domingo, 28 de abril de 2013

EL ODIO A PETROPERÚ



La ley orgánica de Petroperú que regía durante el proceso de la privatización, señalaba de manera explícita que la empresa era “íntegramente de propiedad del Estado” y que sólo podía ser disuelta mediante ley expresa. Sin embargo, la venta sucia de la más grande empresa peruana se hizo amparándose en la norma general de privatizaciones (DL 674), sin ley que autorizara de manera directa afectar su patrimonio disgregándolo en unidades para su venta por partes.
 Se sacó así el tema de la discusión del Congreso y se saltó la ley. Para efectos de forma la refinería La Pampilla se vendió como si fuera una empresa aparte (se le fabricó un estatuto y se emitieron acciones a su nombre), pero el vendedor siguió siendo la CEPRI de Petroperú, encargada de matarla por etapas. Hoy, cuando Repsol ofrece la misma refinería, envejecida y debilitada, los enemigos de Petroperú recuerdan que no se puede formar nuevas empresas públicas sino por ley.
 Pero resulta que no se trata sino de un debate sobre si conviene recomponer el patrimonio productivo de una empresa existente, es decir más allá del aspecto político de la cuestión, esta es de una operación que debe ser vista desde el ángulo de la política de hidrocarburos que tiene como uno de sus brazos fundamentales a la empresa estatal del petróleo. Está a la vista que lo que no se quiere es que Petroperú se fortalezca y sea una empresa competitiva nacional e internacionalmente.
 Este espíritu destructivo estaba presente en los 90, cuando los funcionarios del Banco Mundial que monitorearon la privatización, insistieron en que había que desaparecer hasta el nombre, asociado a las políticas de nacionalización y desarrollo energético autónomo que estuvieron en auge en países como el nuestro antes de que se iniciara la ola neoliberal y las grandes privatizaciones.
 En pocas palabras: Petroperú evoca a Velasco. Y como está registrado en la historia hubo quienes se prestaron a apuñarla, no sólo desde las esferas del poder político y las consultorías bien pagadas, que sirvieron para liquidar los ingresos de la privatización. Hoy leemos a varios de esos actores regresar a sus viejas posiciones e insistir en lo retrógrado que es una empresa estatal con refinerías y grifos, cuando a cada paso vemos empresas también estatales ganando espacios en el país.
 Lo que resulta más curioso, por decir algo, es la posición del APRA, que en los 90 era parte del Comité de Defensa del Petróleo en el que participaban Gustavo Mohme Llona, Javier Diez Canseco, Manuel Dammert, el general Rodolfo Robles, entre otros, y que trató de impedir la venta de las dos joyas de Petroperú: La Pampilla y el lote 8X de la selva. Hoy el APRA de García y Del Castillo se escandaliza de que se esté estudiando la posibilidad de recuperar la refinería.

