El único sí importante de la Constitución de 1993 era el de la reelección que Fujimori utilizó en 1995 y forzó para el 2000, con las consecuencias que ya se saben. Lo demás que tiene real valor es puro no: prohibición de empresas públicas, imposibilidad de mover los contratos, la inversión nacional no tiene ventajas sobre la extranjera, el Estado no explota los recursos naturales sino los concede, etc. Esto, en el régimen económico tantas veces exaltado como el motor del crecimiento, lo que querría decir que el sistema consiste en amarrar las manos del Estado e impedir a los gobernantes salirse del marco neoliberal.
Hay otras negaciones, ciertamente, en materia de derechos sociales, económicos y laborales, algunos retirados de la enumeración de 1979 y otros convertidos en referenciales, perdiendo su condición de obligaciones estatales. O la primera reforma que impuso límites al derecho de participación en referéndum, haciéndolo depender del propio Congreso en 1998. En general el legislador de 1993 partía del criterio de que la Carta previa entregaba al Estado poderes económicos que había que recortar para que prevaleciera el de las grandes empresas, a las que curiosamente se les dejaba el camino abierto para constituirse en monopolios privados, sustitutos de los públicos (que sí estaban prohibidos), pero pudorosamente se les señalaba limitaciones para actuar monopolísticamente, es decir de acuerdo a su naturaleza.
Asimismo anotaba que el Estado no podía correr con la educación gratuita (motivo de las actuales movilizaciones en Chile), la salud y seguridad social, la vivienda y la alimentación, etc. Demasiado caro, para un Estado que tampoco quería invertir en la producción y la economía, y que reducía su papel a la conservación del orden y al asistencialismo de pobres. Este esquema de gobierno que canaliza inversión de trasnacionales y grandes empresas nacionales, está implícito en la Constitución que defienden con igual lucidez Kenyi Fujimori y Cecilia Blume. Finalmente la norma constitucional se cuidaba del desborde popular, poniendo frenos a los procesos participativos y erigiendo un superpoder presidencial.
En el 2000 cayó la reelección en medio de la crisis de salida del gobierno autoritario de Fujimori. Con lo que se demostró, además , que cuando se quiere la reforma sale en dos semanas rompiendo los mecanismos que obligaban a pasarse por lo menos dos años de sesiones congresales para introducir algún cambio. El propio gobierno de Paniagua al que se le puso el título de “constitucional”, fue un forzamiento de todas las normas del 93, para hacer posible llegar a las elecciones siguientes y poder decir que todo estaba en orden cuando no lo estaba. Pero si hubiéramos sido más conscientes de lo que estaba pasando hubiésemos comprendido que la única manera de legitimar la nueva situación era abrir un proceso constituyente y mandar al basurero la Constitución golpista.
Ya sabemos que eso no pasó y que es por eso que hasta ahora estamos pagando las consecuencias. En el 2004, bajo el gobierno de Toledo, se fracasó en la reforma integral por vía parlamentaria (comisión Pease) pero se introdujo de todos modos un no adicional a todos los anteriores, para matar el régimen pensionario de la ley 20530 (célula viva), a través de un mecanismo que negaba y pisoteaba los derechos adquiridos por muchos miles de personas. En resumen una Constitución para restarnos capacidades de dirección del Estado, derechos sociales y políticos. Y una conspiración del poder existente para que no podamos modificarla. 
eta informacion es muy buena
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