lunes, 16 de diciembre de 2024

VÍCTOR ZANABRIA SOBRE PASE AL RETIRO DE HARVEY COLCHADO: ‘CON UNA SANCIÓN ES IMPOSIBLE QUE ASCIENDA'

 

Coronel Harvey Colchado pasará a retiro a inicios del 2025.

El comandante general de la PNP explicó que se trata de un proceso regular que compete a la renovación de cuadros.

El comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, se pronunció acerca del pase al retiro del coronel Harvey Colchado. Durante una entrevista a RPP, explicó que su situación de retiro se da por "renovación de cuadros por proceso regular" porque no podía "asignársele cargo específico en razón de su antigüedad, especialidad funcional o perfil profesional, en el cuadro de organización y cuadro de personal de la Policía Nacional del Perú".

De acuerdo con Zanabria, el proceso se realiza cada año, por lo que no representa una irregularidad. "Como todos los años, se ha desarrollado el proceso de renovación de cuadros, el cual tiene unas condiciones para que los oficiales puedan ser invitados. Estas condiciones hablan de más de 20 años de servicio y tener, por lo menos, 5 años en el grado. Estas condiciones se cumplen en los 319 oficiales, de los cuales hay 22 oficiales generales de armas, 52 coroneles, 138 comandantes y 85 mayores de armas, junto con los oficiales de servicios hacen un total de 319 oficiales invitados, más 200 suboficiales"

Asimismo, explicó que cuando un efectivo policial presenta una sanción de rigor ya no puede ascender. "Cuando un oficial es sancionado con rigor, en el caso específico el coronel Colchado, esto no le permite tener asignación de cargo similar al que ocupaba durante los siguientes cinco años, y con una sanción de rigor es imposible que un oficial superior pueda ascender a oficial general. Entonces, estas dos condiciones se han plasmado en el acta que sustenta su pase al retiro, al igual que en cada uno de los oficiales que han sido considerados en esta relación", indicó.

"Es un proceso regular"

"Las sanciones que tiene el señor coronel no le permiten asignación de cargo similares a los que ha estado ocupando durante 5 años. La misma norma lo dice, no es que lo hayamos invitado ni que la norma se haya hecho este año, es un proceso regular que establece esas condiciones. No hay otro cargo que pueda ejercer, similar", agregó.

Además, destacó que el pase al retiro no responde a una venganza de parte del Ejecutivo. "No hay ninguna venganza acá, entonces estamos hablando de 319 venganzas y ese creo que no es el calificativo que se le puede dar a un procedimiento regular de las actividades que desarrolla la Policía […] Aquí no estamos deshaciéndonos de nadie, acá está haciéndose un proceso regular de evaluación, pasando al retiro por renovación de cuadros", manifestó.

viernes, 29 de noviembre de 2024

DURAS CRÍTICAS DE JOSÉ MUJICA A EVO MORALES, CRISTINA KIRCHNER, VENEZUELA Y NICARAGUA: “TENGO ÍNTIMA DISCREPANCIA CON LOS REGÍMENES AUTORITARIOS”





José Mujica brindó una entrevista en su chacra en Montevideo

El ex presidente uruguayo hizo un análisis de la situación política en la región y tomó distancia de los dirigentes políticos que no dejan lugar a sus sucesores: “¡Cómo les cuesta largar el pastel!”

El ex presidente uruguayo José “Pepe” Mujica cree que el cambio llegará “de adentro” en Venezuela “en algún momento”, según afirmó en una entrevista con la agencia de noticias AFP.

“Tengo íntima discrepancia con los regímenes autoritarios.

Lo que no avalo es la intervención de afuera. Los problemas de Venezuela los tienen que resolver los venezolanos. Y en todo caso hay que ayudarlos. Pero no meterse”, señaló el ex mandatario (2010-2015).

Mujica negó que el régimen de Maduro, en el poder desde 2013, sea de izquierda o comparable al de su antecesor, el fallecido ex presidente Hugo Chávez (1999-2013). “Algunos de los chavistas están afuera de eso y muchísimos están perseguidos en el mundo”, subrayó.

Mujica, un ex guerrillero que abrazó la democracia tras pasar 14 años preso, la mayor parte durante la dictadura (1973-1985), también deploró el “autoritarismo” de Nicaragua bajo Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, que lucharon contra la dictadura de Anastasio Somoza (1937-1979), gobernaron en los años 1980 con el FSLN, y volvieron al poder desde 2007.

“Lo de Nicaragua no tiene gollete (sentido)”, dijo. “Es increíble la revolución sandinista en qué desemboca, en la vieja esa llena de piedras y de cosas. Es monstruoso. (...) Era una revolución soñadora contra Somoza”.

“A los cubanos los pongo aparte. No porque tengan razón. Es que definieron hace como 70 años la dictadura del proletariado y un partido único. Y nosotros tenemos relaciones con China y con Vietnam, y no nos hacemos ningún problema. Entonces banquemos esa situación. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque no da resultado”, dijo Mujica.

Y añadió: “Lo que más me revienta es cuando juegan a la democracia y después le hacen fraude. Eso es insoportable”.

“El autoritarismo en América Latina es un paso atrás. Lo vivimos históricamente cuando Estados Unidos se metía en todos lados”, opinó Mujica. “Pero ahora nosotros hacemos frangolladas también”.

Mujica cuestionó al ex presidente boliviano Evo Morales (2006-2019), enfrentado por el control de la izquierda oficialista con el mandatario Luis Arce, a quien acusa de querer “proscribirlo” de la carrera electoral utilizando el sistema de justicia.

“En la vida hay un tiempo para llegar y otro tiempo para irse (...) Lo de Evo es inconcebible”, dijo; y también criticó a la argentina Cristina Kirchner, dos veces presidenta (2007-2015) y vicepresidenta entre 2019 y 2023.

“Ahí está la vieja Kirchner en la Argentina, al frente del peronismo. En lugar de ponerse de vieja consejera y dejar nuevas generaciones, no, está jodiendo ahí. ¡Cómo les cuesta largar el pastel! ¡Que lo parió!”, exclamó Mujica.

El ex presidente uruguayo también ve con preocupación que su “viejo amigo” Luiz Inácio Lula da Silva, que gobierna por tercera vez Brasil, no tenga sucesor en vista.

“Lula está a cerca de los 80 años. Y no tiene repuesto. Esa es la desgracia de Brasil”, dijo Mujica.

“El acuerdo Mercosur-UE no sale ni en el año del golero”

En otro orden, el ex presidente uruguayo vaticinó el fracaso del acuerdo comercial que buscan finalizar la Unión Europea (UE) y el Mercosur tras 25 años de negociaciones, y al que se opone férreamente Francia.

“No sale ni en el año del golero. Porque los campesinos franceses no quieren. Y los campesinos franceses dominan la cultura francesa”, aseguró Mujica.

El ex mandatario reconoció que si fuera francés estaría del lado de los agricultores. “Pero como no soy francés, no me conviene”, dijo.

Los términos del pacto entre los 27 países de la UE y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, por parte del Mercado Común del Sur, se acordaron en 2019, pero varios países, incluidos Francia, Italia y Polonia, lo rechazan, bajo presión de sus sectores agrícolas.

El acuerdo permitiría a los cuatro países del bloque sudamericano aumentar sus cuotas de entrada a la UE de carne vacuna, avícola y porcina, así como de miel, azúcar y otros productos.

Los gremios agropecuarios de la UE denuncian una competencia desleal, ya que la producción de esos alimentos en el Mercosur no está sometida a los mismos requisitos ambientales y sociales ni a las mismas normas sanitarias en caso de controles defectuosos.

“Eso lo toman de pretexto”, sostuvo Mujica. “Están defendiendo sus intereses. No pueden competir con el Mercosur”.

Las discusiones sobre los avances de las negociaciones estarán sobre la mesa la semana que viene, durante la 65ª cumbre del Mercosur el 5 y 6 de diciembre en Montevideo.

AGENTES DE LA DICTADURA DE NICOLÁS MADURO ASEDIARON LA RESIDENCIA DE LA MADRE DE MARÍA CORINA MACHADO EN CARACAS



Agentes de la dictadura de Nicolás Maduro asediaron la residencia de la madre de María Corina Machado en Caracas

El Comando Con Venezuela denunció que patrullas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional rodearon la vivienda con sirenas encendidas y funcionarios encapuchados

El régimen de Nicolás Maduro intensificó este jueves su acoso contra la líder opositora María Corina Machado, al recurrir a una táctica de hostigamiento directo hacia su familia.

La residencia de Corina Parisca de Machado, madre de la dirigente de Vente Venezuela, fue objeto de asedio por parte de agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Según denunció el Comando Con Vzla a través de X, dos patrullas de la policía política de Maduro se estacionaron frente a su residencia en Caracas en dos ocasiones, manteniendo las sirenas encendidas mientras funcionarios encapuchados patrullaban alrededor de la casa.

De acuerdo con lo explicado por la coalición opositora, cada incursión duró alrededor de 30 minutos, sin que se proporcionaran razones oficiales para la presencia de los agentes.

“Hoy, jueves, 28 de noviembre, hasta esta hora (01.24 GMT), dos patrullas del Sebin se han estacionado en dos oportunidades frente a la casa de la madre de María Corina Machado con las sirenas prendidas y funcionarios encapuchados rondando el acceso”, se lee en la publicación.

El equipo no precisó si la madre de Machado, Corina Parisca, se encontraba en el lugar.

Este nuevo episodio de intimidación se suma a una serie de represalias contra Machado, quien ha sido blanco constante de la persecución del régimen chavista.

En su cuenta en X, la opositora compartió este jueves un video en el que expresó su indignación ante las acusaciones de “traición a la patria” que le imputa la dictadura chavista, debido a su apoyo a la Ley Bolívar aprobada recientemente por el Congreso de Estados Unidos.

“Nos acusarán de traición a la patria cuando dejemos de creer que este país va a ser libre”, dijo Machado en su mensaje, asegurando que no se rendiría en su defensa de Venezuela.

Aseguró que rendirse ante el régimen sería una verdadera traición, y se comprometió a luchar hasta el final por la democracia y la justicia en el país.

El hostigamiento a la familia de Machado se produce en un contexto de creciente persecución política, que incluye investigaciones judiciales abiertas contra ella. En este caso, el Ministerio Público chavista ha iniciado un procedimiento en su contra, acusándola de conspiración con potencias extranjeras y de incitar a la violencia contra Maduro.

En los últimos días, la oposición mayoritaria de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), ha denunciado el asedio en las afueras de la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas -custodiada por Brasil-, donde se encuentran refugiados seis antichavistas desde marzo.

Este miércoles, el opositor Omar González, uno de los seis opositores asilados en la residencia, informó que el régimen de Nicolás Maduro “bloquea” el suministro de agua potable a la sede diplomática, días después de que fuera reportado el corte de electricidad.

En la misma red social, Pedro Urruchurtu, también asilado y estrecho colaborador de la líder opositora María Corina Machado, aseguró que “el régimen prohíbe el ingreso de un camión cisterna con agua potable”.

Además de Urruchurtu y González, también se encuentran asilados Magalli Meda, jefa de campaña de Machado; Claudia Macero, coordinadora de comunicaciones de Vente Venezuela (VV); Humberto Villalobos, coordinador electoral del comando de campaña de VV, y el ex ministro Fernando Martínez Mottola, asesor de la PUD.

El líder opositor Edmundo González Urrutia también ha denunciado el asedio en la Embajada de Argentina en Caracas.

“Seis personas que se encuentran bajo resguardo en la Embajada argentina en Caracas, actualmente bajo protección del Gobierno de Brasil, enfrentan cortes en el suministro eléctrico, restricciones extremas al acceso de alimentos, agua y bienes esenciales, además de la presión por el asedio de funcionarios policiales apostados fuera de la residencia”, detalló.

Para González Urrutia dichas acciones “no solo violan derechos fundamentales, sino también acuerdos internacionales sobre protección y refugio diplomática”.

“Exigimos respeto a la humanidad y al Derecho Internacional”, sentenció.

martes, 20 de agosto de 2024

LA DICTADURA DERROTADA AGONIZA CON FALSIFICACIONES, TERRORISMO DE ESTADO Y OPOSICIÓN FUNCIONAL PARA DESMOVILIZAR AL PUEBLO DE VENEZUELA

El pueblo, liderado por María Corina Machado y representado por Edmundo González Urrutia, tiene como armas la razón, las pruebas de una victoria contundente, su valentía, la sangre y sufrimiento de los miles de (detenidos y torturados sin orden judicial), decenas de asesinados y los millones de exiliados 
A tres semanas del descalabro del socialismo del siglo XXI en Venezuela, el pueblo sostiene su victoria del 28 de Julio (28-J) bajo el extraordinario liderazgo de María Corina Machado y el reconocimiento internacional del presidente electo Edmundo González Urrutia. 
 La dictadura, con Nicolás Maduro como cabeza visible de la intervención internacional que sufre Venezuela, agoniza con falsificaciones, terrorismo de Estado y reactivación de la oposición funcional, para infundir miedo y desmovilizar al pueblo victorioso. 
La lección de organización, persistencia y resistencia dada por los venezolanos al castrochavismo o socialismo del siglo XXI es la liberación de su Patria y de las Américas. 
La delincuencia organizada trasnacional lo sabe y por eso la dictadura de Cuba dirige y perpetra criminal batalla en Venezuela, porque de ella depende su sobrevivencia. 
 Por eso los gobiernos para dictatoriales de Lula da Silva de Brasil, López Obrador de México y Petro de Colombia simulan y pasan vergüenza para sostener el oprobio; por eso las dictaduras extra hemisféricas de Rusia, China, Irán y Corea del Norte apoyan sin reservas a su plataforma. 
 Pero no va más, el mundo civilizado ve con horror la intervención, la represión y el terrorismo de Estado infraganti, que es de tal impacto, que no se puede continuar con la simulación ni la complicidad.
 Las dictaduras del socialismo del siglo XXI han sido derrotadas en Venezuela con impacto global y operan una estrategia interna e internacional de emergencia para retener el poder indefinidamente. 
 Es la lucha por la falsificación de la narrativa, es el crimen organizado que no puede entregar Venezuela, porque eso es el principio del fin del sistema delictivo que manipulan con máscara de antiimperialismo. 
El triunfo del pueblo venezolano del 28 Julio ha vencido y está desplazando al intervencionismo, al narcotráfico, al lavado de dinero, a la financiación de campañas políticas espurias en toda la región, al tráfico humano, a la protección de criminales, a la penetración de las dictaduras extra hemisféricas, al financiamiento y protección del terrorismo internacional, a la corrupción, a la impunidad y más. 
 El frente es muy amplio y el objeto de la disputa es la libertad y la democracia de las Américas, es la prevalencia o derrota de los principios y valores de la civilización occidental versus el crimen organizado operado con disfraz de política socialista. 
El pueblo venezolano liderado por María Corina Machado y representado por el presidente Edmundo González Urrutia tiene como armas la razón, las pruebas de una victoria contundente, su valentía, la sangre y sufrimiento de los miles de asesinados y torturados por la dictadura y los millones de exiliados.
 Han hecho lo increíble, lo imprevisto e inesperado, han derrotado a los dueños y manipuladores criminales del poder y de las elecciones. 
 Le han ganado al sistema de la “dictadura electoralista”, han triunfado prácticamente sin oportunidades, han desnudado a la dictadura que solo tiene como respuesta más falsificación y más crímenes. 
La dictadura en agonía insiste en el fraude electoral que ha perpetrado infraganti a vista de todo el mundo, pese a que el fraude está certificado por el Centro Carter, por decenas de países y por la prueba contundente de cerca de 600 mil venezolanos que hicieron control electoral. 
 El crimen se atrinchera en la mentira y la sostiene con “terrorismo de Estado”, el método con el que Cuba detenta el poder hace más de 65 años y en Venezuela más de 25 años, que consiste en la “comisión de crímenes desde el poder para producir MIEDO EN LA POBLACION y de esa forma logar conductas de sometimiento”. 
 Por eso Maduro ha dictado pública sentencia de prisión y muerte contra María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. 
Parte del terrorismo de Estado es la difusión de noticias falsas y el retorno activo de la “oposición funcional” para asustar, desmotivar y desmovilizar al pueblo venezolano que está decidido a defender su triunfo, pero que puede ser dividido y amedrentado por los simuladores. 
 Solo basta ver las redes sociales y los medios para encontrar oficiosos apologistas de la dictadura asustando a la gente, asesinando la reputación de Machado y González e incitando una nueva migración forzada y al abandono de la movilización. 
 El momento pone en evidencia a los miserables mercenarios de la dictadura que otrora oficiaron de opositores y que hoy son operadores abiertos del sostenimiento del crimen que los beneficia con corrupción. 
Los opositores funcionales han caído con la dictadura y agonizan con ella. 
Ya están siendo señalados y resisten a su fin que es la rendición de cuentas. 
Su trabajo vil consiste ahora en desmovilizar, asustando e infundiendo miedo a los venezolanos, para inducirlos a abandonar su triunfo del 28 de Julio en beneficio de la dictadura y en perjuicio de los propios venezolanos y de todas las Américas. 
 Pero no funciona, el liderazgo de Venezuela esta hoy en manos valientes e incorruptibles…”la libertad tiene nombre de mujer.” 
*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy www.carlossanchezberzain.com

miércoles, 14 de agosto de 2024

¿POR QUÉ FRACASÓ EL ACUERDO DE BARBADOS- QUÉ SIGUE EN VENEZUELA?

 




El Acuerdo de Barbados entre el régimen venezolano, Estados Unidos y la oposición democrática, respaldado por otros países garantes, fue un intento de facilitar elecciones libres en Venezuela a cambio del levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos. Sin embargo, el acuerdo no logró su objetivo y el día viernes 26 de enero el Tribunal Supremo de Justicia inhabilitó por 15 años a la candidata opositora María Corina Machado, al igual que al ex candidato presidencial Henrique Capriles. Ante la oleada de pronunciamientos de la comunidad internacional y las amenazas de la Casa Blanca de restituir las sanciones a Venezuela por la violación a los acuerdos dándole un plazo a Maduro hasta el mes de abril, el chavismo optó por cerrar filas otra vez y decantarse por un nuevo aislamiento al estilo “Ortega”, sin importarles los costos políticos, económicos y humanos que esa decisión conlleva. A esto se suman doce nuevas detenciones de activistas venezolanos, siendo la más reciente la de la abogada y activista de DDHH, Rocío San Miguel, el pasado 9 de febrero.

A continuación, intentaremos hacer un análisis para determinar qué pretendía realmente obtener el régimen venezolano de los Acuerdos de Barbados y así entender “su ganancia” al momento de la retirada de la mesa de negociación. En ese sentido, este documento explorará una de las razones principales detrás del fracaso de los acuerdos: la premisa errónea de reducirle los costos únicamente a Nicolás Maduro sin considerar la naturaleza corporativa del régimen venezolano, además de prospectar los posibles escenarios a los que se enfrenta el país en los próximos meses, tomando en cuenta ejemplos recientes en la región. ACUERDO DE BARBADOS

domingo, 11 de agosto de 2024

LA OPOSICIÓN VENEZOLANA ENTREGÓ UN RESUMEN SOBRE LAS VIOLACIONES DE LOS DDHH POR PARTE DEL RÉGIMEN DE MADURO A ENTIDADES INTERNACIONALES


Un grupo de personas protestan frente a la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Caracas (Venezuela)

El extracto destaca los altos índices de pobreza, la inseguridad alimentaria, la escasez de agua y servicios básicos, la atención deficiente a la pandemia, la “desnutrición” de los presos, y los homicidios y feminicidios

Humberto Prado, representante para los derechos humanos del opositor de Venezuela Juan Guaidó, entregó este lunes a organizaciones internacionales un resumen sobre la materia, que destaca la realidad de los presos, la libertad de prensa bajo ataque y las acciones ilegales de cuerpos de seguridad del Estado.

Prado entregó el documento a Esmeralda Arosamena, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); José Manuel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch; Ángela Meyer, directora de la Fundación Robert Kennedy; y Geoff Ramsey, director de Washington Office on Latin America (WOLA), entre otros, informó la oposición en un comunicado.

El resumen, titulado “Relatos de Tortura: la realidad silenciosa de los militares privados de libertad, Libertad de prensa bajo ataque y Letalidad e Impunidad de las acciones ilegales realizado por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES)”, se elaboró, según Prado, recopilando datos de la sociedad civil y de organismos internacionales en materia de derechos humanos.

Según la nota, “ante el aumento de denuncias de violaciones de derechos humanos y la ausencia de respuesta a las mismas, se ha trabajado en documentar y activar los mecanismos de protección de derechos humanos disponibles que permitan proteger y garantizar efectivamente los derechos de los venezolanos”.

El extracto destaca los altos índices de pobreza, la inseguridad alimentaria, la escasez de agua y servicios básicos, la atención deficiente a la pandemia, la “desnutrición” de los presos, y los homicidios y feminicidios.

Con la información recabada, la oposición concluyó que “lo que se vive en Venezuela es la crisis más grave en los 25 años que se lleva trabajando el tema de derechos humanos y que la falta de un Estado de derecho y democrático ha abierto paso a actuaciones y omisiones que se evidencian en todo el territorio nacional”.

Los informes de los que se extrajeron los datos para el resumen proceden de organizaciones nacionales e internacionales sobre derechos humanos, según aseguró la oposición.


Entretanto, se dio a conocer que la dictadura venezolana continúa usando brutales métodos de tortura en sus centros de detención, pese a los intentos de mostrarse colaborativa con la Alta Comisión de Derechos Humanos, según denunció la activista Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto Casla.


“Caja de muñecas” es el nombre usado por el régimen para este método que está siendo aplicado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

“Colocan a los detenidos en un espacio de 60 cm x 60 cm. Los dejan allí por horas, algunos han pasado hasta tres noches”, explicó una ilustración del Instituto Casla, en un adelanto del informe que presentará en enero sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

El escaso espacio hace que los detenidos, habitualmente perseguidos políticos, tengan que estar parados y prácticamente no tengan espacio para sentarse o ponerse en cuclillas sin chocar con las paredes.


La publicación incluyó el testimonio de una víctima que fue torturado en el lugar y que detalló los efectos físicos y psicológicos sufridos: “Pasé tres días en esa especie de cajón, sin agua y comida, sin aire, negro completamente, y creí que veía luces y sombras y que me hablaban. Me desmayé tres veces del cansancio, me hice pipí y me aguantaban las paredes, estaba alucinando”.

Por su parte, Suju añadió: “En esta ‘caja de muñecas’ hay víctimas que han pasado más de una semana. La sensación de asfixia es como estar enterrados en un ataúd. Jamás lo olvidan”. Su mensaje estuvo acompañado de la etiqueta “No a la normalización del horror en Venezuela”.


domingo, 21 de julio de 2024

CÁRCELES SOBREPOBLADAS EN PERÚ: MÁS DE 52 MIL PRESOS EXCEDEN LA CAPACIDAD, SEGÚN CIFRAS DEL INPE

En el top de los penales peruanos con más del triple de reclusos se encuentran el del Callao, Chanchamayo, Quillabamba, Abancay, Camaná, Miguel Castro Castro, Huancavelica, Pucallpa, Tacna y Huanta. 
Esto significa que el hacinamiento carcelario en el país alcanza el 130%. 
Son 68 establecimientos penitenciarios, de los cuales 49 superan hasta el 500% de su capacidad. 
Las cárceles peruanas enfrentan una crisis de sobrepoblación extraordinaria, llegando a un exceso del 130% sobre su capacidad real, según los informes más recientes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). 
Actualmente, Perú cuenta con 68 establecimientos penitenciarios en todo el territorio nacional, diseñados para albergar a 41.019 reclusos. 
Sin embargo, la cifra real de población penitenciaria asciende a 93.985, lo que deja un excedente de 52.966 presos sin el espacio adecuado para ser recluidos en condiciones dignas. 
Este nivel de hacinamiento no solo constituye una vulneración de los derechos humanos, sino que también va en contra de los tratados internacionales que el país ha suscrito para garantizar el respeto y la integridad de las personas privadas de libertad, según señala una tesis de la Facultad de Derecho PUCP. 
Entre los 68 establecimientos penitenciarios del país, 49 reportan tasas de hacinamiento crítico, superando en muchos casos el 100% de su capacidad y de forma aún más alarmante, algunos llegan a sobrepasar el 200%, 300%, 400% y hasta el 500%. 
Este fenómeno no es reciente, sino que forma parte de una problemática persistente que ha plagado al sistema penitenciario peruano durante años. 
“El hacinamiento en las cárceles del Perú no es un tema actual, es una realidad latente”, se lee en la tesis ‘El hacinamiento penitenciario en Perú: la vulneración sistemática de derechos fundamentales de los internos’. 
La raíz de este problema se atribuye no solo a la falta de infraestructura y la insuficiencia de establecimientos adecuados para satisfacer la demanda, sino también a un fenómeno conocido como populismo punitivo. 
Este último término hace referencia a un enfoque en el que se prioriza la imposición de penas severas sin el debido acompañamiento de políticas que promuevan la rehabilitación y la reinserción social de los convictos. 
A ello se suma la ausencia de instalaciones sanitarias adecuadas y las pésimas condiciones de vida dentro de los penales, que agravan aún más la crisis en el sistema penitenciario. 
Las consecuencias de la sobrepoblación carcelaria en Perú van más allá de las meras cifras y se traducen en riesgos significativos para la salud y la seguridad tanto de los internos como del personal penitenciario. 
La situación demanda una respuesta inmediata y efectiva que involucre tanto a las autoridades del ámbito penitenciario como a la sociedad civil y a organismos internacionales comprometidos con la defensa de los derechos humanos. 
“En los últimos años se han ido implementando Decretos Legislativos a fin de deshacinar las prisiones, entre ellos figuras como la remisión condicional de la pena, la redención excepcional de la pena y los referidos a la flexibilización de los requisitos de beneficios penitenciarios: semilibertad o liberación condicional”, señala la tesis. 
El gobierno peruano se enfrenta a un desafío que requiere medidas urgentes y sostenibles. 
La construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, la revisión de las políticas de sentencias y la promoción de alternativas al encarcelamiento para delitos menores, son algunas de las acciones necesarias para mitigar el hacinamiento y mejorar las condiciones de vida en las cárceles. 
Sin embargo, también es fundamental abordar el problema desde una perspectiva de derechos humanos, garantizando que la reforma del sistema penitenciario se rija por principios de justicia, equidad y respeto a la dignidad de todas las personas.

martes, 16 de julio de 2024

CONGRESO LEGISLA A FAVOR DE ORGANIZACIONES CRIMINALES: APRUEBAN CAMBIOS QUE EXCLUYE MÁS DE 50 DELITOS

Comisión Permanente votó a favor del proyecto que plantea modificaciones peligrosas en la definición de organización criminal, y que establece la presencia obligatoria de un abogado durante los allanamientos. 
La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó este jueves 4 de julio el texto sustitutorio del dictamen del Proyecto de Ley 5981, que modifica la definición de organización criminal y obliga a que los allanamientos se realicen con la presencia del involucrado y su abogado. 
La decisión tomada en segunda votación resultó con 12 votos a favor, tres en contra y nueve abstenciones. 
La nueva normativa establece el siguiente cambio: “Se considera organización criminal a todo grupo con compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa compuesto por tres o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido que, de manera concertada y coordinada, se reparten roles correlacionados entre sí, para la comisión de delitos graves sancionados con pena privativa de libertad mayor de seis años, con el fin de obtener, directa o indirectamente el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal, para obtener un beneficio económico”. 
El peligro de ello es que fija criterios más altos para calificar el delito de organización criminal y podría obstaculizar las investigaciones. 
Ricardo Valdés, exviceministro del Interior y actual director ejecutivo de la organización CHS Alternativo, advirtió que la nueva definición de crimen organizado implicará que solo se consideren delitos graves aquellos con penas superiores a seis años de cárcel. 
Asimismo, crímenes graves como tráfico de órganos y tejidos, tráfico ilícito de migrantes y tráfico ilegal de datos personales también quedarían fuera del alcance de la ley revisada. 
Esto excluye de esa categoría delitos como estafa agravada, tráfico de productos pirotécnicos, tala ilegal, tortura simple, concusión, colusión simple, peculado, cohecho pasivo, soborno internacional pasivo, negociación incompatible y enriquecimiento ilícito básico, entre otros. 
La reducción en la cantidad de delitos procesados bajo las estrictas normas actuales debilitaría la lucha contra el crimen organizado, según advirtieron estas instituciones. 
Valdés afirmó que el Congreso está legislando a favor de la criminalidad. 
“La ley consideraba más de 90 tipos penales como crimen organizado, pero ahora —que han subido la valla— están dejando fuera 59 delitos”, indicó. 
La propuesta legislativa además, limita las facultades del Ministerio Público para solicitar el bloqueo de cuentas bancarias relacionadas con ingresos pensionarios y activos de partidos políticos. 
También los fiscales perderían la capacidad de extender la detención preliminar de 3 a 10 días, como lo permite la legislación penal actual. Aprueban allanamientos con presencia de involucrado y abogado Sobre el allanamiento, la ley establece que debe realizarse con la presencia del interesado y su abogado. En caso de no contar con un abogado, se le proporcionará uno de oficio. 
El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado, en diálogo con El Comercio, expresó que laa ley compromete las obligaciones internacionales del Estado peruano en la lucha contra el crimen organizado, incluidas en la Convención de Palermo. 
La propuesta fue impulsada por el congresista Américo Gonza de Perú Libre, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, en base a un proyecto presentado por Waldemar Cerrón, hermano del prófugo Vladimir Cerrón. 
Diversas instituciones del Estado, como el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú, se manifestaron en contra del proyecto. 
Según advirtieron, la modificación debilita la lucha contra las organizaciones criminales y crea ámbitos exentos de control que podrían propiciar la impunidad.
VERF VIDEOS:

martes, 2 de julio de 2024

CAPITÁN PNP ENTREGÓ A LA FISCALÍA EL TELÉFONO QUE CONFIRMARÍA CONVERSACIONES CON MINISTRO JUAN SANTIVÁÑEZ

El último fin de semana un dominical reveló un nuevo audio que da cuenta de una posible injerencia del actual titular del Mininter en el caso de Harvey Colchado. 
 Este martes 2 de julio, fuentes allegadas a la unidad de investigación de La República informaron que el capitán de la Policía Nacional del Perú (PNP), Junior Izquierdo, entregó su teléfono celular al Ministerio Público, el cual contiene conversaciones con el actual ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien habría realizado pedidos al efectivo del orden. 
El 20 de junio, el portal periodístico La Encerrona reveló que Juan José Santiváñez habría ordenado controlar al director de dicho medio tras juramentar en el cargo como titular del Ministerio del Interior en mayo del presente año. 
En un audio compartido en su canal de YouTube, el periodista Marco Sifuentes expuso a Santiváñez, quien solicitó a un amigo que tomara medidas al respecto, dado que el periodista ha sido un crítico de su gestión. 
Este "amigo" al que hace referencia el también abogado penalista, se trataría del capitán Junior Izquierdo, luego de que el programa Punto Final expusiera nuevas pruebas. 
"Querido amigo, ¿cómo estás? Oye, dile al doctor que controle a ese individuo de La Encerrona. 
La gente cree que me están empezando a golpear y esa no es la idea. 
Tú sabes que nosotros somos amigos y hemos hablado. 
Yo voy a apoyar en la medida de lo posible y estoy siendo respetuoso. 
Tienes mi ayuda y apoyo en lo que necesites, pero controlen a ese sujeto porque insulta y agrede, y no voy a aguantar más situaciones incómodas. 
Por favor", se le escucha decir a Santiváñez Antúnez. 
Harvey Colchado sería el "doc" al que hace referencia el titular del Mininter 
La defensa legal del exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), Harvey Colchado, se pronunció en Canal N tras la divulgación de un audio en el que el actual ministro del Interior, Juan José Santiváñez, sugeriría realizar acciones en contra del director del portal periodístico La Encerrona, debido a los cuestionamientos recibidos al inicio de su gestión. 
En este contexto, el abogado Miguel Pérez Arrollo afirmó que su representado ya ha emitido declaraciones sobre el tema y confirmó la autenticidad de los audios en los que se escucha al ministro del Interior, indicando que incluso existirían otros registros. 
Pérez Arrollo añadió que un integrante de la Policía Nacional del Perú envió a Colchado Huamaní audios y conversaciones adicionales sobre el caso
"Para empezar, ya hay declaraciones de mi patrocinado en función a estos eventos y puedo decir que estos audios son reales y que existen más audios incluso. 
Pareciera que sí (voz de ministro del Interior), esos audios, por lo que he tenido conocimiento, es que hay un oficial de la Policía que le ha entregado y le ha hecho llegar a mi patrocinado (Harvey Colchado), no solamente audios, sino también conversaciones con las características que ahora se han propalado, de los cuales ustedes (medios de prensa) han sido testigos. 
Hay un oficial de la Policía que le ha entregado audios y conversaciones al señor Colchado", sostuvo. Santiváñez muestra interés en el caso de Harvey Colchado 
En ese sentido, el dominical Punto Final reveló el posible interés que tendría Santiváñez Antúnez en el coronel y exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), quien hace unos meses lideró el operativo de allanamiento a la vivienda de la presidenta Dina Boluarte, ubicada en el distrito de Surquillo y en Palacio de Gobierno. 
Asimismo, en la detención de su hermano mayor, Nicanor Boluarte, quien es investigado por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder por presuntamente liderar una posible red criminal denominada 'Waykis en la Sombra'. 
Según la información proporcionada, esta conversación se realiza el 26 de mayo, dos semanas después de la detención preliminar de Nicanor Boluarte. 
Este diálogo se da entre el exabogado de Harvey Colchado, el abogado Estéfano Miranda y el miembro del Gabinete Ministerial con la finalidad de obtener información sobre la resolución del proceso disciplinario que dispuso la Inspectoría de la Policía Nacional contra Colchado Huamaní. 
"Hermano, disculpa la molestia, ¿tú tendrás la resolución de apertura del proceso disciplinario que pasó Cuarto Poder? 
Lo que pasa es que un amigo que es periodista, y que siempre me apoya, me está diciendo que Cuarto Poder lo tiene. 
A ver si me puedes apoyar", se le escucha a Santiváñez en el material auditivo.

martes, 25 de junio de 2024

SALATIEL MARRUFO DECLARÓ A FISCALÍA QUE DINA BOLUARTE DIRIGIÓ PLAN DE INFLUENCIA EN EL JNE EL 2021

Por investigar. 
 Exasesor de Castillo dijo que actual mandataria ordenó influir en magistrados cuando se disputaban los votos de la segunda vuelta con impugnaciones del fujimorismo. 
El abogado Salatiel Marrufo, exasesor del gobierno de Pedro Castillo investigado en casos de corrupción, declaró a la Fiscalía que la actual presidenta, Dina Boluarte, dirigió una operación para influir en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a favor de Perú Libre en el 2021 con que lograron el triunfo electoral, según reveló el programa televisivo Punto Final, de Latina. 
Marrufo dio dos manifestaciones a la Fiscalía en mayo del año pasado y en abril último, asegurando que Boluarte influyó en el JNE en beneficio de la fórmula de Perú Libre que integraba como vicepresidenta.
 En ese esfuerzo estaban también Castillo y sus colaboradores Alejandro Sánchez, exfinancista, y José Nenil Medina, exalcalde de Anguía, distrito del exmandatario en Cajamarca. 
Relató que hubo una primera reunión el 7 de junio de 2021, un día después de la votación de segunda vuelta, en la avenida Bolivia 724, en Breña, predio que poseía Grika Asayag, amiga y mano derecha de Boluarte, y que era como una base de operaciones de la hoy mandataria. 
Según Marrufo, los abogados que convocó a la entonces candidata a la Vicepresidencia, le expusieron los avances sobre impugnaciones de votos. 
Afirmó que ese mismo día fue convocado al jirón Colón, distrito de Breña, (¿en la noche, y conoció a Castillo?) “Fui presentado por José Nenil Medina (…). (¿Fue en dicha reunión en donde se pactó buscar los contactos con los miembros del Jurado Nacional de Elecciones?). 
 Fue Alejandro Sánchez Sánchez quien dijo conocer a Richard Acuña, hijo de César Acuña, porque ellos tenían un contacto en el Jurado”, dijo Marrufo a la Fiscalía. 
“El miércoles 9 de junio de 2021, Nenil Medina y Alejandro Sánchez, reunidos en la casa Sarratea durante la mañana, confirmaron que ya tenían asegurados los votos de Perú Libre tanto del magistrado Sanginez Salazar Jovián y de (Jorge) Rodríguez Vélez. 
Asimismo, comentó Alejandro Sánchez que el 1, haciendo referencia a (Castillo), ya aseguró el voto del 1 del JNE, haciendo referencia a Jorge Salas (presidente del JNE)”, agregó. 
Marrufo contó que el 10 de junio de 2021 un estadístico del equipo aseguró que si el JNE recibía impugnaciones presentadas hasta las ocho de la noche del 9 de junio de 2021, como se había establecido, Castillo podía ganar las elecciones por unos 120.000 votos, pero si admitían las que lleguen después de ese plazo y Fuerza Popular lograba que les sean favorables, ganaría Keiko Fujimori por unos cincuenta mil votos. 
Añade que le expusieron este argumento a Boluarte y ella “indicó que se encargaría de hacerles llegar esa información a los miembros del JNE”. 
Al día siguiente, el pleno del JNE acordó extender el plazo para recibir solicitudes de nulidad de actas hasta las 8 de la noche de ese 11 de junio. 
Ante esto, Boluarte, Castillo, Sánchez, Medina y Marrufo tuvieron una reunión donde “Sánchez informó que tenía asegurado el voto de Jorge Rodríguez Vélez, miembro del JNE, que había llegado a través de Richard Acuña”, según el exasesor. 
Ese mismo día, el JNE anuló su acuerdo y retornó el plazo de presentación al 9 de junio. 
El presidente del JNE, Jorge Salas, respondió que “no se reúne con políticos”. Rodríguez Vélez negó las acusaciones a Punto Final, mientras que Sanjinez no respondió
Por la noche, en su cuenta de X (antes Twitter), Richard Acuña desmintió las declaraciones de Marrufo. Cruz Silva: declaración sin corroborar La abogada Cruz Silva precisó en su cuenta de X (antes Twitter) que la Fiscalía aún no ha corroborado esas declaraciones de Salatiel Marrufo, quien aspira a convertirse en un colaborador eficaz. “¿Y si medio miente como Villanueva? En escenario polarizado la premura por algo no corroborado no se entiende”, sostuvo.

