Claudia Cisneros
Pluspetrol debería ser
expulsada del Perú y prohibida para siempre de tener operaciones en nuestro
país. Claro que antes de eso debería pagar los 40 millones de soles por multas
debido a su absoluta negligencia y desprecio por el medioambiente peruano y los
peruanos a quienes envenena desde hace años. Y no solo eso, el Estado peruano
debería obligarla so pena de cárcel para sus directivos a cumplir con remediar
todo el desastre que sus 15 años de explotación petrolera han generado en la
selva peruana.
Acto seguido, deberíamos los
ciudadanos demandar al Estado peruano y a todos los ministros de Energía y
Minas que durante años y varios gobiernos vienen permitiendo, de manera
cómplice, el envenenamiento de peruanos a costa del mal llamado desarrollo. Mal
llamado porque el desarrollo de verdad no puede incluir el deterioro de la
calidad de vida y salud de las personas, el detrimento de sus tierras, la
depredación de nuestros recursos extrapetroleros y el atropello de los derechos
de miles de peruanos. Porque Pluspetrol para sacar el petróleo, ensucia,
embarra, contamina, depreda, maquilla, esconde, extermina, y todo con la
complicidad del Estado peruano que debería velar por la salud, vida e
integridad de sus habitantes.
Durante 15 años Pluspetrol
Norte ha venido explotando así el Lote 1-AB, ubicado en Loreto y Datem del
Marañón. Las 12 multas que tiene por arrasar nuestro medioambiente y enfermar a
nuestra gente asciende a 39’400.00 millones de soles. Pero a Pluspetrol no le
ha dado la gana de pagar las multas y su maña ha sido judicializarlas,
estancarlas en el Poder Judicial. Es decir, no solo embarra y envenena,
Pluspetrol hace perro muerto y utiliza el muchas veces corrupto Poder Judicial
para sentarse en las sanciones.
Si de algo sabe Pluspetrol es de burlarse del
Perú. Si no cómo se explica que el contundente informe de sus malas prácticas
que emitió el Organismo de Fiscalización Ambiental (OEFA) haya sido frenado por
un juez peruano. Pluspetrol ha tenido la frescura de interponer una medida
cautelar contra el informe del OEFA (411-2014-OEFA/DS-HID) que señala hasta 92
sitios a lo largo del lote en los que ellos han causado importantes daños.
Entre las infracciones de
Pluspetrol figuran: no instalar válvulas de bloqueo para minimizar posibles
derrames, excesos de nivel de hidrocarburos en los suelos, perforar pozos sin
instrumentos de gestión ambiental, mala disposición de residuos sólidos, no
cumplir con rehabilitar las áreas impactadas, contaminar con hidrocarburos la
laguna de Shansococha y tras ello ¡drenarla! para deshacerse del petróleo,
entre otras.
En diciembre pasado, a 7 meses
de terminar su contrato y dejar el lote, el juez Alexander Rioja dictaminó que
el documento de OEFA no podía ser usado por nadie, haciendo caso a todo lo
impugnado por Pluspetrol. Ese juez debería ser investigado.
Mientras el tiempo se acaba para que
Pluspetrol cumpla con el plan de abandono que requeriría meses y hasta años,
con un Estado blando en exigirle remediar los daños, la licitación pública del
Lote 192 debe iniciarse pronto. Ello supone poner en ejecución la Consulta
Previa con las comunidades. Pero es lógico que las comunidades no accedan a
otro contrato si no se sanan las tierras y aguas contaminadas, se titula,
indemniza y se asegura la remediación que tomará años e importante inversión.
Esta encrucijada de tiempos superpuestos se resolvería si el Estado cumpliera
con su responsabilidad política, jurídica y social de obligar a Pluspetrol a
arreglar lo dañado y pagar las multas. Es decir, a que deje de burlarse de nosotros
dejando en nuestro suelo Emergencias Ambientales y Sanitarias declaradas en las
4 cuencas de Loreto (Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón) con reportes
oficiales de OEFA, ANA, DIGESA, OSINERGMIN; más de 123 sitios contaminados,
100% de sedimentos de cuerpo de agua contaminados con cadmio en Corrientes; en
Marañón, dentro de la Reserva Pacaya Samiria, 73% de muestras que superaron
límites permisibles de hidrocarburos; y en el río Tigre el 100% de muestras de
fuentes de agua contaminadas con hidrocarburos, hierro, níquel y aluminio.
A ver si en Lima de una vez
por todas se comprenden “los graves problemas ambientales y sociales vinculados
a las actividades de hidrocarburos en el Lote 1-AB”, como acaba de señalar en
carta al presidente Humala la Defensoría del Pueblo (043-2014/DP), y en la que
le pide se “ejecuten acciones concretas inmediatas” para la remediación por
parte de Pluspetrol y el Estado. Menciona también la obligación de atención de
salud y abastecimiento de agua, saneamiento e infraestructura, “demandas justas
y atendibles”. ¿Hasta cuándo seguiremos ignorando a los peruanos solo por ser
nativos? ¿Hasta cuándo el desprecio?
¿Hasta cuándo el lucro por encima de la vida?
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