Escuchando las declaraciones
del Presidente Ollanta Humala, desde cuando era candidato el 2005, siempre
diferenciaba el radicalismo del extremismo, a pesar de esa manipulación de lo
miedos de desinformación, que hicieron de él un cuco que nos haría saltar al
vacío, como muchos quisieran…
Los últimos días, han habido
una serie de actores políticos que tratan de intervenir en los asuntos del país
de manera extrema, fáctica, mediática, personal, radical, social, técnica y
virtual, pero el asunto es que pocos tienen conciencia de eso. Así, es
necesario reafirmar que una decisión técnica tiene consecuencias sociales,
debiendo ser abordada políticamente; y hasta una propuesta política debe ser
sustentada en un proyecto técnico. Viene a colación aquella frase de la Primera
Dama en twitter, sobre la transformación gradual y persistente, tomada de la
Hoja de Ruta, ese documento elaborado en el fragor de la segunda vuelta
electoral del 2011, que confundió a propios y extraños sobre las reales
intenciones de un gobierno de Gana Perú, resumiendo las principales propuestas
del Plan de la Gran Transformación, junto a otras surgidas del equipo técnico
de CxC y liberales. El radicalismo, que significa abordar los problemas de
raíz, dio paso a un proceso gradual que deberá llevarnos al cambio de las
estructuras del Estado. El problema es que dicho proceso no ha sido tan veloz
como varios esperaban, desde que problemas encontrados y heredados, así como
todos los actores políticos que reclaman mayor apuro, o que no quieren que nada
cambie, llevan adelante su influencia, en contra o a favor del modelo
neoliberal, y ante un débil manejo político del Estado.
En situaciones normales, la
muerte de dos jóvenes en Espinar hubiese originado la salida, o por lo menos el
cuestionamiento a los responsables, sean funcionarios o políticos. Tal suerte
corrió por ejemplo Fernando Rospigliosi en el Arequipazo. Pero al parecer, a la
DBA le importan poco la vida de los peruanos, a menos que eso interfiera con
sus intereses, alentando más violencia legalizada. Y si pues, es cierto que la protesta
social es legítima desde que hay una preocupación ambiental o de agua en los
últimos conflictos, pero eso tampoco justifica incendios o secuestros. La
represión, judicialización o criminalización de la protesta es la respuesta que
muchos rechazan, pero algunos desean para aprovecharlas políticamente. El
llamado de sacar a Ollanta de la Presidencia como en Argentina, Bolivia y
Ecuador no pasa de ser un mediocre llamado a la insurgencia del que algunos
congresistas oficialistas incluidos ministros, han respondido torpemente. Sea
la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, con su respaldo a la
gobernabilidad y rechazo a los excesos de Gregorio Santos, por su nula voluntad
de diálogo, la mejor forma de enfrentar políticamente la intolerancia.
Luego de las renuncias
virtuales y personales, iniciadas por Verónika Mendoza, y en muchos casos,
justificadas por la pérdida de confianza al gobierno central luego de los
hechos represivos tanto en Espinar como en Cajamarca, vale enumerar que otros
actores también tratan de influenciar en la forma como viene conduciéndose el
Ejecutivo. Beatriz Merino, con fuerte influencia en algunos de esos ministerios
con pocos nacionalistas, fue una de las primeras en criticar el pésimo manejo
de los conflictos y las muertes en Espinar. Otro notable liberal como Álvaro
Vargas Llosa, hasta pudo atreverse a sugerirla en reemplazo del actual premier.
A nivel mediático, Gustavo Gorriti y Martín Tanaka, de fuerte influencia,
también invocan a modificar los métodos que nos ponen al filo de lo que
conocemos como democracia. Y Toledo para no quedar atrás, también critica a
Valdés por el manejo de los conflictos sociales, cuando afirma apoyar al
gobierno, mientras Acción Popular deja su Alianza Parlamentaria en agosto. Por
otro lado, y como Santos o Saavedra, Hildebrandt y Arana califican al gobierno
de montesinista o minero-humalista al que ya se le debe enfrentar desde otra
nueva fuerza de izquierda. La CNDDHH, como cuando se enfrentó al retorno del
fujimorismo en el 2011, pidió cambios como los liberales, y exigió la renuncia
de Valdés, haciendo ya política, desde que Rocío Silva Santisteban es amiga de
Arana, habla de partidos verdes, asiste a algunas de esas reuniones partidarias
de TyL en conos, y participa en las manifestaciones anti Conga, como la del 31
de mayo, la cual recibió la visita de delegaciones de Patria Roja de todo el
país para masificarla. El Sutep, dirigido también por Patria Roja, se acaba de
unir a la lucha, con otro paro el 14 de junio, para estar acorde a la huelga
indefinida del Conare Sutep para el 20. Como se ve, muchos francos que
alivianan o ahondan la polarización, para que el Estado recupere o quizá no,
aquella confianza.
Las recientes medidas como la
desactivación del Pronaa debido a su ineficiencia, ha provocado las marchas,
organizadas por preocupados funcionarios y madres que dependen del programa,
junto a corruptos politiqueros que han vivido del mismo con total impunidad.
Eso demuestra que no son suficientes las medidas técnicas ni sólo inversiones
en regiones para combatir a algunos dirigentes o contentar a muchos pobladores
ignorados, sino que es necesario que funcionarios hagan política para explicar
y difundir todos los beneficios de propuestas que darán frutos a largo plazo,
cuando los peruanos exigen mayor rapidez en las soluciones. Complicada tarea
para los que estamos más comprometidos con el proyecto, pero no imposible, si
se hacen las correcciones adecuadas desde el Estado, debiendo lamentar que los
que dicen hacer política, no la usen, ni se metan al debate, ni elaboren
soluciones, ni presionen políticamente, o enfrentando la intransigencia con
extremismos, cuando el problema viene del radicalismo, que muchos quieren, para
ir a la gran transformación…
René Galarreta
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