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| Sin sentencia el más grave caso de corrupción |
Sigue sin sentencia el más grave caso de corrupción del gobierno de Fujimori Latrocinio. La compra de los aviones de guerra MiG-29 y Sukhoi-25 a Bielorrusia por US$ 402 Millones. Uno de los principales conspiradores, el traficante de armas Claus Corpancho, extraditado de España el 2009, espera sentencia en su casa.
Ángel Páez.
La única vez en la historia del Perú que el Congreso por unanimidad acusó por traición a la patria a un ex presidente de la República fue el 28 de mayo del 2003, cuando responsabilizó a Alberto Fujimori por la adquisición fraudulenta de 36 aviones de combate MiG-29 y Sukhoi-25 a Bielorrusia por US$ 402 millones.
Es el caso más grave de corrupción del fujimorato reconocido, además, por el propio Fujimori, quien, desde Tokio, acusó a su ex asesor Vladimiro Montesinos de haber cobrado un suculento soborno. El 30 de julio de 2001, a los ocho meses de fugar del Perú, Fujimori escribió en su página web: “(A Montesinos) el símbolo de dólares se le dibujó en su retina e inició una operación ilegal paralela a la nuestra (...). Nadie se habría imaginado que (...) este personaje (Montesinos) aprovecharía primero su agudo oído, y luego sus desconocidos contactos, para soterradamente obtener la famosa comisión que mi gobierno quiso evitar”. A confesión de parte, relevo de pruebas.
Historia de una traición
Sin embargo, el proceso judicial por el más vasto latrocinio del régimen de Fujimori agoniza en la Cuarta Sala Penal Especial. Además, la mayoría de los principales implicados está prófugo o habita cómodamente en su casa.
En efecto, de los tres traficantes que participaron activamente en la operación de venta de las aeronaves, dos están prófugos, el israelí Moshe Rothschild y el peruano Enrique Benavides Morales; y el tercero, el peruano Claus Corpancho Kleinicke, luego de haber sido extraditado de España en 2009, ahora espera desde la tranquilidad de su hogar el desenlace del juicio.
Salió en libertad el 26 de enero de 2010. No es el único. Víctor Venero Garrido, el testaferro de Montesinos que organizó a los vendedores de las aeronaves bielorrusas, también disfruta del calor de su hogar desde que abandonó la cárcel el 20 de enero de 2009.
La acusación del Ministerio Público señala que los US$ 402 millones que se pagó por las 38 aeronaves MiG-29 y Sukhoi-25 no solo son un monto considerablemente sobrevalorado, ya que las máquinas son de segunda mano. Pero, además, los aviones no cumplían con los requerimientos técnicos exigidos por la Fuerza Aérea del Perú (FAP).
La propia FAP concluyó que la adquisición de las naves de guerra no representó una ventaja militar para el Perú porque el país vendedor, Bielorrusia, no era fabricante de los aparatos y, en consecuencia, no contaba con motores y repuestos. Los traficantes aseguraron a la FAP que la Federación Rusa garantizaba el suministro de motores y equipos complementarios, pero no era cierto.
Sigue sin sentencia el más grave caso de corrupción del gobierno de Fujimori
Para subsanar el error, Fujimori y Montesinos consumaron una compra adicional de tres MiG-29SE nuevos a la Federación Rusa por US$ 129 millones, con la finalidad de conseguir acceso a la tecnología del país fabricante de las aeronaves que vendieron los bielorrusos.
En esta segunda operación, ejecutada en julio de 1998, nuevamente se pagaron sobornos, como acredita el Ministerio Público a partir del testimonio de uno de los principales participantes, James Stone Cohen.
Es así que el proceso judicial que se ventila en la Cuarta Sala Penal Especial es por las dos compras de aviones de guerra por un total de US$ 531 millones.
De acuerdo con la Procuraduría Ad Hoc del Caso Fujimori-Montesinos, el 80% del dinero que se le encontró al ex asesor presidencial de Fujimori tenía como origen las coimas por las adquisiciones militares, especialmente por la compra de los MiG-29. Solo Montesinos cobró alrededor de US$ 20 millones. A todos les tocó su parte.
Traficantes tenían relación directa con Fujimori
No es verdad que Moshe Rothschild, Enrique Benavides Morales y Claus Corpancho Kleinicke, los traficantes de armas que intervinieron en la millonaria venta de los MiG-29 y Su-25, se beneficiaban exclusivamente de estrechísimas vinculaciones con Vladimiro Montesinos y la cúpula militar. Como ha quedado acreditado judicialmente, los comerciantes de armamento también tenían relación directa con el ex mandatario Alberto Fujimori y miembros de su familia.
El ex jefe de adquisiciones del Ejército general EP (r) Hugo Gonzales Ríos declaró ante los tribunales que Fujimori lo llamaba personalmente por teléfono para indicarle que le comprara helicópteros y otro tipo de equipamiento a Moshe Rothschild.
El colaborador eficaz Jorge Mercado Flores, ex empleado de Enrique Benavides, manifestó ante los tribunales que Juana Fujimori, hermana del ex presidente Alberto Fujimori, cada cierto tiempo se presentaba en las oficinas de la compañía Cifsa, de propiedad de Benavides, para recibir “contribuciones” de manos del traficante.
De hecho, el 6 de marzo de 1998, Juana Fujimori compró una casa en Miraflores a la empresa Ocean Reef Trading, ubicada en Islas Vírgenes, y que servían de fachada para las actividades ilícitas de Enrique Benavides.
Víctor Venero ha manifestado que los traficantes también aportaron a las campañas de Fujimori.
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