sábado, 27 de abril de 2013

OLLANTA HUMALA NO ESTABA MUERTO


El Perú no es para los peruanos

Escribe César Hildebrandt
Último minuto:
Como la derecha peruana estaba convencida de haber comprado a Ollanta Humala, ahora le salta a la yugular por algunas muestras de autonomía.
Por ejemplo, está el asunto de Venezuela.
La derecha peruana, que no protestó por el caso de Lugo, en Paraguay, o el de Zelaya, en Honduras, está preocupadísima por el estado de la democracia venezolana.
El problema es que Henrique Capriles es gobernador reelecto del estado de Miranda gracias a una elección controlada por la misma Comisión Nacional Electoral hoy acusada de impresentable.
Y el problema es que ningún observador internacional, incluyendo en la lista al Centro Cárter, ha formulado tacha alguna en contra del proceso que llevó a Nicolás Maduro, con las justas, a la presidencia.
La derecha peruana es chusca, golpista y sucia y creía que UNASUR debía impedir el mandato de Maduro.
Pero UNASUR no podía darles ese gusto porque no está entre sus funciones vetar una elección que no ha sido cuestionada por los observadores internacionales. Lo que ha hecho UNASUR es recomendar a Maduro que se efectúe el recuento de votos prometido y que se abran las puertas del diálogo en esa Venezuela con presentimientos de guerra civil.
Hay que ser muy bruto para no entender eso.
Y hay que ser muy cínico para que la prensa peruana, escrita y televisada, que avaló la dictadura putrefacta de Fujimori y su concentración de poder sostenga que hoy en Venezuela hay un monopolio de los medios y una práctica dictadura castrista. Curioso castrismo este que casi a punto estuvo de tolerar el triunfo del ferozmente opositor Henrique Capriles y que hoy asiste a un proceso inexorable de decadencia del PSUV y de fraccionamiento de sus filas.
La derecha no tiene patria ni doctrinas ni principios. Sólo la excita el dinero, sólo la entusiasma la codicia, sólo le teme a la libertad
Para la derecha peruana el problema no es la democracia. Es quién corta el jamón. Si mañana fuera necesario dar un golpe de Estado sanguinario para reprimir a los opositores a la gran minería y a los que se niegan a obedecer el pensamiento único que todos los días expectoran los locutores de RPP, la derecha aplaudiría con el mismo fervor con que aplaudieron a Sánchez Cerro (creación heroica) y a Velasco (cuando creyeron que podían manejarlo).
La derecha no tiene patria ni doctrinas ni principios.
Sólo la excita el dinero, sólo la entusiasma la codicia, sólo le teme a la libertad. Por eso quiere que todo sea inmóvil, fósil, eterno. Es una derecha eclesiástica que aspira a la inmortalidad de sus privilegios.
Y entre ellos está el de decretar qué cosa es buena o qué cosa es mala. 
Es como el evangelio según San Luis (el agua embotellada). Como el papel de los hechiceros en las tribus primordiales.
Nada que se salga de su monótono libreto es válido.
¿Maduro presidente aun después de muerto Chávez?
Inaceptable.
¿Argentina en manos de una mujer insumisa que se enfrentó con éxito al FMI y que pelea con una prensa mañosa plagada de intereses?
 Impresentable.
¿Bolivia reclamando lo que le fue arrebatado en una guerra procaz?
Deleznable.
¿Petroperú queriendo comprar 51% de las acciones de Repsol? 
Imperdonable.
¿Húmala hablando de un Estado medianamente presente? ¡Velasquismo trasnochado! ¿Y cuando el Estado de Obama imprime trillones de billetes para salvar a la banca grande que estafó a los chicos? 
Ejemplar.
¿Y cuando Europa ajusta a los ciudadanos después de salvar a los bancos desregulados?
Maravilloso.
¿Y cuando la empresa estatal EntelChile compra a Nextel en el Perú?
¡Gran noticia!
¿Y cuando la estatal noruega Cermaq compra a la privada peruana Copeinca? 
¡Globalización!
Qué divina es la derecha pe­ruana. 
Está convencida de que los peruanos somos débiles mentales que se aborregarán ante sus gritos, amenazas, editoriales y columnas escritas por quienes antes firmaban contratos con las Cepris de Fujimori.
Y, en el caso de Repsol, sólo chillan ideológicamente porque Petroperú tiene la intención -ya confirmada- de comprar el 51% de sus acciones pero omiten señalar que buena parte del paquete accionario de esa empresa española ya está en manos de las AFP que operan en el Perú.
Omiten decir también que La Pampilla le costó a Repsol unos 185 millones de dólares (parte de los cuales fue pagado ignominiosamente con bonos soberanos peruanos comprados al 17% de su valor nominal) y que requiere de unos 800 millones de dólares para ser desulfurizada.
¿Alguna privada está dispuesta a invertir ese dinero?
Que lo digan Dionisio Romero júnior y sus socios chilenos, dueños ya de Primax y que, con la compra de la cadena de Repsol, serían los amos del mercado. ¿O no es eso lo que está en juego?
Repsol fue expropiada en Argentina por no hacer nuevas inversiones y por haber estado bombeando utilidades extremas a su casa matriz madrileña.
Aquí, el último año, vendió combustible por un valor de 4.600 millones de dólares y apenas ha tenido unos 30 millones de utilidad. ¿O es que en el Perú ha repetido la faena bombeadora de Buenos Aires?
Petroperú debe tener cuidado con sus próximos pasos no por la prédica de la derecha sino porque Repsol no es ninguna pera en dulce.
Pero, claro, este tipo de información no le interesa a la gran prensa peruana (y a su hija retardada, la televisión). Lo único que importa es que nadie se salga del libreto. Ni con Repsol ni con Venezuela ni con ningún otro tema.
Que Húmala se entere de una vez: con la derecha peruana no hay tratos equitativos. Ella sólo reconoce iguales (entre los suyos) o subordinados. Y usted, señor pre­sidente, era hasta hace unas horas un obediente subordinado.
Ya no lo es tanto.
Y esa es una gran noticia. No se retracte. No se chupe. No se asuste. La derecha es, al fin y al cabo, un tigre de papel periódico.
Que usted recupere algo de su identidad es sólo una mala noticia para quienes lo han visto como el mayordomo (siempre culpable) de una novela mala de Agatha Christie.

