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| Megacomisión |
A Alan García se le empiezan a
cerrar todas las puertas. El fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, declaró
improcedente el pedido que realizó el expresidente de la República, para que su
despacho y la Junta de Fiscales Supremos se pronuncien sobre la actuación de la
Megacomisión que investiga su pasado gobierno, a la cual culpó de afectar de
manera sistemática y deliberada sus derechos constitucionales y de no respetar
el debido proceso.
La respuesta de Peláez
Bardales fue contundente: “Las funciones del Ministerio Público se incardinan
en el principio de separación de poderes, conforme al cual, cada estamento,
poder u órgano autónomo del Estado cumple sus funciones dentro de los
parámetros dispuestos por la Constitución o las normas legales”.
En la solicitud, que García
presentó el pasado 16 de abril y que fue resuelta el martes 23 de los
corrientes, precisó que en las investigaciones de la Megacomisión no se le
estaba respetando el principio de legalidad ni el derecho a la comunicación
previa y detallada de la acusación o motivo de la investigación. Tampoco el
derecho a la concesión del tiempo y medios adecuados para preparar la defensa,
el derecho de defensa y el derecho a un plazo razonable de investigación.
Todo esto dentro del marco de la
resolución del Tribunal Constitucional (0156-2012-PHC/TC), la misma que limita
la labor de las comisiones investigadoras del Congreso y que fue usada en su
momento por los exfuncionarios y exministros apristas para negarse a asistir o
a declarar ante la Megacomisión. Este dictamen, sin embargo, ya fue declarado
inaplicable por la Comisión de Justicia del Congreso de la República.
En su resolución, Peláez
Bardales recalca que dicho pedido no guarda correspondencia con el ámbito de
atribuciones del Ministerio Público, “por lo que no concierne a su despacho ni
a la Junta de Fiscales Supremos emitir pronunciamiento al respecto”.
Señala, además, que el líder
aprista puede acudir con su pedido ante la propia comisión investigadora o a
los órganos jurisdiccionales ordinarios o constitucionales competentes.
EL MISMO LIBRETO
Los argumentos que el
expresidente García presentó ante el Ministerio Público son los mismos que usó
en la queja contra la Megacomisión que le hizo llegar al defensor del Pueblo,
Eduardo Vega, también el 16 de abril.
Estos criterios no solo fueron
rechazados por el titular de dicho grupo de trabajo, Sergio Tejada, sino
también por los fujimoristas, Carlos Tubino y Pedro Spadaro, quienes integran
esta comisión investigadora.
EL DATO
La reacción de Alan García se
dio luego de las denuncias sobre las irregularidades que se habrían dado en la
entrega de indultos y conmutaciones de pena, durante su gestión. En este caso,
se encuentran seriamente implicados sus exministros de Justicia, Aurelio Pastor
y Rosario Fernández, así como Miguel Facundo Chinguel, expresidente de la
Comisión de Gracias Presidenciales de dicho sector.
LUIS ENDO
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