¿PRIVILEGIOS, POR QUÉ?

CANDIDATOS: RESPETEN EL ESTADO LAICO

Escribe: Claudia Cisneros

¿Habrá algún candidato o candidata que se atreva a quitarle a la Iglesia Católica los escandalosos privilegios que tiene en el Perú? ¿Algún candidato o candidata tendrá las agallas de actuar como líder de todos los peruanos sin privilegiar a un grupo religioso que se ha impuesto a fuerza de poder económico y político? ¿Cuál será el candidato o candidata al que no le tiemblen las rodillas para separar en los hechos lo que la Constitución declara separado? ¿Quién será el líder político que se atreva a poner en su sitio a la Iglesia Católica? ¿Quién pondrá por encima de su cálculo político, su obligación como estadista de dirigir un Estado laico? ¿Kuczynski, García, Fujimori, Toledo, Acuña, Mendoza?

Alguien tiene que parar este abuso. Porque, por si no lo sabían, la Iglesia Católica es la única iglesia en el Perú que goza de todos los beneficios habidos y por haber: No paga IGV. No paga impuesto selectivo al consumo. No paga impuesto vehicular. No paga aduanas. No paga aranceles. No paga tributos por viajes internacionales. No pagan tasas por licencia de funcionamiento ni construcción. No paga impuesto predial. No paga alcabala y no paga arbitrios pese a ser la institución con la mayor cantidad de propiedades en el Perú.

Tampoco paga impuesto a la renta ( http://bit.ly/1MzJkdV  Ver Art. 19.a de la Ley del Impuesto a la Renta vigente desde 1994, gobierno de Fujimori). Pero el privilegio no acaba ahí. Además de las escandalosas exoneraciones, Ud. señor, Ud. señora, crea o no crea en el dios católico, paga del sudor de su frente, con su esfuerzo y trabajo, más de 2 millones y medio de soles al año a la Iglesia Católica porque… porque así lo acordaron alguna vez en la historia y ningún presidente ha tenido los pantalones de eliminar esta subvención a una institución que además lucra con muchos de los servicios que provee (matrimonios, bautizos, etc.). Acá la Ley de Presupuesto Público 2015 que, vía el Ministerio de Justicia (Anexo A) subvenciona a la Iglesia Católica con S/. 2.603.000 ( http://bit.ly/1Cudrt2 ).

Pero hay más. En 1980 el presidente y militar Francisco Morales Bermúdez se alió con la Iglesia Católica y firmó un concordato (tratado internacional) justo 10 días antes de acabar su gobierno ( http://bit.ly/1Mpg7vK ). En ese tratado –que nunca pasó por el Congreso– se cimientan los privilegios que todos los presidentes hasta hoy han seguido avalando: “la Iglesia recibe del Estado la colaboración conveniente para la mejor realización de su servicio a la comunidad” (Art. I). “La Iglesia Católica y las jurisdicciones y comunidades religiosas que la integran continuarán gozando de las exoneraciones y beneficios tributarios y franquicias que les otorgan las leyes y normas legales vigentes” (Artículo X).

Quizás porque este concordato jamás fue validado por el Congreso, durante el gobierno de Alan García, en el 2010, se promulgó la Ley de Libertad Religiosa, en la que pese a la oposición y reclamo de otras confesiones religiosas y de la sociedad civil, se incluyó la “Segunda disposición complementaria final” dirigida a convalidar el concordato en beneficio de la Iglesia Católica: “La presente Ley, su reglamento y cualquier otra norma complementaria no afectan lo dispuesto en el tratado aprobado por el Decreto Ley Nº 23211, que aprueba el acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú (…)” ( http://bit.ly/1lnLeAG ).

Y García siguió beneficiando a la Iglesia Católica. Dos días antes de dejar el gobierno en 2011 promulga el Reglamento de la Ley de Libertad Religiosa mediante el cual se enlistan todas las normas de exoneraciones a la Iglesia Católica (Art. 15) y pone candado para que ninguna otra entidad religiosa, en la práctica, pueda acceder a esos beneficios. (Ver requisitos para inscripción de entidades religiosas, Art. 19: “h. Número de fieles o adherentes mayores de edad no menor a 10.000 mil” ( http://bit.ly/1k0MdYC ).

¿Por qué tenemos que resignarnos a ser gobernados por quienes ni siquiera hacen efectiva la Constitución, que dispone la laicidad (neutralidad) de nuestro Estado? ¿Acaso tenemos que resignarnos a que las leyes digan una cosa y la realidad otra? ¿Tenemos que aceptar esta violación al Estado de derecho, al principio de laicidad y soportar que se transgredan cotidianamente? No. No debemos renunciar a exigirles a los gobernantes que cumplan con la Constitución y con representarnos a todos por igual.