EL ROBO DEL SIGLO.

Causantes del peor fenómeno de corrupción 

DECRETOS SECRETOS Y MAL USO DE FONDOS PÚBLICOS.

Casi todo de lo que se enterará el lector, en este capítulo, tiene el muy documentado respaldo de los frutos de la Comisión Investigadora de los delitos económicos y financieros (CIDEF) cometidos entre 1990 – 2001 que presidiera el Congresista Javier Diez Canseco Cisneros (UPD) y cuyos más destacados miembros fueron Walter Alejos (PP) Maximo Mena (PP), Juan Valdivia (APRA) y Kuenen Francesca Marabolto (UN).

Esta comisión multipartidaria contó con la valiosa colaboración de destacados profesionales como la doctora Beatiz Mejía, doctores Walter Alván, Oscar Ugarteche y tantos otros que sería muy extenso mencionar.

CIDEF publicó, auspiciada por el Fondo Editorial del Congreso un informe final, lamentablemente no muy difundido.

La escrupulosa investigación de la CIDEF nos ha eximido de buscar mayores fuentes para ofrecer al lector el cuadro de increíble corrupción que caracterizó los diez años del fujimorato.

Las conclusiones principales de la CIDEF fueron estas:

1.- El gobierno de Fujimori fue el peor fenómeno de corrupción de nuestra historia republicana y principal legado nefasto que nos ha dejado.

2.- El país fue gobernado por una red corrupta de altos funcionarios, mandos militares y algunos grupos de poder económico.
3.- Para actuar con más impunidad esa red corrupta controló y atropelló la autonomía de las instituciones, especialmente aquellas encargadas del control político.

Así controlaron y manejaron, a su gusto, el Parlamento Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Contraloría de la República y medios de comunicación masiva (prensa escrita, radio y TV).

Casi nada escapó a su control. Todo lo manejaba Montesinos, aunque Keiko diga: “mi papá no sabía nada”.

4.- Otra conclusión indiscutible de la CIDEF y motivo principal de su investigación fue que para mantener la impunidad construyeron una “legalidad ad hoc”.

Precisamente el mejor instrumento para esta inmoralidad fueron los decretos de urgencia y decretos supremos secretos que se analizan exhaustivamente el mencionado informe.

5.- Principalísima conclusión del informe de CIDEF es que este grupo corrupto de poder se constituyó desde el inicio del gobierno de Alberto Fujimori en 1990, contó con la participación expresa de la cúpula militar, hecho que se hizo mas evidente a partir del auto golpe de Estado del 5 de abril de 1992 y que el trípode que lideró el núcleo de corrupción estuvo conformado por Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y Nicolas de Bari Hermoza Rios.

La labor de la CIDEF para procesar la gran cantidad de información existente se vió multiplicada pues investigando un tema determinado de corrupción encontraban que éste estaba ligado a otro tema de corrupción.

Así dicen que mientras investigaban las pérdidas del Estado en la empresa agro-industrial Pucalá, se abrió otro tema que era el Fondo Especial de Promoción Agraria.

La investigación de CIDEF abordó los temas de las privatizaciones, las operaciones de salvataje bancario, las principales licitaciones y adquisiciones, el uso de fondos públicos para la red de corrupción la recepción y destino de las principales donaciones y programas de cooperación internacional, el financiamiento de las instituciones de control como la SUNAT Contraloría y Aduanas, la liquidación de empresas públicas como Popular y Porvenir y otras vinculadas al sector Defensa.

El primer hallazgo importante de la CIDEF es que apreció como una constante común en todos los casos el uso abusivo de los Decretos de Urgencia, en su mayoría de orden secreto.

Por ello, se investigó con especial énfasis la compra de armamento y de productos de origen chino.

A la vez se identificaron una serie de enmarañados procedimientos para alcanzar objetivos pocos transparentes en los casos de privatización y quiebra de Aero Perú, la privatización de Electro Lima y sus implicancias tributarias, la corrupción en la gestión de las empresas aseguradoras Popular y Porvenir, el salvataje del Banco Latino, la privatización de la empresa azucarera Pucalá y el manejo del proyecto del rio Cachis.

El uso indiscriminado de dispositivos de urgencia, muchos de carácter secreto, fue instituido por la mafia fujimorista como una modalidad para amparar gastos irregulares, vía compras destinadas a favorecer a las empresas vinculadas a la red de corrupción. Así se destinaron mil trentidos millones de dólares provenientes de la privatización en la compra de armamentos y equipos militares de dudosa calidad.

