Dudas. José Peláez asegura que
actúa al margen de la política, pero llama la atención cómo ha librado de
procesos a altos funcionarios del régimen aprista.
Al pedirle explicaciones, José
Peláez Bardales afirmó que el archivamiento no significa que no se abra una
investigación si se presentan nuevas pruebas contra ex altos funcionarios
apristas.
María Elena Hidalgo
En medio año de gestión, el
fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, ha dispuesto el archivamiento de 28
investigaciones sobre presuntos actos de corrupción, como aprovechamiento
indebido del cargo y enriquecimiento ilícito.
Lo llamativo es que en la
mayoría de casos los beneficiados por la decisión de Peláez son funcionarios de
alto nivel del segundo régimen de Alan García Pérez, entre ellos, los ex jefes
del gabinete Jorge del Castillo Gálvez y José Antonio Chang, y los ex ministros
Aurelio Pastor, Enrique Cornejo y Miguel Hidalgo.
El sucesivo archivamiento de
las acusaciones contra ex funcionarios gubernamentales de la administración
aprista por parte del fiscal de la Nación ha sido interpretado como un adelanto
de opinión por los integrantes de la Megacomisión parlamentaria que indaga los
supuestos actos de corrupción durante la gestión presidencial de Alan García.
La Megacomisión ha encontrado
indicios de actos de corrupción en varios de los casos que ha mandado al
archivo el fiscal José Peláez Bardales. De modo que cuando el informe del grupo
de trabajo del Congreso llegue al despacho del fiscal de la Nación, para que
proceda a la acusación penal contra ex funcionarios del gobierno aprista,
dispondría el archivamiento de todo bajo el argumento de que ya investigó a
estos por los mismos hechos, según el pensamiento del presidente de la
Megacomisión, Sergio Tejada.
Consultado por La República,
el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, afirmó que era infundado el temor
de la Megacomisión de que se archiven sus investigaciones sobre corrupción en
el segundo gobierno de García.
“Cuando el Congreso de la
República apruebe el informe de la Megacomisión, emita su dictamen y proceda a
denunciar, inmediatamente los documentos de la acusación constitucional pasarán
al fiscal de la Nación y en un plazo de tres días deberá derivarlos al juez
correspondiente para que en cinco días dicte el auto de apertura del proceso”,
explicó Peláez.
“En este caso, la Constitución
no le da al fiscal de la Nación ninguna atribución para poder decidir si es
procedente o no. Su mandato consiste en que, cuando llega la documentación a
sus manos, debe elaborar la acusación respectiva sin ninguna capacidad para
observar ni discutir”, aseguró el fiscal de la Nación.
El magistrado agregó que sus actos están
desprovistos de intencionalidad política.
“Para resolver un caso no nos
basamos en la persona, ideología o el partido. Simplemente analizamos el caso,
evaluamos si la conducta del funcionario tiene contenido penal. Aquí
investigamos pero con sustento”, dijo.
Respecto a la coincidencia de
que la mayor parte de los casos de corrupción archivados por su despacho
favorecen a ex altos funcionarios del segundo régimen aprista, desmintió que
dichas resoluciones impliquen alguna forma de impunidad.
“Esas resoluciones no tienen
la condición de cosa juzgada. Con nuevas pruebas, esos casos se pueden reactivar.
Si el Congreso encuentra hechos nuevos, yo formularé la denuncia
correspondiente”, resaltó el fiscal José Peláez.
NIEGA INFLUENCIA POLÍTICA
El fiscal de la Nación, José
Peláez, ha formulado cargos contra 34 funcionarios y servidores públicos por el
delito de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, en ninguno de los 34 casos ha
sido acusado algún ex ministro o ex congresista.
Según Peláez, este dato
demuestra que su despacho sí actúa contra la corrupción.
“De esos 34 no sabemos a qué
línea política pertenecen y tampoco nos importa. Aquí se investiga al margen de
influencias políticas”, expresó.
Aunque todavía está dentro del
plazo para continuar con sus investigaciones, la Mega-comisión ha documentado
un importante número de casos de presunta corrupción durante el segundo
gobierno de Alan García. La mayor parte está relacionado con inversiones en
infraestructura.
CASOS DE MINISTROS
1.- Enrique Cornejo Ramírez,
ex ministro de Transportes. Delito: Aprovechamiento indebido del cargo. Se le
atribuye aprovecharse de las ventajas que le otorgaba el cargo que ejercía, al
interesarse indebidamente en la transferencia de la autorización de la
frecuencia de radio 92.5 en la ciudad de Ica a favor de la empresa Radiopolis
SAC, desconociendo el proceso judicial y medidas cautelares sobre el
cumplimiento de contrato y el uso de la mencionada frecuencia.
2.- Aurelio Pastor Valdivieso,
ex ministro de Justicia. Delito: Peculado de uso. Se le imputó el haber
utilizado los bienes del Estado para sus actividades proselitistas.
3.- Jorge del Castillo, ex
premier. Delito: Tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Se le imputa
haberse aprovechado de su alto cargo de premier para favorecer a
diversas empresas extranjeras en perjuicio de la nación.
4.- Miguel Hidalgo Medina,ex
ministro del Interior. Delito: Colusión.
Se le imputa –cuando fue director general de la PNP– de ser el
responsable directo del desabastecimiento generalizado de antirretrovirales,
afectando a los pacientes de VIH.
5.- José Antonio Chang
Escobedo Ex ministro de Educación. Delito
1: Malversación de fondos. Se le imputa haber propiciado irregularidades en la remodelación, rehabilitación y
equipamiento de las instituciones públicas educativas emblemáticas y del
Estadio Nacional. Delito 2: Abuso de
Autoridad. Se le imputa haber abusado de sus atribuciones y concertado con
funcionarios públicos del Ministerio de Educación con la finalidad de manipular
el expediente administrativo de contratación de consultor para la elaboración
de un expediente técnico y así poder cambiar las constancias de inscripción del
Registro Nacional de Proveedores presentada por el postor.
6.- Octavio Salazar
Miranda, ex ministro del Interior Delito: Peculado de uso. Por aprovecharse de
su cargo al haber dispuesto al personal policial realizar una persecución
institucionalizada contra la empresa Police Security SAC.
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