Si nuestro Congreso de la República tuviera un mínimo de dignidad no permitiría que ni durante un segundo más nuestra soberanía siga mancillándose a través de organismos internacionales que se han convertido en cómplices de procesos con graves indicios de corrupción.
La OEI, OIM, UNOPS, PNUD, son algunos de los organismos internacionales cuestionados por permitir licitaciones a dedo, sobrevaloraciones, sueldos jugosos de consultores y, sobre todo, la proliferación de obras inútiles que sólo sirven para enriquecer a un grupo de empresas constructoras y, si se investiga, probablemente más de un funcionario públicos de entidades públicas como ESSALUD o la Municipalidad de Lima.
Se debería empezar por saber quién es el representante de la OIM en el Perú y pedirle que se presente al Congreso. Luego estar atento a que, apelando a su inmunidad diplomática, no evada la justicia. Esto se puede hacer, según la Cancillería.
Asimismo el Congreso debería dar prioridad a los pedidos del congresista José Maslucán para legislar en contra de esta facilidad para las movidas con aroma a corrupción.
Son más de 5,000 millones de soles los que se han movido bajo esta modalidad según buena nota de Daniel Yovera en Perú 21.
Esta modalidad tiene como uno de sus caseritos a Luis Castañeda Lossio, sí, el mismo de COMUNICORE, el mismo de la sobrevaloración del Metropolitano (bautizado como Robopolitano o Lentopolitano según el ánimo popular), el mismo de las obras sin planificación.
La obra inútil de Luis Castañeda Lossio es de tal magnitud que amerita una causa penal por los millones de soles involucrados que son fondos públicos.
A continuación podrá usted ver la pertinente e inteligente pregunta que le hace Claudia Cisneros a Luis Castañeda Lossio, quien responde sorprendido pues seguramente está acostumbrado a las preguntas acordadas o prefabricadas. Su respuesta digna de su gestión, sin sustento y llena de generalidades. Pueden verla a continuación:
Los millones imposibles de fiscalizar
Varias entidades públicas recurren a organismos internacionales para licitar obras y adquisiciones, para evadir los mecanismos de control.
El alcalde alegó que todas las entidades recurren a estos organismos. (F. Latina)
Por Daniel Yovera, Perú.21, 24.05.2010
Desde construir de costosas carreteras y hospitales, hasta la simple compra de jeringas, casi todo se hace en la actualidad a través de organismos internacionales, algunos de dudosa reputación. Ni una sola factura de esas obras y adquisiciones puede ser fiscalizada por la Contraloría.
El monto contratado a nivel nacional bajo esa modalidad ya fue revelado por el máximo órgano de control: S/. 5,000 mil millones. Pero nadie puede controlar esa danza de millones y, entonces, cualquier ‘faenón’ es posible. De esa cifra, Perú.21 documentó casi la mitad, S/. 2,498 millones.
También hemos podido determinar cuáles son las entidades estatales del país acostumbradas a hacer obra vía los organismos extranjeros. La lista es encabezada por la Municipalidad de Lima, pasa por Essalud y varios ministerios, y llega a municipios distritales.
PRIMERO CASTAÑEDA.
La mayoría de obras del alcalde Luis Castañeda han sido ejecutadas vía esos organismos externos, pero, principalmente, a través de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), una entidad nacida para ayudar a los migrantes del mundo, pero no para ejecutar obras.
Aun así, esta institución le ha administrado a la comuna la ejecución de 134 obras, incluida el Metropolitano. Todo suma S/. 1,031’756,908 millones, es decir, el 20% del total contratado a nivel nacional bajo esa modalidad. Y, hasta ahora, la Contraloría no sabe cómo se ha manejado esa suma; simplemente no puede hacerlo.
Aparte, están los S/.62 millones más, que es lo que costaron las piletas del Parque de la Reserva, y que fueron efectuadas por convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops). ¿Qué dijo el alcalde Castañeda? No mucho, como tampoco lo hizo el 21 de mayo de 2009, cuando dimos cuenta parcial de estos hechos. “Hay que simplificar las normas y no verlo todo malamente”, dijo esta mañana en A primera hora al ser consultado al respecto.
Otra entidad estatal que recurre a la OIM, desde el 2006, es Essalud, pero no hay cifras disponibles de obras o de adquisición de equipos médicos. La página web de ese organismo solo consigna que entre 2007 y 2010 la OIM está a cargo de la licitación para la ejecución de 10 centros médicos y hospitales. El único costo al que accedimos es al del Nuevo Hospital II de La Oroya (Junín): S/.21’905,744. Saquen sus conclusiones.
ÁNCASH Y OTROS.
Otra entidad internacional que nació para dedicarse al tema educativo pero que ahora ve carreteras y más es la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación (OEI), conocida nuestra por ser varias veces mencionada en los audios de los ‘faenones’ entre Rómulo León y Alberto Quimper.
Pese a eso, a ella recurre el Gobierno Regional de Áncash para hacer carreteras, canales, colegios y comprar ambulancias, por un monto de S/. 73’873,437. Otros gobiernos regionales que buscan a la OEI son los de Piura, Callao y La Libertad, pero no se dispone de ninguna cifra.
En cambio, tenemos que los gobiernos de Cajamarca, Huancavelica, Junín, Apurímac, y Pasco gastan por lo menos S/. 216’213,377 vía los entes extranjeros, pero las autoridades no han informado ni a la Contraloría ni a la comisión del Congreso encargada de monitorear la lucha anticorrupción –presidida por la congresista Rosa Florián– con qué entidades trabajan.
INMUNIDAD DIPLOMÁTICA.
Y así, tenemos que, por ejemplo, la comuna capitalina también recurre a la OEI para que le desarrolle proceso de titulación de los bonos de Emape (cuyos montos se desconocen), o que la Municipalidad de Ventanilla evade los controles recurriendo a la OEI por obras que superan los S/. 17,6 millones.
Pero ni un sol puede ser revisado porque las entidades externas gozan de la figura de “inmunidad diplomática”. Sin embargo, el canciller José García Belaunde ha planteado un camino para romper con ese ‘cerrojo’. Según dijo, lo que tienen que hacer la Contraloría y el Congreso es pedirle que su despacho tramite el levantamiento de esa inmunidad ante los países de origen de las organizaciones extranjeras.
¿A todo esto podemos llamarlo “Inmunidad para delinquir”?
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