SOLUCION: Exigir la DESTITUCION o RENUNCIA de sus miembros.
“ La Tormenta Perfecta ” es una película de Wolfgang Petersen que narra cómo las fuerzas de la naturaleza se encuentran para formar una tormenta de magnitud impredecible en las costas de Massachussets, y la lucha de un grupo de pescadores para hacerle frente, los que sin embargo acaban perdiendo la vida luego de una lucha épica por sobrevivir.
Algo similar parece estarle ocurriendo al Consejo Nacional de la Magistratura: desde hace unas semanas viene enfrentando una tormenta que no parece amainar, a pesar de los esfuerzos de sus integrantes, sino que incluso parece crecer y adquirir tal magnitud que lo más seguro es que acabe llevándolo a pique. Y es que, al igual que la película, la tormenta que agobia hoy al CNM comenzó apenas como meros ventarrones, poco a poco adquirió fuerza, se llevó por delante el reciente concurso de selección de vocales y fiscales supremos, y pronto estaría por devastar completamente al CNM.
El nuevo impulso de esta tormenta no viene, sin embargo, desde fuera del CNM, sino que se ha gestado desde su interior mismo, desnudando además –sin dejar ya mayores dudas- el verdadero carácter político que tuvo el reciente proceso de selección de magistrados, y que pesa sobre el conjunto de la institución. Porque esas son las palabras expresas que usa el consejero Aníbal Torres Vásquez en su carta de RENUNCIA IRREVOCABLE a la Comisión Permanente de Selección y Nombramiento de Magistrados presentada el 5 de marzo último al flamante presidente del CNM, Maximiliano Cárdenas.
En esta misiva, Torres Vásquez lanza severas críticas contra todo el proceso de selección de magistrados, calificando a cada una de sus etapas y al proceso en su conjunto como netamente político. Para éste, la causa de ello sería sobre todo la presencia de otros profesionales en el Consejo: “En efecto, con personas ignorantes en ciencia jurídica, las decisiones en materia de nombramiento, ratificación y sanción disciplinaria de magistrados son necesariamente políticas o de otra naturaleza, menos de carácter técnico-jurídico (…) Admitir lo contrario sería como justificar que un abogado se encargue de evaluar y seleccionar a los mejores médicos para que en un nosocomio se dediquen a la ablación de órganos humanos con fines de trasplante”.
Además de su ignorancia en materia jurídica, Torres Vásquez acusa en su carta el escaso o nulo interés real de los consejeros para evaluar a los postulantes, pareciendo ser para ellos una carga antes que una responsabilidad de cara al país: “el Presidente de la Comisión (…) presentó al Pleno, para su aprobación, el informe de recomendaciones interpuestas por los postulantes a su evaluación curricular (…) Ante el silencio de todos tuve que expresar que antes de aprobar dicho informe deberíamos ver, aunque sea brevemente, los expedientes. Mi pedido, como siempre, les cayó muy mal, incluso un consejero llegó a decir que estoy entorpeciendo el desarrollo del proceso”.
Peor aún, etapas como las entrevistas solo serían una especie de juego, una pantalla para encubrir decisiones previamente tomadas o “conversadas” por fuera del proceso: “En la etapa de entrevista personal, los consejeros que no son abogados se han limitado a repetir al postulante las preguntas que les preparan sus asesores o leerles algún dispositivo legal cuyo sentido no conocen en todos sus alcances, y luego, sin entender si la respuesta es correcta o incorrecta, colocan en la tarjeta respectiva una nota alta o baja, según deseen o no que el postulante ingrese a la magistratura”.
Finalmente, para que no queden dudas del carácter político (o diríamos más bien, CORRUPTO) de todo este proceso, narra una anécdota que deja en claro cómo se manejan las decisiones al interior de esta institución: “el consejero Mansilla nos dijo (a usted y a mí) que el postulante Mateo Castañeda debe ser nombrado Fiscal Supremo, y luego usted resaltó las virtudes de este postulante. Acto seguido, el Dr. Mansilla dijo: Aníbal, ¿Qué hacemos con Hinostroza Pariachi? Manifestó que esta persona no debía ingresar a la Fiscalía…”. ¿Más claro? Imposible.
Frente a esta carta cabe, sin embargo, hacerse unas preguntas: ¿Acaso Torres Vásquez, luego de casi cinco años y a tres meses de culminar su gestión, recién se acaba de dar cuenta de lo que denuncia? ¿Qué interés tiene en seguir promoviendo los cuestionamientos al CNM del cual forma parte si él debe asumir, al igual que el resto de los consejeros, la MISMA RESPONSABILIDAD SI LAS COSAS FUERAN CIERTAS? ¿Porqué hace la denuncia recién ahora e involucra al actual presidente del CNM –a quién tilda de tener “un apetito ilimitado de poder”- a pesar de que durante su gestión han mantenido una cercana vinculación, tal como nos manifestaron fuentes del interior de esa entidad? ¿No será ésta parte de su estrategia para curarse en salud y luego postular a algún otro cargo público?
Lo cierto es que, luego de una declaración de parte como ésta, ¿podemos seguir confiando en el actual CNM? ¿Qué más tendría que descubrirse o revelarse para exigir la inmediata DESTITUCION o RENUNCIA de sus miembros? ¿Cuántos síntomas adicionales deben manifestarse para declarar al CNM clínicamente enfermo, cuando no clínicamente muerto? Es claro que no podemos esperar que los médicos que forman parte del CNM den su diagnóstico, cuando también son parte de la enfermedad. Es necesario que las principales autoridades del sistema de justicia y del Estado en general –especialmente la Comisión de Justicia del Congreso-, así como la sociedad civil en su conjunto, se pronuncie enfáticamente para acabar con este juego perverso y corrupto en que se ha convertido la selección de magistrados, si es que queremos mantener aún la dignidad de la justicia en el país.
Para ello, consideramos que el proceso de selección y nombramiento de magistrados debe revisarse y reformarse en su integridad, con el objetivo de crear un procedimiento más transparente, digno, objetivo y participativo, que incorpore los siguientes puntos: a) todas las etapas del proceso deben ser públicas, de manera tal que los ciudadanos puedan conocer debidamente a los postulantes y monitorear su selección; b) debe tratarse con el debido respeto a todos los postulantes, sin discriminación ni parcialización de ningún tipo; c) deben establecerse criterios uniformes para evaluar a todos los postulantes, que resalten su capacidad profesional y su honestidad e integridad personales; d) los procesos de nombramiento deben sujetarse a las evaluaciones hechas y ser debidamente fundamentados. Esto, junto con una revisión de los criterios de selección de los integrantes del CNM, deben formar parte de un debate nacional, que esperamos se inicie pronto y que desde PROJUSTICIA nos comprometemos a impulsar.
Lima, 8 de marzo del 2010
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