Exfiscal Avelino Guillén dijo
que video de Pastor muestra hasta dónde llega la cadena de mando y exprocurador
Ronald Gamarra aseguró que García es el principal responsable.
El exfiscal supremo Avelino
Guillén señaló ayer a este diario que el exministro aprista de Justicia Aurelio
Pastor tuvo un amplio campo de acción y decisión en las gracias presidenciales
de indultos y conmutaciones a internos por tráfico ilícito de drogas agravado,
según se aprecia en el video exhibido el domingo último, y no era una simple
mesa de partes como aseguró.
“El video desmiente
categóricamente la versión del exministro que solo era una ‘mesa de partes’ y
revela que él tenía un papel principal en el otorgamiento de indultos y
conmutaciones”, reiteró.
Recordó que Pastor afirma en
el video que él firma los indultos y conmutaciones. Dijo que no se puede
liberar o establecer como política masiva de indultos a narcotraficantes “que
ponen en grave riesgo la seguridad de las personas”. “Los indultos, las conmutaciones
tienen que darse como casos excepcionales, es algo inaceptable porque crea una
pésima imagen del país”, añadió.
Precisó que si querían
descongestionar las cárceles como dicen, “hubieran indultado a presos por
delitos contra el patrimonio, casos de poca monta o menor gravedad como
carteristas, arrebatadores, pero no a narcotraficantes”. “Este video ya ha sido
examinado por el Ministerio Público”, dijo.
CADENA DE MANDO
Guillén refirió que “el video
muestra además hasta dónde llega la cadena de mando de estos hechos ilícitos”,
al comentar que Pastor reitera que el otorgamiento de gracias es una política
del expresidente Alan García, quien también había asegurado, que revisaba los
expedientes hasta altas horas de la noche.
“Pastor había dicho que no
tenía nada que ver con estos indultos y conmutaciones, y sin embargo se le ve
que visita penales, consulta con los presos su situación, en particular de los
narcotraficantes, toma iniciativas y ordena la elaboración de expediente como
si se tratara de una feria”, anotó.
“Como digo todos estos
detalles y declaraciones tienen que ser evaluados por la Megacomisión del
Congreso”, aseveró.
Reiteró que si querían
descongestionar los penales “debieron indultar a internos por robos menores,
arrebatadores, carteristas, que en muchos casos son primarios y han cometido
robos de poca cuantía. Gente que arrebata carteras, ellos debían haber sido los
beneficiados”, insistió.
Recalcó que no puede
indultarse a presos condenados “por narcotráfico agravado pues se trata de
hechos de mucha gravedad, muy graves” que serán evaluados por la Megacomisión.
MÁS PRUEBAS
En cuanto a una posible
detención preliminar de Pastor, conocido también por el controvertido y
vergonzoso indulto a José Francisco Crousillat, precisó que es algo prematuro
por cuanto aún es importante seguir recolectando pruebas.
Expresó que no le parece
oportuna la detención de Pastor, pues “es necesario tener un mayor volumen
probatorio y al final la justicia se pronunciará”.
Remarcó que lo que sí hay que
señalar es que “estos indultos se dan de forma irregular, causando una mala
impresión del país, porque los indultos y las conmutaciones son decisiones
excepcionales y no pueden ser masivas”.
Ramón Machado
Alan García y Rosario
Fernández cuando todo era felicidad.
El caso lo investiga la
Fiscalía. A Ansah Owusu se le conmutó la pena de 15 a 9 años y salió libre días
después de publicada la R.S. 055-02-2009 firmada por el expresidente y su
exministra Rosario Fernández.
Eliminaron reparaciones
En diciembre de 2008, la
exministra de Justicia, Rosario Fernández, envió un proyecto de ley al
Congreso, que posteriormente fue aprobado, para eliminar el pago de reparación
civil de los narcotraficantes extranjeros que salían en libertad.
