Al descubierto. A medida que se recuerdan los antecedentes
antidemocráticos de Rolando Sousa, crece el rechazo a la posibilidad de que
integre el Tribunal Constitucional
El Instituto de Defensa Legal también cuestiona la elección de Pilar
Freitas en la Defensoría del Pueblo. Indica que ambos pondrían en riesgo la
independencia de estas entidades.
María Elena Castillo.
Por muchas razones, el ex congresista fujimorista Rolando
Sousa no debe llegar al Tribunal Constitucional. El Instituto de Defensa Legal
(IDL) consolidó diez causas por las que su elección pondría en riesgo la
imparcialidad del máximo ente constitucional.
Se le cuestiona por ser socio del estudio de abogados que
defiende a los principales procesados por delitos de corrupción, narcotráfico y
violaciones de derechos humanos.
Entre sus clientes están el ex presidente Alberto Fujimori,
condenado a 25 años por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, así como
los generales Nicolás Hermoza y Julio Salazar Monroe; también están la familia
Sánchez Paredes, por denuncias de narcotráfico, y el ex alcalde Luis Valdez,
acusado de ordenar el crimen del periodista Alberto Rivera.
Ejerció como abogado de Hermoza Ríos en la audiencia en la que
este se comprometió a devolver millones de dólares obtenidos ilícitamente en el
gobierno de Fujimori.
Y en la actualidad, el estudio de abogados del que es socio
defiende al parlamentario Alejandro Aguinaga en la investigación por las
esterilizaciones forzadas en la década del 90.
Asimismo, Sousa fue uno de los gestores y defensor del Decreto
Legislativo 1097, que permitía archivar los juicios sobre crímenes de derechos
humanos si no se dictaba sentencia en tres años, estableciendo un marco de
impunidad para los casos del grupo Colina que en ese momento estaban
judicializados. Envió una carta a la hermana de Carlos Pichilingüe, integrante
del grupo militar, en la que se irroga este decreto como parte de su labor
legislativa. Apenas se promulgó la norma, varios miembros del grupo Colina se
acogieron, pidiendo su libertad.
IDL también señala como argumento que en el 2010 Sousa habría
intentado abogar ante el director de la Policía, Miguel Hidalgo, a favor del
clan Sánchez Paredes, investigado por presunto lavado de activos y desvío de
insumos químicos.
Ese mismo año trató de sabotear la postulación de César San
Martín a la presidencia de la Corte Suprema, asegurando que la sentencia en el
caso Fujimori se elaboró en el exterior.
Señalan que el ex congresista defendió la Ley 29703, que
beneficiaría a funcionarios corruptos que no perjudicaban económicamente al Estado;
y que, en el 2008, intercedió ante el presidente del INPE para flexibilizar el
régimen de carcelario de Fujimori, sin seguir el trámite del Código de
Ejecución Penal.
Además, recuerdan que Sousa fue candidato a la vicepresidencia
y al Congreso por el fujimorismo en el 2006, con el eslogan “Llévame al
Congreso para defender a Fujimori".
También se le acusó de interceder ante el presidente de la Comisión
de Relaciones Exteriores del Senado chileno para evitar la extradición de
Fujimori, cuando se encontraba detenido en el país del sur.
EL CASO FREITAS
El IDL advierte además que el nombramiento de Pilar Freitas en
la Defensoría del Pueblo afectaría la legitimidad que requiere esta entidad.
Entre otros casos, recordaron su participación en la reforma
judicial de Fujimori, usada para controlar el sistema de justicia; haber sido
procuradora del Poder Judicial en los procesos contra Baruch Ivcher para
quitarle la nacionalidad y la administración del Canal 2; así como las
denuncias por incurrir en irregularidades en la administración de la Fundación
Canevaro.
Firmas contra la
repartija política
Sigue creciendo el rechazo de la sociedad civil contra la
pretensión de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional y del defensor
del Pueblo mediante el "cuoteo" y las negociaciones políticas sin
tomar en cuenta las cualidades éticas y profesionales que deben tener.
La carta, suscrita por
el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, ya cuenta con cerca de
800 adhesiones y se espera que el lunes o martes, al pasar las mil firmas, sea
entregada a la presidencia del Congreso.
En las últimas horas el documento también fue
suscrito por la congresista Verónica Mendoza, el parlamentario andino Alberto
Adríanzén, entre otros.
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