Por: Rudecindo Vega Carreazo
La democracia en el Perú va quedando hueca, vacía,
sin contenido, mantiene las formas e instituciones, pero casi todas asaltadas,
intervenidas y controladas por el congreso en un país constitucional e
históricamente presidencialista; el golpe de estado congresal en cámara lenta
se va consumando, no es un golpe clásico, los militares asaltando gobiernos o
los propios presidentes asaltando los otros poderes para mantenerse ilegalmente
en el poder, hoy es el congreso, repleto de minorías criminales, quien asalta
los otros poderes e instituciones estatales, toda la constitucionalidad y
legalidad es utilizada para destruir la democracia y el estado de derecho en
beneficio de sus fechorías y granjerías. No es un líder (militar o
político) quien asalta la presidencia y controla el estado y gobierno, son
organizaciones criminales llegadas al congreso que han pactado controlar los
otros poderes del estado en beneficio propio, es un golpe de estado, usando al
congreso, del crimen organizado en el Perú.
La inutilización o intervención de una timorata y
mediocre JNJ, una obsesión de meses del gobierno congresal, se va consumando
con la inhabilitación de algunos de sus miembros y el reemplazo por sus
suplentes, el congreso inconstitucionalmente suma a su control al organismo
autónomo encargado de nombrar, sancionar y ratificar a los jueces, fiscales,
Jefe de la ONPE y Jefe del RENIEC; no lo pudo hacer meses atrás, mediante
propuestas de reforma constitucional, hoy lo consuma, mediante un sinuoso
procedimiento de inhabilitación individual a cada uno de los integrantes de la
JNJ hecho en forma simultánea y colectiva. No hay razones jurídicas ni
políticas, existen motivos criminales y perversos, revestidos de legalidad,
contra los intereses del país, aquellos que llegaron al congreso para traficar
y negociar poder, aprendieron que podían copar y controlar todo el poder, hoy
lo están haciendo lenta y groseramente contra todo y contra todos.
Las organizaciones criminales que mandan en el
congreso hoy controlan a la presidencia de la república, al Tribunal
Constitucional, la Defensoría del Pueblo y con el control de la JNJ van, otra
vez, por el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Jurado Nacional
Elecciones, la ONPE y el RENIEC. No sorprenda, que, dentro de poco, cuando las
mafias gubernamentales decidan controlar directamente el manejo económico del
país, vayan por el Banco Central de Reserva y de la Superintendencia de Banca y
Seguros, les será más fácil, porque la designación de sus autoridades pasa
necesariamente por el congreso. Las instituciones democráticas están y existen,
pero controladas ilegalmente por la voracidad congresal de apropiarse del
estado sin haber sido electos para ello.
La separación o equilibrio de poderes, principio
fundamental de la democracia republicana ha sido roto; sin ser un país de
régimen parlamentario, hoy somos gobernados desde el congreso: han puesto, dan
soporte y gobiernan con la presidenta Dina Boluarte; han puesto a los miembros
del TC para que emita resoluciones a su favor, han puesto un servil Defensor
del Pueblo para desorganizar, generar chongo y confusión institucional; habían
pactado y controlaban criminalmente el Ministerio Público y, luego de la suspensión
de la Fiscal de la Nación, vuelven por ello; controlarán a la JNJ y mediante
ella controlarán a todos los organismos del sistema de justicia y del sistema
electoral. Cuando las mafias gubernamentales se disgustan o disputan entre
ellas, las contiendas de competencia, son arcaísmo, han sido suplantadas por
públicos y desvergonzados ajustes de cuentas entre las organizaciones
criminales y sus capos.
Los mandamases de las organizaciones criminales
(revestidas como partidos) usualmente no están presentes ni en el gobierno
nacional ni en el congreso, como en el mundo de las mafias, mandan, pactan y
dirigen desde la sombra, desde ahí copan todo, se reparten y dirigen el país.
Los dueños de los “partidos” están fuera del congreso (Fuerza Popular, Perú
Libre, Avanza País, Acción Popular, Somos Perú), ejercen algún cargo regional
(APP) o municipal (Renovación Popular) o ejercen roles secundarios o de bajo
perfil desde su función parlamentaria (Podemos Perú y Juntos por el Perú); lo
que ellos pactan, se reparten y acuerdan en la oscuridad, fuera de las
instituciones del estado, sus operadores ejecutan a pie juntillas. Los
congresistas que señalan no estar sujetos a mandato imperativo son mandatarios
operativos de sus jefes o capos que los lideran. Esos mandamases y dueños de
los partidos son los que nos gobiernan desde la sombra, en otras palabras,
nuestra democracia formal, abierta y pública es dirigida y gobernada desde la
clandestinidad por quienes perdieron o no fueron electos.
Hablar de democracia representativa o
representatividad de nuestras autoridades basados en el voto popular es
equivoco y carece de sentido, pretender entenderlas desde la legitimidad
ciudadana es peor, nuestros “representantes parlamentarios” llegaron por
nuestro voto y, en el congreso, dejaron de representarnos para convertirse en
operadores de las organizaciones criminales que desde ahí gobiernan. Las
categorías constitucionales, jurídicas, políticas para regular el rol de
nuestros gobernantes y mandatarios van quedando vacías y huecas como la propia
democracia, hasta para comprender la crisis y la realidad peruana actuales hay
que complementarlas con conceptos, análisis y esquemas que vienen del mundo
criminal. Si a nuestras autoridades electas no les importa el voto ni la
protesta popular, menos les importa una encuesta o sondeo de opinión que da
cuenta de su no representatividad o legitimidad, la hermosa, descripción de la
democracia como “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” en nuestro
Perú ha sido traicionada y abandonada, vamos innovando, en nombre del pueblo y
la democracia, el gobierno de las mafias, por las mafias y para las mafias.
La suerte del Perú, nuestra suerte, no está echada
ni perdida, hemos superado otras crisis graves y profundas, la actual es
diferente y peligrosa, no enfrentamos a políticos ni organizaciones políticas;
ni ideologías, doctrinas ni programas que visionan el Perú de diferente manera;
enfrentamos a organizaciones criminales que han copado el estado y gobierno en
todos sus niveles e instituciones para sus perversiones y mezquindades; a los
peruanos que deseamos rescatar nuestra democracia y nuestro país, nos toca
unirnos en una amplia y plural coalición democrática para derrotar a esa
coalición corrupta y autoritaria que hoy nos gobierna. Es nuestro derecho y
deber recuperar nuestro Perú.
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