lunes, 24 de junio de 2024

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA DIJO QUE NO PAGARÍA ASESORÍAS, PERO VA GASTANDO MÁS DE S/45 MILLONES EN ESE RUBRO

MIENTE SIN VERGUENZA ALGUNA Y ASI QUIERE SER PRESIDENTE DEL PERU
Su gestión edil ha contratado 3 estudios de abogados extranjeros para atender los conflictos que tiene con Rutas de Lima y Línea Amarilla, concesionarias que ya han ganado algunos arbitrajes. 
La municipalidad incluso ha subido en blanco algunos de esos contratos a la plataforma pública del Estado. 
Cuando se le consulta a Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, qué va a hacer tras los arbitrajes y procesos judiciales que ha perdido la municipalidad contra concesionarias como Rutas de Lima, frunce el ceño, ríe irónicamente y apela a acusar a sus entrevistadores de ser cómplices de sus adversarios políticos. 
Pero lo que, en realidad, logra con ese hermetismo es que la ciudadanía no confíe en él. 
Así lo demuestra una encuesta de Ipsos de mayo último, en la que el 59% de los limeños desaprueba su gestión. 
Y las cosas podrían empeorar con las motos adquiridas con sobrecosto. 
En campaña electoral, Rafael López Aliaga prometió que en su gestión se acabarían las asesorías; no obstante, este año se ha reportado el gasto de 46.387.690 soles en ese concepto, además de servicios por estrategias de defensa por los casos Rutas de Lima y Línea Amarilla. 
Pero ¿en qué se han gastado esos 46 millones? 
Primero, es necesario recordar que durante la gestión de Susana Villarán, la Municipalidad de Lima firmó un contrato de concesión con Nueva Rutas de Lima por 30 años para que dicha empresa cobre la tarifa de peaje en las panamericanas Norte y Sur, a cambio de encargarse de implementar obras en esta vías. 
En 2019, Villarán confesó que recibió aportes de Odebrecht y OAS para financiar la campaña que buscaba impedir su revocatoria en el 2013. 
De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, la exburgomaestra recompensó a Odebrecht (Rutas de Lima) con la concesión de los peajes, y a OAS con la adenda para Línea Amarilla. 
Por estas irregularidades y otras controversias, se ha pedido la nulidad del contrato. 
Lo intentaron Luis Castañeda Lossio y Jorge Muñoz, pero ambos perdieron laudos arbitrales. 
Cuando López Aliaga asumió la alcaldía, decidió hacer las cosas a su modo y dio por concluida la concesión, argumentando que vulneraba “los derechos de los ciudadanos” al haber incrementado su tarifa y estar inmerso en corrupción; para ello se apoyó de su concejo. 
Por ello, Rutas de Lima (con Brookfield como accionista mayoritario) acudió a un tercer arbitraje y en este pidió una medida cautelar por la decisión de la comuna, la cual le fue concedida por un Tribunal Arbitral Internacional. 
Pero en la práctica no se viene ejecutando en Puente Piedra debido a que el Tribunal Constitucional (TC) ordenó a Rutas de Lima suspender el cobro del peaje en ese distrito “por haberse vulnerado el derecho fundamental al libre tránsito de los residentes y de los usuarios que circulan por la vía”. 
No obstante, el conflicto sigue, por ello la gestión de López Aliaga continúa contratando millonarios servicios de asesoría legal. 
A inicios de año, la MML contrató los servicios de Foley Hoag LLP por 6.284.390,00 soles, para que la asesorara y defendiera legalmente en parte del proceso judicial entablado en la Corte Federal del distrito de Washington DC. 
El municipio buscaba en este ámbito judicial que se anularan el primer y el segundo arbitraje que salieron a favor de Rutas de Lima en 2020 y 2022. Pero en marzo de este año, la jueza Ana C. Reyes falló en contra de la MML y ratificó la validez de los laudos.
López Aliaga escribió en sus redes sociales que “Odebrecht sigue mintiendo” al señalar que ya ganaron, porque se trata de una primera instancia y la municipalidad apelará el fallo. 
En paralelo, López Aliaga recurrió a los servicios del bufet británico Raedas Consulting Limited, al que se le encargó hacer un análisis sobre el proceso en el que Brookfield adquirió las acciones de Rutas de Lima en 2016. 
Se buscaba que Raedas hallara pruebas de que Brookfield sabía de los presuntos delitos de Odebrecht cuando hizo la compra. 
Por ese servicio, la comuna desembolsó 336.000 soles. Raedas, por su lado, recomendó a la MML adquirir los servicios de una “empresa especializada en investigaciones técnicas y/o jurídicas respecto de transacciones corporativas a nivel internacional; así como en el análisis del entorno que rodea una transacción, relacionada con presuntos actos de corrupción y conductas contrarias al buen gobierno corporativo”. 
Ese fue el argumento del municipio para adquirir los servicios del estudio neoyorquino Boies Schiller Flexner, el cual hizo ese trabajo por 400.000 soles. 
López Aliaga estuvo conforme con esa primera labor, por lo que continuó la relación con Boies, pero esta vez se abonó la suma de 3.000.000, de acuerdo al Seace. 
La tarea en esta ocasión fue representar a la MML “con respecto a posibles violaciones de las leyes de valores y las leyes penales de EE. UU., en relación con la adquisición por parte de Brookfield” a Rutas de Lima, además de formular una demanda “si se identifica alguna posible violación de las leyes penales de los EE. UU.”. 
Es decir, la premisa es abrir otro tipo de proceso contra Brookfield en el país norteamericano. 
En entrevista con RPP, un abogado de la firma Boies, Martín de Luca, no quiso especificar la estrategia legal ni a qué tribunal mandarían el caso en Estados Unidos. 
“En EE. UU. se puede probar un acto de corrupción, no necesita de la autoridad extranjera para probar algo (…) Lo que necesita es la evidencia”, dijo. Así continuaron las relaciones con Boies Schiller Flexner y en marzo se ‘celebró’ un nuevo contrato. Si bien las funciones eran las mismas, en este caso los abogados tenían que ver el conflicto que tiene el municipio con Línea Amarilla SAC. Por este servicio, la municipalidad desembolsó 2.200.000 de soles. 
Falta de transparencia en Municipalidad de Lima Existen dos contratos más que la municipalidad ha acordado con la firma Boies por 33 millones de soles (uno por 20 millones y otro por 13 millones) por conceptos de asesorías y patrocinios legales, pero no se especifica qué casos abordaría el estudio de abogados. 
Vale decir que las otorgaciones de la buena pro de estos acuerdos deben subirse a detalle en la plataforma de Seace, pero en el caso de estos dos últimos contratos solo hay algunos PDF con la carátula de dichos contratos y líneas negras que tapan su contenido. 
Desde el OSCE, el organismo que supervisa las contrataciones del Estado y que está a cargo de la plataforma Seace, señalan que son las instituciones (en este caso la MML) las responsables del contenido de sus documentos, por lo que si alguien tiene que responder sobre por qué llegó tachado el contrato, es la entidad edil. “Seace es un sistema electrónico que permite el intercambio de información y difusión sobre las contrataciones del Estado, por lo que no verifica ni aprueba la legalidad de los actos y actuaciones expedidos por la entidad”, dijeron. 
Asimismo, desde la municipalidad, se nos señaló que esa información está tapada porque es “confidencial”. 
A la vez, cuando se le pidió los descargos del alcalde o de algún funcionario, se nos dijo que él ya ha respondido esos temas en reiteradas veces. 
“La estrategia no ha sido clara de cara a la ciudadanía y las constantes declaraciones políticas del alcalde sobre los peajes, no contribuyen en nada a la estrategia legal en los tribunales internacionales, muy posiblemente incluso siendo contraproducentes”, explica, a su turno, el exregidor Carlo Ángeles. “Lo único cierto es que se han gastado millones de soles en servicios legales y no ha habido ningún resultado concreto, salvo los titulares que generan sus declaraciones políticas que, lejos de solucionar el problema, contribuyen a una eventual candidatura presidencial suya”, finalizó. 
Alcalde no atiende resolución del Tribunal Constitucional 
En marzo pasado, el Tribunal Constitucional ordenó a la concesionaria Rutas de Lima la suspensión del cobro de peajes en la caseta de Chillón, en Puente Piedra. 
No obstante, en un auto de fines de mayo, el TC añadió que igual es “imperativo” que la Municipalidad Metropolitana de Lima construya vías alternas. 
Agregó que la comuna tiene la “ineludible obligación de no dilatar ni ralentizar” dicha construcción en Lima norte. 
En el programa ‘Panorama’ le consultaron al alcalde López Aliaga sobre el tema y este se mostró fastidiado. 
Aseguró que es “físicamente Imposible” cumplir ese mandato. 
Esto, a pesar de que en campaña electoral él aseguró y prometió que sí iba a construir vías alternas. Es más, dijo que ya tenía estudios. 
Mintió. 
Por su parte, desde Rutas de Lima señalaron hace unos meses que sí se pueden realizar vías alternas, según estudios técnicos. Esa vez, la gestión de López Aliaga dio el visto bueno a una de ellas. Por el momento no se cobra en el peaje de Chillón, pero podría haber pagos posteriores por compensaciones.

