Esta ha sido la semana del chuponeo. Y como pasó con los petroaudios lo que tenemos por un lado son congresistas bien intencionados tratando de explicar cómo es eso que se chuponea en el país, versus miembros del gobierno que lo único que quieren es tapar su relación con los delitos y se defienden con eso de que las acusaciones son “políticas”, miembros de Unidad Nacional que parecen del partido de gobierno y Fujimoristas que se lavan la manos porque nunca encuentran pruebas. Y así nos vamos a otra impunidad consagrada, con la jueza Martínez estableciendo que la víctima aquí ha sido el presidente que también fue chuponeado; Villa Stein creyendo que toda crítica a sus jueces es con su persona y los medios resignándose a que esto es el Perú donde pasa todo y no pasa nada.
Pero, hagamos la pregunta mínima: ¿qué es el bendito chuponeo? El mandato que le fue entregado a la comisión Luizar trataba de establecer la existencia de una posible red de intercepciones telefónicas, determinar los mecanismos utilizados para este fin y hacer recomendaciones legales al respecto. De acuerdo a la Constitución, el chuponeo es una violación del derecho al secreto de las comunicaciones de las personas. La ley pena la interferencia y escucha de conversaciones privadas, pero a la vez otorga autorización fiscal para intervenir comunicaciones para la investigación de una larga lista de delitos. Esta ambigüedad lleva a que Mantilla y otros digan que sí hay equipos para estas labores, que se realizan regularmente en el Estado, y otros la nieguen. Todo entendemos que la comisión, por su composición, o las limitaciones de sus miembros, no haya podido ser capaz de establecer qué está pasando en el Estado alrededor de este delicado asunto y se haya quedado en la hipótesis que la tecnología que se compró en la época Fujimorista y en los años siguientes, fue a manos de BTR y otras empresas, nadie sabe cómo.
Si algo es particularmente oscuro en el Informe Luizar es la falta de móviles, probablemente porque como en el caso de los petroaudios, el presidente creyó que enumerando hechos sería más fácil lograr que otros suscriban el documento. Es por falta de una acusación directamente política, que los culpables pueden hacerse los distraídos con frases a lo Cabanillas: yo no sabía, no conocía, los contraté porque me dijeron, los dejé entrar en la madrugada porque no conozco de aspectos técnicos; o a lo Giampietri: y a usted qué le importa lo que yo hablaba con mi amigo Ponce Feijóo. Veamos algunas cosas obvias: (a) estamos ante un delito eminentemente político, es decir no hay evidencia de que se trate de espionaje industrial y venta de información entre empresas, y si hubieran estos casos serían secundarios al objeto principal de las interceptaciones que ha sido seguir actividades que ocurren dentro o alrededor del Estado; (b) los chuponeadores no actuaban por cuenta propia, es decir para obtener una información de valor para luego ponerla en el “mercado”, eran más bien trabajadores por encargo, con algún grado de autonomía, sobre todo en las rutinas de autoprotección (información de los mismos que los contrataban); (c) el chuponeo era una prolongación como actividad privada de una labor que se desarrollaba dentro del Estado, en este caso en la Marina de Guerra de donde provienen los “especialistas”, algunos de los cuales estaban en actividad y hacían la conexión con los actuales miembros de Inteligencia de esa institución.
¿Para qué se chuponea? Aunque la comisión no lo pueda decir es casi elemental señalar que se hace para poder manipular escenarios políticos y personas, disponiendo de información secreta y anticipada de las acciones de otros; controlar las actividades de los propios por elemental desconfianza entre personas que saben que están actuando en forma corrupta; prevenir respuestas en contra de los que chuponean y de sus jefes, guardando información de todo el mundo. En resumen el chuponeo no es gratis, es político, es especializado; forma parte de las actividades de gobierno clandestino que subsisten en el país y que se exacerbaron en la época de Fujimori; es un trabajo cerrado y hermético (nadie reconoce que lo realiza o que tiene vínculos con él); los involucrados se protegen y la red se corta si es descubierta.
Las pistas
Nunca se ha aclarado cómo fue que la policía antidrogas, al mando del general Miguel Hidalgo, favorito de Alan García, llevó adelante una investigación especial para el presidente, paralela a las oficiales, y le echó el ojo precisamente a una empresa que tenía innumerables contactos con el Estado, cuyos gerentes se telefoneaban con los más altos miembros del régimen, que no sabían a lo que realmente se dedicaba. Pero, de pronto, plaf, el general de los pishtacos, les cayó a los bandidos. Ciertamente que cabe ahí la hipótesis de que quien ordenó esta investigación supiera adonde debía apuntar y que hubiese decidido descabezar y eliminar la red antes que pudiera haber un mal mayor. La Comisión, por supuesto, no se plantea este problema. Y es que si 124 llamadas de Mercedes Cabanillas en un año, con un supuesto proveedor de servicios al que antes no conocía, le parece lo más normal a apristas, castañedistas y Fujimoristas, qué escándalo habrían hecho si se sugiriera preguntar al presidente por qué orientó la investigación hacia el amigo íntimo de su vicepresidente y el confidente nocturno de su ex presidenta del Congreso.
Vamos, si en el Perú nunca nada puede probarse, de qué vamos a extrañarnos. Pero hay más: (a) Ponce fue integrante de Inteligencia Naval durante el primer gobierno de García, bajo órdenes del almirante Manuel Arriarán y sostuvo vínculos con el Comando Rodrigo Franco, como han indicado ex integrantes de esa organización en sus confesiones; (b) en condición de subdirector de Inteligencia, Ponce protegió a Montesinos en el caso de los cupos que cobraba a Vaticano, que habían sido detectados por su institución y mintió ante la justicia, con lo que le devolvió el favor de haber sido cubierto por el asesor durante el proceso que se le entabló por la desaparición y muerte del estudiante de la Universidad del Callao, Martín Roca; (c) por sus deudas de derechos humanos, el presidente Paniagua anuló el ascenso de Ponce a contralmirante en el año 2000, pero García, teniendo a la vista los informes, lo restituyó al cargo en noviembre del 2006, cuando ya estaba en retiro, lo que nunca se había hecho para nadie, revelando una fuerte complicidad; (d) la relación Ponce-García, es mencionada en el 2003, por ex miembros del comando Rodrigo Franco ante la Comisión Herrera, como un riesgo para su seguridad; (e) el periodista Gorriti indica en su libro “Petroaudios” que Ponce Feijóo trabajó para Alan García en la campaña del 2006; (f) en enero del 2009, luego de ser detenido, García anula el ascenso ilegal de Ponce, sin ninguna explicación.
Toda esta información no es trabajada por la Comisión de los chuponeos. Por ello quedan en el aire los vínculos de unos personajes con otros. ¿Qué clase de amistad es la de Giampietri con Ponce, que el almirante ha dicho que durará hasta la muerte?, ¿qué papel cumple Kouri que primero contrató a BTR para chuponear al anterior presidente de la región del Callao, y que luego le dio un supercontrato a Ponce cuando ya era presidente de región?, ¿quién le indicó a Cabanillas que BTR debía ingresar al Congreso?, ¿quién podía tener interés en controlar las actividades de Rómulo, Bieto y Canaán, donde se jugaba tanto dinero?
Hay otras decenas de preguntas sin respuestas. Pero todas apuntan a la misma responsabilidad. El resultado a medias de la Comisión Investigadora y el descarado boicot de la alianza APRA-UN-Fujimorismo, está dentro de lo previsible. Lo que resta es persistir en la lucha contra la corrupción.
Raúl Wiener
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