viernes, 26 de abril de 2013

CONMUTADO POR ALAN GARCÍA REINCIDIÓ EN ROBO Y SUMÓ EL DELITO DE VIOLACIÓN



Sandro Ubaldo Bravo Montoya
ESTA ES SOLO UNA DE LAS 5,500 "GRACIAS DIVINAS" QUE LE DIO ALAN GARCÍA A LOS PEORES DELINCUENTES DEL PAÍS Y ENCIMA SE HACE LA VÍCTIMA DICIENDO QUE HAY UNA "PERSECUCIÓN POLÍTICA" EN SU CONTRA, TREMENDO SINVERGUENZA:
DIARIO 16
Una noche de abril del 2009, de esas en que el ‘compasivo’ presidente Alan García consultaba "con Dios" sus conmutaciones e indultos, un monstruo recién liberado por él pasaba sus primeras horas en las calles. Poco después, Sandro Ubaldo Bravo Montoya, condenado a 5 años por robo que salió en libertad un año antes, ya había agregado otro delito a su expediente: la violación.
“No fue algo que viniera de mí. En el penal nos dijeron que los que ya tenían la mitad de su condena que se presenten (…) Simplemente me dieron un formulario para llenar. La cosa fue inesperada”, recuerda el delincuente desde su actual celda en el penal de Huaral al periodista del semanario Hildebrandt en sus trece.
En el artículo periodístico se narra que el 6 noviembre del 2009, "Ana", una policía de tránsito, abordó un taxi con su hijo de 4 años, en Breña. La carrera era al nido de su pequeño, en San Juan de Lurigancho. El chofer, Bravo Montoya, tomó rutas desoladas hasta que, tras el reclamo de "Ana", se detuvo intempestivamente en una zona solitaria y le gritó "¡Así que te gusta tratar mal a la gente, hija de puta!". Luego de revisarla y de robarle 3 mil 500 soles, el falso taxista quiso abusar de ella frente a su hijo, mientras la amenazaba con un arma. Afortunadamente, el acto no se llegó a consumar.
Tan solo 16 días después de atacar a “Ana”, este 'monstruo de la conmutación’ de García volvió a intentar abusar de una mujer, esta vez una joven contadora de 23 años, también en las inmediaciones de Breña y el Centro de Lima. Le robó su celular y dinero, y por alguna razón la arrojó a la pista y se marchó, no sin antes tocarle las partes íntimas.
Lo increíble es que la resolución que lo liberaba se justificaba en “las condiciones de progresión en el tratamiento penitenciario de los internos solicitantes”. E iba firmada por Alan García.
“Ya perdiste, maldita”
La consumación de sus bajos instintos no esperaría muchos días más. A "Cecilia" la obligó a hacerle sexo oral el 18 enero del 2010. Ella había tomado el taxi en la Plaza de la Bandera y se dirigía al centro de Lima, pero Bravo Montoya la llevó por calles estrechas hasta la espalda del colegio Mariano Melgar.
Allí la redujo cogiéndola del cabello y amenazándola con llevarla a otro automóvil en el que esperaban sus secuaces. “Ya perdiste, maldita perra”, le dijo antes de abusar de ella.
El 12 de febrero del 2010, la instructora de la Cruz Roja, Martha Loayza Flores, luego de ser robada por el falso taxista, se salvó de que le hiciera algo más porque lo llamaron al teléfono sus secuaces, que preparaban otro asalto. “Tienes suerte”, le dijo el monstruo antes de arrojarla al pavimento. Dos semanas después volvería a ser arrestado.
Bravo Montoya, monstruo conmutado por la “compasión y comprensión” de Alan García, está hoy condenado a 25 años de prisión. Él no le da mucha importancia al tema. “¿A quién no le gustan las mujeres?”, dice sin una pizca de vergüenza.
La frase:
“He trabajado miles de horas durante cientos de noches solamente con el secretario del Consejo de Ministros para revisar los expedientes” - Alan García, respecto a sus gracias presidenciales.