El agravante de estas operaciones ilegales es que se realizaron con mayor énfasis durante la época del conflicto con el Ecuador. A la mafia no le interesó el país ni el conflicto bélico. Solo les interesó lucrar pese a que la mayoría de los implicados eran militares.

Nunca se ha esclarecido como es que habiendo más de siete mil millones de dólares como ingresos por la privatización solo quedaban 143 millones en caja.

Lo que sí quedó claro según la investigación CIDEF es que de las privatizaciones y a través de esos Decretos Supremos Secretos se invirtieron 1,800 millones de dólares para comprar armas de mala calidad, como los MIG que no funcionaban y otras, armas, caballos, automóviles, equipos de radio. De ahí salieron las fortunas en los bancos suizos de los generales sentenciados y de los prófugos como Víctor Malca, ex embajador en Mexico al que no se puede encontrar desde hace diez años.

Sin duda el engranaje de la mafia había copado todas las esferas del poder de manera que apenas hubiera una denuncia se ponían en funcionamiento los mecanismos para desactivarla. El Congreso, el Poder Judicial, la Contraloría operaban con una coordinación sintonizada, cada una cumpliendo su papel de acuerdo al libreto preparado por el asesor.

De esta manera, ninguna denuncia podía prosperar.

Una conclusión muy importante del informe de la CIDEF es: el que suscribe el Ing. Javier Diez Canseco cuando dice: “No es posible emitir un decreto supremo de emergencia secreto sin la firma del Presidente de la República y menos para las compras de armas” por lo que es contundente que “Alberto Fujimori tenía pleno conocimiento de todo lo actuado por la red mafiosa que él integraba y que decir desde su comodo de parlamento de Tokio que fue sorprendido por su asesor es risible”.
Otro hecho muy importante que investigó y comprobó la CIDEF fue que el gobierno peruano abusó de la figura de la asistencia internacional y trasladó y aun traslada fondos públicos a un programa de las Naciones Unidas que se conoce con el nombre de PNUD con lo que se pagó la “planilla” de los funcionarios responsables de las privatizaciones, miembros de la COPRI y las CEPRI, que eran muy jugosas y que por tanto oficialmente “no salen” del Tesoro Público.

Para esta artimaña legal se emplearon 295 millones de dolares. Tómese nota que para realizar esto el gobierno debía pagar 3.5% como concepto de comisión de agente.

Conclusión muy importante y de la que rogamos al lector, le dé la debida importancia en cuando dice textualmente: “La elite empresarial privada hasta donde hemos podido constatar participó en forma activa en la corrupción estudiada. Hay una corresponsabilidad estudiada entre el Estado, los funcionarios públicos y algunas empresas privadas”.

“Lo que observamos en el caso de la Contraloría General de la República es que durante la década pasada el 75% de sus acciones fueron dirigidas a controlar municipios que sólo manejan el 4% del presupuesto nacional. El contralor caso Lay no acogió fiscalizaciones ni denuncias”.

Coincidiendo totalmente con lo expresado en la introducción del informe del CIDEF por el reconocido economista Dr. Oscar Ugarteche nos permitimos transcribir sus acertados conceptos que el autor los hace suyos: “Lo descrito en estas páginas representa solo una muestra de lo que realmente corresponde a la magnitud de lo ocurrido en el Perú durante la década de la corrupción.

Los daños causados por la mafia que nos gobernó son incalculables y siguen surtiendo sus funestos efectos pues trastocaron delictivamente no solo el ámbito económico, político, social, sino fundamentalmente, el moral impusieron la corrupción como la forma de gobernar al país”.

“Y lo que puede ser más grave aún es que queden impunes”.

“Es preciso por ello, sancionar los delitos identificados a la par que es preciso también incorporar al cuerpo legal tipificaciones que sancionen específicamente los delitos económicos y financieros que en otros países son castigados con suma dureza, puesto que cometerlos implica comprometer no solo el presente sino el futuro de vida de generaciones de peruanos y especialmente de los peruanos y especialmente de los peruanos más pobres”.

La primera acusación constitucional presentada al Congreso de la República por la CIDEF fue la denuncia a diversos Ministros de Estado, jefes militares y otros altos funcionarios del gobierno de Fujimori por el uso y abuso de los denominados dispositivos de urgencia y en particular aquellos que tuvieron carácter de secretos.

