LAS LEYES DE CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL SIGUEN COBRANDO VÍCTIMAS HUMANAS

ROBERTO ANGULO

Roberto Angulo

DIGNIDAD Y DEMOCRACIA SE PRONUNCIA: LAS LEYES DE CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL SIGUEN COBRANDO VÍCTIMAS HUMANAS. LOS PUEBLOS DE LA SELVA CENTRAL TIENEN DERECHO A PROTESTAR.

La intervención policial armada contra los manifestantes civiles del distrito de Pichanaki, que protestan contra las concesiones de explotación petrolera hechas por el Estado sin ninguna consulta a las poblaciones, ha cobrado el día de ayer dos víctimas según dan a conocer medios radiales, existiendo versiones de la gente que indican que en realidad serían 6 muertos, y más de una treintena de heridos de bala.

Frente a ello, los congresistas de la Bancada de Dignidad y Democracia manifestamos nuestra resuelta condena, por tratarse de una violación a la libertad, al derecho a la vida y al derecho de protesta de las poblaciones. Las fuerzas policiales tienen el encargo de custodiar el orden, pero están prohibidas de atentar contra la vida de las personas.

• Denunciamos que el patrón de intervención de las fuerzas policiales contra la población se vuelve a repetir en el caso de Pichanaki, como antes se vio en Cajamarca, en Espinar, en La Convención, y consiste en el uso a discreción de armas de fuego sin medir las consecuencias, sin cumplir el protocolo de uso de medios disuasivos.

• Denunciamos también que la Policía vuelve a ser usada por el Estado para servir a los pedidos de las grandes empresas, como ocurrió hace unos días con la intervención policial contra las posesiones de la señora Máxima Acuña Chaupe, por oponerse a las actividades mineras invasivas de la empresa Yanacocha.

• En el caso de Pichanaki, la Policía interviene para proteger una concesión de exploración otorgada a la empresa Plus Petrol, sin considerar la afectación que la industria petrolera puede traer no sólo a las actividades productivas de la gente, sino a los valiosos recursos ecológicos de estas zonas de selva.

• Denunciamos que parece constituir una hipocresía mayor del Ejecutivo que llama a un presunto diálogo con las fuerzas vivas, mientras a través de su Ministro del Interior, ordena la intervención represiva sistemática e inflexible contra las poblaciones que protestan contra las políticas actuales, aprovechando las leyes de criminalización que aprobaron los sucesivos gobiernos de Fujimori, Toledo, García y ahora Humala, en clara violación del derecho de protesta que ampara la Constitución.

Llamamos a la ciudadanía a condenar este ejercicio irregular del poder represivo del Estado y a que el Congreso demande la salida inmediata de los Ministros responsables de tales atropellos.