Tan mal debe estar la
estructura de valores en el Perú, que el magistrado que por mínima decencia no
debía votar en el asunto de los bonos agrarios por haber sido funcionario por
muchos años de un banco tenedor de estos documentos y litigante con el Estado
por el mismo tema, lo hizo dos veces, primero como parte de una opinión
dividida tres a tres entre los miembros del Tribunal Constitucional y luego
como dirimente.
Con eso, Oscar Urviola, mostró
que estaba decidido a sacar un acuerdo que antes minimizaba como puramente
“abstracto”, y que a la hora de la verdad ha mostrado que lo que pretende es
separar la llamada deuda agraria (actualmente en manos mayoritarias de
tenedores financieros que la adquirieron a precio de remate), de la deuda
social interna y de las programaciones presupuestales donde existen muchas
otras deudas del Estado con peruanos
(jubilaciones, indemnizaciones, pagos pendientes, etc.), y que no se
cumplen, a pesar de tener sentencias nacionales e internacionales a favor de
los demandantes.
El TC, fuera completamente de
sus atribuciones, que ya se habían ejercido cuando se resolvió en el 2001 que
los bonos debían honrarse, ha dispuesto en segundo fallo que estos se
revaloricen en dólares, que el Ejecutivo firme una forma y plazos de pago en
seis meses, y que se termine de cancelar lo adeudado en ocho años. Ni los
tribunales comerciales de comercio resuelven con tanta falta de respeto a los
otros poderes del Estado que tienen sus funciones claramente especificadas.
Hay una enorme sombra sobre la
resolución aprobada por el TC. Aquí algunos puntos para dudar que se trata de
una decisión honesta: (a) la demanda hecha en nombre del Colegio de Ingenieros que no era parte del
proceso ni especialidad en el tema, y cuya dirigencia durante el año pasado
estaba cuestionada por haber sobrepasado los plazos estatutarios; (b) el caso
se ha llevado con una celeridad que no se da en otros casos, por un Tribunal
conformado por persona que desde hace tiempo estaban a punto de irse y que sin
embargo se empeñaron en resolver un asunto de miles de millones de dólares,
donde por lo menos se necesitaba mayor estudio y debate; (c) la decisión se
toma 24 horas antes de que se vote en el Congreso una nueva composición del TC,
lo que indica apuro para sacar el caso como si estuvieran amarrados los votos
necesarios; (d) la cara dura con la que Urviola ha enfrentado las críticas por
el conflicto de interés en el que estaba incurriendo; (e) la memoria de otros
fallos del TC que también han dejado sospechas de corrupción, sólo que en este
caso se trata de cifras mucho más grandes.
A Alfonso Quiroz no le alcanzó
la vida, lamentablemente para incorporar este nuevo capítulo a su Historia de
la Corrupción.
comentario:
Anónimo dijo...
Al día siguiente del
pronunciamiento del TGC hubo una señora que intervino en radio local (95.5,
donde decía que cuando murió su padre dejó una maleta llena de esos bonos y que
por estar tan devaluados los quemó y denunciaba que Jorge del Castillo había
estado comprando esos bonos. El problema no es la corrupción sino la impunidad.
julio 18, 2013 5:20 p.m.
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