Quiere rematar el Perú
Cuando fue candidato para la presidencia Alan García se reunió con los representantes de los empleados de las empresas estatales y firmó un acta en la que se comprometió a no promover ni vender las compañías de todos los peruanos. Hoy se olvida de lo que aceptó hace menos de cinco años.
Sindicatos de empresas estatales, como Sedapal y Enapu, entre otros, acusan de “Traición a la Patria” al presidente García y denuncian que quiere rematar empresas estratégicas. Alistan movilizaciones de rechazo.
Unidos en el Frente de Defensa de las Empresas del Estado, los representantes de la Empresa Nacional de Puertos, de PetroPerú, de las empresas eléctricas y de saneamiento (entre ellas Sedapal) acusaron ayer al presidente de la República, Alan García, de ser “un traidor a la Patria”, debido a su afán de promover la venta de las empresas estatales en perjuicio de la soberanía nacional, y más aún de posibles favores a capitales Chilenos.
El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Sedapal, Henry Viera, promotor del mencionado frente de defensa, señaló que el reglamento del Decreto Legislativo 1031 “Ley que promueve la Eficiencia de la Actividad Empresarial del Estado”, -aprobado el pasado 19 de agosto- busca entregar las empresas estatales, consideradas como estratégicas para la seguridad nacional, a inversores internacionales bajo la excusa de fomentar la inversión privada en “beneficio” de las mismas empresas, pero que al final sólo generará ganancias para los capitales foráneos.
El dirigente del Sutesal recordó que el Decreto Legislativo Nº 1031 fue publicado en junio de 2008, pese a que el presidente García, cuando era candidato firmó un acta con los trabajadores de Sedapal, comprometiéndose formalmente a luchar por la no privatización o concesión de la empresa de saneamiento, y que de llegar al poder no realizaría privatización o concesión alguna de la indicada empresa.
Dicha acta de compromiso fue difundida por Sutesal, y en ella se comprueba la firma del antes candidato García, por lo que los trabajadores de Sedapal y de otras empresas estatales dicen sentirse burlados por quien buscaría vender las empresas peruanas a inversionistas extranjeros, sobre todo Chilenos.
Viera señaló que el reglamento del DS 1031 se publicó hace unas semanas de manera apresurada, pese a que días antes la ministra de Economía y Finanzas, Mercedes Aráoz se había comprometido a modificar el artículo 12º de la mencionada ley, sobre el máximo de acciones que los inversionistas podrán adquirir, puesto que la norma sólo señala un mínimo 20% de las acciones que podrán cotizarse en el mercado bursátil y no establece ningún máximo, que podría ser hasta el 100%, dejando todo en manos de Fonafe, por lo que el Frente iniciará acciones de lucha para impedir que se concretice la desaparición de las empresas rentables de todos los peruanos.
Acciones de lucha
El Frente de Defensa de las Empresas del Estado, informó que entre las acciones que tomarán para defender la soberanía de las empresas del Estado, se encuentra la elaboración de una iniciativa ciudadana para derogar el DS 1031. Para ello acudirán al Congreso a fin de reunirse con las bancadas involucradas con este problema, así como con el presidente del parlamento César Zumaeta.
Además señalaron que realizarán una movilización masiva que contará con la participación de miles de empleados de las empresas nacionales y la población en general con la finalidad de demostrar el rechazo general a la venta de nuestro patrimonio.
El secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Portuarios, Gustavo Gutiérrez, también participó en la conferencia brindada ayer por el Frente de Defensa de las Empresas del Estado y se mostró en contra del reglamento del Decreto Legislativo 1031 al considerar que el único objetivo de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) es “deshacerse de los puertos” como sucedió con el puerto de Paita.
“Este gobierno está haciendo de la mentira su excusa para privatizar las empresas estatales, en el caso de los puertos se necesita 110 millones de dólares de inversión pero el gobierno mal informa al decir que se requiere mucho más dinero con la finalidad de que se concesionen los puertos”, dijo Gutiérrez.
Nazario Arellano, representante de los empleados de las empresas eléctricas criticó la actitud del presidente García y de la ministra Aráoz por su afán de concesionar las empresas nacionales en lugar de fortalecerlas en resguardo del patrimonio del Estado. “Otros países vecinos buscan el fortalecimiento de las empresas estatales estratégicas para beneficio de los mismos ciudadanos, sin embargo, nuestro país hace lo contrario, por ello pedimos el pronunciamiento de los altos mandos de las Fuerzas Armadas que deben también defender la soberanía de nuestro país”, afirmó Arellano.
Medidas de protección
En febrero de 2008, el fallecido congresista Juvenal Ordóñez Salazar presentó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley N.º1963 denominado “Ley de Promoción y Defensa de la Actividad Empresarial del Estado”, a fin de evitar la amenaza de la privatización de las empresas estatales, impulsada por el Poder Ejecutivo a través del Proyecto de Ley Nº 1217/2006-PE.
El Proyecto de Ley Nº 1963 garantizaba la estabilidad y eficiencia de las 36 empresas públicas existentes en el Perú, pues ponía un tope del 10 por ciento al accionariado privado dentro de las empresas del Estado y garantizaba el trabajo de 100 mil servidores públicos así como el mantenimiento de tarifas mínimas a los usuarios de luz eléctrica y agua potable.
Dayhana Cam
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