada descripción de la mezcla de las funciones públicas de PPK con las de su Grupo Empresarial –que ocupan un capítulo entero– desnuda la complicada trama de intereses que han primado sobre los intereses nacionales. Resultado: el gas de Camisea (que revirtió gratis al Perú por los regalos de la Shell) ya no va a servir para las necesidades peruanas (y menos para las regiones pobres del Sur andino) sino que va a ser exportado a México.
Clara demostración que los “lobbystas” en el Poder son “intermediarios de las estrategias de grandes negocios privados, sin que existan planes ni políticas públicas en función del interés nacional”.
¿Nacional?, nada, cero.
Todos los artículos del autor pueden ser leídos en: http://www.cristaldemira.com/
En Colombia, la estatal ECOPETROL, recientemente modernizada, invirtió US$ 6,200 millones en el 2009, una fracción de los cuales ha venido aquí para adquirir Petro-Tech.
En Chile, la estatal Codelco, la empresa de cobre más grande del mundo, generó excedentes por US$ 4,970 millones en el 2008 y acaba de firmar un contrato con China para venderle 55,000 toneladas anuales de cobre en los próximos 15 años. En Brasil, la estatal Petrobrás ha logrado el autoabastecimiento de petróleo –produce 2 millones de barriles diarios–, ha encontrado abundantes reservas en el Atlántico y plantea invertir US$ 174,000 millones (50% más que el PBI peruano) del 2009 al 2013.
Pero en el Perú se privatizaron los lotes productores de Petroperú y el Estado no le quiso dar participación en la venta de Petro Tech ni, antes, en la compra de los grifos de SHELL, que fueron adquiridos por Primax, propiedad de la estatal chilena ENAP y el Grupo Romero. En el caso de ENAPU, después de 15 años de pedir la compra de grúas pórtico, éstas recién llegaron el año pasado. Hay muchos ejemplos más.
En sentido contrario al mundo –y en países vecinos que no tienen nada de “antisistema”–, la clase política y empresarial peruana sigue con los obsoletos preceptos del Consenso de Washington, que niegan la necesidad de redefinir los roles del mercado y el Estado. Peor aún, en los últimos años, desde la administración estatal se promueven los intereses privados en actividades estratégicas, como en Camisea, los contratos petroleros (petroaudios) y la actividad portuaria, para solo mencionar algunos.
En un reciente libro, La República Lobbysta, Manuel Dammert dice que esos hechos no son producto de la casualidad. Afirma que “la élite de esta República Lobbysta abandona desde la partida a la nación y la soberanía, superpone la función pública con la actividad privada. Utiliza la gestión pública para gestionar intereses privados globales. Su rol se reduce a obtener los ingresos que corresponden, estrictamente, a la intermediación de las estrategias de grandes negocios privados, sin que existan planes ni políticas públicas en función del interés nacional”.
Agrega: “Es una élite a la que no le interesa ser empresaria productiva, ni invertir los excedentes en ampliar la acumulación, innovar en productividad, mejorar el capital humano social e institucional. Solo busca obtener su parte alícuota del gran negocio de alguna estrategia privada que no les incumbe, no les interesa”.
Con este enfoque Dammert analiza en detalle dos sectores estratégicos en el siglo XXI: puertos y energía. Después de una prolija investigación, llega a la conclusión que los lobbystas no tienen como objetivo desarrollar los grandes ejes de integración continental, poniendo en marcha ciudades-puerto con zonas económicas de valor agregado logístico. Por el contrario, se busca liquidar a ENAPU y desarticular el sistema portuario para entregar dicha infraestructura a intereses extranjeros.
En el sector energético, Dammert demuestra que la exportación del gas de Camisea de los Lote 88 y 56 no es producto de contratos “técnicos”, sino de actividades lobbystas –desde los más altos puestos del Poder Ejecutivo–en los que ha sido “descollante figura” el ex ministro toledista, Pedro Pablo Kuczynski.
La detallada descripción de la mezcla de las funciones públicas de PPK con las de su Grupo Empresarial –que ocupan un capítulo entero– desnuda la complicada trama de intereses que han primado sobre los intereses nacionales. Resultado: el gas de Camisea (que revirtió gratis al Perú por los regalos de la Shell) ya no va a servir para las necesidades peruanas (y menos para las regiones pobres del Sur andino) sino que va a ser exportado a México.
Clara demostración que los “lobbystas” en el Poder son “intermediarios de las estrategias de grandes negocios privados, sin que existan planes ni políticas públicas en función del interés nacional”.
¿Nacional?, nada, cero.
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