viernes, 14 de junio de 2024

LESA HUMANIDAD: ESTOS SON LOS CASOS QUE SE ARCHIVARÍAN SI SE APRUEBA DICTAMEN DEL CONGRESO, SEGÚN ADVIERTE LA FISCALÍA

Según fiscales supremos, la iniciativa afectará a más de 550 víctimas y generaría impunidad. 
El autor de la iniciativa, el congresista Fernando Rospigliosi, los acusa de intromisión. 
La Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público rechazó el jueves último el dictamen que limita los alcances de los delitos de lesa humanidad, aprobado por el Congreso en primera votación la Prescripción de delitos de lesa humanidad puede afectar 600 casos en Perú, alerta Fiscalía 
Unos 600 casos que sigue la Justicia de Perú por violaciones a los derechos humanos pueden ser archivados o concluidos si el Congreso aprueba un proyecto de ley que impide procesar los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra por hechos ocurridos en el país antes de 2002, alertó este jueves el Ministerio Público. 
La Junta de Fiscales Supremos emitió un comunicado en el que señaló que este proyecto “resulta inviable jurídicamente” porque “la acción penal y sanción por los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra son imprescriptibles”. 
Por ese motivo remarcó que, de aprobarse, se “generaría impunidad y vulneración al derecho a la verdad de los agraviados y sus familiares”. 
“De aplicarse dicha norma, una de las consecuencias jurídicas sería que un número importante de investigaciones y procesos judiciales tendrían que ser archivados o concluidos”, remarcó. 
Detalló que se tendría que declarar “la prescripción de acción penal en aproximadamente 600 casos”, y mencionó entre los más emblemáticos a la masacre de El Frontón, Barrios Altos, Madre Mía, Cantuta-Pativilca, Putis y Accomarca. 
Advirtió que “se estaría afectando a más de 550 víctimas, y a un número muy considerable de los familiares de estas, y a la sociedad en su conjunto que tienen el derecho a conocer la verdad”. 
“Es preciso indicar que la mayoría de los casos antes indicados se encuentran en permanente supervisión de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos”, recordó. 
Por ese motivo, el Ministerio Público llamó “a la reflexión y análisis para que el referido proyecto de ley sea archivado por constituirse en una ley inconstitucional”. 
El Congreso aprobó el pasado 6 de junio, en una primera votación, el proyecto que impide procesar a cualquier persona por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos antes de 2002 y, por lo tanto, excluye el periodo del conflicto interno (1980-2000) que dejó más de 69.000 víctimas en el país. 
La iniciativa, promovida por el fujimorismo y una bancada conformada por exjefes de las Fuerzas Armadas, aún debe ser refrendada en una segunda votación antes de ser enviada al Ejecutivo para su promulgación o devolución con observaciones. 
El expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), líder histórico del fujimorismo, fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, a raíz de dos matanzas cometidas por el grupo militar encubierto Colina en 1991 y 1992, y actualmente, a pesar de haber sido indultado y excarcelado, sigue siendo procesado por otra masacre atribuida al Colina. 
El Ministerio Público emitió este comunicado en medio de un enfrentamiento público que mantiene con el Congreso, con exigencias mutuas de respeto a la separación de poderes y las facultades que les otorga la Constitución. 
Mientras que la Fiscalía pide al Congreso “el respeto irrestricto” por la Constitución en los proyectos de ley que somete a debate y votación, el Parlamento sostuvo que “existen mecanismos constitucionales para impugnar las leyes” y exhortó al Ministerio Público “a dejar de lado la politización”. 
 Fiscalía rechaza ley que prescribe delitos de lesa humanidad: 600 casos se archivarían y generaría impunidad Ministerio Público advierte que iniciativa es inconstitucional y reafirman que estos ilícitos son imprescriptibles 
La Junta de Fiscales Supremos hizo pública la posición institucional del Ministerio Público de rechazo a la ley que se promueve en el Congreso que prescribe los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por ser inconstitucional. 
Advirtieron que cientos de casos serían archivados si dicha norma es aplicada. 
“El referido proyecto de ley resulta inviable jurídicamente, toda vez que la acción penal y sanción por los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra son imprescriptibles, con lo cual se generaría impunidad y vulneración al derecho a la verdad de los agraviados y sus familiares”, se lee en el comunicado difundido. 
La iniciativa busca “precisar” que el Estatuto de Roma y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad tiene vigencia en legislación peruana desde el momento en que el Estado se adhirió. 
Es decir, 2002 y 2003, respectivamente. 
Sin embargo, las disposiciones de los mismos tratados estipulan que los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra son imprescriptibles, cualquiera sea la fecha en la que hayan sido cometidos. 
Una sentencia del Tribunal Constitucional ratifica dicho criterio. 
“(Los tratados) preceptúan que los Estados no pueden emitir disposiciones de amnistía, prescripción o excluyentes de responsabilidad penal, puesto que tienen la obligación de investigar las graves violaciones a los derechos humanos, como las investigaciones y procesos judiciales que se encuentran a cargo de las fiscalías del Subsistema Especializado en Derechos Humanos e Interculturalidad”, reza el texto.
El pronunciamiento advierte que, en caso se aplique la cuestionada ley, cerca de 600 casos, en investigación o en trámite ante el Poder Judicial, tendrían que ser archivados y concluidos. 
Se consigna que procesos ya sentenciados podrían ser anulados. 
Destacan casos como Chuschi, El Frontón, Huanta 84, Barrios Altos y el Santa-Aldo Velásquez, Huancapi, Cantuta-Pativilca, Cedruyo, Cantuta-Aldo Vásquez, Madre Mía, Humaya Chambara, Universidad del Centro, Paccha, Putis, Hilario Trucios, Casos del Comunicado de Prensa Conjunto, El Frontón, Mamérita Mestanza, Sobres Bomba, Castro Castro, Accomarca y Galván Borja. 
“Se advierte que, de aprobarse este proyecto de ley, se estaría afectando a más de 550 víctimas, y a un número muy considerable de los familiares de estas, y a la sociedad en su conjunto que tienen el derecho a conocer la verdad. 
Es preciso indicar que la mayoría de los casos antes indicados se encuentran en permanente supervisión de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos”, sostiene el Ministerio Público. 
En ese sentido, se hizo un llamado a la “reflexión y análisis” para que la iniciativa impulsada por el fujimorismo sea archivada “por constituirse en una ley inconstitucional”
El dictamen ya ha sido aprobado en primera votación y la segunda votación podría darse antes de que culmine la legislatura el 15 de junio. CIDH se pronuncia A través de un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por el proyecto que prescribe los delitos de lesa humanidad, por lo que exhortó al Congreso a frenar el avance de dicha iniciativa. 
“La iniciativa es contraria al derecho internacional y desobedece abiertamente sentencias emitidas por la Corte IDH y otros instrumentos internacionales, incluido el Estatuto de Roma; por lo que se insta a las personas congresistas a detener el avance del mencionado proyecto de ley”, manifestó el organismo internacional.