Sería demasiado extenso y fatigoso para el lector hacer relato minucioso de los delitos contenidos en esos Decretos por lo que los resumiremos en los siguientes datos:

1.- Durante el gobierno de Fujimori se expidieron 22 Decretos de Urgencia Secretos de disposición de fondos públicos de los cuales 14 fueron de fondos de la privatización.

2. Esos decretos no se publicaron en el diario oficial, no tuvieron, en la mayoría de los casos, aprobación del Consejo de Ministros y sólo ocho de ellos se enviaron al Congreso para su aprobación. El secreto fue total.

3.- En muchos casos no se encontró los documentos físicos que contenían los decretos. Tampoco se encontró actas de aprobación del Consejo de Ministros.

4.- La mayoría de los Ministros desconoció la existencia de esos Decretos. Publicamos fotocopia de ellos para conocimiento de los lectores.

5.- Primero cometían el delito, luego lo regularizaban. Es decir, primero aprobaban la operación, disponían del dinero y luego expedían el Decreto.

6.- Antes de expedir el decreto se creaban empresas de proveedores cuyos accionistas eran testaferros o miembros de la asociación delictiva como en el caso de la compra de aviones de Bielorrusia.

7.- Los decretos fueron principalmente para la adquisición de bienes y servicios de los Ministerios de Defensa y del Interior.
8.- Se cometieron los delitos de asociación ilícita para delinquir, malversación de fondos, colusión ilegal, peculado, falsificación de documentos públicos, negociación incompatible, supresión, destrucción u ocultamiento de documentos y omisión de denuncia.

Para asombro del lector los Ministros implicados en la Comisión de tantos delitos sólo recibieron condenas en el poder judicial de cuatro años de prisión, suspendida.

Vale decir que no pasaron ni un solo día en la cárcel, en la que debieron estar algunos años. Quizá muchos tengan la osadía de postular para parlamentarios el 2011, porque ahora 2010, vivimos casi una “cultura de la corrupción”.

Son tres los casos emblemáticos de esos 22 decretos.

1.- Decreto 046-95 Disponen de 67’800.00 de soles para compra de un avión presidencial BOEING 737.

Es escandaloso porque a) no se podía disponer de recursos de la privatización para comprar un avión al Presidente b) estábamos en pleno conflicto con el Ecuador. Lógicamente ese avión no tenía ninguna prioridad c) no hubo licitación, ni concurso de precios d) no tenía nada de urgente y e) todo se hizo en menos de un mes.

2.- Decreto 02896 se dispuso de 252’052.420 dólares para comprar 3 aviones MIG de segundo uso en Bielorrusia.

Este saqueo a los fondos públicos se inició cuando una empresa de Ucrania presentó una propuesta, Montesinos la bloqueó y forma con Alberto Venero la empresa W21 INTERTECHNIC para representar a la compañía TREVES INTORA que también era de un amigo y socio de Montesinos.

Con fecha 6 de mayo de 1966 emiten el Decreto y el 13 de mayo firman el contrato.

Este Decreto no fue de conocimiento del Congreso de la República, ni del Consejo de Ministros.

En conexión con este Decreto se encuentra el 075-96 que fue más escandaloso por el que se destinan 150 millones de dólares para comprar 18 SU-25 a Bielorrusia también.

En ambos casos los decretos se expidieron después de arreglado el “negocio”. Según declaraciones de Venero Montesinos recibió 30 millones de dólares por esta compra.

3.- El caso más escandaloso y por el que Alberto Fujimori fue sentenciado por la Corte Suprema fue el último Decreto el 081-00 por el que Montesinos recibió 15 millones de dólares en concepto de CTS pero que por indicación expresa de Fujimori se expidió para “ejecución de acciones en la frontera con Colombia”.

Así con ese desprecio y desaprensión se disponía de los fondos públicos, por el propio Presidente de la República.

Este acto que es ejemplo de desvergüenza se agravó mas cuando Fujimori se vio obligado a devolver esa suma y entregó 15 millones de dólares que tenía en Palacio. Pero se descubrió que los 15 millones que se llevó Montesinos eran distintos de los que “devolvía” Fujimori, simplemente porque eran billetes de distinta denominación.

Demostración simple y sencilla del volumen de la “caja chica” de Fujimori en el mismo Palacio de Gobierno y prueba de su cinismo.