FISCALÍA RECHAZA DENUNCIA DE ALAN GARCÍA CONTRA LA MEGACOMISIÓN


Megacomisión

A Alan García se le empiezan a cerrar todas las puertas. El fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, declaró improcedente el pedido que realizó el expresidente de la República, para que su despacho y la Junta de Fiscales Supremos se pronuncien sobre la actuación de la Megacomisión que investiga su pasado gobierno, a la cual culpó de afectar de manera sistemática y deliberada sus derechos constitucionales y de no respetar el debido proceso.
La respuesta de Peláez Bardales fue contundente: “Las funciones del Ministerio Público se incardinan en el principio de separación de poderes, conforme al cual, cada estamento, poder u órgano autónomo del Estado cumple sus funciones dentro de los parámetros dispuestos por la Constitución o las normas legales”.
En la solicitud, que García presentó el pasado 16 de abril y que fue resuelta el martes 23 de los corrientes, precisó que en las investigaciones de la Megacomisión no se le estaba respetando el principio de legalidad ni el derecho a la comunicación previa y detallada de la acusación o motivo de la investigación. Tampoco el derecho a la concesión del tiempo y medios adecuados para preparar la defensa, el derecho de defensa y el derecho a un plazo razonable de investigación.
Todo esto dentro del marco de la resolución del Tribunal Constitucional (0156-2012-PHC/TC), la misma que limita la labor de las comisiones investigadoras del Congreso y que fue usada en su momento por los exfuncionarios y exministros apristas para negarse a asistir o a declarar ante la Megacomisión. Este dictamen, sin embargo, ya fue declarado inaplicable por la Comisión de Justicia del Congreso de la República.
En su resolución, Peláez Bardales recalca que dicho pedido no guarda correspondencia con el ámbito de atribuciones del Ministerio Público, “por lo que no concierne a su despacho ni a la Junta de Fiscales Supremos emitir pronunciamiento al respecto”.
Señala, además, que el líder aprista puede acudir con su pedido ante la propia comisión investigadora o a los órganos jurisdiccionales ordinarios o constitucionales competentes.
EL MISMO LIBRETO
Los argumentos que el expresidente García presentó ante el Ministerio Público son los mismos que usó en la queja contra la Megacomisión que le hizo llegar al defensor del Pueblo, Eduardo Vega, también el 16 de abril.
Estos criterios no solo fueron rechazados por el titular de dicho grupo de trabajo, Sergio Tejada, sino también por los fujimoristas, Carlos Tubino y Pedro Spadaro, quienes integran esta comisión investigadora.
EL DATO
La reacción de Alan García se dio luego de las denuncias sobre las irregularidades que se habrían dado en la entrega de indultos y conmutaciones de pena, durante su gestión. En este caso, se encuentran seriamente implicados sus exministros de Justicia, Aurelio Pastor y Rosario Fernández, así como Miguel Facundo Chinguel, expresidente de la Comisión de Gracias Presidenciales de dicho sector.
LUIS ENDO

¡MEGACOMISIÓN NO VIOLA DEBIDO PROCESO DE ALAN!