sábado, 8 de junio de 2024

PERÚ: CIDH EXPRESA PREOCUPACIÓN POR LA INTERFERENCIA DEL CONGRESO EN EL FUNCIONAMIENTO DE OTROS PODERES PÚBLICOS

7 de junio de 2024 
Washington D.C
.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por información recibida sobre afectaciones sucesivas al sistema de pesos y contrapesos que pueden resultar en el debilitamiento del Estado de derecho en Perú. 
En este contexto, resulta necesario que la actuación estatal garantice la vigencia de la democracia y de los derechos humanos. 
Por esta razón, la Comisión insta al respeto de la independencia del Poder Judicial y del sistema electoral y de los derechos humanos, los cuales fortalecen la democracia. 
En los últimos meses, la CIDH ha recibido información sobre acciones que constituyen intromisión de orden político por parte del Congreso de la República de Perú en contra de órganos del sistema de justicia y otras instituciones democráticas que luchan contra la corrupción, con impacto en el cumplimiento de sus mandatos.
En particular, preocupan a la CIDH todas las interferencias en las funciones de autoridades con mandatos esenciales para la preservación de la democracia, como la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y fiscales a cargo de casos contra la corrupción. 
Los procedimientos sancionatorios impulsados por el Congreso, tales como denuncias constitucionales, han llevado a la inhabilitación de personas a cargo de casos de corrupción cuya labor, con frecuencia, involucra a congresistas y personas con liderazgo político. 
A ello se suman, por lo menos, dos iniciativas de reforma constitucional en curso en el Congreso, una dirigida a la sustitución de la JNJ por una escuela nacional de la magistratura; y, la otra, a la reorganización de la JNJ y el Ministerio Público, que resultaría en la destitución de las personas titulares de los mandatos de dichas instituciones. 
En ese contexto, la CIDH destaca el procedimiento contra la Fiscal Delia Espinoza. 
Asimismo, al menos 14 procedimientos adelantados contra la JNJ que condujeron a la inhabilitación de dos de sus integrantes, en un escenario en donde se ha señalado la existencia de violaciones al principio de legalidad y separación de poderes
Por otro lado, la CIDH nota las acciones ejercidas en contra del sistema electoral, las cuales afectan su independencia. 
 Al respecto, el Presidente del JNE ha enfrentado al menos 10 denuncias ante el pleno del Congreso. 
En el trámite de los procedimientos sancionatorios impulsados por el Congreso han sido reiterados los señalamientos de motivaciones políticas y la falta de una base legal para su sustanciación. 
El Estado indicó que la mayoría de los procedimientos de inhabilitación iniciados por el Congreso han resultado en archivo; mientras que las personas que han sido efectivamente inhabilitadas pueden acudir al Poder Judicial o Tribunal Constitucional con garantías del debido proceso. 
El Estado expresó que la "correcta actuación" de los órganos públicos está garantizada por mecanismos de control y balance. 
Asimismo, afirmó su compromiso con el respeto de los derechos humanos y la democracia, incluyendo el respeto a la separación de poderes y la autonomía de las instituciones. 
La CIDH reitera que el respeto de la democracia conlleva asegurar la vigencia de un modelo de pesos y contrapesos. 
En este modelo, las distintas funciones estatales deben corresponder a órganos separados, independientes y equilibrados entre sí, con el fin de establecer los límites necesarios para el ejercicio del poder y, al mismo tiempo, evitar la arbitrariedad. 
El Estado debe velar para que las autoridades ejerzan sus funciones con estricto apego a la legalidad y al interés público. 
En contextos de elevada corrupción e impunidad, los Estados deben reafirmar su compromiso con el combate a esos flagelos mediante el fortalecimiento del sistema de justicia. 
Durante los últimos años, la CIDH ha observado y alertado acerca del deterioro de la democracia en Perú. 
El uso de las facultades de control del Congreso de la República de Perú, en la forma en que han venido sido ejercidas, tienen el potencial de poner al Estado de derecho en un riesgo crítico. 
El ejercicio del poder ha afectado instituciones autónomas, que cuentan con un rol trascendental en la vida democrática del Estado, lo que, paralelamente, amenaza la situación de los derechos humanos. 
En este contexto, es apremiante tomar medidas de carácter inmediato que aseguren el principio de separación e independencia de los poderes públicos, reconocido constitucionalmente. 
En ese sentido, la Comisión urge al Estado a demostrar su compromiso con los principios de la Carta Democrática Interamericana y sus obligaciones internacionales de derechos humanos. 
Para ello, debe adoptar medidas urgentes para el fortalecimiento del Estado de derecho, que incluyan el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción desde todos los ámbitos del poder público, así como las garantías para la independencia de personas operadoras de justicia. 
Sumado a lo anterior, el Congreso de la República debe, con urgencia, cesar en el uso discrecional e instrumentalizado de su actividad fiscalizadora y sancionatoria, y evitar adoptar reformas que amenacen la independencia y autonomía de los demás órganos estatales. 
Ello es esencial para recuperar de la confianza ciudadana en las instituciones públicas y confirmar la vigencia del Estado de derecho. 
 La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. 
La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

jueves, 6 de junio de 2024

FERNANDO TUESTA SOLDEVILLA: “ES LA CONCENTRACIÓN DEL PODER EN EL CONGRESO”

Fernando Tuesta sostiene que el Legislativo no quiere un Poder Judicial autónomo. 
El exjefe de ONPE critica la aprobación del dictamen que elimina la Junta Nacional de Justicia, señalando que es un despropósito y muestra la concentración del poder político en el Congreso.
 Fernando Tuesta señala que la aprobación del dictamen que anula la Junta Nacional de Justicia y pone en manos del Senado el nombramiento de los jefes de ONPE y de Reniec es un despropósito, y también una muestra de la concentración del poder político en manos del Congreso. 
-La Comisión de Constitución aprobó el dictamen que elimina la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y crea la Escuela de la Magistratura. 
¿Cuál es su comentario? 
Es un tremendo error y más aún porque nace de una confrontación entre el Congreso y la JNJ en relación con el caso de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides. 
Lo que busca es intentar deshacerse de un órgano constitucionalmente autónomo que creo que ha cumplido en general el propósito por el cual fue creado. 
La JNJ no era otra cosa que el mismo Consejo Nacional de la Magistratura, pero cuya diferencia radicaba en que sus miembros nacían de un concurso público de méritos. 
-La congresista Gladys Echaíz considera que es más importante tener una escuela para la formación de los magistrados. 
La señora Echaíz dice que lo que está haciendo es crear un equivalente al servicio diplomático, que tiene una escuela de donde salen los diplomáticos. 
En este caso no es así. 
Acá hay una carrera en el Ministerio Público y una carrera en el Poder Judicial que se inician con el nombramiento de parte de un organismo que no ha tenido ningún control político, porque cada uno de los miembros fue elegido bajo concurso público. 
Yo creo que esto es un despropósito. 
-La Comisión de Constitución también ha aprobado que el Senado nombre a los jefes de ONPE y de Reniec. 
Es otro despropósito, porque esto está cayendo en manos de los que forman parte del juego político, que son los partidos. 
Viene de considerar que el año 2021 hubo fraude y entonces es una forma en que responde el Congreso y lo hace de la peor manera. 
Estos dos acuerdos del Congreso se suman a un conjunto de medidas que realmente están dañando a las instituciones, al equilibrio de poderes. 
Es la concentración del poder político en manos del Congreso. 
-A la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura, se agrega el Consejo de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia. 
El objetivo es regular constitucionalmente la Autoridad Nacional de Control de la Judicatura del Poder Judicial y la Autoridad Nacional de Control de la Función Fiscal del Ministerio Público. 
 ¿Esta propuesta es una muestra de esa concentración del poder político? 
En un sistema democrático lo que resalta más es que el poder no está concentrado. 
Este Congreso lo que está haciendo es abuso del poder, porque como pueden dar leyes, ponerse de acuerdo y hasta cambiar la Constitución, pueden hacer cosas que contravienen el espíritu democrático.
 El Congreso no quiere un Ministerio Público autónomo, no quiere un Poder Judicial autónomo, quiere ser, por todas las vías, el que controle los otros poderes. Estas medidas forman parte de este tipo de decisión. 
-Se dice que el próximo Senado será una cámara empoderada. 
¿Lo ve así? 
La Cámara de Senadores a la que probablemente aspira la mayoría de congresistas va a ser una cámara superpoderosa, porque, entre otras razones, el Senado no solo revisa las medidas de diputados, sino que las aprueba o rechaza. 
Entonces, se convierte en el gran poder de los poderes. 
FERNANDO TUESTA: “ES CLARÍSIMO QUE LA INTERRELACIÓN ENTRE EJECUTIVO Y LEGISLATIVO ES ESTRECHA” 
El politólogo conversó con La República sobre temas coyunturales y una posible alianza entre Ejecutivo y Legislativo. 
 El politólogo Fernando Tuesta Soldevilla manifestó que en el gobierno de la presidenta Dina Boluarte se ha visto una especie de coincidencias evidentes entre el Poder Ejecutivo y Legislativo porque ambos "se necesitan". 
"Una alianza formada no, pero hay fuertes niveles de coincidencia, creo que desde el inicio de esta parte del gobierno de Dina Boluarte además porque se necesitan", señaló. 
 Fernando Tuesta sobre elecciones internas: “Todo queda reducido a la selección del jefe o dueño del partido” 
En diálogo con La República, el politólogo manifestó que "es clarísimo que la interrelación que existe entre ellos (Ejecutivo y Legislativo) es estrecha; sin embargo, creo que por varias razones entre ellas la baja legitimidad del gobierno, también del Congreso las demandas ciudadanas, no resueltas y los problemas ya acrecentados, pueden resentir esos acuerdos", agregó. 
Fernando Tuesta:
"Hay un deterioro pronunciado de la democracia" 
En relación a una posibles elecciones, el experto indicó que la presidenta Dina Boluarte ya anunció que se quedará hasta el 2026, descartando la posibilidad de que este evento de concrete. 
En esa línea, indicó que "hay un deterioro muy pronunciado efectivamente de la democracia" y que este podría mejorar en el 2026. 
"Hay un deterioro muy pronunciado efectivamente de la democracia, pero que puede llegar al 2026. 
Yo creo que puede llegar, no necesariamente, pero puede llegar. 
Hemos tenido momentos en la historia muy duros en que los gobiernos han terminado; por ejemplo el gobierno del 85-90 Alan García tenía índices también muy bajos", dijo Tuesta.

