Oscar Felipe Ventura
El gobierno de coalición derechista que encabeza el Dr. Alan García no pierde tiempo y quiere dejar servida la mesa a sus socios, antes de concluir su mandato. En comunicado público (La República, 16-9-10), el Frente de Defensa de las Empresas Públicas Estratégicas ha denunciado que el gobierno ha decidido continuar con la privatización de Sedapal, lo que queda de estatal de las empresas eléctricas, lo que resta de Petroperu, Enapu y Corpac. Medida sospechosa si se tiene en cuenta que dichas empresas muestran estados financieros en azul y obtienen utilidades como lo fue el año pasado que generaron más de 700 millones de soles de ingreso para el Tesoro Público.
En efecto, el 19 de agosto de este año, el gobierno ha publicado el Reglamento del Decreto legislativo 1031 “Ley que promueve la Eficiencia de la actividad Empresarial del Estado”, que en su artículo 12° autoriza al FONAFE listar el 20% como mínimo del capital social de las empresas estatales en la Bolsa de Valores de Lima. De esta manera “se deja abierta la posibilidad que se coloque el 100% del capital social en la Bolsa de Valores lo cual permite que cualquier inversionista extranjero puede adquirir dichas acciones convirtiéndose en los dueños absolutos de dichas empresas, perdiendo el Estado el control total de las Empresas Estatales”, dice el comunicado.
Se advierte también sobre las consecuencias de estas privatizaciones tales como, el incremento de las tarifas de agua, la venta de todos los puertos, el alza de las tarifas de embarque y desembarque, aumento del costo del combustible, etc.
¿Por qué se quiere vender lo que queda de las empresas públicas si son rentables? No cabe duda que en este caso habrá prebendas, pues la venta de las empresas del Estado es una fuente de la corrupción al más alto nivel. Aquí hay jugosas comisiones. La experiencia internacional lo confirma.
Se ha transferido patrimonio público a favor del gran capital privado nacional y extranjero, se ha desmantelado el sector público, se ha afectado la infraestructura y los servicios públicos, así como el rol estratégico que dicho sector desempeñaba. Sin embargo, la dilapidación del patrimonio público no se ha traducido en mayor crecimiento productivo, ni en la solución de los graves problemas estructurales del país.
Los peruanos patriotas debemos frenar la dilapidación del patrimonio del Estado que ha beneficiado a los grandes grupos privados nacionales y extranjeros. A la vez es necesario exigir que el Congreso de la República apruebe las iniciativas parlamentarias que impiden la privatización. ¡Basta de Privatizaciones Dr. García!
Publicado en el Diario “La República”, edición Norte hoy jueves 23 de Setiembre 2010
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