La Columna del Director
A nadie se le escapa de que
detrás del alza de pasajes del Metropolitano hay una clara presión política
para alimentar otra vez la sensación de ineficiencia, mala suerte o lo que sea
en contra la Municipalidad de Lima. Los
consorcios, principalmente extranjeros, con los que contrató Castañeda,
recibieron el insólito poder de determinar por su cuenta y de manera claramente
concertada las alzas de precios en el servicio, dejando a la autoridad de la
ciudad pintada en la pared.
Y ahora, estos mismos empresarios tienen un
representante que más parece un político de la revocatoria anunciando que es la
Municipalidad la que no tiene nada que decir cuando ellos toman sus decisiones,
aunque al final termine pagando los platos rotos. Para el jefe periodístico de la
campaña para sacar a Susana del sillón municipal este es el producto del
“pésimo manejo” de la alcaldesa; como lo es que el primer día del cierre de La
Parada no se lograra el objetivo (que se consiguió dos días después); o que el
mar se llevara la arena de La Herradura (como si no hubiera habido una
remodelación de la playa que estaba en estado de abandono); o que la reforma
del transporte consistiese sólo en los supervisores dela avenida Abancay; o no
hubiera obra física de la que hablar, salvo pintar las escaleras.
Claro que todo este resumen es de una
mezquindad asombrosa pero responde a un criterio político. Para cierta derecha,
la caída de Villarán está al alcance de la mano y la cosa es empujar para que
se produzca. Ahí no importa si se castiga a los usuarios con alzas
injustificadas, si se levanta el lumpen para detener las reformas, si se niegan
los trabajos en marcha, si se miente con desparpajo, o si se tapa la corrupción
de la gestión anterior. Marco Turbio y Aldo M. tienen en común que no los torturan
escrúpulos morales: uno quiere cobrar lo que le han ofrecido y otro quiere
incrementar su currículum de primer perseguidor de la izquierda, para que
ya no intenten volver a gobernar.
Nítido se ve que a Susana Villarán la han
tomado de prueba de ensayo de lo que en América Latina ya se ha empezado a
llamar los “golpes blancos”, que son modalidades aparentemente institucionales
de tumbar autoridades, como en el caso de Honduras y Paraguay. La condición
para que esto funciones es que el gobernante de izquierda o progresista haya
triunfado sin evidenciar una mayoría indiscutible y que los partidos
tradicionales hagan frente común para eliminarla. Este tipo de salida madura en
un proceso y que es lo que estamos viendo en el Perú, donde cualquier medio es
válido si se trata de aislar y destruir el blanco político sobre el que se
busca forzar el cambio.
No es que Susana sea especialmente amenazadora
para las posiciones de extrema derecha en el Perú, sino que su victoria reveló
los cabos que se habían dejado sueltos en la administración de la ciudad.
Estamos pues ante una batalla para recuperar terreno perdido y que trata de
pulverizar a la alcaldesa para que se sienta que el derechismo más rancio
recupera el poder. La disputa sobre la revocatoria está por ello desbordando
los legítimos espacios en los que puede expresarse el descontento, para
transformarse en una inmensa maquinaria de manipulación.
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