Ya no es fácil dirimir si era peor un
Tribunal Constitucional de repartija o uno en eterno estado de salida que
parece haberse dispuesto a resolver temas de interés directo de sus integrantes
que, dentro de un tiempo, pasarán a ser ciudadanos comunes y corrientes. Antes
fue el asunto de los bonos agrarios detrás de los cuales están un banco peruano
y algunos fondos financieros internacionales, y el papel cumplido por el
presidente del TC (exfuncionario del banco) y dos magistrados que, contra
viento y marea, y más allá de los permitido por la Ley y el reglamento, sacaron
por dirimencia un acuerdo que fija plazos y condiciones al Estado para hacer el
pago. Ahora, una mayoría de cuatro, donde resaltan las filiaciones o cercanías
apristas de varios de ellos, han votado por cambiar la opinión judicial ya
establecida de que la matanza de los penales de 1986, y en particular los
acontecimientos de El Frontón no constituirían delito de lesa humanidad y
serían por tanto prescribibles, contradiciendo además abiertamente la posición
de la Corte de Derechos Humanos de San José.
Tal vez lo más curioso sea que dos de
los impulsores más tenaces de la sentencia sobre los bonos, han actuado ahora
oponiéndose al nuevo fallo que representa un espaldarazo político a Alan
García, que ya había sido sacado del proceso, pero que debe estar celebrando
que el caso se vaya a archivar, demostrando que en el Perú se puede matar a 300
y todo permanece igual. Los magistrados que impidieron que la resolución sobre
los bonos tuviera mayoría clara, y que entre otras cosas exigían que se
reservara la resolución para sus reemplazantes por la delicadeza del asunto, se
olvidaron de esas aprehensiones para forzar una sentencia que va a representar
una nueva vergüenza internacional.
En conclusión no hay una instancia
constitucional en la que se pueda confiar que sus decisiones serán
estrictamente jurídicas y constitucionales, y que no serán penetrados por las
necesidades de la economía y la política. Oficialmente el TC ha definido que no
hubo plan detrás de los hechos de junio de 1986, que no hubo matanza sino enfrentamiento,
que no hubo desproporción en el uso de la fuerza y ha ignorado los testimonios
que indican que se fusiló a una parte de los rendidos. Estos puntos los
ampliaremos en esta columna el día de mañana. Pero dejemos planteado lo
esencial que es que el TC ya no sólo se pretende el intérprete infalible de la
constitucionalidad, ya no sólo legisla señalando el contenido que deben de
tener las normas observadas, ya no sólo le da plazos y procedimiento al
Ejecutivo, sino que también revisa la historia y pretende decirle al país que
se horrorizó con el bombardeo, la demolición y masacre de prisioneros, que el
gobierno que hizo eso lo hizo dentro de la ley.
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