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| Víctor Enrique Caso Lay |
Antes
de ser propuesto por su amigo Santiago Fujimori, ante su hermano Alberto Kenyo,
que a su vez lo presentaría ante el Congreso para hacerse cargo de la
Contraloría General durante siete años, Víctor Enrique Caso Lay era un pacífico
vendedor de botones en una de las antiguas calles del centro de Lima. Cuando,
la oposición de la época denunció que el propuesto no tenía experiencia que lo
sustentara para un cargo de esta trascendencia, Martha Chávez dijo que había
que darle oportunidad de aprender y de recoger su experiencia en la empresa
privada.
Instalado
en el edificio de la Contraloría en la avenida 6 de agosto en Jesús María, Caso
Lay nombró como Subcontralor Adjunto al Ing. Juan Carlos Migone Guzmán; como
secretario general al abogado José Manuel Dulanto D´Carroll; como jefe de la
oficina jurídica al abogado Juan Carlos Morón Urbina; y como director de
administración al contador Andrés Casildo Mariños; todos los cuales figuraron
en la investigación del año 2001, cuando el excontralor de Fujimori usó en su
descargo el hecho de que estos funcionarios fueran los que visaban con carácter
retroactivo los gastos de las Fuerzas Armadas y el SIN, sin revisarlos y menos
cuestionarlos, en lo que se suponía un mecanismo de regularización.
Durante
sus testimonios ante la Comisión de Alto Nivel, el abogado Morón, actualmente
miembro del Estudio Echecopar, contaba que las veces en que quiso negarse a
visar lo que consideraba demasiado problemático, Caso Ley lo emplazó teniendo
al lado a jefes militares a los que les indicaba que ese era “el señor que
estaba oponiéndose”. Morón además relata que cuando se negó firmemente a
firmar, ocurrió que en la mañana siguiente manejando muy temprano en dirección
a la Contraloría, una bomba lacrimógena estalló sobre el parabrisas de su
automóvil haciéndole perder el control. Más tarde encontró una nota sobre su
escritorio que le indicaba que ojalá hubiese entendido el mensaje. Nunca más se
negó a la orden superior.
El
director de administración, Casildo, ya fallecido, dio otra explicación para la
insólita circunstancia de que un funcionario de gestión interna de la
institución, apareciera en los visados de gastos militares, indicando que su
situación laboral en todos esos años fue sumamente precaria: “me renovaban el
contrato cada mes y me presionaban con la amenaza de despido”.
Caso
Lay no se presentó a la Comisión de Alto Nivel y mandó varios mensajes para
intentar una negociación. Ante los comisionados se identificó entonces como su
apoderado, el ingeniero Paco Toledo Llallico, funcionario de la Contraloría,
que quiso declarar por él. La pretensión no fue aceptada. Caso Lay salió del
país poco después. Paco Toledo es actualmente Gerente Central de Calidad de la
Contraloría y al parecer encabeza una red de funcionarios fujimoristas que
bloquean cualquier esfuerzo anticorrupción que pudiera poner en evidencia el
papel que han venido jugando a través del tiempo.
Para
llegar a las primeras conclusiones sobre lo que había sido la Contraloría
fujimontesinista, los comisionados del gobierno transitorio de Paniagua,
tuvieron que abrir las puertas del quinto piso del edificio de 6 de agosto, que
permanecía cerrado con varios candados y sobre el cual, la contralora saliente,
Carmen Higaona, recibió una hoja en blanco que intentó transferir a su sucesor
que no lo aceptó. El encargado de las llaves de ese piso era el jefe de Control
Interno de la Contraloría, que nunca había pisado el interior, y que también se
negó a abrírsela a la Comisión de Alto Nivel, entregándoles las llaves, bajo su
responsabilidad. Nótese que era la época de Paniagua, pero los fantasmas de
Fujimori y Montesinos seguían rondando por los pasillos de la institución.
En
el quinto piso había una interminable cantidad de anaqueles cubiertos de un
gran número de archivadores con documentos de las Fuerzas Armadas y el SIN.
Eran los documentos “justificatorios” de todo gasto, calificados con la mayor
soltura como “secretos” para exceptuarlos de publicidad y control. Los visados
de Contraloría eran de fecha posterior al gasto, o sea primero se usaba el
dinero y luego se le autorizaba, y no había ninguna revisión sobre la calidad y
cantidad de lo gastado, ya que los encargados de los visados lo hacían por
orden superior sin revisar los papeles. Ese era el mundo del fujimorismo,
funcionarios acobardados, archivos bajo candado, un botonero en la Contraloría.
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