miércoles, 29 de mayo de 2024

GEORGE SOROS ENTREGA EL CONTROL DE SU IMPERIO MULTIMILLONARIO A SU HIJO ALEXANDER

El nuevo líder, de 37 años, ya era presidente de la Open Society Foundations, el brazo filántropico de la familia 
SOROS: EL ANTICAPITALISTA AL QUE LE GUSTA GANAR DINERO 
En sus inicios sobrevivió negociando con divisas en el mercado negro. 
George Soros, un financiero que se ha hecho de oro especulando en los mercados, está en la lista de los más ricos del mundo, con una fortuna de más de 7.000 millones de dólares. 
Juan Llobell. Nueva York 
George Soros es un personaje poco convencional y, según como se mire, contradictorio. 
Se ha hecho de oro especulando y utilizando los resortes financieros que ofrece el sistema capitalista -se cuenta entre los más ricos del mundo, con una fortuna que supera los 7.000 millones de dólares-, pero al mismo tiempo detesta la actual configuración de la economía de libre mercado. 
Es más, es una especie de filósofo-financiero de izquierdas que postula la reforma del capitalismo, modelo que considera "poco ético". 
 Soros nació en Budapest en 1930 en el seno de una familia judía, en la que su padre era escritor de esperanto. 
De hecho, este mago de las finanzas es una de las pocas personas en el mundo que tienen el esperanto como lengua materna. 
Durante la ocupación nazi, se vio obligado a utilizar una identidad falsa -en realidad se apellidaba Schwarzt- que sonase menos semita y durante esta etapa gris sobrevivió en Hungría negociando con divisas en el mercado negro, actividad en la que destacaba. 
 Aunque Soros también llevó durante un tiempo la cruz de David -con la que identificaban los judíos por las calles- a los 17 años huyó a Londres. 
Allí estudió en la London School of Economics y asistió a las clases del filósofo liberal Karl Popper, que le marcó definitivamente con sus teorías de la sociedad abierta y la construcción de las democracias. 
"El concepto de sociedad abierta está basado en el reconocimiento de que nadie está en posesión de la verdad", suele decir el inversor. 
Justo al desarrollo de las sociedades democráticas es a lo que está entregado últimamente a través de su fundación Open Society Institute, nombre que proviene de la obra cumbre de Popper La Sociedad Abierta y sus Enemigo.
 La fundación es hoy una de los think-tanks de centro-izquierda más importantes en Estados Unidos y una de las plataformas para criticar la política nacional e internacional de los republicanos y sobre todo de George Bush, con el que ha entablado una guerra personal. 
 Soros se trasladó a Estados Unidos en 1956 y obtuvo la nacionalidad norteamericana cinco años después. 
Rápidamente se introdujo en el mundo de las finanzas donde desarrolló una increíble habilidad para jugar con los tipos de cambio y obtener grandes ganancias. 
 En 1969, y tras trece años como corredor de bolsa, lanzó Quantum Fund, uno de los mayores fondos de capital riesgo. 
Cuatro años más tarde fundó Soros Fund Management que se erigió rápidamente en una gran plataforma para las inversiones alternativas y que hoy gestiona cerca de 11.000 millones de dólares.
 Durante años, sus fondos de inversión consiguió rentabilidades del orden del 30% anual. 
En 1981, la revista Institutional Investor, lo calificó de "mejor gestor institucional del mundo". 
Pero fue realmente en 1992 cuando el húngaro saltó a la fama. 
Entonces apostó 10.000 millones de dólares a que la libra británica se devaluaría y consiguió expulsarla del sistema monetario europeo y embolsarse mil millones de dólares en un solo día. 
El banco central británico no pudo resistir en los mercados de cambio. 
Tal movimiento le valió el calificativo de "el hombre que rompió el Banco de Inglaterra"
 Al margen de liderar la compra de compañías como la operadora de telecomunicaciones irlandesa EirCom por un valor de 3.000 millones de euros se han introducido en los sectores y en los países más diversos. 
En 1997 durante la crisis financiera asiática, el primer ministro de Malasia, Mahatir bin Mohamed acusó a Soros de depreciar la moneda malaya, el ringgit. 
 Las investigaciones posteriores, sin embargo, han diluido la importancia de su papel. 
El fondo más emblemático es el Quantum Endowment Fund que hoy ha perdido parte de su solera, tanto porque la industria es hoy muy distinta como porque Soros está entregado a tareas filantrópicas e intelectuales. 
 Durante años esta firma invertía atendiendo a criterios puramente macroeconómicos: se analizaban las tendencias económicas de los países y se hacía apuestas sobre una determinada moneda nacional.
 También se adquirían bonos y acciones de un país en cuestión según se pensase que su salud económica iba cambiar sensiblemente. 
Recientemente, sobre todo tras las crisis financieras asiática y rusa, y el estallido de la burbuja de Internet, los hedge funds, y el de Soros también, se han vuelto más conservadores. 
En el campo de las divisas, el mundo de hoy es muy distinto a la de la década de los noventa. 
Las economías son mucho más interdependientes y los mercados de cambio tienen una mayor liquidez.
 Así que Quantum concentra ahora sus posiciones en un puñado de valores bursátiles. 
Soros también ha influido en la creación de nuevas compañías, como Dolphin Capital Partners, centrado el mercado vacacional del Sur de Europa, o Gala Capital, sociedad destinada a la compra de firmas en España y Portugal. 
 Tras haber amasado una fortuna de varios miles de millones de dólares, Soros dio en los noventa un giro radical en su vida para centrarse en la escritura, el pensamiento, las labores filantrópicas -en las que invierte unos 450 millones al año- y la ayuda a las sociedades democráticas incipientes, particularmente en Europa del Este. 
"Estaba ganando dinero con un alto coste personal". 
Gestionar un fondo de capital riesgo del modo en que yo lo hacía era algo muy arriesgado. 
Una gran tensión ¿y para qué?. 
Entonces decidí que realmente estaba interesado en mi idea de una sociedad abierta y de crear una fundación. 
Esto me dio una nueva oportunidad de ganar dinero porque tenía una buena razón para hacerlo", ha dicho el financiero. 
 Por ejemplo, empezó a apoyar al Movimiento Solidaridad en Polonia, a los disidentes del comunismo antes y después de la caída del muro, y a la oposición al apartheid en Sudáfrica. 
También en Rusia ha donado en los últimos años varias decenas de millones de dólares en materia educativa y formación de profesores para superar el legado marxista de la antigua URSS. 
Su filantropía, no obstante, no siempre le ha valido el aplauso de los gobiernos. 
Por ejemplo, su apoyo a la revolución rosa de Georgia en 2003 sentó mal en Moscú. 
 Respecto al sistema financiero internacional, el objeto central de su pensamiento, argumenta que la actual arquitectura mina el desarrollo económico sano en muchos países del mundo y que el fundamentalismo del mercado es responsable de buena parte de los problemas globales. 
No obstante, Soros nunca ha visto ninguna contradicción entre enriquecerse a través del mercado con sus inversiones especulativas y exigir paralelamente una radical transformación de las reglas de juego capitalistas. 
En una ocasión, y para salir al paso de las acusaciones de haber provocado crisis financieras en Reino Unido, Europa del Este, Tailandia y otros países del Sudeste asiático dijo que "en mi calidad de participante en el mercado no necesito preocuparme de las consecuencias de mis acciones [financieras]". 
 Posteriormente, Soros ha centrado su atención en temas de economía global y sobre todo de política nacional. 
De hecho, se ha convertido en uno de los látigos públicos del presidente George Bush. 
Su rechazo a la guerra de Irak ha sido tal radical como su defensa de los derechos humanos y las leyes internacionales en la lucha contra el terrorismo internacional. 
 En este punto, ha chocado frontalmente con el republicano. 
Durante las elecciones presidenciales de 2004 invirtió 20 millones de dólares en su campaña contra el inquilino de la Casa Blanca y muchos le acusaron de haber comprado el Partido Demócrata. 
Derrotarlo se convirtió "en un asunto de vida o muerte" para el filántropo. 
Pese a su esfuerzo mediático, Bush sigue llevando las riendas de la superpotencia. 
 En algunas entrevistas ha llegado a decir: "No soy tanto un apasionado demócrata como un apasionado opositor a Bush. 
Estaría hasta dispuesto a convertirme en un republicano moderado si Bush es derrotado, aunque es broma. 
Lo más importante que necesitamos en este país es recuperar al Partido Republicano de la extrema derecha". 
 Soros sigue siendo un personaje con un cierto aire de misterio. 
Algunos le acusan de trabajar a sueldo para el estado de Israel -él siempre descarta cualquier vínculo-, otros de trabajar a favor del país semita, e incluso de estar a las ordenes de la CIA. 
Aunque sus verdaderos detractores son los republicanos. 
 Su condición de multimillonario de izquierdas crítico con el capitalismo le asegura un lugar seguro en la historia de los financieros norteamericanos. 
 "Los hedge funds son demasiado populares" George Soros, que a veces da a entender que él mismo ha creado la industria de los fondos capital riesgo, está convencido que el sector está perdiendo gas. 
En la última reunión del Foro Económico de Davos, del que es una de las estrellas habituales, dijo que "los hedge funds se han vuelto demasiado populares" y que cada vez "es más difícil consolidar un nuevo fondo de capital riesgo". 
 El sector de estos fondos escasamente regulados y con estrategias agresivas no atraviesa su mejor momento, aunque sus resultados aún son atractivos. 
Parece difícil que se repitan las espectaculares revalorizaciones de finales de los noventa, por encima del 20%, en parte por el propio éxito del producto. 
Con 8.000 hedge funds -el doble que hace una década- en busca de oportunidades de inversión, cada vez será más difícil diferenciarse del resto.
Otro dato que muestra la maduración del sector es que, por primera vez en varios años, a finales de 2005 hubo más dinero que salió de los fondos de fondos de hedge funds -uno de los instrumentos más populares para invertir- que el que entró. 
Además, estos productos se enfrentan a una ofensiva regulatoria por parte de la Comisión del Mercado de Valores de EEUU. 
Todos estos factores hacen que 2006 pueda ser el año de la consolidación del sector, con una reducción de la oferta.

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