El narcotraficante Ansah
Owusu, cabecilla del cártel de Surinam, fue uno de los condenados que el 2009
obtuvo una rebaja de su pena en el gobierno de Alan García, en las gestiones de
la exministra de Justicia, Rosario Fernández y del expresidente de la Comisión
de Gracias Presidenciales, Miguel Facundo Chinguel.
Este caso es investigado por
la Fiscalía para dar con los responsables de la supuesta liberación irregular y
es caso emblemático que demuestra cómo funcionaban las “narcoconmutaciones”.
Owusu estuvo recluido en el
penal de Lurigancho y se dice que habría pagado 50 mil dólares en efectivo para
conseguir que le rebajaran su condena de 15 años a 9 años y 11 meses. Junto a
Owusu también fue beneficiado su compatriota Charles Tei Fleming.
Owusu fue liberado el 27 de
febrero del 2009 mediante la R.S 055-02-2009, que fue firmada por el
expresidente García y su ministra de Justicia, Rosario Fernández.
CHECOS Y NIGERIANOS
Este caso se suma al del checo
Eugene Csorgo que según testigos pagó 15 mil dólares para salir en libertad y
al de los nigerianos Mofya Phillop, Ngosa Malcolm, Eneh Jude Uzoma y otros
cinco integrantes de la banda africana, que pagaron 70 mil dólares para salir
libres.
Csorgo fue liberado al ser
reducida su condena de 15 años a seis, según la R.S 052-2010 del 5 de marzo del
2010, firmada por García y su ministro de Justicia, Aurelio Pastor. Este caso
es uno de los más escandalosos porque el checo obtuvo su libertad en solo 2
meses, después de solicitarla en enero del 2010.
Sobre los 8 narcotraficantes
nigerianos, que salieron con penas rebajadas, el fiscal señala que fueron
condenados el 2003 por “venir al Perú y adquirir droga”, y enviarla a una banda
de Escocia.
“Luego de concretarse la
entrega de la misma (…) y aprehenderse al comprador, es que se comunica a la
Dinandro de este hecho y se solicita que se intervenga en el país a todos
aquellos que como parte de la organización habrían sido objeto de un
seguimiento, de acuerdo a los partes policiales”, indica la sentencia de los
nigerianos.
Pese a todo, los nigerianos
salieron libres gracias a conmutaciones de penas, mediante dos resoluciones
supremas publicadas en El Peruano el 5 de agosto de 2008 y el 8 de mayo de
2009, firmadas por García y su ministra de Justicia, Rosario Fernández.
TRIPLE INVESTIGACIÓN
Ahora la fiscalía
anticorrupción a cargo de Walther Delgado, la Megacomisión del Congreso presidida
por el congresista Sergio Tejada y la Procuraduría Anticorrupción a cargo de
Julio Arbizu investigan a García por estos escandalosos hechos conocidos como
“narcoindultos”.
La Megacomisión podría pedir
la inhabilitación política de García hasta por 10 años por cometer una serie de
infracciones constitucionales. La investigación penal sigue un curso aparte y
el fiscal anticorrupción sigue acumulando y buscando más pruebas.
El 3 de abril último, García
dijo ante la Megacomisión que “el señor Miguel Facundo Chinguel fue designado
por el ministro (Rosario Fernández) pero con mi asentimiento”. “La única
persona que trabajó conmigo pero solamente en el rol de secretario, de bajar
los expedientes del tercer piso al piso del despacho presidencial, en las noches,
fue el señor (Julio) César Zavala (Hernández), secretario general del Consejo
de Ministros. Me entregaba los expedientes y se sentaba para llevarse los
expedientes”, agregó.
De acuerdo a la investigación
fiscal, el colaborador con el código 02-2013 ha señalado que el exdelegado
general del penal de Lurigancho, Carlos Butrón Dos Santos, “Brasil”, tenía una
relación tan cercana con Chinguel que durante el 2009 ingresaba a cualquier
hora a la sede del Ministerio de Justicia para escoger a los beneficiarios de
las gracias presidenciales.
Llamil Vásquez
Redacción
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