Jans Erik Cavero Cárdenas
Alejandro Toledo y Alan García, ex Presidentes
de la República, son investigados por el Parlamento y el Ministerio Público. Si
hay indicios razonables de la comisión de delitos, ambos deben ser sancionados
con todo el peso de la ley. El precedente sería aleccionador: A los ex altos
funcionarios corruptos también les corresponde la cárcel y la inhabilitación
para ejercer cargo o función pública.
Ambas investigaciones, sin embargo, desnudarían
un sesgo y una diferencia de trato que confirmaría la “simpatía” del Fiscal de
la Nación por el APRA. Con Toledo, observo a un Peláez proactivo, dinámico,
ágil, colaborador con otras instancias; con García, en cambio, estoy frente a
un fiscal pasivo, desmotivado, timorato, nada colaborador, como si su intención
fuera archivar el caso, tan igual como archivó casos en los que estuvieron
comprendidos ex ministros del régimen aprista.
Peláez ha dicho que no es militante aprista.
Esta afirmación, no obstante, es una verdad de Perogrullo – pues el ejercicio
de la carrera fiscal supone la prohibición de militancia partidaria – e ignora
la diferencia entre militancia, simpatía, y vinculación con una determinada
organización política. Estoy convencido de que César Vega Vega, Vocal Superior,
no es militante aprista, pero ¿alguien podría negar su afecto por el APRA? Lo
mismo cabría sostener respecto a Carlos Mesía, magistrado del Tribunal
Constitucional.
Sergio Tejada, Presidente de la Megacomisión, ha
emplazado a Peláez, recordándole su nula vocación de colaboración con la
comisión investigadora de la gestión de Alan García. En efecto, el 11 de junio
de 2013, por acuerdo de la comisión, se le cursó una invitación para concretar
coordinaciones institucionales que optimicen el trabajo de investigación
encomendado por el Pleno del Congreso.
La respuesta de Peláez fue contundente. Rechazó
la invitación de la Megacomisión calificándola de inoportuna. Según Peláez,
ensayando una nueva teoría sobre la separación de poderes, la citación
constituía una intromisión del Parlamento en el Ministerio Público. Sin
embargo, ante la citación de la Comisión de Fiscalización del Congreso acudió
raudamente. ¿Por qué?, ¿dónde quedó su separación de poderes?, ¿será porque
quien preside Fiscalización es Solidaridad Nacional?, ¿será porque el
investigado es Toledo?
Desde mi perspectiva, Peláez “inventó” un nuevo
dogma de la separación de poderes para no colaborar con la comisión
investigadora. La Megacomisión tenía un objetivo central con la reunión
programada: Coordinar acciones conjuntas para llevar adelante investigaciones
eficaces; coordinar actuaciones procedimentales para la remisión del acervo
documental que obra en poder de la comisión; entre otros temas.
Peláez debería saber que se aperturó
investigación fiscal sobre colegios emblemáticos para determinar la presunta
colusión entre empresas ejecutoras de obras y malos funcionarios del inefable
José Antonio Chang Escobedo. ¿Cuál fue el resultado de la investigación? El
archivo del caso. Esta situación generó preocupación porque fiscalía no contó
con el Informe de los Colegios Emblemáticos. Me pregunto: ¿en base a qué
resolvió la fiscalía? Probablemente en base a las declaraciones testimoniales
de empresarios como Mont Ling, propietario de la Empresa DH Mont, ex jefes de
OINFE, etc.
Sostengo la hipótesis de que la táctica de abrir
investigación fiscal sin contar con elementos que evidencien indicios de
responsabilidad persigue un objetivo: El archivo del caso. ¿Por qué fiscalía no
esperó que el informe sea aprobado por el Pleno del Congreso y actuar una vez
recibido el acervo documental? Con el archivo del caso, si más adelante alguien
denuncia nuevamente o propone investigar hechos vinculados, los implicados
apelarán al principio non bis in ídem para eludir investigación alguna,
aun cuando este principio encuentra sustento en sede judicial.
Por todas estas razones, creo que estamos ante
la concreción de la célebre frase “Para mis amigos, todo; para mis enemigos,
la ley”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario