CLAUDIA CISNEROS
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| MEJOR ES PREVENIR ANTES QUE LAMENTAR |
Estamos asistiendo a una de las más graves crisis de la
Amazonía peruana desde el mortal Baguazo de Alan García. Otra vez Lima, medios
de comunicación y gobernantes están preconfigurando el escenario tétrico de
junio del 2009.
Algunos interesados en el tema indígena lo venimos
advirtiendo ya desde hace algún tiempo, pero como en el pre Baguazo, los
grandes medios solo privilegian la noticia cuando se bloquean carreteras o
toman instalaciones no solo meses, sino años después de la queja, protesta y
pedido de dialogo sostenidos por parte de los hermanos indígenas.
Lo que usted probablemente esté viendo en las noticias
estos días es: indígenas bloquean producción de petróleo. Sin embargo, lo que
los grandes medios no le cuentan es qué hay detrás, por qué se ha llegado a
esta medida y hace cuánto tiempo los nativos vienen exigiendo respuestas al
gobierno. Entonces, como en el Baguazo, los mercaderes presionarán para que se
destraben los pozos y nuevamente se enfrentará a peruanos contra peruanos,
policías contra nativos con el saldo de sangre y muerte que parió el mal manejo
de la crisis en Bagua.
Es cierto que al menos 400 nativos achuares de la
comunidad de Pampa Hermosa (cuenca de Río Corrientes) han cerrado las vías
externas de acceso a la base de Jibarito paralizando la producción petrolífera
de 14 pozos con la pérdida de producción de 3.100 barriles por día, según
Pluspetrol. También es cierto que nativos kichwas de comunidades de la cuenca
del río Tigre en Loreto han bloqueado el río Tigre y el acceso de embarcaciones
de la empresa tras un mes de exigir ser escuchados por las vías regulares y
administrativas. Hasta 14 lotes petroleros estarían paralizados. ¿Por qué? ¿Son
salvajes, egoístas, ciudadanos de segunda clase como sugería el ex presidente
Alan García?
Lo primero que hay que decir es que los apus de las
federaciones FEDIQUEP, FECONACO, FECONAT y ACODECOSPAT, que representan a más
de 100 comunidades nativas y a más de 20 mil peruanos, han reiterado una y otra
vez que “no se oponen al llamado desarrollo o a la actividad petrolera; pero
contra lo que están luchando es contra el abuso y la indiferencia sostenida del
Estado hace 43 años. Contra una actividad petrolera que desde 1971 ha generado
graves daños ambientales y sociales en las comunidades a lo largo de los ríos
Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón. Daños oficialmente documentados por este
gobierno con cuatro declaratorias de emergencia ambiental que no han servido
para nada.
Cuatro instituciones públicas (OEFA, ANA, DIGESA,
OSINERGMIN) lideradas por el MINAM evacuaron en el 2012 informes que
confirmaron altísimos niveles de contaminación por hidrocarburos, metales
pesados, arsénico, plomo, cadmio, entre otros, en lagunas, quebradas y suelos
de los territorios de las comunidades.
Entre las conclusiones: comunidades enteras cuya agua no
es más apta para el consumo humano, al menos 123 puntos contaminados por la
mala actividad petrolera, incluidos el río Tigre, el Marañón y hasta una zona
de nuestra Reserva Nacional Pacaya Samiria. Esto, en un sistema de vida en el
que las aguas naturales son fundamentales para los animales y productos de la
tierra de los cuales se alimentan, y por ende para la propia salud de los
nativos. Cuatro declaratorias de emergencia en las cuatro cuencas entre 2013 y
2014 entrampadas en burocracia e indolencia.
Este gobierno se presentó en el 2011 como interesado al
fin en resolver los graves problemas de más de 20 mil peruanos. Pero lleva más
de tres años meciendo a las comunidades nativas. Los apus están cansados e
indignados con este nuevo engaño del Estado peruano.
Primero fue una comisión multisectorial para recoger
información, luego de dos años otra para implementar medidas desde mayo de
2014. Mesa que al día de hoy no llega a ningún puerto porque se niega a aceptar
las justas, urgentes y necesarias demandas.
Demandas de
titulación integral de su territorio, remediación de todas las zonas afectadas,
compensación por uso de tierras, indemnización por daños y una evaluación
ambiental integral independiente. Lo justo y lo que por décadas se les ha
negado.
Pero para empeorar
la crispación del escenario, al gobierno se le acaba el tiempo para licitar el
nuevo contrato de los pozos y legalmente no puede hacerlo sin haber
implementado la Consulta Previa en estos territorios. Cosa para la que también
se les acaba el tiempo pues si no aceptan remediar e indemnizarlos, los nativos
no accederán a la Consulta Previa y la licitación se vería detenida; por ende,
la producción petrolera.
Estimada premier Ana Jara, los peruanos de bien
agradecemos que retome las riendas políticas del gobierno. Agradecemos sus
buenos oficios interpuestos para lograr la titulación de los hermanos de
Saweto. Pero no esperemos que mueran más hermanos como Edwin Chota, o como los
34 hermanos policías y nativos del Baguazo. En sus manos, directa, política y
legalmente, está el evitar no solo una nueva desgracia o derramamiento de
sangre, sino lograr que la justicia, equidad, inclusión y derechos alcancen a
estos peruanos históricamente maltratados.
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