Alan se queja

Por Guillermo Olivera Díaz; godgod_1@hotmail.com
El publicitado pedido de pronunciamiento, buscando cobijo, de la Defensoría del Pueblo que ha formulado Alan García, debe ser declarado Improcedente, pues, según el Artículo 162° de la Constitución Política invocado por el cuitado quejoso, a ella sólo le compete “defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad”, cuando exista formalmente abierta y en curso alguna investigación congresal, judicial, fiscal, policial o administrativa en contra de alguien, con nombre y apellidos, en la que el abuso estatal  florezca en detrimento del investigado.
En puridad, no es éste el caso. Contra Alan García no existe aún ningún proceso investigatorio abierto. La Megacomisión que preside Sergio Tejada investiga, por encargo del pleno del Congreso, la “gestión presidencial 2006-2011”, como “asunto de interés público” que el Artículo 97° de la Constitución Política prevé, en cuyo trabajo es obvio que se hayan citado a declarar  a infinidad de personas, a decenas de funcionarios públicos y, entre éstos, a Alan García.
Ningún declarante puede aducir, como lo hace impropiamente el quejoso García, la “afectación sistemática de sus derechos constitucionales”, al debido proceso parlamentario, con violación del principio de legalidad-taxatividad por imprecisión de la figura legal delictiva imputada, exceso del plazo razonable, ausencia de cargos concretos, irregularidad en la citación que lo nombró como investigado. En su desesperación e ignorancia supina de la temática penal quiere que le precisen la “norma legal que tipifica las irregularidades del ejercicio de su atribución presidencial” al indultar y conmutar penas a condenados por tráfico ilícito de drogas.
Este  último quejido es una exageración de marca mayor, ya que eso corresponde al antejuicio político. Impropiamente se funda en la sentencia del Tribunal Constitucional, de 8-8-2012, recaída en el Expediente N° 156-2012-PHC/TC, relativo a un proceso de antejuicio y no de comisión investigadora que ve un asunto de interés público. ¿Habrá entendido, si es que las leyó, las 24 páginas de este fallo?
La Comisión Investigadora de la Gestión Presidencial 2006-2011, que inició sus funciones el 21 de noviembre del 2011, no ha abierto proceso alguno contra ninguna persona, llámese Alan García, Miguel Facundo Chinguel o el otrora condenado por tráfico ilícito de drogas, Manuel Huamán Montenegro, entre muchos que ha citado a declarar y casi todos han dado su versión, han dicho, pues, esta boca es mía. Investiga, entonces, la compleja gestión presidencial que hubo entre el 2006 y el 2011, para cuyo objeto Alan García ha prestado su manifestación dos veces, por espacio de unas tres horas cada una.
¿De qué exceso de plazo razonable habla, Alan García, si él, como persona natural, no viene siendo investigado los 600 días que refriega ha dejado de ser presidente, tampoco los 365 días que el Congreso otorgó como término a la Comisión, plazo que ha sido renovado por un año más, sino sólo por las seis (6) horas que han durado sus dos declaraciones? ¿De qué afectación de su derecho al debido proceso, si no está formalmente procesado, investigado o acusado?, pues la apertura de investigación en curso es respecto de un asunto de “interés público”: la gestión presidencial 2006-2011 y no de la persona, y sólo ésta goza de derechos y no la gestión realizada.
Los derechos humanos que la Constitución protege corresponden a las personas, como es el caso del debido proceso. Pretender que se viola el principio de legalidad-taxatividad, porque no se le ha precisado la “figura legal” delictiva  imputada, ni señalado la “norma legal que tipifica las irregularidades” en que habría incurrido al conmutar (rebajar) penas a 3,207 narcotraficantes al ejercer su atribución presidencial, es ser protagonista de una ignorancia supina superlativa, en su calidad de abogado indocto en materia penal, pues estos extremos se cumplen en el procedimiento de acusación constitucional, al que aún no está sometido. Lo estará sin duda.
Por estas razones, entre otras, también el Defensor del Pueblo debe hacer lo mismo que el Fiscal de la Nación, que ha rechazado la solicitud alanista, pues contra Alan García no existe aún ninguna investigación formal abierta, sólo en la cual se vulneraría o no el debido proceso parlamentario.
La investigación congresal en curso es respecto, repito, de la gestión presidencial del 2006 al 2011; en ella no se investiga o procesa formalmente a nadie, a ninguna persona, sino que se cita a los protagonistas de esa gestión, se reciben sus declaraciones, así como las de terceros, para advertir lo que realmente pasó y recomendar o sugerir lo que debe hacerse, seguramente el proceso de denuncia constitucional por delitos contra Alan García, a cargo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que es un ente diferente a la Megacomisión Tejada.
Podríase decir, como licencia literaria, que la “gestión presidencial 2006-2011 está en el banquillo” de los acusados, pero Alan García todavía No. ¡Más adelante lo estará!
Será la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la que abra investigación contra él, actúe la probanza respectiva, reciba de nuevo su declaración, intervengan testigos o peritos, ejercite ampliamente su defensa, en cuyo trámite deben evitarse violaciones de su derecho al debido proceso, que es un derecho fundamental de la persona formalmente investigada y acusada.
¡Alan, creyéndose víctima de afectación al debido proceso legal, ha cruzado la esquina sin llegar a ella; se ha adelantado ostensiblemente y con demasiada prisa a los sucesos del futuro antejuicio o acusación constitucional que contra él vendrá, inexorablemente!

¿OPORTUNISTA INESCRUPULOSO O AGENTE INFILTRADO?

FERNANDO MIGUEL ROSPIGLIOSI CAPURRO Publicado por: Jesús Ospina Disculpe amable lector, continuaré el tema de democracia liberal y marxi...