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SAQUEA AL PERÚ Con Decreto de Urgencia permite privatización como en la época de Fujimori. |
Olor de corrupción. Ejecutivo publica decreto de urgencia con disposiciones extraordinarias para apurar concesión de 30 proyectos relacionados con la infraestructura estratégica del país. Analistas dicen que el presidente García busca entregar a sus amigos lo poco de los bienes públicos que le quedan al país.
A menos de seis meses de dejar el cargo y en medio de la coyuntura política dominada por el tema electoral, el gobierno publicó ayer en el diario oficial El Peruano un decreto de urgencia para apurar grandes negocios mediante grandes privatizaciones que motivaron de inmediato fuertes sospechas de corrupción.
El decreto tiene el propósito declarado de facilitar la promoción de la inversión privada en determinados proyectos de inversión, asociaciones públicos privadas y la concesión de obras públicas de infraestructura y de servicios públicos.
Según el dispositivo, el gobierno declara de necesidad nacional y de ejecución prioritaria por parte de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), los procesos de promoción de la inversión privada vinculados con la concesión de 30 proyectos de inversión que incluye puertos, aeropuertos, carreteras, gasoductos, y hasta redes de banda ancha y fibra óptica en todo el país.
Faenón en masa
Al comentar este decreto de urgencia, el especialista en temas económicos Manuel Dammert, denunció que el presidente Alan García, en el tramo final de su gobierno, quiere precipitar dolosamente la adjudicación de la principal infraestructura estratégica del país.
“Se trata de un faenón colectivo con el que el jefe de Estado quiere favorecer a sus amigotes entregándoles los principales bienes del país”, dijo a LA PRIMERA.
Según Dammert, el presidente García sufre por las evidentes limitaciones de obras fundamentales en su segundo mandato y aprueba este decreto para subastar los ejes estratégicos de la Nación.
En este propósito, consideró, el mandatario “viola las leyes, subvalúa activos, anula exigencias ambientales, organiza sumarios procesos corruptos para entregarlos a sus amigotes”.
Entre los proyectos comprendidos están los terminales portuarios Norte Multipropósito del Callao, General San Martín, de Pisco (Ica); de Yurimaguas (Loreto) y San Juan de Marcona (Ica). “Se quiere subastar los puertos públicos de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu), a lo que se suma el proyecto de la Isla San Lorenzo- Isla El Frontón”, señaló el especialista.
Dammert agregó que el decreto también busca subastar la infraestructura energética relacionada con el gas a través del Gasoducto a Trujillo (Gas Natural), el Hub Petrolero Bayóvar (Piura), el Nodo Energético del Sur, el Sistema de distribución de Gas Natural para el Sur (Cusco, Arequipa, Moquegua, Juliaca, Puno y Tacna), así como el Sistema de Distribución de Gas Natural para el Norte Medio (Ayacucho, Huancayo, La Oroya, Chimbote y Trujillo), además del Sistema de Abastecimiento de LNG (Gas Natural licuado) para el mercado nacional.
También se incluye carreteras como las IIRSA-centro, la Autopista del Sol, la Panamericana Sur Ica-Chile, la Longitudinal de la Sierra, la Longitudinal de la Selva (según la norma en los tramos que determine el Ministerio de Transportes), la línea 1 del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao y varias líneas de Transmisión de energía eléctrica.
Asimismo, el aeropuerto Internacional de Chinchero-Cusco, proyectos de banda ancha y fibra óptica en todo el país para coberturas universales y “algunos proyectos con nombre propio”, según Dammert, como Choclococha, la Penitenciaría en Lima, la Reserva fría de Generación y la planta de Salinización Lima Sur.
Como en el Fujimorismo
Lo que se busca con esta medida, señaló Dammert, es imponer la corrupción en la ejecución de obra pública. “Este proceso es parecido solo a la privatización durante el Fujimorismo o a las consignaciones del guano, en el Siglo XIX, dos fraudulentos procesos de acumulación por desposesión de bienes públicos y privados de la nación”, subrayó.
El decreto de urgencia señala que la viabilidad de los proyectos que requieran cofinanciamiento podrá ser otorgada con estudios a nivel de prefactibilidad y el diseño de la transacción y del contrato de asociaciones públicos privadas para los proyectos considerados en la norma es responsabilidad de ProInversión.
“Lo que se hace es subsidiar con dolo proyectos imprecisos, pues el cofinanciamiento del Estado solo requerirá estudios de prefactibilidad”, precisó.
También anula las certificaciones ambientales como requisito previo y solo serán exigidos a los proyectos adjudicados para el inicio de obras.
La norma también contempla transferir a título gratuito a los concesionarios los terrenos y/o edificaciones del Estado, incluyendo las empresas del Estado, sean de propiedad directa o indirecta. Además obliga a Registros Públicos a inscribir ese patrimonio con la sola presentación de la solicitud y la resolución del sector autorizando.
Proceso viciado
Al respecto, el congresista nacionalista Daniel Abugattás consideró que el gobierno está actuando contra el reloj para rematar lo poco de los bienes públicos que le quedan y privatizarlos a través de un decreto de urgencia ilegal y anticonstitucional.
“Con esto se quiere entregar sin licitaciones, sin SNIP, sin el control de la Contraloría, los puertos, aeropuertos, carreteras, obviando los procesos fundamentales que se deben seguir de acuerdo a la legislación peruana”, agregó.
Sostuvo, además, que con este dispositivo de emergencia se está viciando la ejecución de los treinta proyectos anunciados porque no se puede a través de un decreto de urgencia tomar este tipo de decisiones.
“Gracias a Dios lo hacen a través de un decreto de urgencia que será una de las primeras cosas que anule el primer día de agosto de este año el Congreso vigente entonces. “Ese Parlamento tendrá la obligación moral de declarar su nulidad por cuanto es absolutamente ilegal e inconstitucional”, acotó.
“Los decretos de urgencia son medidas extraordinarias que se dan en momentos extraordinarios, como cuando se produce una situación de emergencia nacional, una crisis internacional, algo que motiva que el Ejecutivo se vea obligado a darlo. No se dan para favorecer determinados proyectos de inversión de los amigos de Palacio de Gobierno. Esas no son situaciones de emergencia. Existen procedimientos establecidos para las concesiones y privatizaciones y lo que se está haciendo es tratar los procesos a través de un decreto de urgencia inconstitucional, por lo tanto todo lo que promulgue a partir de él es nulo.
VIGENCIA
Según se publica en las Normas Legales del diario El Peruano, este decreto de urgencia tendrá vigencia desde hoy hasta el 31 de diciembre del 2011.
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