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| LOS CORRUPTOS TEMEN A "LA MUERTE CIVIL" |
A qué se debe tanto temor de
los aprofujimoristas a la “MUERTE CIVIL”.
Critican resistencia de esos
sectores a proyectos anticorrupción en el Parlamento, donde esas propuestas
tienen apoyo mayoritario.
La oposición de parlamentarios
fujimoristas y apristas a aprobar el proyecto de ley que establece la “muerte
civil” para los sentenciados por delitos de corrupción que no paguen las
reparaciones que adeudan al Estado, entre otras sanciones, dio lugar a críticas
de analistas y legisladores políticas.
Una voz diferente
El dirigente aprista Carlos
Roca consideró, a título personal, que debe aplicarse toda la severidad
punitiva del caso con todos los sentenciados por actos de corrupción, ya que
esta decisión “es una exigencia unánime de la población, especialmente de la juventud”.
“Debe partirse de esta premisa: que los sancionados por delitos de corrupción
no pueden ejercer funciones públicas”, recalcó. Roca recordó que esta gente es
la que ha defraudado la buena fe de la población que votó por ellos en puestos
electivos o vio con simpatía su designación en cargos públicos.
El analista político Juan
Sheput declaró a LA PRIMERA que tal oposición se debe a dos razones distintas:
de supervivencia política en el caso de los integrantes del Apra, y de la
búsqueda desesperada de volver al poder, en el caso de los fujimoristas.
En el caso de los apristas,
hay actualmente una gran cantidad de funcionarios que sienten amenazado su
futuro político por una norma anticorrupción severa, opinó. “Y en lo que se
refiere al fujimorismo, ellos están por el sabotaje a cualquier tipo de
iniciativa que busque luchar contra la corrupción”, detalló.
SILENCIO
Sheput interpretó el silencio
del expresidente Alan García sobre este tema, en razón a que está muy
complicado con las pesquisas del caso de los “narcoindultos” y otros temas que
está investigando la Megacomisión, relativas a su segunda gestión gubernativa.
“Y la imprescriptibilidad
abarcaría a este segundo gobierno de García, descompuesto por la corrupción”,
afirmó.
Manifestó que el rechazo del
fujimorismo a la “muerte civil” para los corruptos ratifica su rechazo a todo
propósito de enmienda sobre su cuestionado pasado, ya que –anotó- su verdadera
intención es la de “volver a repetir el plato” de la corruptela gubernamental.
“Hablar de la corrupción es
hablar de la soga en la casa del ahorcado, en el caso del fujimorismo. Por lo
que ellos se opondrán sistemáticamente a cualquier tipo de iniciativa que tenga
por objetivo liquidar este flagelo”, puntualizó.
Aunque el expresidentes García
y la dirigencia aprista no han comentado el tema, sus parlamentarios sí se han
opuesto a esta norma, en forma tajante
El congresista fujimorista
Octavio Salazar atacó con vehemencia la propuesta llamada “muerte civil” para
los corruptos aduciendo que se trata de una norma que servirá para perseguir a
los políticos opositores.
Javier Velásquez es uno de los
apristas que coincide con Salazar al comentar que la norma servirá al gobierno
para perseguir a los que no están de acuerdo con las medidas del Ejecutivo.
LA PROPUESTA
El parlamentario nacionalista
Juan Pari presentó en mayo un proyecto de ley que establece inhabilitación
perpetua para ejercer cargos en la administración pública o “muerte civil” para
los sentenciados por delitos de corrupción agravada, así como la imposibilidad
de realizar actividades económicas, ni siquiera abrir cuentas bancarias, para
los condenados que no paguen reparaciones al Estado. De aprobarse este
proyecto, los corruptos, no podrán efectuar ninguna acción civil como firmar
documentos, contratos, préstamos, entre otros, hasta cancelar el último centavo
de su deuda.
La propuesta legislativa se
encuentra en la Comisión de Justicia, a la espera de su debate y/o
modificación, y aprobación; para luego ser presentada al Pleno del Congreso,
que ya, en el 2011, rechazó un proyecto similar.
La iniciativa en mención
modifica el Código Penal, a fin de establecer la pena de inhabilitación
definitiva y la interdicción civil para los delitos de corrupción agravada.
El presidente Ollanta Humala
pidió en su Mensaje a la Nación del 28 de julio a los legisladores que den
prioridad a los proyectos de la “muerte civil” al declarar como
imprescriptibles los delitos de ese tipo.
DERECHA
El parlamentario de Alianza
por el Gran Cambio, Javier Bedoya, indicó que la denominada “muerte civil” para
los sentenciados por corrupción podría ser apoyada por su grupo legislativo,
aunque con reservas.
Bedoya consideró que a nivel
de su bancada aún no hay una posición definida sobre esta iniciativa, ya que
aún no ha sido debatida internamente, ni se ha examinado en profundidad el
proyecto presentado por la bancada nacionalista, pero no se opuso como lo hacen
legisladores apristas y fujimoristas.
Javier Soto
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