Megacomisión. Legisladores
Llatas, Wong, Tejada y Tubino en la presentación del informe que intenta
explicar las interceptaciones telefónicas en el gobierno aprista de Alan
García.
Boomerang. La Megacomisión ha
recogido todas las pruebas que el Poder Judicial desechó debido a la
manipulación de terceros, y lo que entonces pudo servir para encubrir actos de
corrupción de poderes políticos y económicos, ahora se ha transformado en un
cúmulo de pruebas de injerencia política en el sistema judicial.
Edmundo Cruz y Elizabeth Prado.
El viernes 6, a pocas horas de
la presentación del informe de la Megacomisión sobre Interferencia Política en
el caso BTR, el ex presidente Alan García replicó que sobre este caso la Corte
Suprema de la República ya ha emitido "sentencia final declarando que en
ese caso no ha existido responsabilidad o presión política" alguna.
Es cierto, la Corte Suprema ha
anulado la orden de la Sala Superior que presidía Iván Sequeiros para que se
investigara a García, pero el poder fiscalizador del Estado, el Congreso, resolvió asumir de oficio la investigación y
a ella se avocó la Comisión Multipartidaria o Megacomisión.
El problema para los
denunciados es que existen numerosas pruebas en su contra que no han sido
materia de juicio y que, por el contrario, fueron excluidas de la investigación
judicial del caso BTR.
Lo fueron porque devinieron en
piezas manipuladas, borradas, alteradas, contaminadas. Esto afectó sobre todo
al material informático: USB, CPU, CD, DVD.
En juicio oral del caso BTR se
dieron dos resoluciones por las que se anulan y expulsan casi todas las pruebas
informáticas debido a que habían sido manipuladas.
Este mismo material hoy cobra
vida, y el informe de la Megacomisión lo ha convertido precisamente en pruebas de interferencia
política.
DESCONTROL FISCAL
La intervención a la vivienda
de Giselle Giannotti Grados duró aproximadamente 12 horas. El fono de la fiscal
Vanesa Araníbar Covarrubias, a cargo de la diligencia, registró en ese lapso un
tráfico de 51 llamadas. Ese indicador sugiere que pasó casi todo ese tiempo
hablando por teléfono y hasta pudo haber sido dirigida desde afuera.
Vanesa Araníbar con menos de
30 años y apenas dos años como fiscal provisional, fue la única magistrada
destacada a ese operativo con 40 policías bajo su mando. El domicilio allanado
tenía aproximadamente 2,000 metros cuadrados. En esas condiciones, ¿pudo
mantener el dominio de las actividades policiales allí realizadas?
Es más. Araníbar no fue
llamada a declarar porque coincidentemente en esa fase de la investigación fue
favorecida con una forzada beca de estudios a los EE.UU. por seis meses. Tiempo
que, según el Reglamento del Ministerio Público corresponde a un fiscal titular y no a un provisional como era su
caso.
CONFESIÓN DE PARTE
Uno de los momentos más reveladores
del informe de la Megacomisión es el rescate de
la manifestación de la ex Fiscal de la Nación, Gladys Echaiz Ramos,
rendida el 10 de agosto del 2010.
"...Teníamos que hacer un
reglamento para el nuevo Código Procesal Penal sobre protección de víctimas,
testigos y peritos", empezó contando Echaiz a una anterior Comisión
Congresal que investigó la supuesta eliminación de archivos digitales de la ex
funcionaria de BTR, Giselle Giannoti.
"Con un informe de la
Fiscalía de la Nación, el Presidente (García) debía emitir un decreto supremo.
Ha sido en el 2009, no recuerdo si en febrero, no me acuerdo cuándo fue que he
ido llevando ese informe y el proyecto de decreto supremo para la protección de
víctimas y testigos", siguió rememorando la magistrada y a renglón seguido
llegó al punto.
"Creo que alguien comentó
que en algún momento habría ido yo para esa diligencia, para esa entrega, y que
probablemente, pues, no sé. ¿Qué ocurrió en ese acto [...]?. Entregado esto me
pregunta el Presidente si la Marina estaba dando facilidades para la
investigación (del caso BTR), y si había permitido que ingresen los fiscales a
verificar. "No sé", le dije yo. Parece que no. Lo llama al ministro
(Ántero Florez Araoz, ministro de Defensa) y le dice que "abra las puertas
y permita que los fiscales entren". Le comuniqué a mis fiscales, que vayan
y se fueron a hacer una diligencia allí en la avenida Santa Cruz".
En la avenida Santa Cruz
número 254, distrito de San Isidro, tenía su sede una dependencia del Servicio
de Inteligencia de la Marina, "implicado en el presunto uso de una
instalación militar y su equipamiento para actividades ilegales de interceptación
telefónica en perjuicio del Estado y de terceros", según reporta el
informe de la Megacomisión.
COLABORACIÓN COSTOSA
La colaboración eficaz de los
agentes de inteligencia Ismael Matta Uribe y Luis Amengual Rebaza con el
proceso BTR resultó muy onerosa al erario nacional.
El primero fue contratado por
servicios no personales en el Consulado de Perú en Patterson con un ingreso
mensual de 4,500 dólares. Y su incorporación elevó a nueve la planilla de
funcionarios consulares en una sede que ya tenía serios problemas de
presupuesto.
Por su parte, Luis Amengual
fue nombrado Agregado Civil en el Consulado General del Perú en Nueva York, y
antes de viajar a tomar posesión del cargo diplomático contrajo matrimonio
teniendo como testigo al entonces Premier Jorge del Castillo.
Las gollerías de este par de
colaboradores significó un egreso de 377 mil dólares.
Perfil del Informe de
Investigación “Interferencia política en caso BTR”
Elaborado por una Comisión
Multipartidaria, más conocida como Megacomisión, presidida por el sociólogo
Sergio Tejada del PNP.
Fruto de un trabajo de 8 meses
de recopilación, verificación y análisis de las 3 investigaciones anteriores.
Condensado en 18 capítulos,
458 páginas y otros tantos anexos.
Realiza un análisis factual y
legal de 6 casos de interferencia política en la investigación judicial sobre
BTR.
Arriba a 28 conclusiones
demostrativas de intervención política en la desviación del curso de la
investigación, manejo de colaboradores eficaces, detención de implicados y
manipulación de pruebas.
Igual injerencia encuentra en
el caso Petrotech, el ascenso del implicado Ponce Feijó, también en la dación
de normas vinculadas al proceso y en la
exclusión de altos mandos de la Marina de Guerra que permitieron acciones
ilegales en su sede.
Las 18 recomendaciones
proponen denunciar al expresidente Alan García y a 8 funcionarios de su segunda
gestión.
El pedido alcanza al ex
ministro Hernán Garrido Leca quien reporta rentas de 4ta. Categoría que no
coinciden con sus declaraciones fiscales ante la Sunat.
Sergio Tejada niega que haya filtrado informe BTR sobre Alan García
Nacionalista negó que el grupo
de trabajo que preside trabaje en función a los intereses del Poder Ejecutivo.
El presidente de la
Megacomisión, Sergio Tejada, aseguró que él no fue el que filtró el informe
final sobre el caso de las intercepciones telefónicas ilegales realizadas por
la empresa Business Track durante el último gobierno de Alan García.
Precisamente, ayer se conoció
que este grupo de trabajo recomendó denunciar al expresidente por tres delitos,
por estar involucrados en una organización delictiva que obstaculizó la
quística y evitó el esclarecimiento de las intercepciones.
Tejada Galindo refirió que
este informe preliminar estuvo en su despacho, se mantuvo en reserva, pero una
vez entregado a los integrantes del grupo investigador para su estudio, pierde
el control en su manejo.
"No he filtrado el
informe y no estoy de acuerdo con las personas que lo filtran, eso nos crea una
serie de dificultades para iniciar el debate", señaló en RPP.
Asimismo, rechazó las acusaciones que indican que esta
comisión trabaja en función a lo que disponga el Gobierno. En este caso,
supuestamente como una cortina de humo al caso Ecoteva que involucra al
expresidente Alejandro Toledo.
Precisamente, el legislador aprista Mauricio Mulder
señaló que Tejada Galindo filtró este informe antes que sea entregado a los
propios congresistas que integran la Megacomisión. Además, aseguró que esta es
una cortina de humo que busca tapar a Toledo Manrique.
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